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SESION DEL MARTES 4 DE ABRIL DE 2000. INICIO 11 HORAS
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Protesta de ciudadanos diputados.
De ciudadanos diputados.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura.
De la Junta de Coordinación Política.- (Cambio de integrantes de Mesas Directivas de Comisiones). (Votación).
De la Junta de Coordinación Política.- (Cambio de integrantes de Comisiones).
Informes del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. (Turno a Comisión).
Elección de un secretario de la Mesa Directiva.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la C. dip. Lenia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que reforma y adiciona al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la C. dip. Aurora Bazán López, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De Ley de Amnistía General para todos los presos y perseguidos por motivos políticos (Políticos y de conciencia), a cargo del C. dip. Adolfo González Zamora, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De adiciones a los artículos 8º Bis y 25 Bis de la Ley General de Defensoría Pública, a cargo de la C. dip. Olga Medina Serrano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Iniciativa del Ejecutivo federal
Que reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (Turno a Comisión).
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. (Turno a Comisión).
Minutas
Con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 282 Bis 3 a la Ley General de Salud. (Turno a Comisión).
Con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Diego Alberto Silva López, Marcos Hernández Gutiérrez, Francisco Morgado Sánchez, Jesús Reyes Viveros, Jorge Taylor Cruz y Pedro Miguel Leetch Reyes, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de la República de Nicaragua. (Turno a Comisión).
Dictamen a discusión
De la Comisión de Turismo, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del l de abril, discusión y votación).
Proposiciones
Con Punto de Acuerdo para que se solicite a la Secretaría de Desarrollo Social que modifique las reglas de operación de los Programas Fidelist y Vivah, para que en el primer programa se amplíe el número de beneficiarios y en el programa Vivah se asigne una partida presupuestal para la compra de suelo y el mejoramiento de la vivienda, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución).
Relativa a la Comisión de Asuntos Indígenas y a los problemas que viven actualmente los grupos étnicos en la Costa de los Lochixtlas y la Sierra Zapoteca en Villa Hidalgo, Yalalag, Oaxaca, a cargo del C. dip. César Lonche Castellanos. (Turno a Comisión).
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, a cargo del C. dip. José Luis Sánchez Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Agenda Política
Pronunciamiento en relación al proyecto para la construcción de un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, a cargo de la C. dip. Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comentarios sobre la denuncia de juicio político contra la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre las declaraciones del señor Vicente Fox en torno al proceso electoral, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la problemática de las cajas de ahorro en el estado de Michoacán, a cargo de la C. dip. María Guadalupe Sánchez Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
DEL DIP. JUAN MOISES CALLEJA CASTANON
Palacio Legislativo, 29 de marzo del 2000.
Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
PRESENTE
El que suscribe, diputado Juan Moisés Calleja Castañón, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, ante usted expongo:
Con relación al oficio Nº 57-11-4-894, fechado el 22 de marzo del 2000, remitido a esta comisión a mi digno cargo y relativa a la solicitud del diputado Javier Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la solicitud para que se excite a la Comisión de Trabajo, a fin de que se emita el dictamen correspondiente a la Iniciativa de reformas y adiciones al artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo.
Dada la naturaleza del asunto en cuestión, me permito informarle que se creó la Subcomisión Plural, que está allegándose toda la información necesaria para realizar el dictamen correspondiente y hasta el momento no ha sido posible realizarlo y de esta manera expeditar el despacho del turno en cuestión.
Esta Presidencia a mi cargo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, juzga necesario contar con mayor tiempo para emitir el dictamen correspondiente.
Por lo que solicito se demore el despacho del negocio puesto a consideración y se otorgue la autorización de prorroga de tiempo que dictó usted como Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Juan Moisés Calleja Castañón
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PRIMERA LEGISLATURA
Recinto Legislativo, a 28 de marzo del 2000.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE
Por este conducto, me permito comunicar a ustedes que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, aprobó por mayoría el siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, hace una atenta recomendación a la Asociación de Banqueros de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión, para ampliar el plazo de los programas de apoyo a deudores medianos y pequeños hasta el próximo 30 del mes de noviembre del presente año.
En cumplimiento a lo anterior, me permito remitir copia del punto de acuerdo en cuestión.
Sin otro particular, reitero a ustedes mi consideración atenta y distinguida.
Por la Mesa Directiva
Dip. Francisco Ortiz Ayala (rúbrica)
Presidente
México, DF., a 28 de marzo de 2000.
Propuesta de Punto de Acuerdo en relación a los deudores de la banca
Honorable Asamblea Legislativa:
En vista de que el problema de la cartera vencida es un problema de magnitudes sociales, las distintas instancias de gobierno han acordado una serie de programas de apoyo a los deudores de la banca, tanto comercial como hacia la de desarrollo, en el transcurso de los últimos cinco años.
En este contexto se acordó el programa de apoyo a deudores denominado Punto Final, que si bien no es la solución a esta problemática, ha servido para lograr negociaciones con descuentos adicionales a partir del citado programa, dinámica que se ha seguido por miles de deudores a nivel nacional, y que se ha visto retrasada por la burocracia bancaria. En este marco, el próximo día 31 de marzo del 2000 termina el programa denominado Punto Final.
La lucha que los deudores hemos venido realizando en este periodo, puede verse interrumpida abruptamente en el momento en que por fin los bancos han modificado las condiciones para negociar.
Con la intención de que no se vuelva a dar un enfrentamiento estéril y desgastante como el que se dio a principios del presente sexenio que tanto mal hizo al país, puesto que la actitud que los deudores asumiremos ante el posible fin de dicho programa no será de resignación y de espera con los brazos cruzados a que los banqueros se adjudiquen nuestras propiedades.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se pone a consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, hace una atenta recomendación a la Asociación de Banqueros de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Congreso de la Unión, para ampliar el plazo de los programas de apoyo a deudores medianos y pequeños hasta el próximo 30 del mes de noviembre del presente año.
Atentamente
Dip. Ricardo Javier Martínez Atala (rúbrica)
Recinto Legislativo, a 28 de marzo de 2000.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE
Por este conducto, me permito comunicar a ustedes que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, aprobó por mayoría el siguiente:
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Esta representación ciudadana se pronuncia en contra de la imposición del llamado Horario de Verano, porque el Decreto presidencial en el que se sustenta es ilegal e infundado y por contravenir el espíritu del federalismo.
SEGUNDO.- Se solicita a los Ejecutivos federal y locales realicen las acciones necesarias para que no se aplique el Horario de Verano.
TERCERO.- Notifíquese este Acuerdo al Presidente de la República, a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados.
CUARTO.- Difúndase este Acuerdo a través de los diversos medios de comunicación.
En cumplimiento a lo anterior, me permito remitir copia del punto de acuerdo en cuestión.
Sin otro particular, reitero a ustedes mi consideración atenta y distinguida.
Por la Mesa Directiva
Dip. Francisco Ortiz Ayala (rúbrica)
Presidente
Propuesta de Punto de Acuerdo que presenta el diputado Roberto Rico Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática en relación a la no incorporación del Distrito Federal al Horario de Verano
Compañeras y compañeros diputados:
Por decreto de fecha primero de abril de 1996 se implantó en México el Horario de Verano (H de V), que consiste en adelantar el reloj una hora en los meses de mayor insolación. Ello implica que se adopte, de manera temporal, un huso horario distinto, que se traduce en "amanecer más tarde" y también "oscurecer más tarde".
Los antecedentes legales para la aplicación de la medida se remiten a los compromisos internacionales suscritos por la República Mexicana al haber participado en la Conferencia Internacional de Meridianos que se celebró en Washington en 1884; cabe recordar que desde 1921 se emiten acuerdos sobre husos horarios.
El principal sustento para la imposición de la medida es la disminución en la demanda de energía eléctrica y, en consecuencia, la disminución en el consumo de combustible utilizado para su generación. Desde el primer año de su aplicación aseguran que se apoyan las actividades productivas del país y que se protege el ingreso familiar, al propiciar menor consumo de energía eléctrica. Uno de sus principales argumentos estaba relacionado con la disminución de situaciones de riesgo y de accidentes asociados con la oscuridad, pero recibieron poca consideración los daños físicos de millones de mexicanos.
En 1995, un año antes de que el Gobierno de la República decidiera que en México amaneciera y oscureciera más tarde durante el verano, 75 países del mundo aplicaban el H de V. Con la diferencia de que la mayoría de esas naciones se encuentran arriba del paralelo 23.5 grados de latitud norte o abajo del paralelo 23.5 latitud sur, es decir, arriba del Trópico de Cáncer y abajo del Trópico de Capricornio, que son precisamente los paralelos que limitan el área de la Tierra sobre la cual los rayos del Sol inciden perpendicularmente.
El resto de la Tierra recibe los rayos solares de forma inclinada y en esas regiones el periodo de invierno registra bajas temperaturas. El hecho de que esos países se vean beneficiados por el nuevo horario, por su ubicación geográfica, no significa que la República Mexicana, en general, y en particular el Distrito Federal se beneficien con su ubicación en pleno Trópico de Cáncer. En México, durante toda la primavera, el verano y un mes de otoño se tiene una mayor insolación del año y el tiempo diario de luz solar casi siempre es mayor a 12 horas.
Si el Distrito Federal se incorpora este año al H de V, sus habitantes, empresas y dependencias no se verán beneficiadas por la reducción de costos de energía para iluminación, los jefes de familia no verán reflejados los ahorros en sus recibos de pago de luz eléctrica y no se evitará que los trabajadores, amas de casa, jóvenes y niños salgan a las calles más temprano y se expongan a actos ilícitos.
Los capitalinos rechazan esta medida, como lo demuestran las innumerables encuestas y sondeos de opinión realizados en distintos medios de comunicación. El que oscurezca más tarde significa para la mayoría dormirse más tarde que de costumbre y, por tanto, modificar su metabolismo y su reloj biológico. La mayoría de las personas indican que el cambio produce cansancio, mayor estrés, somnolencia, dolor de cabeza e insomnio, y está demostrado por diversos estudios en Estados Unidos que durante las primeras semanas de la aplicación de este horario tiende a incrementarse el índice de accidentes automovilísticos.
Las actividades culturales, políticas, productivas, educativas, económicas, sociales y recreativas de la capital tienen influencia, en mayor o menor medida, en los habitantes de distintos estados. Las medidas que trastoquen la diferencia o similitud horaria establecida, generarán un efecto desfavorable. Por regla general, cuando el huso horario que rige al Distrito Federal es igual al que rige a los estados que se sitúan en el Noreste, Este o Sureste del país, se favorece todo tipo de actividades. Cuando el DF queda con un huso horario atrasado con respecto a otras entidades, son difíciles las acciones económicas, sociales y de comunicación.
Uno de los principales argumentos del Gobierno federal es el ahorro en el consumo de energía, pero éste está relacionado con el número de aparatos eléctricos de que dispone y de sus hábitos de consumo. Estos dependen de diversos factores, como el número de personas, edades, tiempo que permanecen en los hogares, actividades que desarrollan, área donde viven o lugar donde trabajan.
Asimismo, los consumos industriales, comerciales y de servicios, y la eventual reducción en el consumo eléctrico para iluminación tienen escaso o nulo significado, ya que la posibilidad de utilizar la luz natural para ello está vinculada a la arquitectura de las plantas y oficinas.
Las reacciones son diversas y en varios estados de la República los Congresos locales han solicitado a sus Gobiernos locales que notifiquen al Gobierno federal que sus estados no se incorporan al H de V. Sonora mantendrá los acuerdos firmados con la federación para mantenerse con el horario de Estados Unidos; mientras que el congreso de Chihuahua acordó con la federación no sumarse al H de V, Nuevo León, los estados de Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Aguascalientes, Nayarit, Baja California Sur, Tlaxcala, Coahuila, Durango, Tabasco, Guerrero y Oaxaca están en vías solicitar su exclusión.
El rechazo es generalizado y ante las demandas de la misma sociedad, las autoridades del Gobierno federal cambian de argumentos y cada vez lo hacen en tono "amenazante". Ahora anuncian que, de suspender el H de V, se perdería un ahorro de más de 600 megawatts y aumentaría la posibilidad de que se registren cortes de energía eléctrica en algunas zonas del país.
Para el 2000 el secretario de Energía, Luis Téllez, aseguró que los posibles recortes programados ?afectarían el desarrollo de la industria, servicios y suministro de electricidad?, con él argumento de que es ?fundamental para el sistema eléctrico mexicano?.
Pero la prueba de que la opinión de los mexicanos es prácticamente ignorada son las declaraciones hechas ayer por el Director de la Comisión Federal de la Electricidad, Alfredo Elías Ayub, quien afirmó en el sentido que este año "no puede darse (el Horario de Verano) de otra manera, porque existe una programación mundial", se justifica la "indiferencia" hacia la opinión pública con el argumento de que el Gobierno federal, en "atención" a las voces de la ciudadanía, realizaría un estudio detallado y que los resultados los presentaría al próximo Presidente para una evaluación de la medida. Y aún más, cuando declara que: "Es un acuerdo de ahorro, es un acuerdo para poder suministrar electricidad en la hora pico con los márgenes de holgura necesarios y es un acuerdo de tipo económico también; tiene todas las vertientes."
A esto hay que agregar que los funcionarios se limitan a proporcionar cifras sobre el supuesto ahorro de energía y, por tanto, económico. El año pasado la Conae informó que el H de V se tradujo en un ahorro por abatimiento de la demanda de energía eléctrica en hora pico de 613 megawatts. Además, la Secretaría de Energía informó que la medida posibilita un ahorro equivalente al uno por ciento del consumo anual de electricidad y, por tanto, se evitaría un gasto a los usuarios de por lo menos 455 millones de pesos al año.
Pero en realidad, ese supuesto ahorro no se refleja ni en la economía nacional ni, mucho menos, en la economía familiar. Convendrá entonces que el Distrito Federal no se incorpore al cambio de horario anunciado y que se proceda mientras tanto a analizar las posibilidades de una readecuación del huso horario más conveniente para la Ciudad de México y para el país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84, fracción primera, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en el artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; se pone a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- Esta representación ciudadana se pronuncia en contra de la imposición del llamado Horario de Verano, porque el Decreto presidencial en el que se sustenta es ilegal e infundado y por contravenir el espíritu del federalismo.
SEGUNDO.- Se solicita a los Ejecutivos federal y local realicen las acciones necesarias para que no se aplique el Horario de Verano.
TERCERO.- Notifíquese este Acuerdo al Presidente de la República, a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados.
CUARTO.- Difúndase este Acuerdo a través de los diversos medios de comunicación.
Atentamente
Dip. Roberto Rico Ramírez (rúbrica)
DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
PRESENTE
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la dip. Ma. Trinidad Emma Salinas López ingresará como secretaria en la Comisión de Distribución de Manejo de Bienes de Consumo y Servicios por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución del dip. José Luis Barcena Trejo.
Atentamente
Lic. Enrique León Martínez (rúbrica)
Secretario ejecutivo del grupo parlamentario del PRI
DE LA SECRETARIA GENERAL
Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de abril de 2000.
Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 43, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente oficio de fecha 3 de abril del año 2000, suscrito por el licenciado Enrique León Martínez, secretario ejecutivo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el que solicita los siguientes cambios:
Atentamente
Lic. José Fernando Franco González Salas (rúbrica)
Secretario General
Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de abril de 2000.
Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 43, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente oficios de fecha 29 de marzo del año 2000, suscritos por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en los que solicita el siguiente cambio de integrantes en las Comisiones de Pensionados y Jubilados y de Desarrollo Social:
Atentamente
Lic. José Fernando Franco González Salas (rúbrica)
Secretario General
Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidencia de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
En alcance al oficio Nº SG/28/03/00/0445/JO656/, de fecha 28 de marzo del año en curso, donde se informa sobre el cambio solicitado por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que la diputada Rocío del Carmen Morgan Franco sustituya al diputado Javier Corral Jurado en la Comisión Bicameral del Canal Legislativo; por este conducto se informa que el cambio solicitado no es en la Presidencia de dicha Comisión, sino simplemente en los integrantes de la misma.
Lo anterior, para lo conducente.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente
Lic. José Fernando Franco González Salas (rúbrica)
Secretario General
Palacio Legislativo, México, DF, 28 de marzo de 2000.
Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 43, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, adjunto al presente oficio de fecha 14 de marzo del año en curso, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita el siguiente cambio en la Presidencia de la Comisión Bicameral del Canal Legislativo del Congreso de la Unión.
Atentamente
Lic. José Fernando Franco González Salas (rúbrica)
Secretario General
Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de abril de 2000.
Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Por instrucciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 43, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente oficio de fecha 29 de marzo del año 2000, suscrito por el diputado Fortunato Alvarez Enríquez, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que solicita el siguiente cambio:
Atentamente
Lic. José Fernando Franco González Salas (rúbrica)
Secretario General
DE LA COORDINACION DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar la ratificación inmediata del diputado propietario Israel Hurtado Acosta, como secretario de la Comisión Especial de Fortalecimiento del Federalismo, así como integrante de las siguientes Comisiones:
Comunicaciones y TransportesLo anterior, en virtud de que el diputado en mención se reintegra nuevamente a sus trabajos como legislador.
Energéticos
Población y Desarrollo
Comisión Especial de Asuntos de la Juventud
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar el siguiente cambio en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en el cargo de Secretario:
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez (rúbrica)
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar el siguiente cambio en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez (rúbrica)
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar el siguiente cambio en la Comisión de Salud.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez (rúbrica)
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar la siguiente substitución en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, dado que el diputado Javier Corral Jurado ha solicitado con anterioridad licencia para ausentarse de sus trabajos como legislador y su suplente desempeñará el cargo como propietario en otra Comisión.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez (rúbrica)
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar la ratificación de la diputada suplente en funciones Norma Delia Uresti Narváez, como integrante de las siguientes Comisiones:
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables ordenes.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez (rúbrica)
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar la ratificación de la diputada suplente en funciones Carmen Elena de la Peña y Gurza, como integrante de las siguientes Comisiones:
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez (rúbrica)
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar la ratificación del diputado suplente en funciones Rogelio Guadalupe Mancilla Bartolussi, como integrante de las siguientes Comisiones:
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez (rúbrica)
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
Dip. Enrique Jackson Ramírez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a fin de realizar la ratificación del diputado suplente en funciones Alberto Ulloa Godínez, como integrante de las siguientes Comisiones:
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Dip. Fortunato Alvarez Enríquez
Coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN
Jorge Emilio González Martínez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Aurora Bazán López, Verónica Velasco Rodríguez y Gloria Lavara Mejía, diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de esta Cámara en la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
Exposición de Motivos
Según fuentes oficiales, al menos 1,049,500 alumnos de preescolar y primaria, constituyen la población estudiantil indígena del país. Hablando una rica variedad de lenguas y que son parte de la población indígena que se encuentra distribuida en todo el territorio nacional.
Los pueblos indios cuentan con propias prácticas en lo social y político que les otorga su riqueza cultural y pluralidad lingüística a nuestro país, pero también conquistando espacios para reproducir su diferencia y dar continuidad a modos de vida propios.
La experiencia de los Pueblos Indígenas en la educación tradicional impartida por la familia y comunidad es ejemplo de fortaleza al interior de las sociedades nativas, que ha permitido su desarrollo y permanencia como culturas diferenciadas durante más de cinco siglos.
Nadie puede negar la fragmentación en que quedaron los pueblos indios con la división de sus territorios en gran medida por la formación de las entidades de la República y de los municipios realizadas de manera desordenada. Sobre todo, si tomamos en cuenta que las características socioculturales, lingüísticas y territoriales de los pueblos indios no fueron tomados en cuenta a la hora de definir los componentes político-administrativo del país.
Para corregir esta injusticia es necesario replantear el Estado homogéneo para dar nacimiento un nuevo proyecto de nación sustentado en un federalismo renovado en el que los pueblos indígenas sean parte orgánica.
Uno de los primeros pasos es garantizar los derechos de éstos pueblos a la educación escolarizada en un marco de respeto a la diversidad cultural, lingüística e histórica porque hay que reconocer que en términos cuantitativos y cualitativos adolecen de una educación acorde a su realidad y entorno.
Estos pueblos se encuentran sometidas a las más severas e inhumanas condiciones de marginalidad y pobreza. Sin temor a equivocarnos podemos decir que en buena parte de los municipios indígenas del país, la tasa del analfabetismo es del 43 por ciento, tres veces más de la media nacional; el 58 por ciento de los niños no asiste a la escuela y aún cerca de la tercera parte de la población de 6 a 14 años no sabe leer y escribir. En este marco dramático, es la mujer indígena la más afectada. Tenemos que el analfabetismo de la población femenina en los municipios eminentemente indígenas sube hasta el 53 por ciento.
La ausencia de una plena atención educativa es notoria. Si bien es cierto que un avance en cobertura a niños indígenas, la juventud está fuera de esta al carecer de programas académicos que les permitan ser parte de esta gran nación pero sin dejar de ser lo que son: mixtecos, zapotecos, nahuas, mayas, es decir, pertenecer a algún pueblo indígena.
De ahí que sea necesario la creación de una instancia que por un lado fortalezca y promueva con la participación de los pueblos indígenas, todas las iniciativas en materia de educación. Pero además que coadyuve con otras áreas del poder ejecutivo, las tareas referentes a la cultura así como al desarrollo de las lenguas indígenas.
En la actualidad, la llamada educación indígena que el Estado mexicano aplica a los pueblos indígenas, sigue funcionando más como un programa de castellanización que de fortalecimiento a las culturas, lenguas y cosmovisión propias. Lo anterior hace que se esté en riesgo de propiciar una práctica etnocida con la pérdida de las lenguas, y culturas propias. Es urgente dar un giro a la política educativa, porque ahora, los niños y jóvenes se avergüenzan de su origen y reniegan de su ascendencia.
Ante esta realidad, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, conscientes de esta problemática, nos dimos a la tarea de promover un Seminario Intercultural de Educación Indígena en donde se reiteraron las preocupaciones de los maestros y padres de familia indígenas, que soportan la elaboración de esta iniciativa de reformas legales. Parte de estas necesidades, son en el sentido de brindar un sustento legal a la Secretaría de Educación Pública, para abordar con mayor profundidad el rubro de la educación indígena que durante más de una década ha permanecida relegada.
Este paso, permitirá avanzar en el reconocimiento del derecho a una educación adecuada para los pueblos indígenas, donde se revaloren la historia, la lengua, la cultura de nuestros ancestros, respetando la cosmovisión de los pueblos indios y proporcionado dentro de este marco de respeto y tolerancia los principios básicos de la educación universal.
Con esto se está propiciando la construcción de una nueva sociedad para eliminar la intolerancia y la discriminación así como adquirir una nueva conciencia ciudadana que reconozca y valore a los pueblos indios como pueblos fundadores de la nación mexicana.
Sin embargo debe de quedar claro que para lograr un nuevo acuerdo entre el Estado y los pueblos indios es necesario que ambas partes determinemos una nueva relación, que reconozca de los pueblos indígenas nuestra existencia y diferencia que conducirá hacia la construcción del nuevo Estado pluricultural y multicultural.
Este nuevo pacto social entre los mexicanos debe de dar fin a la discriminación, al racismo, a la exclusión y a la intolerancia étnica y debe de dar paso a la interculturalidad, a un diálogo intercultural que haga posible que las múltiples culturas que cohabitamos en este país nos conozcamos y reconozcamos entre sí. Que la diversidad de culturas pueda convivir de una manera creativa, constructiva y tolerante, restituyendo el derecho a definir nuestro futuro desde nuestro propio sentimiento, mirada, pensamiento, palabra y corazón.
Durante más de tres décadas el mundo ha sido testigo de la irrupción de un movimiento indígena que ha reclamado dar por concluida toda relación colonialista y culminar el actual milenio concediendo y reconociendo la libertad y los derechos de todos los pueblos indígenas que luchamos por volver a recuperar el derecho a una educación propia, reproduciéndonos en nuestra propia diferencia, culturas, tradiciones, costumbres, lenguas, educación, visiones del mundo y todo aquello que hacen específicas a las naciones, nacionalidades, etnias, comunidades, tribus, y que sin importar su autodenominación, el derecho internacional reconoce como "pueblos".
Todo pueblo es portador de características culturales particulares que lo diferencian de otros y lo hacen específico. Los pueblos indígenas de México representamos una diversidad de culturas, que se remontan a historias milenarias que cristalizaron en una matriz cultural diferente a la Occidental.
El derecho que los pueblos indígenas tenemos a vivir en nuestra propia cultura plantea el reconocimiento de la legitimidad que los pueblos tenemos a decidir sobre los cambios e innovaciones a las culturas, de acuerdo a nuestros propios valores y prioridades, a hablar nuestro propio idioma y más aún, el derecho de hablar solamente nuestro idioma.
Nadie puede privar a un pueblo de su derecho a contar la historia en su propia visión y versión. Mucha de esta historia se encuentra en los monumentos históricos, que constituyen el patrimonio histórico cultural de nuestros pueblos, de lo que resulta nuestro derecho a usar y administrar nuestros sitios sagrados.
Los niños, las niñas y los jóvenes indígenas deben de tener derecho al futuro. Un futuro sin estigmas, sin genocidio, sin etnocidio, sin racismo y sin discriminación. Los niños y la juventud indígenas son las víctimas más vulnerables de la pobreza, pero deben de quedar garantizados el derecho a contar con la alimentación, techo, educación y salud. Esto es obligación del Estado mexicano.
Exhortamos al Poder Ejecutivo Federal para que en base a lo anteriormente expuesto, establezca una Subsecretaría de Educación Indígena para poder llevar a cabo lo que se plantea en la presente iniciativa de ley y dotar a los pueblos indígenas de la educación que se les ha garantizado en nuestra Carta Magna.
Por ello, los diputados del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
Decreto por el que se reforma la fracción XXXI y se adiciona una fracción XXXII al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción XXXI y se adiciona una fracción XXXII al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
...
XXXI. Crear y mantener un sistema de educación indígena, que será bicultural y bilingüe, y que tendrá por objeto proporcionar a los habitantes de los pueblos indígenas la continuación de los conocimientos de sus comunidades, a la par de aquellos que prevé el modelo educativo nacional, sin que se desplace ni someta su cultura a un modelo o paradigma ajeno a ella. Para ello, deberá instalar Escuelas Normales formadoras de docentes indígenas, que necesariamente tomen en cuenta los saberes de cada comunidad y las variaciones dialectales de las lenguas indígenas, vigilando que cada plantel cuente con el material didáctico necesario que fortalezca el aprendizaje de las comunidades indígenas de su medio, valores y tradiciones regionales, sin obviar los valores educativos nacionales y universales;
XXXII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a4 de abril de 2000.
Diputados: Jorge Emilio González Martínez, coordinador; Verónica Velasco Rodríguez, vice-Coordinadora; Aurora Bazán López; Gloria Lavara Mejía; Jorge Alejandro Jiménez Taboada.
DE LEY DE AMNISTIA GENERAL PARA TODOS LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS POR MOTIVOS POLITICOS (POLITICOS Y DE CONCIENCIA), A CARGO DEL C. DIP. ADOLFO GONZALEZ ZAMORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido por el artículo 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar la siguiente Iniciativa de Ley de Amnistía General para Todos los Presos y Perseguidos por Motivos Políticos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Hombre soy, y nada de los humanos
Me es ajeno...
José Martí
La libertad, la justicia y la convivencia tiene como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, contrario a ello el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
En virtud de que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estén por naturaleza de razón y de conciencia deben deducirse fraternalmente los unos con los otros. Vistas las cosas así, el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos; deberes y derechos se integran correlativamente en toda actividad social y política del género humano.
Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Los deberes de orden jurídico presuponen otros de orden moral que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos, porque el espíritu es finalidad suprema de la existencia humana que flora en la cultura, la moral y las buenas maneras. Así lo contemplan los postulados de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, mismos que son recogidos y protegidos por nuestra Constitución General de la República, en este mismo sentido el espíritu de nuestros constituyentes del 17, tutela el derecho a discernir o a tener otra perspectiva de los asuntos públicos, condición sine qua non de la democracia y de la libertad.
El disenso hace emerger y pone sobre relieve ante la opinión pública injusticias y privilegios en el sistema político-social, en este sentido la oportunidad de expresión a grupos marginados y discriminados se ve relegada. En la democracia es necesario proteger el disenso y la libertad de crítica, el ejercicio de tal crítica da vitalidad y garantía de auténtica democracia en el Estado.
La protección democrática del disenso consiste en la práctica, en la efectiva aplicación de todas las normas que garantizan el ejercicio de derechos civiles, como la libertad de prensa, de palabra, de acción y de asociación.
El disenso ofrece canales de drenaje a una insatisfacción que de otra manera podría radicalizarse y desembocar en formas abiertas y violentas de contestación y contribuye así a preservar la legitimidad del sistema político y de las políticas públicas.
Es por ello necesaria la participación del Legislativo para decretar la amnistía, para hacer olvidar al poder público el castigo de un supuesto ilícito por la razón que lo provoca. De esta manera, como representantes de la Soberanía Nacional debemos fomentar la democracia para avanzar en la justicia.
Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de distintas formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran presos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.
Además es evidente que la mayoría de los actuales prisioneros que han sido acusados de pertenecer a organizaciones insurgentes, en realidad son parte de la población civil en contra de la que se ejercen represalias por considerar el gobierno que son base social de los insurrectos.
Es inconcebible que en el extranjero diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos señalen la existencia de presos políticos en nuestro país, en tanto que el gobierno mexicano se niega obstinadamente a reconocer esta realidad.
Continuamos constatando con suma preocupación que en México, persiste una grave situación de derechos humanos: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y cárceles clandestinas, son una realidad que coexiste con una persistente militarización. Los órganos de las Naciones Unidas y de la OEA han podido constatar tales violaciones así como la falta de respuesta efectiva a las recomendaciones que se han realizado.
La persecución política lleva a prisión a personas a las que se les "fabrica delitos", ocultando de esta manera la existencia de presos de conciencia. La Limeddh-FIDH (La Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos) cuenta con 294 casos documentados de presos políticos en México, cuyos procesos se encuentran plagados de irregularidades. Chiapas ocupa el primer lugar, seguido de Oaxaca y Guerrero respectivamente. La mayoría de los presos son indígenas, miembros o simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, las recientes acciones represivas en contra de los estudiantes de la UNAM y el Mexe en Hidalgo, han incrementado al doble el número de presos de conciencia y la persecución mediante órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.
Ante la gravedad de la situación y la acción organizada del pueblo, se va generando un momento coyuntural en el que el Gobierno Mexicano se ve obligado a reconocer la existencia de presos políticos y de conciencia y a favorecer recursos jurídicos que, respetando la independencia del poder Judicial, permitan medidas prontas y expeditas para su libertad.
Estamos en un periodo coyuntural sumamente favorable a una Ley de Amnistía, puesto que, por un lado, se ha incrementado sensiblemente el número de perseguidos y detenidos políticos; diversos sectores se han pronunciado al respecto; la Alta Comisionada de la ONU, Mary Robinson, ha solicitado al Gobierno de México que extienda invitación al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias y el Relator sobre Independencia de Jueces y Magistrados; y por otro lado, los momentos electorales que buscan legitimar un incipiente proceso electoral democrático.
Si representantes del gobierno expresan públicamente que se está entrando a un periodo de "normalidad democrática" en la vida política nacional, ello implica que se ha vivido décadas en circunstancias anormales o antidemocráticas, lo cual aunado a los graves problemas económicos, sociales y políticos, ha generado inconformidad ciudadana, que se expresa de diferentes maneras. Por ello la amnistía general a los prisioneros y perseguidos por motivos políticos es un imperativo ético, es saldar una deuda con quienes han tenido el valor de protestar contra el anormal e injusto orden de cosas que ha existido en nuestro país. Es un punto de partida para continuar la transformación del país en un régimen donde impere un verdadero Estado de derecho.
El preso de conciencia, según Amnistía Internacional, es una persona encarcelada a causa de sus creencias o de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, siempre que tales personas no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso.
Se considera preso político a aquella persona que busca la transformación de la sociedad y que, con base en convicciones políticas, intenta mediante la violencia alterar o modificar la forma de su gobierno y por ello es acusada por delitos contra la seguridad de la nación y/o otros, y debe de tratarse con arreglo al Derecho Internacional Humanitario.
Se considera preso injustamente a aquella persona que se encuentra en prisión por la fabricación de delitos, que pueden estar asociados o no a motivos políticos.
Observamos entonces que existe un vacío jurídico, que no se va a llenar por razones obvias, y limita determinar a quien se le considere preso político o de conciencia. Tal acepción es asignada por el mismo preso, su organización o por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que conforme a la hoja de vida de la persona se le define como tal, basándose en la existencia de elementos para fundamentar la falsa acusación o irregularidades en el proceso aunque se le acuse de otros delitos. Otra dificultad estriba en la limitación para conocer todos los casos a nivel nacional y sobre todo poderlos documentar. Así mismo, la CNDH regularmente se declara incompetente para atender tales casos.
Para el gobierno de México no existen presos políticos sino políticos presos, son estos los funcionarios públicos caídos en desgracia que se convierten en incómodos, a quienes se les acusa de delitos contemplados bajo el título de servidores públicos.
Si bien es cierto que el Código Penal Federal tipifica los delitos denominándolos de carácter político bajo el título de delitos contra la seguridad de la nación; aunque la mayoría de los presos políticos y de conciencia son acusados de estos delitos, existe un número importante que son acusados de delitos comunes.
Si se nos permite generalizar podríamos decir que existe un rasero sumamente desigual en el catálogo de sanciones de los delitos aplicados a los presos políticos y a los políticos presos (servidores públicos).
Si consideramos que el servicio público se ejerce como un acto en el que el pueblo deposita la confianza en los servidores públicos, y que éstos tienen la obligación de vigilar y administrar los bienes de la sociedad mexicana. Si tomamos en cuenta que los servidores públicos, por su posición, se encuentran en condiciones de actuar con premeditación, alevosía y ventaja, los delitos por ellos cometidos deberían ser tipificados como graves, puesto que su comisión puede constituir en casos graves actos equiparables a la traición a la patria, por defraudar la confianza que la soberanía deposita en ellos. Se puede apreciar entonces que, desde el Código Penal vigente se propicia la impunidad puesto que las sanciones y las multas son muy bajas, por muy grave que sea el daño que genere, la multa va de 3 días de salario mínimo, hasta 500 días y de prisión de 3 días hasta 14 años.
Se requiere una amplia discusión y participación entre los luchadores sociales y las organizaciones políticas y sociales.
La amnistía es una demanda que diversos sectores del pueblo y sus organizaciones están demandando, al reconocer todo el valor y aporte social que los luchadores sociales están dando por mejores condiciones de vida para el pueblo y por los derechos humanos y las libertades fundamentales. La demanda social de amnistía de ninguna manera representa el que se deje en total impunidad a los violadores de derechos humanos. De ninguna manera aceptaremos las leyes de olvido o de punto final, que tanto daño han causado a los pueblos en los que se han aplicado. Recordamos que violaciones graves a los derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura y los crímenes de guerra son delitos de lesa humanidad, esto es, que lesionan a la humanidad en su conjunto, y de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario son imprescriptibles y de competencia universal.
Muchos presos se niegan a la amnistía, al considerarla como si tuvieran que reconocer que han cometido delitos o que se arrepienten de haberlos cometido, pero en realidad, de acuerdo a la definición:
Amnistía (del griego amnestia, ?olvido?). Acto formalmente voluntario, del Poder Ejecutivo por el que se anula la aplicación de una pena legal; sus efectos son totales, y generalmente se aplica a delitos políticos.
Debemos de tomar muy en cuenta que el gobierno de México no ha ratificado el Protocolo II de los Convenios de Ginebra, en los que se establecen las normas internacionales en casos de conflictos armados internos. Esto hace que para los grupos insurgentes, las acciones de enfrentamiento en contra del Ejército o las policías no se acogen a las reglas de la guerra y por lo tanto se les considera como responsables de delitos. Por otro lado, se favorece de esta manera que se les trata de aplicar la legislación vigente, relacionada a la delincuencia organizada, antítesis del concepto de motivación política de conformación de los grupos insurgentes.
Tenemos que considerar que los presos y perseguidos tienen diversos delitos, ya sea del orden federal o del fuero común; acusados de delitos graves y, por lo tanto, los beneficios que se pudieran lograr serían limitados. Pero en todos existe un común denominador, su proceso tiene serias irregularidades, sobre todo cometidas por el Ministerio Público y su policía judicial; y existen fuertes indicios de falta de independencia del Poder Judicial en relación con el Ejecutivo. Además la mayoría se encuentra en la casi total indefensión jurídica.
Considerando que las instituciones públicas para la protección de los derechos humanos no tienen competencia en materia jurisdiccional y el sistema de defensoría de oficio no garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso, se hace necesario impulsar una Ley de Amnistía.
Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país: desde la lucha por la independencia encontramos esta figura jurídica, cuando el 15 de octubre de 1810 las cortes españolas decretaron una amnistía pasa los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el IV Congreso Constitucional y Anastasio Bustamante, entonces Presidente de la República, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Alvarez.
Uno de los episodios más recientes se registró en septiembre de 1978, cuando el Presidente José López Portillo envió al Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley de Amnistía que fue aprobada y se aplicó en distintas etapas en el curso de los años 1978 y 1979.
Un asunto básico de la agenda política nacional, mismo que no puede ser soslayado en la LVII Legislatura, es el análisis de las causas que llevan a miles de mexicanos a sublevarse en contra del gobierno establecido. El poder legislativo debe asumir la responsabilidad de que los mecanismos constitucionales para transformar la realidad nacional operen, pues sólo así se logrará que en un futuro ningún mexicano tenga que rebelarse para acceder a demandas legítimas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Pleno la siguiente:
Iniciativa de Ley de Amnistía
Título Unico
Capítulo Unico
Artículo 1.- La presente Ley Reglamentaria es de observancia general en toda la República Mexicana, sus disposiciones son de orden público.
Artículo 2.- Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los tribunales de la federación o ante los tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno.
El Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados, contando la participación de las ONG (organizaciones no gubernamentales), integraran una comisión de amnistía que coordinara los actos de aplicación de la presente ley.
Artículo 3.- La comisión de amnistía tendrá un carácter resolutivo y estará conformada por un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Procuraduría General de la República, los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y cinco representantes de las ONG (organizaciones no gubernamentales) promoventes de dicha ley.
Artículo 4.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el articulo 1º, podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la solicitud expresa, dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta ley.
Artículo 5.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.
En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los procesados o sentenciados.
El Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal solicitarán de oficio y cuidarán la aplicación de esta ley y de sus beneficios, declarando respecto de los responsables extinguida la acción persecutoria.
Artículo 6.- En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por las personas a quienes beneficie esta ley, la autoridad que conozca del asunto dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo anterior.
Artículo 7.- La Comisión de Amnistía propondrá la expedición de las correspondientes leyes de amnistía a los gobiernos de los estados de la república en donde existan sentenciados, o acción persecutoria, por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones y que se asemejen a los que se amnistían por esta ley.
Artículo 8.- Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en lo futuro interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los hechos que comprende esta amnistía.
Articulo Transitorio
UNICO.- La presente ley entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2000.
Diputados: Adolfo González Zamora, Olga Medina Serrano, José Luis Sánchez Campos, Angel de la Rosa Blancas, Octavio Hernández Calzada, Fernando Elías Hernández Mendoza, Luis Davis Galvez Gasca, Agapito Hernández Oaxaca, Pedro Magaña Guerrero, José Octavio Díaz Reyes, Gilberto Parra Rodríguez, Armande Aguirre Hervis, Susana Esquivel Farías, Antonio Prats García, Martín Mora Aguirre, Carlos Heredia Zubieta, Benito Mirón Lince (rúbricas).
DE ADICIONES A LOS ARTICULOS 8; BIS Y 25 BIS DE LA LEY GENERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, A CARGO DE LA C. DIP. OLGA MEDINA SERRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
Los que suscribimos, diputados federales de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la fracción II del artículo 55 y del artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta respetable Soberanía la siguiente iniciativa de Decreto, mediante el cual se adicionan los artículos 8° Bis y 25 Bis de la Ley Federal de Defensoria Pública, a efecto de mejorar los ingresos laborales de los defensores públicos y de los asesores jurídicos, procurando además que dichos servidores públicos tengan a su cargo el número de asuntos que les permitan dar una atención personalizada y profesional a quienes recurren a este servicio, por carecer de recursos para pagar un abogado propio.
La presente iniciativa se presenta con arreglo, en la siguiente:
Exposición de Motivos
El derecho a una defensa adecuada en todo proceso penal es una garantía individual consagrada en la fracción IX del artículo 20 de nuestra Carta Magna, tal principio constituye un acceso a la justicia de los más necesitados, propio de un verdadero Estado de Derecho.
Esta institución jurídica se encarga de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos pobres, cuando se encuentran como presuntos responsables en la comisión de un delito, que muchas veces la gran mayoría resultan ser inocentes.
Lamentablemente la institución de la defensoria de oficio pública, no cumple con sus altas finalidades, toda vez que no cuenta con los ingresos necesarios y tiene sobre saturación de asuntos para atender y resolver. En este sentido los defensores públicos se orillan a buscar todo tipos de alternativas que suelen ir en contra del espíritu de la dicha institución, así como el desempeño dedicado y profesional que se espera de quien tiene a su responsabilidad tan importante servicio, tal como lo es, el de dar acceso a una defensa jurídica para quien carece de recursos necesarios para contratar un abogado particular.
La presente iniciativa considera prudente determinar cuál debe ser el salario justo de un defensor público y propone que la mejor forma sería comparar sus ingresos con los que percibe su contraparte en el proceso penal, es decir el agente del Ministerio Público Federal. La diferencia entre las percepciones de uno y otro revela una situación de evidente desigualdad e injusticia.
Es por ello, que resulta necesario mejorar los ingresos laborales de los defensores públicos equiparando sus percepciones a las de aquellos que en el proceso se desenvuelven como sus contrapartes, es decir los agentes del Ministerio Público de la Federación.
En cuanto a la acumulación de trabajo se refiere, se calculaba que cada defensor público tenía que atender un promedio de cien casos simultáneamente, lo cual sin duda alguna afecta el desempeño y la puntualidad con que cada uno de esos casos debe ser estudiado y atendido.
Cabe resaltar que, en su artículo 24 de la ley en cita se establece el mínimo de un defensor público por cada unidad investigadora del ministerio público de la federación, tribunal de circuito y por juzgado federal, lo que nos resulta incongruente y paradójico toda vez, que la tarea de la defensoria requiere una atención personalizada y profesional para salvaguardar las garantías individuales y para establecer un Estado de Derecho. Si bien es cierto, ante la inexistencia de un servicio de asistencia legal eficaz y de una insuficiente regulación de la propia ley, motivado éstos por la carencia de recursos humanos, deficiencias en la capacitación de los prestadores de este servicio y la sobre saturación de asuntos de que conoce cada uno de los defensores, consideramos necesario y urgente legislar sobre estas necesidades para recuperar el derecho de todos a una defensa adecuada, pronta, gratuita y expedita que consigna nuestra ley fundamental.
En efecto, la presente iniciativa de adiciones obedece a un mecanismo legal que permita a los defensores públicos y asesores jurídicos mejorar sus ingresos laborales como los que percibe su contraparte y tengan a su cargo el número de asuntos que les permitan dar una atención personalizada y profesional a quienes recurren a este servicio, por carecer de recursos para pagar un abogado propio.
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades Constitucionales que nos otorga el artículo 71, fracción III, de nuestra Ley Fundamental, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de:
Decreto de adiciones de los artículos 8° Bis y 25 Bis de la Ley Federal de Defensoria Pública, a saber.
ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 8° Bis de la Ley Federal de la Defensoria Pública, para quedar como sigue:
Artículo 8 Bis.- La remuneración de los defensores públicos y asesores jurídicos será equivalente, al menos a la categoría básica que corresponda a Agentes del Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de que la defensoria pública se estructure con los niveles necesarios que atendiendo a las materias de la propia defensoria, responsabilidades asignadas y otros elementos, ubiquen las percepciones de los defensores o asesores acorde con ellos.
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 25 Bis de la Ley Federal de la Defensoria Pública, para quedar como sigue:
Artículo 25 Bis.- La junta directiva velará que cada asesor jurídico tenga a su cargo el número de asuntos que le permita la atención personalizada del solicitante del servicio en las diferentes etapas del procedimiento. En materia penal, se garantizará que el número de asuntos encomendado a cada defensor público sea aquel que pueda razonablemente atender de manera personal.
Transitorio
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 23 de marzo del año 2000.
Los C. diputados que firman a continuación:
Olga Medina Serrano, Gilberto López y Rivas, Antonio Prats (rúbricas).
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE
La presente administración ha puesto gran empeño en convertir a la Administración Pública Federal en una organización de calidad que sea ejemplo por su eficacia, eficiencia y transparencia. Es por ello que el Ejecutivo Federal ha orientado gran parte de sus acciones al desarrollo administrativo, concibiendo a éste como un factor clave que incide en todos los ámbitos de la vida económica y social de México.
En congruencia con lo anterior, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se diseñó y puso en operación el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 (Promap). En este programa se incorporaron las inquietudes y sugerencias que la sociedad planteó al respecto en los foros de consulta realizados, así como las propuestas que servidores públicos y expertos en administración presentaron.
En el Promap se establecieron dos objetivos generales. A saber, transformar a la Administración Pública Federal en una organización eficaz, eficiente y con una arraigada cultura de servicio para coadyuvar a satisfacer cabalmente las legítimas necesidades de la sociedad; y combatir la corrupción y la impunidad a través del impulso de acciones preventivas y de promoción, sin menoscabo del ejercicio firme, ágil y efectivo de acciones correctivas.
En razón de lo anterior, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo ha trabajado en estrecha coordinación con las demás dependencias federales, así como con las entidades, en la creación de indicadores de calidad y desempeño, en la mejora de la regulación y la simplificación administrativa, así como en el reforzamiento de los mecanismos de participación social y transparencia de la gestión pública. Los avances obtenidos en estos y otros rubros del desarrollo administrativo han sido posibles en la medida en que se ha incorporado el uso de tecnologías de la información en los procesos internos y de atención ciudadana.
Conscientes del requerimiento de la ciudadanía de que la Administración Pública Federal revitalice sus esquemas de trabajo y actualice sus métodos de gestión, resulta necesario que las dependencias y entidades vinculen la simplificación de sus procedimientos administrativos con los avances de la tecnología de la información, para que, mediante el uso de medios de comunicación electrónica, se logre el mejoramiento en la calidad y en la oportunidad de los servicios públicos que ofrecen. Lo anterior permitirá hacer más eficientes los procesos en la toma de decisiones, la administración de recursos y la racionalización de los sistemas de trabajo.
El uso de estos medios electrónicos además de facilitar la interacción a distancia entre el gobierno y la ciudadanía, al evitar desplazamientos a los lugares en los que se ubican las dependencias y entidades, reduce costos para los particulares, disminuye las posibilidades de actos de corrupción, eleva la eficiencia y la eficacia de los servicios y da mayor transparencia a la gestión gubernamental.
Estos beneficios han motivado en el ámbito mundial una tendencia creciente hacia el uso de medios de comunicación electrónica para la prestación de todo tipo de servicios públicos y privados. La positiva experiencia obtenida en nuestro país en esta materia refuerza la convicción de que el uso de tecnologías de la información en la gestión pública brinda a los mexicanos una opción adicional cuyos beneficios se incrementan exponencialmente en la medida en que se amplía la cobertura de servicios y procesos que utilizan sistemas informáticos.
Los mexicanos hemos hecho propia la dinámica mundial de modernización y transparencia en nuestras administraciones públicas y privadas, es por ello que, de frente a la creciente exigencia social por contar con una gestión gubernamental eficaz y eficiente en todos sus niveles, se propone informatizar la presentación y recepción de los trámites y avisos que los particulares realizan ante las dependencias y entidades federales, lo que implica adecuar el marco legal a fin de que éste se actualice a la realidad tecnológica imperante.
En México se ha probado el beneficio que representa el uso de estos medios en la gestión gubernamental. Un ejemplo de ello, ha sido la modernización de las contrataciones gubernamentales de bienes, servicios, arrendamientos y obras públicas que mediante el uso de medios electrónicos ha facilitado a las empresas participar en las licitaciones públicas, y a la sociedad disponer de un mecanismo transparente de rendición de cuentas de las compras gubernamentales. A la fecha el sistema de contrataciones gubernamentales Compranet cuenta con más de tres millones de consultas, lo que es muestra patente de la demanda real que existe en nuestro país en cuanto al uso de tecnologías de información en la interacción cotidiana entre particulares y servidores públicos.
Este logro, que ha situado a nuestro país a la vanguardia en la materia, ha sido exitosamente compartido con las entidades federativas, las cuales han mostrado gran interés en modernizar su gestión para así atender mejor a la ciudadanía, y con otros países, que han solicitado la colaboración para poner en operación mecanismos similares.
En cuanto a la informatización de trámites y avisos federales específicamente, desde 1998 se ha puesto a disposición de la ciudadanía, en una página de Internet, el sistema del Registro Federal de Trámites en la cual es posible consultar información de más de 2,700 trámites federales. Con ello, se permite a la ciudadanía evitar desplazamientos para conocer las dependencias ante quienes deben realizarse, los requisitos de cada uno de ellos, los costos, en su caso, y los horarios de atención al público, entre otra información.
En este contexto y con el interés de continuar aprovechando, en favor de la ciudadanía, el potencial que brinda la tecnología para facilitar la realización de trámites y la prestación de servicios públicos, se ha concebido esta iniciativa como una propuesta de modernización para que las dependencias y entidades federales, conforme a sus funciones, determinen las etapas de los procedimientos en los que los particulares se encuentren en posibilidad de enviar y presentar promociones o solicitudes, por medios electrónicos, y que aquéllas, previa aceptación expresa de los interesados, puedan utilizar la misma vía para realizar notificaciones, citatorios o requerimientos de documentación e información.
Para garantizar tanto a la ciudadanía como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la seguridad y certeza jurídica de los documentos que se transmitan por medios de comunicación electrónica, en esta propuesta se ha previsto que los documentos enviados por estos medios tengan el mismo valor probatorio que los documentos firmados de manera autógrafa, observándose para tal efecto las reglas contenidas en los preceptos adjetivos que resulten aplicables, sustentándose la viabilidad de esta disposición en la existencia de mecanismos de identificación electrónica que permiten identificar al autor de los documentos garantizando la autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudiabilidad de la información que se transmita.
Estos mecanismos se basan en el uso de técnicas criptográficas bajo estándares internacionales denominadas de "firma electrónica", que consisten en una llave pública y una llave privada que sólo conoce el emisor. La llave privada se asocia al documento, lo que permite determinar en forma plena quién es su autor y con ello su autenticidad. Adicionalmente, al asociar la llave a un documento, si el documento cambiare en un sólo carácter se puede conocer que fue alterado.
Con ello se puede verificar la autenticidad de un documento de tal manera que, en caso de controversia, es comprobable pericialmente quién es su autor, para que no pueda repudiarlo y, más aún, que ni el mismo autor o un tercero lo haya alterado posteriormente.
Adicionalmente, las técnicas de criptografía permiten transformar los documentos en una serie de caracteres ilegibles, de tal manera que es imposible violarlos y la información resulta inaccesible para todos, excepto para quien va dirigido. Con ello se garantiza que sólo pueda obtener la información el destinatario y que los documentos sean inviolables.
Cabe señalar que además de diversos antecedentes de normatividad emitida en otros países y casos específicos en México, recientemente fueron publicadas las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que, al haber comprobado la seguridad que brinda la tecnología, dan validez a los mecanismos de identificación electrónica y con ello pleno valor jurídico a los documentos que se transmiten utilizando medios de comunicación. Todo ello abre la posibilidad de que se incorporen en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las disposiciones normativas correspondientes.
En razón de lo anterior, y tomando en cuenta tanto el exponencial e irreversible crecimiento que está teniendo en nuestro país el uso de tecnologías de la información, así como los esfuerzos realizados en materia de mejora regulatoria, y simplificación y desarrollo administrativo, se estima necesario continuar en el camino de la modernización y transparencia de la gestión pública incorporando el uso de tecnologías de la información para mejorar la prestación de los servicios públicos, lo que redundará en una mejor calidad de vida para nuestra sociedad, así como en un mayor nivel de competitividad de nuestras empresas e industrias.
En la puesta en operación de los sistemas para realizar trámites y avisos por la vía electrónica, se propone trabajar estrechamente con los gobiernos estatales interesados en modernizar también la presentación de trámites y servicios estatales.
Para alcanzar los objetivos expuestos, la iniciativa propone reformar los artículos 35 y 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
De ser aprobada por el Honorable Congreso de la Unión la modificación propuesta a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se logrará dar un paso significativo en el sentido de la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión pública nacional.
Por otra parte, resulta pertinente hacer dos propuestas adicionales. En cuanto a los medios de defensa contra actos de autoridad, llama la atención que la última parte del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo mencione solamente la posibilidad, además de interponer el recurso de revisión, de intentar las vías judiciales, cuando se sabe que los particulares, conforme a la jurisprudencia, pueden acudir a instancias jurisdiccionales que pueden ser administrativas y judiciales, según corresponda. Para evitar cualquier duda o confusión, se considera pertinente sustituir el concepto judicial por el de jurisdiccional, en atención a que este último comprende ambas vías, las judiciales y las administrativas.
La segunda propuesta se relaciona con el recurso administrativo de revisión, y procura completar las recientes reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que introdujeron una pequeña pero significativa modificación en la materia.
Debe recordarse que, en virtud de las reformas mencionadas, serán aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos de autoridad de los organismos descentralizados, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva por conducto de dichos organismos, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con aquéllos. No obstante, los organismos descentralizados quedaron excluidos del régimen relativo al recurso de revisión previsto en dicho ordenamiento.
A fin de evitar confusiones en la aplicación de las reformas que se mencionan, se considera necesario precisar que el recurso administrativo será aplicable a los actos de los organismos descentralizados que son regidos conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Evidentemente, el recurso de revisión será procedente sin perjuicio de mantener fuera del ámbito de aplicación de la ley las exclusiones ya previstas, entre otras, las relativas a las contribuciones y sus accesorios, que se seguirán rigiendo por las leyes específicas. De este modo, no podrá interponerse el recurso de revisión en contra de los actos de los organismos descentralizados que impliquen el cobro de alguna contribución.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, ciudadano Presidente, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de
Decreto
ARTICULO UNICO.- Se reforman la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 35; se adicionan cinco párrafos al artículo 69-C, y se reforma el artículo 83, todos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:
"Artículo 35.- ...
II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrán realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica, o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, y
III. ...
Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar.
...
En los procedimientos administrativos, las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal recibirán las promociones o solicitudes que, en términos de esta ley, los particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica en las etapas que las propias dependencias y organismos así lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica.
El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier interesado, incluidos los particulares que se encuentren inscritos en el Registro de Personas Acreditadas a que alude el artículo 69-B de esta ley.
Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.
La certificación de los medios de identificación electrónica del promovente, así como la verificación de la fecha y hora de recepción de las promociones o solicitudes y de la autenticidad de las manifestaciones vertidas en las mismas, deberán hacerse por las dependencias u organismos descentralizados, bajo su responsabilidad, y de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Las dependencias y organismos descentralizados podrán hacer uso de los medios de comunicación electrónica para realizar notificaciones, citatorios o requerimientos de documentación e información a los particulares, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley.
Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.
En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente."
Transitorios
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en este Decreto. Los recursos administrativos ante organismos descentralizados, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del mismo, se resolverán conforme a la ley aplicable hasta dicha entrada en vigor.
Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Palacio Nacional,
a los tres días del mes de abril de dos mil.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León (rúbrica)
CON EL QUE SE REMITE EL QUINTO INFORME DE EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000
C. Diputado Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE
Por instrucciones del C. Presidente de la República, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 6º de la Ley de Planeación, con el presente envío a usted el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 31 de marzo de 2000.
Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
México, DF, a 31 de marzo de 2000.
C. Diputado Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Planeación, me permito remitir el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, para dar cuenta de las acciones realizadas y los resultados alcanzados durante 1999, con la aplicación de las políticas, estrategias y programas derivados del Plan.
El Informe resume en cinco capítulos los avances en la consecución de los objetivos fundamentales del Plan: salvaguardar la Soberanía de la Nación, arraigar el Estado de Derecho, consolidar el desarrollo democrático, fortalecer el desarrollo social y promover el crecimiento económico.
Reitero a usted las seguridades de mi invariable respeto y especial consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León (rúbrica)
ARTICULO UNICO.- Se adiciona un artículo 282 bis 3 a la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 282 bis 3.- En el caso de los alimentos genéticamente modificados o transgénicos, deberá de añadirse de forma clara y a la vista de los consumidores la leyenda "Alimento transgénico", debiendo además señalarse qué tipo de gen le ha sido añadido al producto. Asimismo, en el caso de alimentos elaborados que contengan, entre otros ingredientes, productos transgénicos, deberá insertarse la leyenda "Alimento elaborado con producto transgénico", además de señalar cuál es el transgénico y el tipo de gen que se le añadió.
Transitorio
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 30 de marzo de 2000.
Sen. Enrique González Pedrero (rúbrica)
Vicepresidente en funciones
Sen. Raúl Juárez Valencia (rúbrica)
Secretario
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES CONFERIDAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
PRESENTES
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Capitán de Corbeta del Cuerpo de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Diego Alberto Silva López, Capitán de Corbeta del Cuerpo de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Marcos Hernández Gutiérrez, Teniente de Navío Aeronáutica Naval Piloto Aviador Francisco Morgado Sánchez, Teniente de Navío de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Jesús Reyes Viveros, Teniente de Fragata del Cuerpo General Piloto de Helicópteros Jorge Taylor Cruz y Teniente de Fragata del Cuerpo de Aeronáutica Piloto Aviador Pedro Miguel Leetch Reyes, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de la República de Nicaragua.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 30 marzo de 2000.
La Presidencia
Sen. Enrique González Pedrero (rúbrica)
Vicepresidente en funciones
Minuta Proyecto de Decreto
ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta del Cuerpo de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Diego Alberto Silva López, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Corbeta del Cuerpo de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Marcos Hernández Gutiérrez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Teniente de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Francisco Morgado Sánchez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Teniente de Navío del Cuerpo de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Jesús Reyes Viveros, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Teniente de Fragata del Cuerpo General Piloto de Helicópteros Jorge Taylor Cruz, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Teniente de Fragata del Cuerpo de Aeronáutica Naval Piloto Aviador Pedro Miguel Leetch Reyes, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de marzo de 2000.
Sen. Enrique González Pedrero
Vicepresidente en funciones
Sen. Raúl Juárez Valencia
Secretario
México, DF, a 29 de marzo de 2000.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
PRESENTES
Compañeras y compañeros diputados:
Diputadas y diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó el 29 de diciembre próximo pasado, en cumplimiento de la facultad que le otorga el primer párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000.
Por primera vez en la historia de este país, la Cámara de Diputados dejó de ser un órgano convalidador de las propuestas presupuestales del Ejecutivo Federal, en diciembre y para beneficio de millones de mexicanos esta soberanía decidió ejercer de manera real sus atribuciones constitucionales y, en tal virtud, modificó sustancialmente la propuesta original del Presidente de la República.
En esta discusión de carácter económico existieron dos propuestas antagónicas, la del Gobierno y su partido que pretendían apoyar a toda costa un programa de gasto del cual se excluía a las grandes mayorías nacionales, y por otro lado un proyecto de gasto con un profundo contenido social impulsado por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, del Trabajo y Verde Ecologista de México.
El programa de gasto impulsado por estos cuatro partidos fue producto de una amplia y fecunda negociación política en la que estas cuatro fuerzas lograron impulsar aspectos específicos de su ideario político que se tradujeron en las correspondientes partidas presupuestales para el apoyo a sectores de la población nacional desprotegida.
En particular se logró impulsar un título sexto, denominado De las Reasignaciones de Gasto de la Administración Pública Federal, en un capítulo único al cual corresponde el contenido íntegro del artículo 84 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en cuya fracción VII se establece para el Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social" la cantidad de $1,250,000,000.00, de los cuales $400,000,000.00 son para el programa de Vivienda Progresiva, Vivah, con el objeto del mejoramiento de la vivienda y la adquisición del suelo, y $400,000,000.00 para el Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla, Fidelist.
Ahora bien, vinculando el contenido del artículo 84 del Presupuesto de Egresos con los artículos 73 y 74 del mismo ordenamiento, encontramos la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social de emitir las reglas de operación de los programas que a dicha dependencia corresponde operar. En consecuencia, la Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de marzo de 2000, las reglas de operación de los programas Vivah y Fidelist.
Sin embargo, nos encontramos con que de la revisión de las reglas de operación del Fideicomiso para la Liquidación al Subsidio de la Tortilla (Fidelist) para el presente año, observamos que la cobertura de las familias beneficiadas permanece igual que el año inmediato anterior, es decir de 1,240,000. Esta situación llama particularmente la atención, ya que el espíritu y la razón de los acuerdos tomados con las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara de Diputados y con el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para reasignar a este programa en su Presupuesto de Egresos para el año 2000, $400,000,000.00, contenido en la fracción VII del artículo 84, fue el que se incrementará su cobertura y, en consecuencia el número de beneficiarios.
Y en lo que corresponde al Programa de Vivienda Progresiva (Vivah) $295,100,000.00, con una meta de 13,750 subsidios para otorgar y la reasignación de $400,000,000.00 con el objeto de mejorar la vivienda y la adquisición del suelo, es decir destinados a dos programas nuevos, como fue el objeto y espíritu de esta reasignación, sin embargo el Poder Ejecutivo con esos recursos adicionales incrementó sólo el número de subsidios otorgados, para quedar en 32,405 y omitió destinar cantidad alguna a la adquisición de suelo y al mejoramiento de la vivienda. Situación que no se contempla en sus respectivas Reglas de Operación.
Sobre este último programa las reglas de operación contravienen flagrantemente la fracción VII del artículo 84 del Presupuesto de Egresos, ya que en dicha fracción se establece claramente que la partida presupuestal que se le asigna debe ser utilizada "... con el objeto del mejoramiento de la vivienda y la adquisición del suelo", y en las reglas de operación no se asigna partida presupuestal para el cumplimiento de dicho fin. Compañeras y compañeros diputados
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para el objeto de que sea considerado como de urgente y obvia resolución, proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Unico.- La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que modifique las reglas de operación de los Programas Fidelist y Vivah, para efecto de que en el primer programa se amplíe el número de beneficiarios y en el Programa Vivah se asigne una partida presupuestal para la compra de suelo y para el mejoramiento de la vivienda.
Atentamente
Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
C. Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
PRESENTE
Los suscritos, en nuestra calidad de diputados federales a la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, por medio de este ocurso, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promovemos esta Excitativa, en virtud de que el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó un punto de acuerdo que a la fecha no ha sido dictaminado por la Comisión correspondiente; por lo que nos permitimos acudir a Usted para los efectos pertinentes; y en este sentido exponemos:
Antecedentes
1. Con fecha once de diciembre de 1999, la dip. Patricia Espinosa Torres, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la propuesta de punto de acuerdo para solicitar a los titulares de la SHCP y del INEGI, realicen las acciones e investigaciones necesarias para la elaboración de cuentas satélite sobre el trabajo doméstico.
Con el punto de acuerdo en comento se pretende contar con información que permita valorar el trabajo doméstico para su consideración en la economía nacional, las políticas públicas y en aspectos legales.
El trabajo doméstico ha adquirido relevancia por ser una parte consustancial al enfoque de género, que deben considerar todas las políticas sociales, cuyo objetivos en torno a la justicia y el desarrollo humano resultan inalcanzables si no incorporan acciones que permitan una participación más equitativa de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social y cotidiana. Bajo este argumento, el trabajo doméstico, considerado como una variable cultural, social y económica que interviene en la diferenciación entre hombres y mujeres, ha sido una dimensión de la desigualdad de género que, injustificadamente, no ha merecido la atención que se requiere.
En general, los estudios sociodemográficos con enfoque de género han concluido que la participación de las mujeres en los quehaceres del hogar influye de manera decisiva en su inserción en la actividad económica, en las ocupaciones que realizan y en las condiciones laborales en que llevan a cabo su trabajo; sin embargo, manifiestan que esta creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha llevado aparejada una distribución más equitativa de las tareas domésticas en el hogar. De ahí la importancia urgente de conocer en forma integral el tipo de trabajo doméstico y extradoméstico que realizan las mujeres, así como el valor de su contribución en la esfera social y productiva. De este conocimiento depende la posibilidad de retribuir equitativamente a quienes, por padecer las consecuencias de una cultura que asignó discriminatoriamente los roles domésticos a la mujer, realizan un trabajo "sombra", sin percibir una remuneración correspondiente.
En México, el trabajo doméstico es visto como una actividad no económica, debido a que no existe remuneración alguna por este tipo de trabajo; por tanto, es considerado en la categoría de quehaceres domésticos dentro de la población económicamente inactiva. Esta clasificación parte de una concepción limitada de los que es la fuerza de trabajo. Por otro lado, los estudios y la información sociodemográfica sobre trabajo doméstico se sustentan en fuentes que originalmente no fueron diseñadas para arrojar resultados específicos sobre las actividades que se realizan al interior de los hogares. En este sentido, la información existente sobre trabajo doméstico denuncia que el Gobierno mexicano no ha respondido a los compromisos que contrajo al suscribir la Plataforma de Acción de Pekín. Particularmente, ha desatendido el punto de "participación económica", que propone eliminar todas las formas de desigualdad y discriminación en materia económica, generar empleos y, cuantificar y valorar el trabajo doméstico no remunerado.
La medición del trabajo doméstico se está implementado recientemente en varios países, como Australia, Alemania, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Inglaterra, España, Noruega y Suecia. Su experiencia aporta varias propuestas metodológicas para la valoración del trabajo doméstico en el marco de las llamadas cuentas satélite domésticas.
Las cuentas satélite domésticas, de acuerdo con diversas investigaciones1, pueden tener muchas aplicaciones: observar las labores no retribuidas, pero beneficiosas; dar a conocer la parte correspondiente a la producción doméstica dentro del PIB; pueden utilizarse para calcular el valor del trabajo no retribuido con fines de política social; en los casos de divorcio, de lesión o muerte; facilitan la realización del análisis del funcionamiento dinámico de la economía doméstica y las interacciones entre el sector público y el mercado; y, finalmente, pueden proporcionar también útiles reflexiones sobre los análisis de consumo privado.
A pesar de los avances que se han dado en nuestro país para reconocer el papel trascendental que las mujeres tienen en todos los ámbitos de la sociedad, quedan muchos pendientes en la agenda que conduce efectivamente a su pleno desenvolvimiento en la vida social y productiva. Entre éstos destaca el reconocimiento explícito del trabajo doméstico, que en la actualidad debido a la reconfiguración de los roles tradicionales al interior de los hogares, afecta a todos los miembros de la familia. Ello es lo que ha motivado que en los últimos años se busque la valorización económica del trabajo doméstico; para lo cual se requiere información que permita llevar a cabo su contabilización o cuantificación.
Considerando que la tarea del legislador es crear y actualizar la normatividad positiva en representación del pueblo, solicitamos sea dictaminado el Punto de Acuerdo que, por consecuencia, permitirá contar con mejores indicadores respecto al tema.
2. Es el caso que una vez presentado el Punto de Acuerdo señalado, el Presidente de la Cámara turnó para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Consideraciones
1. Desde la fecha en que se presentó el Punto de Acuerdo han transcurrido más de cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones de la Cámara presenten su dictamen en los negocios de su competencia dentro de dicho plazo al de la fecha en que los hayan recibido.
2. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara, en cumplimiento de su obligación, expresada en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a fin de emitir el Dictamen correspondiente que permitirá valorar el trabajo doméstico no remunerado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado;
A Usted Presidente de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pedimos se sirva:
UNICO.- En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, realice la excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presente el dictamen correspondiente a la propuesta de punto de acuerdo del 11 de diciembre de 1999 que tiene como objetivo: solicitar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática realicen las acciones e investigaciones necesarias para la elaboración de cuentas satélite sobre el trabajo doméstico, lo cual permitirá su valorarización y consideración en la economía nacional, las políticas públicas, así como en aspectos legales.
¡Por una Patria Ordenada y Generosa y una vida mejor y más digna para todos!
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 4 de abril del 2000.
Atentamente
Dip. Patricia Espinosa Torres
Notas:
1 Varjonen, Johanna, Metodología para una cuenta satélite de producción doméstica, España, Instituto Vasco de Estadística, 1998
Honorable Asamblea
A esta Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fue enviada para su estudio y dictamen, sendas iniciativas que pretenden mejorar el marco jurídico del turismo contemporáneo en aras de un buen fundamento del Estado Democrático y de la cultura mexicana: la igualdad. Estas iniciativas, de notable calidad humana y de un amplio sentido de justicia, pretenden impulsar a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad; las personas con discapacidad.
Dichas iniciativas contienen proyectos de decreto que pretenden reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo, con el fin de mejorar la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. La primera de ellas se presentó durante la LVI Legislatura de éste H. Congreso de la Unión por la entonces Diputada María Teresa Cortés Cervantes, a nombre de Diputados integrantes de la. Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados de la Cámara de Diputados; la segunda, en el mismo sentido, fue presentada en esta LVII Legislatura por la Diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell, miembro de dicha Comisión y de esta Comisión que ahora dictamina.
Con las facultades que nos confieren los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Segundo párrafo a) del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de ésta Soberanía, nos abocamos al estudio de ambas iniciativas, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO. En Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 1996 la entonces Diputada Federal María Teresa Cortés, por su propio derecho, y a nombre de varios Diputados integrantes de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados de la LVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Turismo en materia de apoyo a discapacitados.
Las razones argumentadas en la iniciativa son dignas de resaltarse. Primero, la Diputada Cortés nos habló de que la situación de las personas con discapacidad en nuestro país requieren de una decidida participación de todos con el fin de que los derechos fundamentales de las personas con discapacidad no se vieran vulnerados. Señaló la necesidad de elevar su integración para que su participación social se vea en un plano de equidad, obligando al legislador a intervenir en toda la normatividad legal existente.
Uno de los ámbitos normativos que se deben de tocar, señala, es precisamente la cultura y la recreación. La legisladora afirmó que muchas veces, una persona con discapacidad se ve limitada en su desarrollo íntegro al carecer de medios para llevar al cabo la totalidad de sus actividades. Esto aunado a que el turismo, dice, es una actividad recreativa y cultural por naturaleza y que, además, es un ámbito productivo de importancia nacional. De estos beneficios, las personas con discapacidad, asegura, no deben quedar ajenas, porque, como turistas deben contar con las facilidades necesarias y adecuadas que hagan factible su participación, junto con el resto de los mexicanos, respecto a posibilidades turísticas.
En la fecha de su presentación, y por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva se ordenó remitir la Iniciativa de referencia a la Comisión que suscribe para la elaboración del correspondiente dictamen.
SEGUNDO. Con fecha 15 de abril de 1999, ante el Pleno de la Cámara de Diputados de esta LVII Legislatura, la Diputada Federal Addy Cecilia Joaquín Coldwell presentó una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Turismo en materia de discapacitados.
En el cuerpo de la iniciativa se observa que los conceptos en ella vertidos son similares a la anterior iniciativa presentada en la pasada legislatura y arriba detallada, pero, se aclara que no idénticos.
La legisladora quintanarroense señaló la importancia del turismo como fenómeno socioeconómico más importante de la segunda mitad del siglo XX, y pese a eso, señala que las personas con discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual, no gozan de manera plena de los servicios turísticos que ofrece el país.
También señala en su iniciativa que en el último decenio, el turismo significó un impacto en el desarrollo regional, en la generación de empleos y en la captación de divisas, pero hace mención a que en la materia no ha existido el imperativo social y jurídico para lograr que las personas con discapacidad participen con plenitud y en condiciones de igualdad en el uso y disfrute de la actividad turística.
Señala que el diez por ciento del total de la población son personas con discapacidad.
Lo anterior, nos obliga a revisar el marco legal para dar cauce a las inquietudes surgidas de la población con discapacidad, sobre todo por que en nuestro país existen limitaciones humanas y materiales para atender y aliviar las necesidades de los discapacitados en la actividad turística. Es fundamental, dice, el redoblar esfuerzos en la mejora de la infraestructura turística.
Otro aspecto importante de la iniciativa es la importancia económica que el turismo de los discapacitados representa para la rentabilidad de la industria turística, sobre todo en pos de garantizar el uso y disfrute, por parte de los discapacitados, de los servicios turísticos que tiene el país.
La iniciativa que se dictamina pretende que las personas con discapacidad no queden relegadas de los beneficios que genera el turismo y sentencia que dicho sector de la sociedad debe contar con las facilidades necesarias y adecuadas que hagan posible el disfrute de los diferentes servicios turísticos que en el país se ofrecen.
Los fines de la propuesta son el lograr el desarrollo equilibrado de la actividad turística en el ámbito regional, propiciando la utilización de recursos naturales, históricos y culturales del país por parte de las personas con discapacidad; fortalecer y difundir los valores culturales para adecuar los servicios turísticos a las personas con discapacidad; fomentar la imagen de México como uno de los principales atractivos turísticos del mundo y de mayor infraestructura en pro de las personas con discapacidad, y fortalecer los mecanismos de coordinación, inducción y concertación con los sectores público, social y privado en la inversión de la infraestructura turística en beneficio de los discapacitados.
TERCERO. De la comparación de ambas iniciativas, se desprende lo siguiente:
2. En la iniciativa de la Diputada Cortés se propone reformar el artículo 3º de la Ley, mientras que la de la Diputada Addy Cecilia Joaquín ColdweIl es omisa al respecto.
3. En la iniciativa del quince de abril del año pasado, se habla específicamente de la suscripción de acuerdos entre la Secretaría de Turismo (en colaboración con las demás dependencias del Gobierno Federal) y los prestadores de servicios turísticos con el fin de beneficiar a personas con discapacidad y para hacer posible el cumplimiento de los objetivos del capítulo en el que el artículo se encuentra, aspecto que no fue tocado, por la iniciativa de 1996, además de contemplar dentro del catálogo de beneficiados el concepto de "similares".
4. En la iniciativa de 1999 se proponen reformas al artículo 16 de la Ley mientras que la iniciativa de 1996 es omisa al respecto.
5. En la iniciativa de la Diputada Cortés no se proponen reformas al artículo 19 de la Ley Federal de Turismo, en cambio, en la propuesta de la Diputada Joaquín Coldwell se sugiere se hagan reformas para que por los medios de comunicación se hagan labores de promoción y difusión de las ofertas turísticas del país a las personas con discapacidad.
6. En ambas iniciativas se proponen reformas al artículo 28 de la Ley, sin embargo, al mejorar la redacción de la fracción II, la iniciativa de 1999 repite el concepto de preservación del equilibrio ecológico, concepto que ya se encuentra contemplado en el texto vigente de dicha fracción.
7. En los artículos 30 y 32 de la Ley, las reformas propuestas en la iniciativa de 1999, mejora en redacción a la propuesta de 1996.
En la exposición de motivos de las iniciativas arriba en comento se señala que con el fin de lograr que las personas con discapacidad tengan una plena participación en todas las actividades sociales se prevé un plano de igualdad, de tal manera que sus derechos fundamentales no se vean de manera alguna limitados o vulnerados.
La población con discapacidad en nuestro país ha venido creciendo, sin existir disposiciones jurídicas que garanticen sus derechos fundamentales y sin que propicien el desarrollo integral de este segmento de la sociedad; por ello, es indispensable nuestra participación en el sentido de articular y fortalecer un marco jurídico que coadyuve al sano desenvolvimiento de las personas discapacitadas en todas las actividades sociales en un plano de igualdad de oportunidades.
Pero es necesario hacer una serie de reflexiones en torno a lo que es la igualdad, garantía jurídica establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La igualdad se convierte en una exigencia moral fundamental que deriva de la recta razón: nadie es tan semejante a sí mismo como cada ser humano lo es a los demás.
Las personas que sufren alguna discapacidad se encuentran muchas veces ajenas a un desarrollo íntegro ya que carecen de los medios personales para lograrlo, por ello, se destaca que estas personas no pueden quedar ajenas a los beneficios económicos, recreativos y culturales que genera el turismo, por lo que deben contar con las facilidades necesarias y adecuadas que hagan factible su posibilidad de disfrutar, en un plano de igualdad, de dichos beneficios.
Dadas las similitudes entre ambas iniciativas en relación con el planteamiento de hacer accesible el turismo para personas con discapacidad, esta Comisión dictaminadora considera se deben efectuar adiciones al artículo 2º de la Ley Federal de Turismo, de tal manera que en ella se establezca la garantía de los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, y así, tengan las mismas oportunidades que los turistas en general en el disfrute de los servicios turísticos.
También, se propone reformar el artículo 11 de la Ley Federal de Turismo con el fin de que en él se disponga la facultad de la Secretaría de Turismo, que en conjunción con las dependencias competentes a que se refiere el artículo 9º de la misma Ley promuevan acuerdos con los prestadores de servicios turísticos, para determinar precios y condiciones en servicios y paquetes turísticos que hagan posible el cumplimiento de los objetivos que señala la propia ley, tomándose en cuenta a las personas con discapacidad.
Es adecuada la propuesta de reforma al artículo 16 de la Ley para que la Secretaría de Turismo, en coordinación con las demás dependencias de la Administración Pública Federal, dote de la infraestructura necesaria a las zonas de desarrollo turístico en beneficio de las personas con discapacidad.
Asimismo, nos parece del todo adecuada la nueva redacción de las fracciones II y IV del artículo 28 de la Ley, con el fin de que, en la construcción de centros de desarrollo turístico o en la mejora de los ya existentes se tomen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en materia de infraestructura, urbanización, entre otras cosas, las que deberán financiarse por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Del todo idónea sería la adición de un segundo párrafo al artículo 30 de dicha Ley Federal para que en él se disponga que, dentro de los programas de capacitación turística, implementados por la Secretaría de Turismo, se contemple la atención a las personas con discapacidad.
También justa sería la nueva redacción del artículo 32 de la mencionada Ley para puntualizar la prohibición de la discriminación en razón de discapacidad de las personas, así como en la prestación de servicios turísticos. Con esto no sólo se cumple con el principio de igualdad jurídica entendida como el principio de que en las relaciones jurídicas no deben hacerse distinciones por cuestiones de raza, credo, clase social, color, edad, sexo, capacidad física o mental.
La Comisión que suscribe, sabedora de la responsabilidad que tiene esta Soberanía frente a la sociedad, que cada día demanda mayor cuidado en el desempeño de las actividades públicas, y consciente de las limitaciones a las que están sujetas las personas con alguna discapacidad física, mental o sensorial en el uso y goce de los servicios en general, y particularmente de los servicios turísticos, después de analizar y estudiar cuidadosamente tanto la presente iniciativa como el actual articulado de la Ley Federal de Turismo, ha llegado a la conclusión de que es necesario adecuar la misma para establecer las bases sobre las cuales debe tratársele y considerársele a la personas con discapacidad para que se les haga más accesible el disfrute de los servicios turísticos, no mermándose sus derechos fundamentales por ninguna causa y de ninguna manera.
En el actual y vigente texto de la Ley Federal de Turismo no se hace ninguna alusión expresa a las personas con discapacidad, esto no quiere decir que estén vedados los servicios turísticos a estas personas, sino que, por el contrario, las incluye, pero es necesario hacer énfasis en la Ley y por tanto son procedentes la serie de reformas y adiciones propuestas en ambas iniciativas, con su debida adecuación al texto de la Ley vigente.
Por tal motivo, y en virtud de que el artículo 19 de la Ley Federal de Turismo fue reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo del año próximo pasado, en aras de la creación del Consejo de Promoción Turística de México y de las bases para una política de promoción a nivel nacional, se propone modificar el segundo párrafo del artículo en mención para incluir dentro de la política de promoción la atención a que deben estar sujetos las personas con discapacidad. El texto de dicho numeral quedará de la siguiente manera:
"Artículo 19...
"La política de promoción turística atenderá en todo momento al desarrollo integral del país, considerando a las personas con discapacidad."
Por lo anterior, esta Comisión somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TURISMO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción X al artículo 2º y se reforman los artículos 9, 11, 16, 19 en su segundo párrafo, 28 en sus fracciones II y IV, 30 y 32 en su segundo párrafo, todos de la Ley Federal de Turismo, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2º ...
X. Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo del sector turismo.
...........
Artículo 11. La Secretaría, con el concurso de las dependencias y entidades mencionadas en el artículo 9º, promoverán la suscripción de acuerdos con prestadores de servicios turísticos por medio de los cuales se determinen precios y condiciones adecuados, así como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de este capítulo, en beneficio de grupos obreros, campesinos, infantiles, juveniles, burocráticos, magisteriales, de personas con discapacidad, de estudiantes, de trabajadores no asalariados y otros similares.
Artículo 16. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal que corresponda, así como con gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con los sectores social y privado, impulsará la creación o adecuación de la infraestructura que requieran las zonas de desarrollo turístico prioritario, considerando también las necesidades de las personas con discapacidad.
Artículo 19 ...
La política de promoción turística atenderá en todo momento al desarrollo integral del país, considerando a las personas con discapacidad.
Artículo 28 ...
II. Crear y consolidar centros turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que habrán de identificarse los diseños urbanos y arquitectónicos de la zona, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos, en congruencia con el desarrollo económico y social de la región, tomando en cuenta la igualdad a que se refiere la fracción X del artículo 2º de esta Ley.
III. ...
IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan una oferta masiva de servicios turísticos; para dicho fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de dichas obras las necesidades de las personas con discapacidad.
V a XVI. ...
Artículo 32. ...
En la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, credo político o religioso, nacionalidad o condición social.
TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Sala de Comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de marzo del año 2000.
Dip. Fed. Gloria Ocampo Aranda (rúbrica)
Presidenta
Dip. Fed. Elba M.Capuchino Herrera (rúbrica)
Secretaria por el PRD
Dip. Fed. Salvio Herrera Lozano (rúbrica)
Secretario por el PRI
Diputados: Mario G. Haro Rodríguez (rúbrica), Juan Bueno Torio (rúbrica), Espiridión Sánchez López (rúbrica), Rafael Alberto Castilla Peniche, Víctor Alejandro Vázquez Cuevas (rúbrica), María del Sccorro Aubry Orozco, Silvia Oliva Fragoso, Susana Esquivel Farías (rúbrica), Julieta Ortencia Gallardo Mora, Esperanza Villalobos Pérez (rúbrica), María de la Luz Nuñez Ramos (rúbrica), Héctor Mayer Soto (rúbrica), Juan Manuel Parás González, Orlando Alberto Paredes Lara (rúbrica), Juan Oscar Trinidad Palacios, Aurora Bazán López (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Luisa Cortés Carrillo (rúbrica), Blanca Rosa García Galván (rúbrica), Augusto Rafael Carrión Álvarez, José Carlos Cota Osuna, Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Luz del Carmen López Rivera, José Marco Olvera Acevedo, Salvador Rizo Ayala.
Reuniones realizadas
4 Reuniones de Junta Directiva:
8 de septiembre de 1999
5 de octubre de 1999
11 de noviembre de 1999
14 de diciembre de 1999
7 reuniones de Pleno: 2 ordinarias (*) y 5 informativas (-):
-8 de septiembre de 1999
-23 de septiembre de 1999
-6 de octubre de 1999
* 30 de noviembre de 1999
-7 de diciembre de 1999
-25 de enero del 2000
* 29 de febrero del 2000
3 reuniones de otra índole:
1. De Ley General de la Leche (Turnada para su opinión)
2. De Decreto por el que se modifica la Ley General de Salud, con la adición de un capítulo Octavo Bis al Título Duodécimo
3. De Decreto por el que se adiciona el artículo 75 de la Ley General de Salud
4. De Ley General de Protección al Adulto Mayor
5. De Decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud
Subcomisiones
1. Para dictaminar la Iniciativa de Ley General de la Leche (Turnada para su opinión)
2. Para dictaminar la Iniciativa de Decreto por el que se modifica la Ley General de Salud con la adición de un capítulo Octavo Bis al Título Duodécimo
3. Para dictaminar la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 75 de la Ley General de Salud
4. Para dictaminar la Iniciativa de Ley General de Protección al Adulto Mayor
5. Para dictaminar la Iniciativa de Decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud
Se estrena la sección "Tribuna del tribuno" en la página de Internet
720 gestiones médicas
Dispensas de trámite
Reprogramación de estudios de gabinete y/o citas
Reclasificación de cuotas
Exenciones de pago
Renegociación de adeudos de orden médico
Apoyos para dotación de medicamentos, prótesis u órtesis
Canalización a servicios médicos especializados
I.- Integrantes
El listado oficial de la Comisión de Salud al 29 de febrero del 2000 es el siguiente:
A) De la Junta Directiva de la Comisión
Es costumbre de la Junta Directiva reunirse en vísperas de cada reunión ordinaria de Pleno de la Comisión, tanto para afinar los detalles de los trabajos legislativos pendientes como para discutir los puntos que ha de contener el orden del día de la sesión plenaria. Sin embargo, estas convocatorias no siempre se publican.
La Junta Directiva convocó, públicamente, a reunión en cuatro ocasiones que fueron:
8 de septiembre de 1999
La Presidencia de la Comisión citó a reunión en siete ocasiones; de las cuales dos se realizaron como sesiones ordinarias(*) y cinco de ellas, al carecer del quórum reglamentario, se consideraron como reuniones informativas(-)
C) Reuniones de otra índole:
La Comisión de Salud, por conducto del Pleno o de su Junta Directiva, sostuvo reuniones con varias personalidades con el fin de obtener mayores instrumentos de apoyo en el quehacer legislativo. De entre ellas destacan por su importancia la comparecencia del doctor Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Salud, realizada el 13 de septiembre de 1999 en el salón Verde.
El encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), verificada el 17 de noviembre de 1999; y
La entrevista de los integrantes de la Comisión con directores de facultades de medicina de varias entidades de la República Mexicana, con motivo del Convenio para la Certificación Médica suscrito entre la Secretaría de Educación Pública y la de Salud; reunión realizada el 2 de diciembre de 1999.
III.- Asuntos turnados a la Comisión
1. De Ley General de la Leche (Turnada para su opinión)
2. De Decreto por el que se modifica la Ley General de Salud con la adición de un capítulo Octavo Bis al Título Duodécimo
3. De Decreto por el que se adiciona el artículo 75 de la Ley General de Salud
4. De Ley General de Protección al Adulto Mayor
5. De Decreto con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
IV.- Subcomisiones
La Comisión de salud, normalmente integra las Subcomisiones de Dictamen necesarias, de manera casi inmediata a la recepción de las propuestas que le son turnadas. Esta práctica requiere de un consenso previo por parte de la Junta Directiva y de la aprobación de su Pleno. No obstante, vacantes suscitadas en el seno de la Junta Directiva impidieron la realización de esta práctica con la prontitud acostumbrada, no obstante lo cual ya se ha agendado el punto para la reunión próxima de la Directiva de la Comisión.
V.- Cronología de las actividades más importantes de la Comisión
1 de Septiembre de 1999: Todos los integrantes de la Comisión atienden el mensaje rendido por el titular del Ejecutivo federal durante el V Informe de Gobierno, especialmente en el aspecto de la salud de los mexicanos.
8 de septiembre de 1999: La Junta Directiva de la Comisión de Salud se reúne para afinar los detalles de la reunión plenaria que se realizará posteriormente. Sin obtener el quórum reglamentario, los asistentes a la convocatoria de la Comisión de Salud dialogan en reunión informativa sobre los puntos que señala el orden del día.
23 de septiembre de 1999: Se reúnen los integrantes de la Comisión a efecto de sesionar para continuar con los trabajos legislativos, sin embargo, la falta de asistencia de la mayoría de los diputados impide la realización de la sesión plenaria.
23 y 24 de septiembre de 1999: La Comisión de Salud hace acto de presencia mediante una representación, ante la Primera Reunión Nacional de Comisiones Legislativas de Salud, realizada en Morelia, Michoacán. Evento al que acuden representantes de varios Congresos de los distintos estados de la República.
29 de septiembre de 1999: A invitación expresa del Congreso del estado de Tlaxcala, la Comisión de Salud acude, mediante una representación, a testificar honoríficamente el inicio de la Consulta Pública para la Formación de la Ley General de Salud del Estado de Tlaxcala, evento en el que coinciden los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de aquella entidad.
5 de octubre de 1999: La Junta Directiva de la Comisión de Salud se reúne para analizar diversos asuntos pendientes, entre los que destacan la evaluación de las tres etapas anteriores del Foro Nacional de Consulta la Salud de los Mexicanos, la cuarta y última etapa del mismo, la integración de las Subcomisiones de Dictamen legislativo y los dictámenes pendientes.
Horas más tarde, la Comisión de Salud se reúne a sesionar, pero desafortunadamente la falta de quórum reglamentario impide que se celebre tal sesión convirtiendo el acto en una reunión informativa.
11 al 15 de octubre de 1999: En atención a las inundaciones que devastaron gran parte de los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, se integra una Subcomisión que realiza un recorrido por las zonas afectadas para verificar el estado que guardan.
21 de octubre de 1999: Los integrantes de la Comisión de Salud acuden invitados por el Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 en el rubro correspondiente a salud. En este evento se cuenta con la presencia del Oficial Mayor de la Secretaría, quien responde a diversas preguntas y cuestionamientos de los legisladores.
28 y 29 de octubre: Se verifica la cuarta y última etapa del Foro Nacional de Consulta La Salud de los Mexicanos, que se realiza en el Palacio Clavijero de Morelia, Michoacán. Durante estos dos días, 13 conferencistas magistrales exponen sobre interesantes tópicos relacionados con la salud de la región y del país, mientras que más de 25 personas aportan sus trabajos como parte del evento.
22 al 27 de noviembre de 1999: Una delegación de diputados de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Salud de la Asamblea Popular de la República China, realiza una visita oficial a su similar de México (Comisión de Salud), quien les ofrece una visita por el recinto parlamentario, la entrega de una medalla conmemorativa de este acto, una visita al Centro Histórico de la Ciudad de México, un recorrido por instituciones hospitalarias del IMSS, del ISSSTE y por la Secretaría de Salud, así como por diversas regiones del estado de Michoacán, en cuyo trayecto les acompaña el Secretario de Salud de aquella entidad.
26 de octubre de 1999: La Comisión de Salud recibe de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su opinión, la Iniciativa de Ley General de la Leche.
11 de noviembre de 1999: La Junta Directiva de la Comisión se reúne para evaluar la última etapa del Foro Nacional de Consulta La Salud de los Mexicanos.
23 de noviembre de 1999: Se recibe en la Comisión de Salud el oficio con el que la Directiva de la Cámara de Diputados turna la Iniciativa de Decreto por el que se modifica la Ley General de Salud con la adición de un capítulo VIII BIS al Título Duodécimo, propuesta legislativa hecha por diputados del PVEM.
30 de noviembre de 1999: Con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos y dar cuenta de las iniciativas recibidas, se cita a la Comisión de Salud a reunión plenaria para este día pero, lamentablemente, la ausencia de la mayoría de los legisladores hacen de esta una reunión meramente informativa con los diputados asistentes.
2 de diciembre de 1999: La Presidencia de la Comisión recibe la Iniciativa del Decreto por el que se adiciona el artículo 75 de la Ley General de Salud, turnada por la Cámara de Diputados y propuesta por diputados del PVEM.
7 de diciembre de 1999: Con motivo de la Glosa al V Informe de Gobierno del Titular del Ejecutivo federal, comparece ante esta representación parlamentaria el Secretario de Salud, doctor Juan Ramón de la Fuente, para abundar en torno al estado que guarda la Administración Pública Federal en el ramo que encabeza.
Horas más tarde, representantes del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Sedesol se apersonan en las oficinas de la Comisión para agradecer las gestiones médicas realizadas por esta representación en favor de agremiados de aquel organismo sindical.
Ese mismo día se recibe Iniciativa de la Ley General de Protección al Adulto Mayor, propuesta por diputados del PRI.
9 de diciembre de 1999: Se turna a la Comisión de Salud una Iniciativa de Decreto presentada por legisladores del PAN con la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
14 de diciembre de 1999: Con el propósito de continuar la coordinación de los trabajos legislativos, la Junta Directiva de la Comisión de Salud se reúne en las oficinas de la misma.
Poco después, una Comisión de funcionarios del municipio de Huichapan, Hidalgo, se presentan ante el Presidente de la Comisión de Salud para hacerle entrega de un documento petitorio de insumos varios para el Centro de Salud de aquella localidad, mismo que se canaliza a las instancias respectivas para su atención.
25 de enero del 2000: Nuevamente se efectúa una reunión plenaria de la Comisión de Salud a la que no hay la respuesta esperada y por tanto, nuevamente se realiza una reunión informativa con los presentes.
28 al 30 de enero del 2000: Una representación de la Comisión de Salud acude en calidad de testigo de honor al Congreso Nacional de Comisiones Legislativas de Salud que se realiza en Tepic, Nayarit.
2 de febrero del 2000: La Subcomisión de Dictamen a la Iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de la Comisión de Salud, se reúne con diputados de las Comisiones de Agricultura y Ecología con objeto de avanzar en el proceso de dictaminación de la misma. A este encuentro acuden diversos especialistas de esta rama, entre quienes destacan el ingeniero Saúl Cifuentes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad, el ingeniero Víctor Villalobos, vocal ejecutivo de la misma Comisión.
24 de febrero del 2000: La Subcomisión de Dictamen a la Iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de la Comisión de Salud, se reúne nuevamente con sus similares de las Comisiones de Agricultura y Ecología; a este evento acuden la ingeniero Liza Covantes, coordinadora del Programa de Ingeniería Genética de Green Peace México, el doctor Enrique Galindo, Presidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería y los representantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad.
29 de febrero del 2000: A invitación de la Junta Directiva de la Comisión de Salud, acude ante esta representación parlamentaria, el licenciado José Antonio González Fernández, Secretario de Salud, para exponer el programa de acción de esa dependencia para el 2000.
VI.- Actividades no legislativas
A) Página en Internet
Con un apunte sobre el tabaquismo como problema de salud pública, de la autoría del doctor Santiago Padilla Arriaga, diputado Presidente de la Comisión, se inauguró la sección denominada "Tribuna del tribuno" en la que se pretende dar a conocer el pensamiento y opinión de los legisladores de todos los grupos parlamentarios en torno a tópicos y problemas de salud pública.
Se espera recibir algunos comentarios y otras tantas sugerencias por parte de los lectores y asimismo que los diputados que integramos esta Comisión mantengamos el interés en esta sección con nuevas aportaciones.
B) Gestiones Médicas
Total I 489
Total II 231
Gestiones totales 620
VII.- Personal de apoyo
Ingeniero Crispín Ernesto Gamboa Ramírez, secretario técnico
Doctor Miguel Ángel Sáenz Garza, asesor médico
Licenciado Miguel Rivera Lerma, asesor jurídico
Licenciado Genaro Eduardo García García, secretario privado
Doctor Hugo Fernando Parker Moreno, secretario particular
Dra. Eva Margarita Solórzano Harris (hasta octubre de 1999); Héctor Leoncio Martínez Castuera (desde octubre de 1999)
Asesores (PRI): dr. Ovidio Villaseñor López (hasta el 31 de diciembre de 1999); C. Jaime Lugardo Contreras (a partir del 1 de enero del 2000)
Asesores (PRD): ing. Juan Carlos Ortiz León
Asesor (PAN): Luis Armando Díaz (hasta agosto de 1999); Julio César Vázquez Castillo (desde agosto de 1999)
Asesores (PT): trabajadora social Estela Maldonado Ramos
Sra. Brenda González Blandón
Srita. Martha Escamilla Enríquez
Sra. Esmeralda Hernández Sánchez
Señor Jacinto Castro Cota
Señor Erick Moreno Colín
Señora Balbina López Espinal
VIII.- Anexos
A) Actas
Del 29 de febrero del 2000, con motivo de la asistencia del Secretario de Salud, lic. José Antonio González Fernández, con motivo de la presentación del Plan de Trabajo de la Secretaría a su cargo para el año 2000
DE LA COMISION DE COMERCIO
A su reunión ordinaria de trabajo, el martes 4 de abril, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Análisis, discusión y, en su caso, votación del Dictamen de las tres iniciativas de regularización de vehículos de procedencia extranjera, así como de la Iniciativa de Ley de Protección y Renovación del Parque Vehicular Mexicano.
4. Análisis, discusión y, en su caso, votación del Dictamen de las tres iniciativas en materia de comercio electrónico.
5. Análisis, discusión y, en su caso, votación del Dictamen de Iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Aduanera, referentes a la importación de vehículos a la franja fronteriza por personas físicas.
6. Otros.
Atentamente
Dip. Juan José García de Alba Bustamante
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de su Mesa Directiva, el martes 4 de abril, a las 12 horas, en la sala de juntas del área de Comunicación Social y Prensa del Partido del Trabajo, sita en el ala sur del basamento del Palacio Legislativo.
Orden del Día
1. Evaluación de los trabajos de la Segunda Reunión Anual de la Comisión Bicameral Parlamento de Mujeres de México, 2000, así como de la Semana Cívico Cultural La Mujer en el Nuevo Milenio y el Encuentro de Legisladoras Federales y Locales.
2. Acordar los mecanismos para la integración de una agenda de trabajo de la Comisión, tanto en materia legislativa y política como de eventos y otras actividades inherentes a su función.
3. Definición de la fecha en que resulte conveniente celebrar la próxima reunión plenaria de la Comisión, así como del orden del día respectivo.
4. Asuntos Generales.
Atentamente
Dip. Ma. Mercedes Maciel Ortiz
Presidenta colegiada en turno
DE LA COMISION DE BOSQUES Y SELVAS
A su reunión ordinaria, el miércoles 5 de abril, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Participación del dr. Jorge del Valle Cervantes, secretario de Recursos Naturales de la Semarnap, para informar sobre el estado que guardan los incendios forestales en el país.
4. Informe de la Comisión:
4.1. Resultados del Taller de Visualización y Diagnóstico Estratégico y Documento de Política de Estado para el Desarrollo Forestal Mexicano.
4.2. Giras de trabajo:
* Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo
5. Asuntos generales:
5.1. Agenda de reuniones con los gobernadores de los estados visitados en las recientes giras de trabajo.
5.2. Reunión de trabajo en Palenque, Chiapas, el próximo 8 de abril.
5.3. Información para visitar la Universidad Autónoma de Chapingo.
Atentamente
Dip. Manuel Hernández Gómez
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA
A la sesión plenaria que realizará el miércoles 5 de abril, a las 9 horas, en el salón de usos múltiples, edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Revisión y análisis del Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural.
Atentamente
Dip. Enrique Bautista Villegas
Presidente
AL SEMINARIO INTERNACIONAL LAS FACULTADES DE CONTROL DEL PODER LEGISLATIVO
Abril 4 de 2000.
Distinguidos(as) diputados(as):
En virtud de que entre las principales funciones que realizan los Congresos y Parlamentos del mundo se encuentran las de control, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y las Fundaciones Colosio, Miguel Estrada Iturbide y para la Democracia, con el auspicio del National Democratic Institute (NDI), hemos organizado el Seminario Internacional Las Facultades de Control del Poder Legislativo, en el cual los legisladores mexicanos tendremos la oportunidad de conocer las experiencias en esta materia de la República de Chile, la Unión Europea y los Estados Unidos de América.
Este Seminario Internacional se realizará el miércoles 5 de abril en el Salón Legisladores de la República (salón Verde) del Palacio Legislativo de San Lázaro. Dará inicio a las 9 horas y finalizará a las 13:30 horas, según el siguiente:
Programa
Seminario Internacional
Las facultades de control del Poder Legislativo dirigido a los diputados y senadores de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, a los asesores parlamentarios y especialistas en la materia
9:00 am Inauguración a cargo del diputado Francisco José Paoli Bolio, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Intervención de los coordinadores de los grupos parlamentarios:
Carlos Montes Cisternas, ex-presidente de la Cámara de Diputados
10:00 am Participación del dip. César Jáuregui Robles del grupo parlamentario del PAN
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
A su reunión de trabajo, el miércoles 5 de abril, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Benito Mirón Lince
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de su Junta Directiva, el miércoles 5 de abril, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicada en el segundo nivel del edificio F.
Atentamente
Ing. C. Ernesto Gamboa Ramírez
Secretario técnico
DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR QUE NO SE DESVIEN RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EN EL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2000
A la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 5 de abril, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión, ubicadas en el tercer piso del edificio F.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Informe de los Recorridos en los estados.
5. Presentación de los resultados de los Trabajos del Grupo de Denuncias.
6. Celebración de Convenios con el IFE y propuestas de convenios con Asociaciones Civiles.
7. Programación de Foro Nacional de Consulta a las Organizaciones No Gubernamentales sobre la Transparencia en el manejo y aplicación de los recursos públicos federales.
8. Integración del Grupo de Trabajo encargado de conocer los términos de la denuncia de Tlaxcala.
Atentamente
Dip. Elodia Gutiérrez Estrada
Presidenta
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE POBLACION Y DESARROLLO
A su reunión, el miércoles 5 de abril, a las 11 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el segundo nivel del edificio H.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y comprobación del quórum.
2. Presentación de los funcionarios de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de la Senectud, y bienvenida a cargo del Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo.
3. Intervención del C. dr. Manuel Urbina Fuentes, subsecretario de Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud, en relación a las iniciativas de Leyes Generales para la Protección del Adulto Mayor y General para la Atención de las Personas en Edad Avanzada, y del Proyecto de Dictamen de Ley del Instituto Nacional de la Senectud.
4. Intervención del C. lic. Julio Sánchez Vargas, director general del Instituto Nacional de la Senectud, en relación a las iniciativas de Leyes Generales para la Protección del Adulto Mayor y General para la Atención de las Personas en Edad Avanzada, y del Proyecto de Dictamen de Ley del Instituto Nacional de la Senectud.
5. Intervención de los CC. diputados integrantes de ambas Comisiones y de los funcionarios presentes (preguntas y respuestas).
6. Acuerdos para continuar con el trámite legislativo de las iniciativas mencionadas.
7. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Santiago Padilla Arriaga
Presidente de la Comisión de Salud
Dip. Rubén Alfonso Fernández Aceves
Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo
DEL COMITE DE BIBLIOTECA E INFORMATICA
A los eventos culturales y recreativos promovidos por este Comité para el mes de abril de éste año:
Dos obras litúrgicas: Gloria, de Vivaldi, y Réquiem, de Mozart, con la Orquesta de Cámara y Coro de la Secretaría de Marina, el martes 18, a las 18 horas.
Concierto Infantil Pedro y el Lobo, de Prokofiev, también con la participación de la Orquesta de Cámara y Coro de la Secretaría de Marina, el miércoles 26, a las 18 horas.
Atentamente
Ing. Gilberto L. Tovar Correa
Coordinador de Relaciones Públicas y Eventos
DEL COMITE DE ASUNTOS INTERNACIONALES
A la conferencia que dictará el Embajador de la República Francesa, señor Bruno Delaye, sobre el tema Significado del TLC entre la Unión Europea y México, en la Biblioteca del Congreso de la Unión, ubicada en la calle de Tacuba número 29, colonia Centro Histórico, el miércoles 12 de abril de 2000, a las 18 horas.
Atentamente
Dip. Julio Faesler C.
Presidente
