|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informes
- Final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000
Informes
Antecedentes
Ha existido la inquietud ciudadana del cómo se utilizan los recursos públicos federales, asignados a los programas sociales, sobre todo en los procesos electorales.
Los grupos parlamentarios del PAN y PRD, de la LVII Legislatura, retoman esta preocupación y coinciden en la importancia de integrar un grupo que vigile la utilización de estos recursos, por lo que el Pleno de la Cámara resuelve crear dos grupos plurales de trabajo, dependientes de la Comisión de Desarrollo Social, para hacer esa tarea en los estados de Veracruz y Tabasco.
Como consecuencia de los resultados obtenidos por estos grupos de trabajo se evidenció la utilización de los recursos públicos federales asignados a diferentes programas sociales en favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional.
Tal es el caso del estado de Nayarit, en donde hubo la necesidad de crear una instancia de mayor jerarquía política, por lo que se propone la integración de una Comisión Especial que vigilara la utilización de recursos en el proceso electoral del estado de Nayarit, misma que se aprueba el 27 de abril de 1999.
Las conclusiones presentadas por esta Comisión manifestaron de manera clara la relación existente entre el comportamiento de resultados electorales y el porcentaje de familias beneficiadas por el Progresa, ya que éste ha sido utilizado para coaccionar el voto de los ciudadanos.
Posteriormente son creadas dos comisiones similares para vigilar los procesos electorales en los estados de Guerrero y Coahuila, las que se aprobaron en sesión del Pleno de fecha 13 de septiembre de 1999.
Por lo que respecta a las Comisiones Especiales encargadas de vigilar que no se desvíen recursos federales en los procesos electorales de los estados de Coahuila y Guerrero, a pesar de su corta permanencia llevaron a cabo diversas actividades tales como reuniones de información con Gobernadores y algunos Presidentes municipales, dependencias, recepción de denuncias ciudadanas, presentaciones en diversos medios de comunicación, las cuales sirvieron para informar a la ciudadanía de que la entrega de los programas sociales no debe condicionarse con fines de promoción partidista, y no deben utilizarse recursos humanos, instalaciones, mobiliario y servicios de dependencias públicas para favorecer a algún candidato o partido político.
Cabe mencionar que desde la propuesta, aprobación y entrada en vigor de estas Comisiones Especiales, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional manifestó su inconformidad.
En el caso de Coahuila fue llevada al ámbito local toda vez que la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso Local en su décima primera sesión del segundo período de receso del tercer año de ejercicio constitucional, por votación mayoritaria de sus integrantes, aprobó un Punto de Acuerdo del que emana la enérgica protesta ante el Honorable Congreso de la Unión por la creación de la Comisión Especial en el Estado de Coahuila.
Todas estas constituyen los antecedentes directos para la creación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000.
No obstante la importancia que reviste la constitución de todas y cada una de las comisiones y grupos de trabajo, ya que por primera vez en la historia legislativa los diputados federales tienen la posibilidad de vigilar la utilización de estos recursos, se enfrentaron a una oposición tenaz por parte de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quienes sistemáticamente votaron en contra de la formación de estos grupos y comisiones.
Con el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Controversia Constitucional 33/97, promovida por el estado de Tabasco en contra de la Cámara de Diputados, estas comisiones afianzan la procedencia jurídica y política de su creación.
En diciembre de 1999 se presentan al Pleno de esta Cámara de Diputados dos propuestas con punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial para vigilar que no se desvíen los recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000, por parte de los grupos parlamentarios del PRD y PT el Dip. Armando Aguirre Hervis y por parte del Grupo Parlamentario del PAN, la Dip. Elodia Gutiérrez Estrada.
Es de señalarse que en esta Comisión Especial participaron de manera plural y representativa todos los grupos parlamentarios que conforman esta Legislatura, toda vez que se integró por 14 diputados del PRI, 7 del PAN, 7 del PRD, 1 del PT y 1 del PVEM.
De conformidad a lo establecido en el punto décimo sexto del Acuerdo para la constitución de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del año 2000 (en lo sucesivo se le denominará Comisión Especial 2000) se presenta a la Comisión Permanente de esta Cámara, el siguiente
Informe final de actividades
En cumplimiento del segundo párrafo del punto de acuerdo invocado, se turnará copia de este informe a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación.
Primero. En reunión del pleno de la H. Cámara de Diputados, celebrada el día 9 de diciembre de 1999, se aprobó el Acuerdo por el que se constituye esta Comisión Especial 2000, con un total de 433 votos, de los cuales 225 fueron a favor y 207 en contra, así como una abstención. Los votos emitidos en contra fueron sufragados por los diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional.
Según el primer apartado de los transitorios el Acuerdo entró en vigor un día natural después, es decir, el 10 de diciembre de 1999.
Segundo. De conformidad con el primer punto de acuerdo, la Comisión Especial 2000 quedó instalada el día 14 de diciembre del mismo año, esto es, dentro del plazo fijado de 5 días naturales.
Tercero. Según lo señalado por el acuerdo séptimo, dentro de los treinta días naturales siguientes se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión Especial 2000, votado de la siguiente manera: en lo general, por unanimidad, y por mayoría simple de votos en el pleno de la Comisión Especial 2000, en lo particular, ya que los diputados priístas habían reservado dos puntos, uno relativo a la instalación de las oficinas receptoras en cada uno de los estados, y otro relacionado con la firma de los convenios con organizaciones no gubernamentales.
Cuarto. De lo señalado en el acuerdo décimo cuarto del documento constitutivo, se presentó en reunión de Junta Directiva la propuesta de Presupuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.
Posteriormente se entregó, en el mes de enero, a la Junta de Coordinación Política, para su aprobación definitiva, y a la Secretaría General para el trámite correspondiente.
Si bien el Acuerdo por el que se constituye esta Comisión Especial 2000 señala que la Secretaría General le dotaría de los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con su objeto dentro de los 15 días posteriores a la solicitud de recursos, no es sino hasta el 1 de marzo que se aprueba el Presupuesto de esta Comisión Especial 2000, por un monto de $ 5,073,400 (Cinco millones setenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100).
Así mismo se asignó el local definitivo para albergar las oficinas de la Comisión Especial 2000, ubicado en el tercer piso del edificio F del recinto legislativo.
Quinto. En atención con lo señalado en los puntos primero y sexto del Plan de Trabajo, con fecha 25 de enero del 2000, se conformaron los grupos de trabajo de Convenios de Colaboración, Información y Difusión, y de Monitoreo del ejercicio del gasto público programático, con la finalidad de elaborar los formatos de Convenio que serían utilizados en la suscripción de ellos con instancias distintas a la H. Cámara de Diputados; así como la identificación de actividades programáticas sujetas a verificación.
Sexto. Por acuerdo unánime de la Junta Directiva se determinó realizar, en una primera fase, visitas de protocolo a los titulares de las diferentes dependencias del Ejecutivo Federal, así como a los representantes de los poderes locales de cada una de las entidades federativas. Esto independientemente del cumplimiento que el Presidente de la Cámara de Diputados realizó conforme al segundo transitorio del acuerdo de constitución. En estas visitas se dio a conocer el Plan de trabajo de la comisión y se solicitó la colaboración para la firma de los convenios correspondientes. Por otra parte se incluyeron algunos organismos autónomos a petición de ellos mismos.
Por lo que corresponde a la primera fase, se visitaron a los titulares de las siguientes instituciones: C.P. Gregorio Guerrero Pozas, de la Contaduría Mayor de Hacienda; Mtro. José Woldenberg Karakowsky, del Instituto Federal Electoral; Lic. Arsenio Farell Cubillas, de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación; Dr. Carlos M. Jarque Uribe, Secretario de Desarrollo Social; Ing. Romárico Arroyo Marroquín, Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Mtra. Julia Carabias Lillo, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Lic. Miguel Limón Rojas, Secretario de Educación Pública. De la misma manera se visitó al Lic. Enrique Burgos García, Director del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Lic. Melba Pría Olavarrieta, Directora General del Instituto Nacional Indigenista, Sr. Ministro David Genaro Góngora Pimentel Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Lic. Jorge Madrazo Cuéllar, Procurador General de la República.
Séptimo. De estas reuniones hay que destacar dos aspectos fundamentales: en la mayoría de las entrevistas que se tuvieron, existió desde luego, la disposición de suscribir convenios y acuerdos para facilitar y potenciar los trabajos de esta Comisión Especial 2000; sin embargo, pese a la voluntad de los diferentes secretarios de las dependencias visitadas, todos ellos refirieron una autorización de la Secretaría de Gobernación, para lograr estos convenios de colaboración.
En la reunión que se tuvo con el titular de la Secretaría de Gobernación, se le solicitó la autorización referida para la suscripción de los convenios de colaboración con las entidades del Ejecutivo, a lo que de manera tajante el mencionado funcionario se negó.
Con la finalidad de firmar un convenio de colaboración con el titular del Ejecutivo Federal, Ernesto Zedillo Ponce de León, la presidencia de la comisión por instrucciones de la Junta Directiva solicitó ser recibida en audiencia, misma que no se otorgó por parte del Presidente de la república mexicana.
Octavo. Con fecha 28 de abril del año 2000 se suscribió el convenio de colaboración entre el Instituto Federal Electoral y esta H. Cámara de Diputados, representados por el Mtro. José Woldenberg Karakowsky, Presidente del Consejo General del IFE y el Lic. Fernando Zertuche Muñoz, Secretario Ejecutivo del mismo y el Diputado Francisco José Paoli Bolio, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, fungiendo como testigos la Presidenta de la Comisión Especial 2000, Diputada Elodia Gutiérrez Estrada, y el Lic. Fernando Franco González Salas, Secretario General de la Cámara; suceso de trascendencia histórica, ya que luego de más de una década de existir, el IFE, como organismo público, autónomo, permanente e independiente en sus decisiones y funciones, fue tomado en cuenta para la firma de un convenio con éste Órgano Legislativo.
Noveno. Posteriormente, se realizaron dos reuniones de trabajo con diversas Organizaciones no Gubernamentales, que manifestaron su interés de colaborar activamente en la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos federales, por lo que propusieron suscribir sendos convenios de colaboración con esta Comisión Especial 2000. Las organizaciones solicitantes fueron Alianza Cívica, A.C.; Trasparencia Mexicana, A.C.; Academia Mexicana de Derechos Humanos; Movimiento Ciudadano por la Democracia, A.C.; Pro Democracia A.C., y el Coordinador General del Proyecto de Asistencia a la Observación Electoral (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Décimo. De conformidad con el punto dos del Plan de Trabajo, Recorridos, se acordó en Junta Directiva realizarlos por las diferentes entidades federativas del país con la finalidad de entrevistarse con los titulares de los tres poderes locales, para lo cual se dividió al país en cinco regiones, las que serían visitadas por grupos de diputados federales integrantes de esta Comisión Especial.
Estos recorridos se programaron para realizarse en dos semanas -del 6 al 10 de marzo, y del 13 al 17 del mismo mes-; sin embargo, sólo se pudo realizar de manera más o menos regular los viajes de la primera semana, ya que por declaraciones de representantes del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de incluir un punto de acuerdo para la disolución de esta Comisión Especial 2000, los secretarios del PAN, PRD, PT y PVEM, así como la Presidencia de la Comisión acordaron posponer los recorridos y enfrentar su posible disolución en el Pleno de la Cámara. Agendándose en varias ocasiones el referido acuerdo.
Por esta razón, los viajes se retrasaron; sin embargo, se tuvo la oportunidad de reponerlos en las semanas siguientes y se informa a esta soberanía que se cumplió con las visitas a las entidades federativas, y que se informó, con toda precisión, a los titulares de los poderes locales los fines para los que fue creada esta Comisión Especial 2000.
Por decisión del secretario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Rafael Oceguera Ramos, los diputados de este partido no participaron en la segunda fase de visitas a los estados; es decir, después de que se acuerda reiniciarlos. Como consecuencia de ello, la asistencia de diputados priístas a las visitas estatales, alcanzó un bajo porcentaje del total de visitas programadas.
Es de destacar que en estas visitas varios representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de las entidades federativas, manifestaron abiertamente su interés por participar y coadyuvar en los trabajos de esta Comisión Especial 2000, al grado de aceptar la suscripción de convenios con cada uno de ellos.
Para tal efecto, se enviaron proyectos de convenio a 17 gobernadores, 14 cámaras locales y 10 titulares del poder judicial, quienes fueron los que manifestaron su interés.
Como consecuencia de la reunión que sostuvo el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Francisco Labastida Ochoa, con los gobernadores de su partido, muchos de los que habían señalado su interés por suscribir convenios de colaboración con esta Comisión Especial 2000, dieron marcha atrás en su intención. La lista de los funcionarios señalados forma parte de los anexos del tercer informe que presentó esta Comisión.
Undécimo. Se informa a esta soberanía que los siguientes servidores públicos o representantes populares no recibieron a los diputados federales, miembros de esta Comisión, pese a que se habían agendado con toda previsión estas audiencias: Lic. Enrique Martínez y Martínez, gobernador constitucional del estado de Coahuila; Dip. Heriberto Ramos Salas, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados del estado de Coahuila; Licenciado Víctor Manuel Cervera Pacheco, gobernador Constitucional del estado de Yucatán; Licenciado Joaquín Hendricks Díaz, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo y el Diputado José Arjona Carrasco, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados del estado de Quintana Roo.
Duodécimo. En cumplimiento del tercer párrafo del punto 3 del Plan de Trabajo, se hace del conocimiento a esta soberanía, que se instalaron las oficinas de recepción de quejas y denuncias en todas y cada una de las capitales de las entidades federativas, con personal y equipo necesario para otorgar un servicio de calidad a los ciudadanos.
Décimo tercero. Por primera vez en la historia del Poder Legislativo, la sociedad civil trabaja conjuntamente con los diputados federales en un escenario que coloca a los ciudadanos en verdaderos protagonistas con sus representantes populares, es por ello, que con fecha 3 de junio de 2000 se realizó el Foro con ONG?S para tratar lo relacionado a la coacción del voto y los programas sociales.
Gracias a ello, se logró la formalización de convenios de colaboración con 10 organizaciones no gubernamentales, a saber en los cuales en representación de la H. Cámara de Diputados, signó el Dip. Francisco José Paoli Bolio en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, así como la Dip. Elodia Gutiérrez Estrada, Presidenta de esta Comisión, en calidad de testigo y por: Alianza Cívica, A.C. el Lic. Rogelio Gómez Hermosillo Marín, Coordinador General y la C. Silvia Alonso Félix, Secretaria Ejecutiva; Pro Democracia, A.C., el Lic. Pedro Luis Pinsón Edelen, Presidente y la C. Viridiana Sughei Palma Martínez, asociada; Movimiento de Ciudadanos, A.C. Lic. Luz Rosales Esteva, Secretaria Ejecutiva y la Lic. Luz Lozoya Lozoya, Coordinadora del área local en el Distrito Federal ; Trasparencia, S.C., el C. Manuel Fernández de Villegas Medina, Director y la C. Gabriela Rangel Faz, Representante en la Ciudad de México; Deca Equipo Pueblo, A.C., la Mtra. Laura Becerra Pozos, Directora Ejecutiva y el Mtro. Luis Pineda, responsable del Programa de Fortalecimiento Municipal; Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C., la Lic. Guadalupe Arellano Rosas, Presidenta Nacional y la Lic. Bertha Albarrán, miembro del Comité Ejecutivo Nacional; Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, A.C., el Lic. Jorge Valencia Bautista, Coordinador Ejecutivo y la C. María Inés Jurado Mendoza asociada; Consultoría para el Desarrollo de los Pueblos Indios, A.C., el C. Adrián Ramírez Ramírez, Presidente y el C. Hernán Escobar Ocaña, Presidente Suplente; Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño A.C., el C. Arturo Eutiquio Pimentel Salas, Presidente y el C. Juan Lita Cuevas, y el Colegio Nacional de Licenciados en Administración de la Ciudad de México, A.C., Lic. Rafael Arturo Cuenca Dardón, Presidente y el C.P. José Luis Rodríguez Valencia, Comisario. Las copias de estos convenios se integraron como anexos al Cuarto Informe de Actividades.
Décimo cuarto. Con fecha 12 de junio del 2000, se suscribieron convenios de colaboración con los CC. Gobernadores de los estados de Tlaxcala, M.V.Z. Alfonso Sánchez Anaya; Zacatecas, Lic. Ricardo Monreal Ávila, y Nayarit, C.P. Antonio Echavarría Domínguez, así como con el Magistrado Ricardo Eulalio Pérez Zárate, titular del Poder Judicial del estado de Tlaxcala. Las copias de dichos convenios forman parte de los anexos del Cuarto Informe de Actividades presentado por esta Comisión Especial 2000.
Debido a la falta de tiempo para agendar reuniones, no pudieron suscribirse formalmente estos convenios de colaboración con los titulares de los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nuevo León, pese al interés de esas entidades por así hacerlo. No obstante, quedó firme el compromiso moral para coadyuvar con esta Comisión Especial 2000 en el cuidado de los recursos públicos federales durante el proceso electoral.
En lo referente al punto tres del Plan de Trabajo, Denuncias, se recibió un total de 877 denuncias formalmente presentadas ante esta Comisión Especial 2000, de las cuales, 407 se encuentran en trámite ante las dependencias u organismos a que fueron turnados; de las 385 restantes, se determinó que no reúnen los requisitos, materia de esta Comisión, por lo que se acordó informar de ellos a sus denunciantes. La relación de los expedientes formados a partir de las denuncias se integran en el anexo, el cual forma parte de este informe.
El desglose de las denuncias turnadas queda de la siguiente manera:
Tomando en cuenta el estado de en donde se suscitaron los hechos denunciados, la relación es como sigue: 3 denuncias del estado de Campeche; 11 del estado de Coahuila; 29 del estado de Chiapas; 7 del estado de Chihuahua; 10 del estado de Durango; 59 del estado de México; 3 del estado de Guanajuato; 5 del estado de Guerrero; 9 del estado de Hidalgo; 9 del estado de Jalisco; 71 del estado de Michoacán; 1 del estado de Morelos; 6 del estado de Nayarit; 2 del estado de Nuevo León; 17 del estado de Oaxaca; 39 del estado de Puebla; 3 del estado de Querétaro; 2 del estado de Quintana Roo; 4 del estado de San Luis Potosí; 2 del estado de Sinaloa; 2 del estado de Sonora; 21 del estado de Tabasco; 17 del estado de Tamaulipas; 6 del estado de Tlaxcala; 37 del estado de Veracruz; 8 del estado de Yucatán; 10 del estado de Zacatecas y 14 del Distrito Federal .
Por el volumen que implica la recepción de casi 20 mil escritos que contienen supuestas irregularidades en la entrega de recursos del FONDEN, con motivo de las inundaciones sufridas en el estado de Tabasco, es de mencionarse que la Junta Directiva de la Comisión Especial 2000 determinó solicitar a la Diputada Ana Lila Ceballos Trujeque, formalizara la denuncia para poder iniciar el trámite respectivo, sin menoscabo de dejar a salvo su derecho para proceder de la manera que mejor conviniera a su interés.
Los programas sociales más denunciados fueron: PROGRESA, PROCAMPO, Alianza para el Campo, DICONSA; LICONSA, Empleo Temporal, Crédito a la Palabra, FONDEN y CONAZA.
En cuanto a las dependencias u organismos más denunciados nos encontramos con SEDESOL, SAGAR, PEMEX, IMSS, SEPOMEX, SEMARNAP, CORETT, CONAGUA, Secretaría de Relaciones Exteriores, ISSSTE, Comisión Federal de Electricidad, SEDENA, SECOFI, INFONAVIT y el DIF.
En atención al cargo o función de los denunciados se encuentran gobernadores, funcionarios de las tres esferas de gobierno, representantes populares y candidatos a puestos de representación popular. Sin dejar de mencionar que una parte importante de las denuncias involucraban a las promotoras del PROGRESA.
Después de analizar el contenido de las denuncias presentadas ante esta Comisión Especial 2000, el Grupo de Denuncias, determinó realizar una serie de giras por los estados en donde fueron intimidados los denunciantes en razón de haber manifestado inconformidad por el desvío de recursos públicos pertenecientes a programas federales con fines electorales. De tal forma se visitaron los estados de Chiapas, San Luis Potosí, estado de México quedando pendientes hasta la fecha los recorridos en los estados de Zacatecas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Décimo quinto. Luego de recibir una invitación por parte del Senador Chistropher J. Dodd, Líder del Partido Demócrata para Asuntos Interamericanos y la Washington Office on Latin America (WOLA), con la finalidad de poder intercambiar puntos de vista respecto de la compra y coacción del voto durante el proceso electoral de México en el año 2000, llevándose a cabo entrevistas con el Diputado Robert Menéndez, de la Coordinación Política del Partido Demócrata, y miembros del Concilio Hispano, así como con el Sr. Roger Marletti, encargado de relaciones con México en el Consejo Nacional de Seguridad, (Dependencia de la Casa Blanca), el Sr. John Dawson, Director de la Oficina sobre México del Departamento de Estado; el Sr. Roger Noriega y asesores de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, así mismo con los Diputados Salomón Ortiz, Joe Baca, Graw Napolitano, Lucke Rayball Alard, éste último Presidente del Concilio Hispano, de igual forma se concedieron ruedas de prensa con diferentes medios de información. Para cumplir con lo anterior se realizaron los trámites correspondientes para que una delegación de legisladores de la Comisión Especial 2000 pudieran atender dicha invitación, trámites administrativos que fueron retrasados intencionalmente por el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Enrique Jackson Jiménez, hasta el último momento del día 7 de junio, fecha en que se les esperaba en la ciudad de Washington.
Sin embargo, y gracias a la insistencia y aprobación de los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, PT y PVEM, se logró. Asistieron a dichas reuniones la Dip. Elodia Gutiérrez Estrada del PAN, presidenta de la Comisión Especial 2000, el Dip. Armando Aguirre Hervis, secretario por el PRD y el Dip. Guillermo Barnés García, por parte del PRI.
Décimo sexto. Esta Comisión Especial 2000 informa a esta soberanía, que se presentaron informes parciales de actividades al Pleno de la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente en los días 11 de febrero, 16 de marzo, 28 de abril y 27 de junio del año 2000, de conformidad con lo dispuesto en el punto de acuerdo décimo quinto.
Décimo séptimo. En lo relativo al punto 5 del Plan de Trabajo, Campañas de Información, Difusión y Orientación, se cumplió parcialmente debido a la incapacidad financiera que se tuvo para impulsar un programa que cumpliera con los objetivos señalados.
Sin embargo, se logró la publicación de seis desplegados periodísticos de circulación nacional, así como la realización de un spot radiofónico, que fue parcialmente difundido, la creación de una página en Internet, y no menos importante, el trabajo de difusión que realizaron algunos de los responsables en las oficinas estatales en los medios locales de comunicación escrita y electrónica, durante las visitas de los diputados integrantes de esta Comisión Especial a las mismas, llevándose a cabo ruedas de prensa para poder dar a conocer a la ciudadanía, los trabajos que se estaban realizando.
Debido al escaso presupuesto asignado a esta Comisión Especial, para el rubro de Difusión, la Junta Directiva acudió a la Secretaría de Gobernación el 1o de marzo del 2000, a efecto de entrevistarse con el Lic. Diódoro Carrasco Altamirano y solicitarle parte de los tiempos oficiales asignados al Poder Ejecutivo Federal y que consisten en treinta minutos diarios en radio y televisión, así como el tiempo fiscal correspondiente al pago de impuesto en especie mediante el 12.5% de tiempo total de transmisión considerado aproximadamente en una hora con treinta minutos diarios, con la finalidad de llevar una campaña de divulgación permanente durante el proceso federal electoral para orientar a los servidores públicos y a la ciudadanía en general sobre las normas y disposiciones que regulan el gasto público y prohíben su utilización en apoyo de cualquier partido político o candidato, así como las sanciones aplicables a los infractores, recibiendo una rotunda negativa de apoyo hacia este objetivo.
Décimo octavo. Se informa a esta soberanía que en cumplimiento del punto de acuerdo sexto, la Comisión Especial sesionó los días 14 y 15 de diciembre del 99, 5, 11, 12, 19 y 26 de enero del año 2000; 9, 16, 23 y 29 de febrero; 1 de marzo; 5 y 12 de abril; y 20 y 27 de junio del año 2000.
Décimo noveno. Como último punto, esta Comisión Especial 2000 manifiesta su preocupación porque existen 407 denuncias de las cuales algunas han sido remitidas ante el Instituto Federal Electoral, Procuraduría General de la República, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio Postal Mexicano, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, Dirección General del PROGRESA, Congresos locales, así como a los denunciantes, y de las cuales, hasta la fecha se viene recibiendo información sobre el curso de las investigaciones que se están realizando por parte de estas dependencia, ahora bien, en cumplimiento al punto de acuerdo undécimo, esta Comisión deberá dar seguimiento al trámite respectivo, hasta llegar a la resolución correspondiente, lo que rebasa la disposición establecida en el punto tercero del propio acuerdo.
Vigésimo. Todo lo antes expuesto, nos permite concluir que la negativa a la vigilancia y prevención del uso de recursos públicos con fines electorales, por parte de autoridades gubernamentales de todos los niveles ha sido resultado de la costumbre de utilizar los programas sociales para beneficio del Partido Revolucionario Institucional, siendo en repetidas ocasiones éstos los mejores medios para hacer proselitismo a favor de sus candidatos.
A pesar de lo anterior, la presencia de la Comisión Especial 2000, fue de trascendental importancia, ya que es un elemento útil para inhibir las acciones de los servidores públicos encaminados a desviar los recursos públicos en apoyo de algún candidato o partido político.
No obstante se destaca que se tuvo conocimiento de hechos y elementos que se pueden considerar como desvío de recursos públicos federales que legítimamente les corresponde a los más necesitados, lo cual sin duda tendrá que ser prevenido y sancionado, tanto por el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo Federal, porque así lo exigen los que más necesitan y lo reclama el nuevo escenario de la democracia mexicana.
Sin embargo será con el resultado final de las investigaciones que a la fecha siguen realizándose por parte de las autoridades competentes las que indiquen los montos que fueron utilizados en la desviación de recursos públicos federales durante el proceso federal electoral del año 2000.
Se presenta este informe final de actividades a los 23 días del mes de agosto del año 2000, en tiempo y forma adecuados.
Por la presidencia
Dip. Elodia Gutiérrez Estrada (rúbrica)
Dip. Rafael Oceguera Ramos (PRI)
Dip. Armando Aguirre Hervis (PRD) (rúbrica)
Dip. Edgar Martín Ramírez Pech (PAN) (rúbrica)
Dip. Mercedes Maciel Ortiz (PT) (rúbrica)
Dip. Aurora Bazán López (PVEM) (rúbrica)
Loading