- Del Secretario de Gobernación.
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Comunicaciones
Dictámenes
- De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con Punto de Acuerdo para que la H. Cámara de Diputados celebre una sesión para rendir homenaje a los deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Sydney 2000, y para que les sea entregada una placa conmemorativa de la LVIII Legislatura a los deportistas que obtuvieron medallas olímpicas.
Iniciativas
- Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión del jueves 14 de diciembre de 2000.
- De reformas al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión del jueves 14 de diciembre de 2000.
Planes
- De la Comisión de Participación Ciudadana, Plan General de Trabajo, 2000-2003.
Actas
- De la Comisión de Turismo, de su tercera reunión realizada el miércoles 15 de noviembre de 2000.
Convocatorias
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, a su tercera reunión ordinaria de trabajo, el martes 19 de diciembre, a las 15 horas.
- De la Comisión de Ciencia y Tecnología, a las actividades que realizará los días 19 y 20 de diciembre.
Comunicaciones
DEL SECRETARIO DE GOBERNACION
Dip. Ricardo García Cervantes
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente
Recibí su atento comunicado fechado el pasado día 6 del mes y año en curso.
Al respecto, me es grato informarle que el Presidente de la República me ha instruido para que, por su conducto, le refrende a ese Cuerpo Colegiado su inalterable voluntad de establecer una relación cordial y respetuosa con el Poder Legislativo.
Asimismo, le hago patente el compromiso del Poder Ejecutivo Federal por actuar siempre en cumplimiento cabal del principio de separación de poderes, en apego estricto al orden constitucional y a través del ejercicio permanente del diálogo entre las diversas fuerzas políticas de México.
Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para hacerle llegar las seguridades de mi consideración más distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Secretario de Gobernación
Lic. Santiago Creel Miranda (rúbrica)
De enterado. En la sesión del lunes 11 de diciembre de 2000.
Dictámenes
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones:
1. Con punto de acuerdo para realizar un acto solemne y rendir homenaje a la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Sydney, presentada en el Pleno por el Diputado Juan Carlos Regis Adame, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 5 de octubre de 2000.
2. Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, otorgue un reconocimiento a cada uno de los deportistas mexicanos que participaron en la justa de Sydney, Australia, presentada en el Pleno por la Diputada Norma Enriqueta Basilio Sotelo, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, el 5 de octubre de 2000.
3. Con punto de acuerdo para que se otorgue a los medallistas olímpicos que triunfaron en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, un reconocimiento público por su destacada participación en dicho evento, presentada por la Diputada Olga Patricia Chozas y Chozas a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 31 de octubre de 2000.
CONSIDERACIONES
Cada cuatro años -con excepción de las dos Guerras Mundiales- las mejores y los mejores atletas del mundo se dan cita en alguna ciudad del planeta para representar a su país en la justa deportiva más importante de los tiempos modernos.
Con una filosofía y una serie de símbolos que se han forjado poco a poco, enriqueciendo la tradición humana del olimpismo, los Juegos son el clímax de la unidad y la paz entre los pueblos; la disciplina, la dedicación y la superación de los seres humanos.
No muy alejados de la filosofía olímpica actual, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad -llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia- representaban un momento de unión entre las diferentes colonias griegas del Mediterráneo. Nacieron como enormes festivales en los que la religión, las prácticas atléticas y la música se unían para honrar a los dioses y esclarecer quiénes podían asumir el título de mejores "deportistas" de la época.
Veinticuatro siglos después, el movimiento olímpico resucitó de la mano del Barón Pierre de Coubertin. La herencia de la vieja Grecia floreció un 6 de abril de 1896, cuando se iniciaron los I Juegos Olímpicos de la Era Moderna, después de quince años de trabajos y preparativos.
Grecia, y en concreto Atenas, alzaron el telón de un movimiento que ahora, a finales del siglo XX, es el único capaz de unir a todos los pueblos del mundo.
Después de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 se han celebrado otras 26 ediciones de los Juegos, cada vez con mejor organización y mayor participación de atletas y países.
Por otro lado, a partir de 1960 se celebran cada cuatro años los Juegos Paralímpicos, donde participan atletas con alguna discapacidad física o mental.
El término paralímpico proviene de la palabra paralelo y significa que son los Juegos "paralelos" a los Juegos Olímpicos. Dicha justa deportiva está igualmente llena de valores que elevan la conciencia de los seres humanos al permitir que personas con alguna discapacidad demuestren que son plenamente aptos para competir en los deportes.
En el mes de septiembre del año 2000 se celebraron en la ciudad de Sydney, Australia los XXVII Juegos Olímpicos de la Era Moderna, y posteriormente, en octubre de este año, los XI Juegos Paralímpicos.
México participó en ambos encuentros con delegaciones de deportistas preparados y triunfadores, que trajeron a nuestro país 6 Medallas Olímpicas y 34 Medallas Paralímpicas, además de poner en alto el deporte nacional al clasificar en los primeros lugares de las disciplinas en que actuaron.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es la encargada de dictaminar las propuestas que versan sobre las normas y las actividades camarales.
Ya que las tres proposiciones con Puntos de Acuerdo presentados ante el Pleno solicitan que se lleve a cabo algún tipo de reconocimiento u homenaje a los atletas mexicanos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y los XI Juegos Paralímpicos celebrados en la ciudad de Sydney, Australia, por parte de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, las propuestas fueron turnadas a esta Comisión.
En un afán integrador y de reconocimiento equitativo a todos los deportistas mexicanos que participaron en la justa deportiva de "Sydney 2000", la Comisión ha decidido fundir en un solo dictamen las tres propuestas presentadas en ese sentido.
De tal forma, no se hace distinción entre los deportistas olímpicos y los paralímpicos, reconociendo en ambas delegaciones su esfuerzo, dedicación y disciplina.
Por ello este órgano legislativo ha decido poner a consideración del Pleno un Acuerdo para que sea organizada una sesión para rendir homenaje a las delegaciones de atletas mexicanos que participaron en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Además, se propone hacer entrega, en esa misma sesión, de placas conmemorativas a aquellos atletas olímpicos y paralímpicos que hayan obtenido medallas para nuestro país.
Actuando de esa forma, esta soberanía reconocerá a los deportistas su gran esfuerzo, y dará un ejemplo a la sociedad mexicana, sobre todo a nuestra juventud, de que México reconoce a quienes destacan en actividades positivas y provechosas.
Si se desea que los atletas mexicanos sigan triunfando en las competencias internacionales, es muy justo que las instituciones estimulen y alienten su vocación deportiva.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con punto de
ACUERDO
Artículo Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrará una sesión para rendir homenaje a los atletas olímpicos y a los atletas paralímpicos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos celebrados en la ciudad de Sydney, Australia en el año 2000.
Artículo Segundo.- La Cámara de Diputados entregará en la misma sesión, una placa conmemorativa de la LVIII Legislatura a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en los XXVII Juegos Olímpicos y los XI Juegos Paralímpicos efectuados en la ciudad de Sydney, Australia en el año 2000.
TRANSITORIOS
Primero.- Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte, para organizar la sesión para rendir homenaje a los atletas mexicanos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos celebrados en la ciudad de Sydney, Australia en el año 2000.
Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:
Diputados: Augusto Gómez Villanueva (rúbrica), Presidente; Jesús Ali de la Torre (rúbrica), Secretario; Sergio R. Vaca Betancourt Bretón (rúbrica), Secretario; Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Secretario; Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Secretario; Eduardo Andrade Sánchez (rúbrica), Manuel Garza González (rúbrica), Amador Rodríguez Lozano (rúbrica), Gustavo Nabor Ojeda Delgado (rúbrica), Fanny Arellanes Cervantes (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Tarcisio Navarrete Montes de Oca (rúbrica), Lorenzo Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Juan Manuel Martínez Nava (rúbrica), Ricardo Moreno Bastida (rúbrica), Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica), Fernando Pérez Noriega, Jaime Salazar Silva, Armando Salinas Torre (rúbrica).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 5 días de diciembre de 2000.
Iniciativas
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sáinz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
Exposición de Motivos
Las autoridades administrativas requieren en algunos casos de visitar las instalaciones de los gobernados para así verificar que se está cumpliendo la ley.
En el caso de la autoridad ambiental, lo anterior cobra una mayor importancia, ya que es la encargada de inspeccionar y en su caso sancionar a las obras y actividades que en contravención con la normatividad mexicana originan procesos de contaminación, los cuales en muchos casos han ocasionado daños a la salud pública, e incluso la muerte de compatriotas.
La facultad que dicha autoridad tiene para la inspección de los particulares que pudieran estar originando algún proceso de contaminación está prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. En las mencionadas disposiciones está previsto que la autoridad ambiental podrá llevar a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, sin embargo, aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado reiteradamente que el hecho de que las autoridades administrativas distintas a la fiscal y a las que verifican el cumplimiento de reglamentos sanitarios y de policía, no contraviene lo dispuesto por el décimo primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, por lo que la Suprema Corte Justicia de la Nación ha considerado que las mencionadas visitas son constitucionales, alegando que la autoridad administrativa tiene facultades de policía, en sentido lato, para practicar visitas domiciliarias como forma de vigilar el cumplimiento de leyes administrativas.
El criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es susceptible de opinar en contrario, ya que de la interpretación literal del mismo, resulta claro que el constituyente quiso acotar la facultad de la autoridad administrativa para que se abstenga de molestar a los autoridades para la verificación del cumplimiento de las disposiciones administrativas.
En efecto, de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, segundo párrafo, se desprende lo siguiente: primero, que las visitas domiciliarias sólo pueden ser practicadas por autoridades administrativas; segundo, que dichas visitas únicamente pueden tener por objeto el que la autoridad se cerciore de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, así como las disposiciones fiscales; y tercero, que las autoridades deben sujetarse a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
Debe hacerse hincapié en que el hecho de que la norma constitucional prescriba que la autoridad administrativa, para poder practicar una visita domiciliaria, debe sujetarse a las leyes respectivas, no nos lleva a la necesaria conclusión de que el Honorable Congreso de la Unión, mediante la expedición de una ley pueda facultar a un órgano administrativo, como pudiera ser una Secretaría de Estado para practicar visitas domiciliarias con el objeto de constatar que los particulares han cumplido las normas de orden público que establezca la propia ley y que resulten aplicables.
El precepto constitucional bien se puede interpretar en el sentido de que todas aquellas leyes que no fuesen del orden sanitario, fiscal o de policía en sentido estricto, no pueden establecer la práctica de visitas domiciliarias, con el peligro de que como se ha mencionado, en muchos casos, la realización de visitas domiciliarias es el medio idóneo para preservar el orden público, de donde resulta que en el caso concreto es a través de tales visitas como puede la autoridad administrativa vigilar la observancia de las distintas leyes administrativas.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como integrante del Poder Revisor de la Constitución, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo 16. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, así como las disposiciones administrativas de orden público e interés social; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales,
...
...
Transitorio
Unico.- Las reformas del presente Decreto entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de diciembre del 2000.
Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, Coordinador; Francisco Agundis Arias, Vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez (rúbrica), Alejandro Rafael García Sáinz Arena (rúbrica), María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).
(Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diciembre del 2000)
DE REFORMAS AL ARTICULO 3º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, EN LA SESION DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2000
El que suscribe, Luis Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, Iniciativa de Decreto por la que se reforma la fracción IV del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El postulado fundamental sobre que descansa nuestro régimen constitucional es la supremacía de la Constitución. Sólo la Constitución es suprema en la República. Ni el Gobierno Federal, ni la autonomía de sus entidades, con los órganos del Estado que desempeñan y ejercen las funciones gubernativas, ya sean órganos del poder federal, ya sean órganos del gobierno local, son en nuestro derecho constitucional soberanos, sino que todos ellos están limitados, expresa o implícitamente, en los términos que el texto positivo que nuestra ley fundamental establece.
La consecuencia inmediata que se deriva de la supremacía de la Constitución es el principio de legalidad: la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la Constitución.
En virtud del principio de legalidad, todos los gobernados son sujetos de los derechos naturales, inherentes a la persona humana, que el Estado debe reconocer, respetar y proteger, mediante la creación de un orden jurídico y social, que permita el libre y justo desenvolvimiento de aquéllos, de acuerdo con su propia y natural vocación, individual y social.
Es decir, todos los gobernados, son sujetos activos de las garantías individuales y de las garantías sociales, establecidas como principios que constituyen un margen de libertad, legalidad, equidad y seguridad jurídica, pero también de justicia social.
En este contexto, convertidos los idearios políticos de la Revolución Mexicana en norma jurídica fundamental, el desenvolvimiento histórico del artículo 3º ha consagrado uno de los derechos fundamentales del hombre, uno de los más caros anhelos y aspiraciones de los mexicanos: el de la educación.
"El que la educación sea patrimonio de todos los hombres constituye un deber de la sociedad y del Estado, pues la ignorancia también es una forma de, esclavitud", sentenció el Constituyente de 1917.
Derecho a la educación que, al concretarse el texto del artículo 3º, con gran visión, se unió a una concepción de la existencia humana, de la sociedad y de la convivencia, para servir de pieza central a la democracia, al desarrollo económico, a la soberanía nacional, la libertad y al mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los mexicanos.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, promoviendo el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; será democrática, nacional y deberá contribuir a la mejor convivencia humana: ordena el artículo 3º constitucional, consagrando ese ideal.
Como también, de manera precisa, el mismo texto legal, contempla y previene, el hacer que esta garantía social implica por parte del Estado: el que toda la educación que imparta será gratuita, incluyendo, desde luego, al no hacer distinción alguna, a la educación superior.
Al consagrar esta prerrogativa, la fracción IV del artículo 3º de nuestra Carta Magna, es absoluta: "Toda la educación que el Estado imparta será gratuita". Como claro es también en este sentido, sin dejar lugar a dudas para la interpretación, el espíritu del legislador plasmado en el punto XIII del Dictamen rendido el 22 de diciembre de 1945, por las entonces Comisiones Primera y Segunda de Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernación y Segunda de Educación Pública, en relación con la Iniciativa del ciudadano Presidente de la República que introdujo el dispositivo ahora contenido en la fracción IV en cuestión, y en el que textualmente se precisa: "XIII. Otro aspecto de la Iniciativa que merece remarcarse es el de que, hasta ahora, sólo se establecía como gratuita la educación primaria que impartiera el Estado y de acuerdo con la reforma, toda la educación que el Estado imparta será gratuita, lo que demuestra el decidido empeño del régimen de no escatimar esfuerzo ni sacrificio para impulsar la cultura en el país".
Y ninguna de las subsecuentes reformas al artículo 3º, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1980, el 28 de enero de 1992 y el 5 de marzo de 1993, suprimieron, restringieron o limitaron la prerrogativa de gratuidad de la educación superior que imparte el Estado.
En efecto, en la parte relativa de su exposición de motivos, la Iniciativa de Decreto de reformas al artículo 3º de la Constitución General de la República, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el día 16 de octubre de 1979, reconociendo expresamente que el Estado imparte educación superior, previene: "Las universidades públicas del país han solicitado que se legisle a nivel constitucional para garantizar el ejercicio de su autonomía y precisar las modalidades de sus relaciones laborales, con la finalidad de hacer compatibles la autonomía y los fines de las instituciones de educación superior con los derechos laborales de los trabajadores tanto académicos como administrativos. El Gobierno de la República está persuadido de que estas precisiones auxiliarán a que las universidades cumplan cada una mejor sus finalidades y se superen académicamente para que México pueda lograr su independencia científica y tecnológica. Por ello, el Ejecutivo a mi cargo ofreció que enviaría a la consideración de vuestra soberanía, este proyecto".
Por su parte, la Iniciativa del Ejecutivo federal presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el día 11 de diciembre de 1992, aclara, para ratificar: "Es importante precisar que, además de cumplir con la obligación de impartir educación preescolar, primaria y secundaria que, de aprobarse la presente Iniciativa, se haría expresa en el artículo tercero, el Estado seguirá cumpliendo sus compromisos respecto a los demás tipos y modalidades de educación incluyendo la superior y apoyando el desarrollo y difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología. Es propósito firme no sólo mantener, sino incrementar, el apoyo del Gobierno de la República a estas actividades. Así se promoverá una política integral en materia educativa, cultural, y de ciencia y tecnología... En el proceso educativo de nuestro siglo, la escuela pública ha tenido mérito sobresaliente. El Gobierno de la República tiene un compromiso inquebrantable con esa educación a la que tiene acceso la mayoría de los mexicanos. Por ello, al formular esta Iniciativa se ha tomado en cuenta que varias de las reformas propuestas al artículo tercero fortalecerán la importante función social que cumple la escuela pública y consecuentemente, el Gobierno de la República deberá imprimir nuevo aliento a su política educativa".
Luego, y dada la misma extensión gramatical del artículo 3º y su estrecha vinculación con las demás normas que como aspiraciones del pueblo mexicano se introdujeron en nuestro Derecho Constitucional, la única interpretación válida de nuestra legislación vigente, debe ser en el sentido de que toda la educación que imparta el Estado en los distintos niveles y modalidades, incluida la educación superior a través de las instituciones y universidades públicas a las que la ley otorgue autonomía, será gratuita.
El contenido normativo del diverso artículo 73, fracción XXV, constitucional, confirma plenamente esta interpretación: "El Congreso tiene facultad... XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales...".
Debe recordarse que la Carta Magna de un país es también su ideario, y que, como consecuencia, al interpretar sus normas, debe prevalecer el contenido finalista de la misma Carta Magna, que es garantizar la libertad y dignidad humanas.
Pero si el espíritu del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es explícito al consagrar la gratuidad de la educación superior que imparte el Estado, la evidente aversión de un régimen autoritario hacia el pensamiento crítico e independiente que se genera en las universidades públicas frente a sus imposiciones, ha pretendido trastocar su auténtico significado, para atentar contra ese carácter público y gratuito, que le da precisamente su significado de garantía social.
Al aprobarse las reformas y adiciones al inconstitucional Reglamento de Pagos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que provocó el doloroso conflicto universitario que se prolongó por más de nueve meses ante la cerrazón de las autoridades federales, surgieron a la luz pública esos ilegales argumentos.
Contra el tenor mismo del texto constitucional, se ha argüido, que siendo organismos descentralizados, dotados de autonomía y patrimonio propios, las instituciones de educación superior y las universidades públicas y, por tanto, la educación que imparten, no forman parte del Estado.
Empero, la autonomía no convierte a las universidades autónomas en instituciones privadas, son instituciones del Estado, públicas. Descentralizadas, sí, pero sólo como "la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas". Autonomía es autogobierno democrático de los universitarios, autonomía no es asignar índole privada a las universidades públicas, nada más alejado del espíritu y la letra del texto constitucional sobre autonomía, y de los programas y aspiraciones del movimiento por la reforma universitaria.
Gabino Fraga, eminente jurista mexicano, en su texto de derecho administrativo dice que Buttgenbach "nos previene contra una posible confusión que puede ocurrir pensando que los organismos descentralizados (...) por el hecho de tener una personalidad y un patrimonio especial, constituyen personas distintas del Estado". Gabino Fraga establece de ahí una postulación inequívoca: el "establecimiento público constituye una parte integrante del Estado, está realizando atribuciones de éste".
También se ha pretendido, frente a la expresa disposición de gratuidad, que el Estado mexicano no está obligado a impartir educación media superior y superior. Si bien ello fuese así, es contundente que en caso de que el Estado mexicano imparta educación superior, y desde luego lo hace por ejemplo por definición y mandato de la Ley Orgánica de la UNAM, pero también en el caso de otras instituciones de educación superior, ella deberá ser gratuita.
De ningún modo es admisible que se argumente, frente a la gratuidad de la educación superior, que la legislación no establece la obligatoriedad en la impartición de este tipo de enseñanza, sino sólo para la educación primaria y secundaria. Son dos cuestiones distintas. Aun si no fuese obligatoria, el Estado mexicano imparte educación superior y, por tanto, ésta deberá ser gratuita, por definición de la misma norma constitucional. Es decir, aun si la impartición de la educación superior no fuese obligatoria para el Estado mexicano, éste la imparte a través de las universidades públicas, autónomas o no, y entonces debe ser gratuita; y no podría ser de otro modo, si es que no abandona sus responsabilidades más elementales.
El régimen salinista, propulsor de las modificaciones de 1993, introdujo una formulación con la que se pretende confundir hoy acerca de la vigencia de la gratuidad de la educación superior, al establecer que "el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior-" y no especificar en esta formulación el término "impartir". Pero si bien el Estado debe "promover y atender" la educación superior, de ningún modo se deriva de ahí que el Estado no la pueda impartir o no la imparta. Antes bien, debe suponerlo, incluirlo, como ocurre en la realidad. No está establecido en el texto el término impartir, referido a la educación superior, como obligación absoluta del Estado mexicano; pero no se colige de ahí, de ningún modo, que no pueda impartirla. No está prohibido, sería el más absoluto contrasentido.
Deviene, por tanto, de urgente labor legislativa, a través de su reforma, precisar explícitamente el verdadero espíritu y alcance normativo de la fracción IV del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para clarificar que toda la educación que el Estado imparta en los distintos niveles y modalidades, incluida la educación superior a través de las universidades y las demás instituciones públicas a las que la ley otorgue autonomía, será gratuita. Y frenar de una vez por todas, las acciones autoritarias del gobierno, que atentan contra el carácter público y gratuito de la educación superior.
Indudablemente que ésta, es una reforma trascendente. Involucra a todas las instituciones públicas de enseñanza superior del país, y con ello adquiere la categoría de verdadero imperativo en el futuro proyecto educativo nacional. De su solución, depende ni más ni menos que la determinación de la extensión de la obligación del Estado para financiar con recursos públicos a las universidades y a las demás instituciones públicas de enseñanza superior de la nación; e incluso, de ella depende la misma concepción filosófica del Sistema Educativo Nacional: la educación pública superior como un bien público, un derecho ciudadano y una responsabilidad social del Estado, o bien, esa educación como un servicio, dirigido por el mercado.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa de Decreto que reforma la fracción IV del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Unico: Se reforma la fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
IV. Toda la educación que el Estado imparta en los distintos niveles y modalidades, incluida la educación superior a través de las universidades y las demás instituciones públicas a las que la ley otorgue autonomía, será gratuita.
V. a VIII. ...
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil.
Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta (rúbrica)
Planes
Diciembre, 2000
Presentación
Con el afán de cumplir con el compromiso adquirido en esta LVIII Legislatura, en base a las facultades y atribuciones que nos confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 45, párrafo sexto, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de la H. Cámara de Diputados, nos proponemos plantear el presente Plan General de Trabajo.
Pretendiendo sea éste una base de análisis y discusión colegiada que nos permita arribar a consensos internos, tomando en cuenta que la Comisión debe ser un referente fundamental para la promoción de una cultura de participación ciudadana; responsable, crítica y propositiva, en el proceso de toma de decisiones para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, como un mecanismo mediante el cual, la ciudadanía ejerza plenamente su derecho a proponer o, en su caso, sancionar los actos o las decisiones de gobierno.
Desde esta perspectiva, la Comisión tiene la responsabilidad de promover la participación ciudadana a partir de los siguientes principios y valores: legalidad, corresponsabilidad, inclusión, sustentabilidad, democracia, solidaridad, tolerancia, diversidad y convivencia pacífica.
I. Objetivos Generales
1. Crear un marco jurídico que regule, favorezca y a su vez, promueva una nueva cultura de participación ciudadana en México.
2. Proponer e impulsar proyectos de iniciativas de ley, decretos o dictámenes para incorporar reformas al marco jurídico vigente, que coadyuven a la extensión y profundización de la democracia social y de políticas públicas, fortalezcan el Estado de Derecho y garanticen la soberanía y las libertades constitucionales.
3. Propiciar un espacio de diálogo e intercomunicación entre el Poder Legislativo y la sociedad, que permita fortalecer la democracia participativa.
4. Promover que los principios de la democracia, legitimen y dignifiquen a este órgano de representación popular frente a una sociedad propositiva y crítica, a través del estudio e investigación de los diferentes medios de participación ciudadana.
II. Objetivos Específicos
1.1. Fortalecer a través del marco legal la interlocución de las autoridades con las organizaciones de la sociedad civil.
1.2. Crear una Ley marco que recoja los principios fundamentales de la materia y promover las adecuaciones en las legislaciones estatales.
1.3. Ofrecer opiniones claras y expeditas para la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de planificación de las acciones de bienestar y desarrollo social.
1.4. Realizar estudios de derecho comparado a nivel internacional para enriquecer la legislación en la materia.
2.1. Contribuir a sistematizar la legislación existente, relacionada con la participación ciudadana a nivel federal, entidades federativas y municipios.
2.2. Propiciar, mediante ordenamientos legales, las reformas pertinentes que consideren las causas y movimientos propios de la sociedad civil organizada.
2.3. Promover y canalizar la expresión de la población por la vía legislativa, a través de iniciativas, decretos y puntos de acuerdo.
3.1. Difundir el marco jurídico que regula la participación ciudadana.
3.2. Fomentar una nueva cultura de interlocución participativa y el respeto de la voz ciudadana con sus representantes populares.
3.3. Contribuir al fortalecimiento de los eventos y foros de consulta regionales y nacionales, con el fin de ampliar espacios de expresión plural, reflexión, información, comunicación y toma de decisiones de las organizaciones y grupos ciudadanos de la sociedad civil.
3.4. Establecer y propiciar consultas con expertos, académicos, líderes sociales y grupos de base, calificados para explorar dudas, preocupaciones y consultas de organizaciones y grupos de la sociedad civil.
3.5. Facilitar el acceso a información sobre políticas y programas gubernamentales a la sociedad civil organizada, mediante las estrategias de comunicación social de la Comisión.
3.6. Impulsar la actualización y modernización legislativa, así como el fortalecimiento de las vías institucionales de comunicación de las organizaciones civiles con el gobierno.
4.1. Estimular la confianza de la ciudadanía en las funciones básicas y trascendentes del Poder Legislativo.
4.2. Promover la participación de la sociedad civil organizada en la definición, ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas públicas, especialmente aquellas que están dirigidas a fortalecer el Estado de Derecho, y a promover la justicia y el bienestar social.
4.3. Promover la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad civil en el logro de los grandes fines de la nación y lograr una nueva cultura ciudadana, a través del estudio e investigación del referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación de mandato y otras formas de participación directas de la sociedad.
III. Estrategias de Participación
1. Foros y audiencias públicas
Generar un proceso permanente de acercamiento y diálogo participativo entre la Cámara de Diputados y la población, con el fin de escuchar las propuestas y demandas ciudadanas para ser canalizadas por la vía legislativa.
2. Vinculación sectorial y paraestatal
Establecer mecanismos directos de comunicación del Poder Legislativo con los grupos organizados de carácter social, político, económico y ciudadano, a efecto de captar la opinión, propuestas y necesidades de cada sector representativo traduciéndolos en su caso, en ordenamientos jurídicos y/o en la canalización a los organismos correspondientes.
3. Relación interinstitucional
Promover la reforma de los ordenamientos jurídicos que fortalezcan la colaboración de los poderes públicos para eficientar la aplicación institucional de los programas que promuevan la participación ciudadana.
4. Consejo Consultivo de la Comisión
Impulsar la constitución del Consejo Consultivo de la Comisión de Participación Ciudadana integrado de manera plural y diversa, representativa de las organizaciones políticas, sociales, culturales, académicas, de la sociedad civil y ciudadanos en general, que tendría como fin, ser una instancia de deliberación, reflexión, construcción de consensos y propuestas que tengan como objetivo promover una activa participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en el proceso de elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
IV. Paquete Legislativo
Uno de los objetivos primordiales en la realización de los diversos foros de consulta es precisamente el de recoger una serie de demandas ciudadanas, propuestas, necesidades y opiniones derivadas tanto de las organizaciones sociales y civiles, sectores representativos, universidades, centros de investigación, organismos privados y sociales, que nos permita definir iniciativas y proyectos de ley que fomenten y apoyen el fortalecimiento de una nueva cultura de participación en México.
El fin, es lograr un trabajo con los consensos necesarios que surjan, desde luego, tanto de aquellas iniciativas que nazcan en el seno de la Comisión y de los trabajos realizados por los integrantes de la misma, las que sean turnadas por la Mesa Directiva del Pleno, así como las originadas por el paquete legislativo resultantes del desarrollo de los foros regionales y nacionales de consulta.
Consideramos menester llevar a cabo las tareas pertinentes para impulsar nuestras iniciativas, así como alentar los dictámenes de las mismas, que necesariamente debe ser el resultado palpable y trascendente que espera la ciudadanía de sus representantes, además ver reflejado el cumplimiento y el fortalecimiento de la vida legislativa de nuestro país.
V. Estrategias de comunicación social
Con la finalidad de dar a conocer los resultados que se obtendrán, tanto de los foros organizados, como de todos los trabajos que se llevan a cabo por la Comisión y difundirlos tanto al interior del Congreso, como a la ciudadanía en general, se proponen las siguientes estrategias:
- Enfocado a realizar una reunión anual con los integrantes de la Comisión y Consejo Consultivo para evaluar a nivel interno, las actividades y eventos que proporcionarán una retroalimentación de la información recabada a nivel regional y nacional.
Diseño de un periódico mensual de la Comisión, apoyados con la participación de los integrantes de la misma, el cual se mantendrá informada a la ciudadanía de las actividades de la Comisión.
Organización de ruedas de prensa, en coordinación con la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
Actualización de la página de la Comisión en Internet, cabe mencionar que puede planearse la publicación de artículos elaborados por los integrantes de la Comisión.
Elaboración de las memorias anuales de la Comisión. (Tendrán como fecha de publicación los meses de septiembre de los años que corresponden a la legislatura), así como también, una memoria condensada de la Comisión en la LVIII Legislatura. (Publicada a más tardar el mes de agosto del año 2003)
Impulsar un programa de educación para la participación ciudadana a través del Canal del Congreso.
Actas
DE LA COMISION DE TURISMO, DE SU TERCERA REUNION
Acta de la tercera reunión de la Comisión de Turismo, celebrada el miércoles 15 de noviembre de 2000
Presidencia del diputado Ernesto Rodríguez Escalona
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diecisiete horas, con la asistencia de dieciocho legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
El Secretario diputado Rafael Servín Maldonado del Partido de la Revolución Democrática, da lectura al siguiente:
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Informe de la situación administrativa de la Comisión. Acuerdo Parlamentario.
4. Integración de subcomisiones.
5. Lectura de propuestas para elaborar la agenda legislativa de la Comisión.
6. Entrega del Punto de Acuerdo turnado a esta Comisión, relativo a la situación del proyecto Xcacel-Xcacelito, presentado por la dip. Ma. Cristina Moctezuma Lule, a nombre del PVEM y de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.
7. Asuntos generales.
- Informe de la reunión de Huatulco.
- Informe de la invitación de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores.
- Informe de la invitación al Primer Foro Internacional Sobre Legislación en Turismo. 22, 23 y 24 de noviembre. Villahermosa, Tab.
Después de haber desahogado los dos primeros puntos del orden del día, el dip. Rafael Servín Maldonado da uso de la palabra al C. Javier Alvarez Magaña, Secretario técnico de la Comisión, el cual presenta un informe del Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política del día 29 de octubre, referente a los apoyos humanos, materiales y financieros que recibirán las Comisiones para el periodo de octubre a diciembre del presente año.
Sobre el tema, el dip. Jaime Larrazábal Bretón del Partido Revolucionario Institucional, interviene haciendo una excitativa a la Junta Directiva de la Comisión, para facilitar los trámites administrativos en lo referente a la solicitud de boletos de avión; destaca que por su parte habrá la disponibilidad para tal efecto.
A su vez, la dip. Mercedes Hernández Rojas del Partido Acción Nacional, solicita que se deje asentado, su petición para conocer la currícula del Secretario técnico, de los asesores y del asistente del Presidente de la Comisión.
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el dip. Ernesto Rodríguez Escalona del Partido Revolucionario Institucional, menciona de una propuesta de la Junta Directiva sobre las subcomisiones, la que consiste en que tres subcomisiones sean coordinadas por diputados del PAN; tres por el PRI; una por el PRD y una por el PVEM, destacando que los coordinadores de cada una de ellas serán nombrados por los integrantes de cada fracción.
En este tema se acuerda que las Subcomisiones de Asuntos Fiscales y Financieros, de Promoción y Desarrollo y de Turismo del Interior, las coordine el PAN; la de Juegos y Sorteos, Coordinación Administrativa de la Comisión y Turismo Alternativo, el PRI; Servicios Turísticos, el PRD y Destinos de Playa, el PVEM.
A continuación pide la palabra el dip. Luis Alberto Villarreal García del Partido Acción Nacional, para proponer que a la Subcomisión de Coordinación Administrativa se le denomine de Vigilancia Administrativa, lo cual es aceptado.
En el mismo orden, se discute la composición de las mismas y el Partido Acción Nacional hace entrega de su propuesta de integrantes. En el caso de las otras fracciones se decide que hagan llegar a la Mesa Directiva las propuestas respectivas, para ser leídas en la próxima sesión.
Se continúa con el desahogo del siguiente punto, que es la lectura de propuestas para elaborar la agenda legislativa de la Comisión. Interviene el dip. Ernesto Rodríguez Escalona e informa que los diputados tienen la propuesta de agenda legislativa en sus carpetas, en ella se resumen las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios y la de algunos diputados que lo hicieron en forma personal, siendo un total de veinticuatro temas. Sugiere al Pleno que cada integrante lea la propuesta y en la siguiente reunión ver si hay algún comentario, o tema que se haya escapado; considera que vale la pena una revisión más a detalle. No existiendo comentario al respecto se continúa con el orden del día.
A continuación se hace entrega del Punto de Acuer-
do turnado a la Comisión, relativo al proyecto Xcacel-Xcacelito. En relación a ello, interviene el dip. Esteban Sotelo Salgado del Partido Acción Nacional y menciona que, dado que ya están integradas las subcomisiones, sería prudente que quienes integran la correspondiente, se abocaran a empezar a hacer un estudio para que en la próxima sesión se emitiera alguna opinión al respecto.
En el informe de la reunión de Huatulco realizada el 10 de noviembre, el dip. Ismael Estrada Colín del Partido Revolucionario Institucional, comenta que esta es la primera reunión que preside la Comisión de Turismo de manera conjunta con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, y cuyo propósito fue dar inicio a los trabajos propuestos en el Punto de Acuerdo, que el pasado 24 de octubre presentó al Pleno de la Cámara el diputado Jaime Larrazábal Bretón, y cuyo objetivo final será atender la problemática que presenta la costa de Oaxaca.
Destacó que fueron atendidos por personal de Fonatur y se les dio una explicación de cuáles son las áreas que fueron creadas en un proyecto extraordinario de planeación, y cuál es realmente en este momento el avance de cada uno de ellos. Mencionó que hay un gran desaprovechamiento de esa infraestructura, hay poca ocupación de hoteles, de restaurantes, y en cada una de las áreas de prestación de servicio existe gran desánimo generado por la falta de promoción.
La reunión con prestadores de servicios fue presidida por el Secretario de Turismo del estado. Todos los sectores expusieron sus puntos de vista destacando un gran desaliento por la situación en que se encuentra la actividad turística en la entidad.
A propuesta del presidente de la Comisión de Turismo, dip. Ernesto Rodríguez Escalona, se destacó que este tipo de reuniones deberá multiplicarse en otros destinos turísticos del país, y que el próximo mes de diciembre se realice nuevamente una reunión en el estado de Oaxaca, con la asistencia del próximo titular de la Sectur.
A continuación interviene la dip. Mercedes Hernández Rojas del Partido Acción Nacional, para preguntar que cuál fue lo propuesto por esta Comisión para solucionar las demandas de los prestadores de servicios, cuál fue el compromiso de Fonatur y cuál el compromiso del representante del gobierno estatal, esto con la finalidad de que exista certidumbre y credibilidad en lo que se esta haciendo.
El dip. Jaime Larrazábal Bretón del Partido Revolucionario Institucional, menciona que el tema de Huatulco se resume en pocas palabras, en inversión y en dinero, que es un círculo vicioso en el que el inversionista dice yo no invierto porque la gente no viene, y el turista dice yo no voy porque no hay qué hacer.
Destaca que el primer interesado es el titular del Poder Ejecutivo estatal, y que se ha trabajado los dos últimos años para conseguir inversión para construir una carretera que vaya al istmo de Tehuantepec con un ramal a Huatulco; reafirma que no solamente es la carretera, sino también el muelle, que no es posible que un destino como es Huatulco, no haya tenido un esquema de proyecto de lo que es el muelle.
Comenta que existe ya una inversión para ese lugar, canalizada por un organismo que se llama el Fides, en donde ya está resguardada una inversión para construir la carretera en estos días. En su opinión, se requiere buscar un encuentro con las nuevas autoridades, desburocratizar el Fonatur, y que sienta el Ejecutivo a través de la Secretaría de Turismo que el Legislativo puede respaldar sus acciones.
El dip. Elías Martínez Rufino del Partido de la Revolución Democrática, comenta que fue una reunión ilustrativa no sólo de lo que tiene, sino más bien del estado de crisis y cree que hubo intervenciones bastante interesantes y corresponde a los integrantes de esta Comisión impulsar que se asigne mayor presupuesto a Turismo; ver cómo se tiene que impulsar la promoción, no sólo de Huatulco, sino de todos los centros turísticos, tanto de playa como interiores.
El dip. Ignacio García Zalvidea, toma la palabra y dice que considera muy positivo que se vaya a diferentes destinos, porque muchas veces se tiene información en el papel o en números que son muy fríos y con estas reuniones se ve que mucha gente tiene una gran expectativa de mejorar su nivel de vida por medio del turismo. Hizo una recomendación para que los diputados de la Comisión se sensibilicen y traten de hacer visitas a los diferentes destinos turísticos para conocer la problemática de la gente.
Para continuar se informa de la invitación de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, tentativamente para el 7 de diciembre a las 15 horas, donde se recibiría a toda la Comisión. También se haría la invitación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la finalidad de unificar criterios en la materia.
El dip. Alberto Villarreal García del Partido Acción Nacional, propone otra fecha pues los trabajos del Congreso están muy pesados, propone el miércoles seis.
El dip. Esteban Sotelo Salgado del Partido Acción Nacional coincide con el dip. Villarreal y propone que se les invite el día seis a este recinto legislativo.
Por su parte el dip. Fernando Ugalde Cardona, sugiere que a esa reunión se invite al Secretario de Turismo del próximo gabinete.
Finalmente se acuerda manejar dos fechas, para que el senador defina, siendo el 22 o 29 de noviembre, haciendo extensiva la invitación a la Comisión de la Asamblea Legislativa.
Por su parte el dip. Clemente Padilla Silva del Partido Acción Nacional, propone que la reunión con los senadores y asambleístas se defina una orden del día, esto con la finalidad de hacer más ágil la reunión.
Continuando con los asuntos generales se informa de la invitación al Primer Foro Internacional sobre Legislación en Turismo, misma que se efectuará los días 22, 23 y 24 de noviembre en Villahermosa Tabasco.
Para concluir el dip. García Zalvidea informa de la invitación de la senadora Addy Joaquín Coldwell a la presentación de un proyecto de recuperación de playas en el Senado de la República, el día 22 de noviembre. A continuación se da por concluida la reunión.
Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona (rúbrica)
Presidente
Dip. Mercedes Hernández Rojas (rúbrica)
Secretaria
Dip. Rafael Servín Maldonado (rúbrica)
Secretario
Dip. Jaime Arturo Larrazábal Bretón (rúbrica)
Secretario
Dip. Juan Ignacio García Zalvidea (rúbrica)
Secretario
Convocatorias
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su tercera reunión ordinaria de trabajo, el martes 19 de diciembre, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Gustavo Carvajal Moreno
Presidente
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A las actividades que realizará:
Martes 19 de diciembre: Desayuno con la dra. Ma. del Carmen Díaz Amador, en el salón B del restaurante Los Cristales, a las 8 horas.
Martes 19 de diciembre: Reunión de trabajo en Comisiones Unidas, Comisión de Educación Pública y Comisión de Ciencia y Tecnología, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el patio Sur, a las 17 horas.
Miércoles 20 de diciembre: Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, Comisión de Educación Pública y Comisión de Ciencia y Tecnología, con el titular de la SEP, dr. Reyes S. Tamez Guerra, en la zona C del restaurante Los Cristales, a las 8 horas.
Miércoles 20 de diciembre: Reunión de trabajo con los Centros Públicos de Investigación, en el salón B del restaurante Los Cristales, a las 18 horas.
(Acceso exclusivamente para diputados integrantes de la Comisión)
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta
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