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De la Junta de Coordinación Política.
SESION DEL JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 1999. INICIO 11 HORAS
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los Congresos de los estados de Jalisco y Querétaro.
Proposiciones de la Junta de Coordinación Política. (Cambio de integrantes en Junta Directiva de Comisiones, votación).
Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política (Cambios de integrantes en Comisiones).
Iniciativa de ciudadanos diputados
Que adiciona con un tercer párrafo al artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por un grupo plural de diputados integrantes de la LVII Legislatura (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Ley Aduanera, a cargo del C. dip. Adalberto Balderrama Fernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión).
Minuta
Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos: Federico Hernández López, Edgar Efraín Plateros Banda, Daniel Velasco Martínez, Armando Cornejo Santos, Herminio Rosas Isidoro, Juan Carlos Mesino Santiago, Matías Meza Espinosa, Emidio Estudillo Ramírez, Francisco Alejandre Isidro, Juan Manuel Ramos Martínez y Anex Arturo Silva Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua. (Turno a Comisión).
Proposiciones
Con Punto de Acuerdo para que la Contaduría Mayor de Hacienda audite el Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (PROBECAT), a cargo del C. Dip. Gilberto Parra Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para incrementar las pensiones mínimas de los pensionados y jubilados, a cargo de la C. dip. María del Socorro Aubry Orozco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.- (Turno a Comisión).
Punto de Acuerdo sobre la situación de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del C. dip. Benito Mirón Lince, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución y votación).
Agenda Política
Comentarios sobre las posibles violaciones a la ley electoral, por parte del diputado local del estado de Aguascalientes, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre los créditos de Fobaproa, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Debate pactado. 10 - 5).
Comentarios sobre el Día Internacional para Erradicar la Pobreza, a cargo del C. dip. Jorge Zamarripa Díaz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
DOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
La Quincuagésima Quinta Legislatura del estado libre y soberano de Jalisco, en sesión celebrada el día de hoy, aprobó el acuerdo económico 493/99 del que les anexo copia certificada para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó solicitar a ustedes su intervención como causa de interés público a efecto de dar un adecuado seguimiento y supervisión de la programación televisiva que tiene un alto contenido de violencia con objeto de evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, asimismo informen a esta Soberanía, si a bien lo tienen, las acciones que tengan a bien realizar para el asunto de referencia.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, México.
5 de octubre de 1999
Lic. María Carmela Chávez Galindo
Oficial Mayor del H. Congreso del Estado
Compañeras y compañeros diputados:
El suscrito diputado Salvador Arellano Guzmán integrante de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 en su fracción I y 35 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 85, 88 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, hago uso de esta tribuna con el objeto de someter a la elevada consideración de esta Asamblea una iniciativa de Acuerdo Económico, a efecto que esta Soberanía solicite atentamente a las instituciones federales competentes, un adecuado seguimiento y supervisión de la programación en televisión con alto contenido de violencia, todo lo anterior de conformidad con la siguiente:
Exposición de motivos
1. Que una de las elevadas finalidades que justifican la existencia de todo orden legal e institucional, es dar seguridad a las personas en su libertad, propiedad y vida, y que nuestra Carta Magna preserva en su capítulo relativo a las garantías individuales estos derechos que corresponden a todo mexicano, sin excepción.
2. Que el artículo 27 en su fracción 20, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación, "Promover la producción cinematográfica de radio y televisión y la industria editorial, vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público; y dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.
3. Que el artículo 4 y el 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión, establecen que la televisión constituye una actividad de interés público, por lo tanto, el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de la función social, de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Y que al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:
5. Que esta iniciativa busca que esta Soberanía transmita a las instancias federales el sentir de muchos ciudadanos del estado de Jalisco, ante la aparición de fenómenos criminógenos que afectan a la infancia, y que exigen la intervención de diversas instancias con el objetivo de facilitar a los padres de familia el cumplimiento eficaz que les corresponde ante dichos fenómenos. Esto ante la necesidad de controlar una de las muchas variables que concurren en la crisis de inseguridad pública que vivimos en el estado y en el país, y esto tiene que ver con un reflejo de la escalada de violencia y en los contenidos de los diversos programas televisivos, muchos de los cuales inducen al delito.
6. Que corresponde a la función legislativa el ejercicio de su facultad implícita de solicitar atentamente la intervención con auténtico rigor de las instancias competentes.
De lo precedentemente considerado y fundamentado en lo dispuesto por los artículos 28, fracción I, y 35 de la Constitución Política del estado de Jalisco y 85, 88 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, someto a la elevada consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de dictamen de:
Acuerdo Económico
Unico.- Solicítese atentamente a la Secretaría de Gobernación, a la Cámara de Diputados y Senadores, a la Secretaría de Educación su intervención, como causa de interés público, a efecto de dar un adecuado seguimiento y supervisión de la programación en televisión con alto contenido de violencia, con el objeto de contribuir en la afirmación del respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares, y evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 5 de octubre de 1999
Ing. Salvador Arellano Guzmán
Diputado local, H. Congreso del estado
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Jalisco, me permito comunicar a usted(s), que, en sesión de fecha 28 de septiembre del presente año, la Quincuagésima Quinta Legislatura del estado libre y soberano de Jalisco, aprobó la forma de como quedó integrada la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de octubre del presente año, quedando de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Alonso Ullóa Vélez
Vicepresidente: Dip. Carlos Enrique Urrea García
Vicepresidente: Dip. Salvador Cocío Gaona
Secretario: Dip. María del Rocío García Gaytán
Secretario: Dip. Heriberto Santana Rubio
Prosecretario: Dip. José Iñiguez Cervantes
Prosecretario: Dip. Salvador Arellano Guzmán
Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales procedentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 29 de septiembre de 1999
Lic. María Carmela Chávez Galindo
Oficial Mayor
DOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
Santiago de Querétaro, Qro., 26 de septiembre de 1999.
En forma atenta hacemos de su conocimiento que la Honorable Comisión Permanente de la Quincuagésima Segunda Legislatura del estado de Querétaro Arteaga, en su sesión celebrada el día de hoy 26 de septiembre, clausuró los trabajos del periodo correspondiente de agosto a la fecha, del segundo año de ejercicio constitucional.
Sin más por el momento, le reiteramos nuestro respeto institucional.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ernesto Luque Feregrino
Diputado Presidente
Lic. Leobardo Gallegos Martínez
Primer diputado secretario
Lae. María del Carmen Quintanar Jurado
Segunda diputada secretaria
C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
Santiago de Querétaro, Qro.,
27 de septiembre de 1999.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le comunica que la Quincuagésima Segunda Legislatura, en junta preparatoria celebrada el día 26 de septiembre, eligió la Mesa Directiva que fungirá del 27 al 30 de septiembre y mes de octubre de 1999. Asimismo, y conforme a lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Constitución Política local, en sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre, inauguró los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Martín Rubén Galicia Medina
Diputado Presidente
Lic. Jesús Martínez Gómez
Diputado Presidente
Lic. Estéban Luján Vega
Primer diputado secretario
Lic. José Alfredo Botello Montes
Segundo diputado secretario
DOS DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
Palacio Legislativo, México, DF, 20 de octubre de 1999.
Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer año del ejercicio de la LVII Legislatura
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Adjunto al presente, oficio de fecha 20 de octubre de 1999, firmado por el diputado Marco Antonio Adame Castillo, subcoordinador de Enlace con la Junta de Coordinación Política del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, donde solicita los siguientes cambios en comisiones:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico
Palacio Legislativo, México, DF, 20 de octubre de 1999.
Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer año del ejercicio de la LVII Legislatura
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Adjunto al presente, oficio de fecha 20 de octubre de 1999, firmado por el diputado Marco Antonio Adame Castillo, subcoordinador de Enlace con la Junta de Coordinación Política del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, donde solicita los siguientes cambios en comisiones:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico
DEL DIPUTADO FRANCISCO JOSE PAOLI BOLIO, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, QUE PRESENTA OFICIO MEDIANTE EL CUAL ESTA SOBERANIA INFORMA AL TESORERO DE LA FEDERACION SOBRE EL ACUERDO TOMADO EN LA SESION DEL PLENO DEL 7 DE OCTUBRE DE 1999, PARA APOYAR A LAS POBLACIONES AFECTADAS EN DISTINTOS ESTADOS DE LA REPUBLICA POR LOS RECIENTES FENOMENOS METEOROLOGICOS
México, DF, a 15 de octubre de 1999
Dr. Jonathan Davis Arzac
Tesorero de la Federación
PRESENTE
Por acuerdo del pleno de esta soberanía, en la sesión celebrada al 7 de octubre de 1999, se aprobó transferir recursos presupuestales originalmente asignados al Programa para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en el Saneamiento de las Instituciones Financieras de México 1995-1998, por 11 millones, para apoyar a la población damnificada de los estados afectados por fenómenos meteorológicos; solicitándole tenga a bien disponer lo necesario para que dichos recursos se incorporen al Programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
CP Raúl Sánchez Angeles
Tesorero general
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA
Palacio Legislativo, México, DF, 20 de octubre de 1999.
Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidente de la Mesa Directiva
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer año del ejercicio de la LVII Legislatura
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Adjunto al presente, oficio de fecha 12 de octubre de 1999, firmado por diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, donde hace del conocimiento que su grupo parlamentario ha determinado que el diputado Armando López Romero se incorpore en la Secretaría de la Comisión de Ciencia y Tecnología; por lo anterior, me permito informarle que en reunión de la Junta de Coordinación Política, celebrada el día de hoy, se acordó que se ponga a consideración del Pleno dicha integración.
Lo anterior, para que sea agendado en la Sesión Plenaria correspondiente.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico
H. Pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, los suscritos diputados federales, en ejercicio de la facultad constitucional que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta Soberanía una iniciativa de ley que propone solucionar el fenómeno que ha generado la práctica y ejercicio desmedido de la libertad de asociación que al ejercerse mediante una libertad de reunión y manifestación, al aire libre, en sitios y vías públicas, plazas y, en general, en inmuebles destinados al servicio público, en algunos casos, cada vez más frecuentes, se ha convertido en un libertinaje que ocasiona en zonas conurbadas que aglutinan a más de un millón de habitantes problemas de salubridad, seguridad pública y lo más grave, de carácter ecológico elevándose ostensiblemente los índices de contaminación y generando caos viales e impide a terceros, titulares de garantías individuales, ejercitar otra garantía individual de igual rango: la libertad de tránsito.
En efecto, sería ocioso destacar la infinidad de situaciones anómalas que a diario se presentan en las grandes urbes de nuestro país y particularmente en la Ciudad de México cuando, con motivos justificados o no, grupos de ciudadanos inconformes invaden sin aviso previo la vía pública y trastocan la libertad de tránsito de quienes tripulan o conducen vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, patrullas etc.) y de igual forma impiden el traslado terrestre de mercancías perecederas con el desperdicio de horas hombre e incremento en los índices de contaminación.
En materia de bloqueos y marchas, organizaciones no gubernamentales, dependencias vigilantes de la contaminación y cuidadosas de la ecología, editorialistas y ciudadanos en general coinciden en que la manifestaciones en la vía pública que de manera espontánea y sin previo aviso se dan, utilizando las vías de rápida circulación de la Ciudad de México, impiden la circulación de vehículos y "contribuyen a una peligrosa alza de la contaminación y desquician la frágil vida de la urbe, tanto en el Distrito Federal como en la zona conurbada del estado de México)".1
Por lo anterior, a efecto de encontrar las herramientas de carácter jurídico y experiencias que a través del DERECHO COMPARADO se dan en los países de mayor tradición democrática en el mundo, la Iniciativa de Ley en cuestión se soporta en los siguientes:
Considerandos
PRIMERO.- Las Constituciones Políticas de los países latinoamericanos, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, garantizan y reconocen expresamente a sus ciudadanos el derecho de reunirse y asociarse para fines lícitos pero de las anteriores naciones, la Constitución de Colombia en el artículo 37 expresa los casos en que se podrá limitar el ejercicio de este derecho y establece el requisito de permiso previo y aunque las reuniones en recintos privados en ningún país latinoamericano exige permiso previo, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú y Uruguay limitan mediante las disposiciones constitucionales o reglamentarias el ejercicio del derecho de manifestación al permiso previo, anuncio anticipado a la autoridad e inclusive ésta se encuentra en posibilidad de negar el permiso solicitado cuando por motivos probados de seguridad, sanidad pública ó incumplimiento en cuanto a los lugares públicos en los que se llevaran a cabo las manifestaciones en cuestión.
SEGUNDO.- En cuanto a los países europeos, encontramos que en Alemania el artículo 8 de su Constitución restringe el derecho que tienen todos los alemanes a reunirse pacíficamente y sin armas y sin necesidad de notificación ni autorización a cuando el derecho de manifestación se refiere a las reuniones al aire libre y asimismo, en Italia las reuniones en lugares públicos, según el artículo 17 de su Constitución, los ciudadanos italianos que pretendan hacerlo deben cursar prenotificación a las autoridades quienes podrán prohibirlas por motivos justificados de seguridad o de salubridad pública.
En contraste a lo anterior y de manera sorprendente, cabe destacar que en países de larga tradición democrática, no existe un reconocimiento claro y rotundo del derecho de reunión en lugares públicos como es el caso de Inglaterra en donde el Chief Justice Herwart resolvió en 1936 en el litigio Duncan vs Jones que "el derecho inglés no reconoce ningún derecho especial de reunión pública para fines políticos o de otro tipo"2. De esa tesitura juristas ingleses en diversos Tratados de Derecho Constitucional y obras de Derecho Civil como son Wade, Bradley, Street y Sherr3, llegan a la conclusión de que los ingleses no tienen derecho a celebrar una reunión pública en ninguna parte y que tampoco les está reconocido el derecho a manifestarse. Sin embargo ante los problemas de reconocimiento de esta garantía individual, se alza la realidad y la costumbre de que con frecuencia y sin trabas en Inglaterra se celebran reuniones y manifestaciones en defensa de los más diversos asuntos y que si bien en principio lo anterior carece de sustento legal, la policía, los jueces y los fiscales tienen en sus manos la permisibilidad o no de las protestas y si bien las manifestaciones tienen una fuerte tolerancia, en otros casos, se impide o reprime la manifestación de ciudadanos ingleses en las vía pública cuando se altera la libertad de tránsito o se dañan intereses de terceros, monumentos o edificios públicos.
En Francia, juristas como Tercinet , Demichel y Piquemal4, concluyen que en el Derecho Francés no existe un reconocimiento constitucional que tutele el derecho a la manifestación, si bien esto no ha impedido que esta práctica como es sabido, en 1968 llegó a su clímax puesto que el desarrollo de una sociedad democrática conlleva la práctica imprescindible del derecho de libre expresión y manifestación pública de las ideas con la sola limitante de las garantías que los terceros puedan oponer. Si bien es cierto que países como Grecia, donde se garantiza exclusivamente a los helenos el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, Portugal, Austria, independiente desde el 21 de diciembre de 1867, Dinamarca, Finlandia (artículo 10 constitucional), Holanda (artículo 9), Irlanda (40.6.1), Islandia (artículo 74), Liechenstein (artículo 41), Luxemburgo (artículo 25), Mónaco (artículo 29), Suecia (artículo 1 del cap. 2), Turquía (artículo 28), países que de manera unánime consagran en forma declarativa y como garantía individual exclusiva de sus ciudadanos, la libertad de manifestación en la vía pública pero también establecen que cuando se entre en conflicto con otros derechos de los ciudadanos, el Estado se reserva la potestad de limitar, permitir o no y hasta prohibir el derecho de manifestación e imponiendo limitantes muy estrictos como el régimen israelita para aquellos actos que tienen lugar al aire libre o en lugares de tránsito público, limitantes que se traducen en la necesidad de autorización previa por lo que del derecho comparado nace la disyuntiva de la autorización previa para la manifestación y los países que han optado por esta limitación, España entre otros, en nuestra opinión, más que limitar el derecho de manifestación, este se garantiza puesto que la citada libertad no debe convertirse en libertinaje.
La inconformidad de los pocos, con o sin razón, no debe prevalecer sobre el bien común de la mayoría; las protestas en la vía pública por las injusticias que evidentemente y en muchos de los casos las autoridades denunciadas cometen, no puede surtir un efecto distinto que dañe la libertad de tránsito del inocente; el bloqueo de la vía pública con o sin justificación, no puede poner en peligro la vida o la integridad física del ciudadano que trasladan de emergencia en ambulancias o del transeúnte que ajeno a la manifestación, se ve lesionado por quienes al amparo del anonimato o la difícil identificación por el tumulto, pone en peligro la vida de ciudadanos que también deben gozar de todas y cada una de sus garantías individuales y el estado está obligado a garantizar todas y cada una de ellas, particularmente las de tránsito y seguridad jurídica.
En tales condiciones, urge una solución que resuelva el descontrol que las manifestaciones sin aviso, causan, particularmente en la Ciudad de México donde se ocasionan daños irreversibles a la salud de los ciudadanos con los elevados índices de contaminación que agreden y en algunos casos producen la muerte de niños y ancianos. Por otro lado el caos vial que se ocasiona produce efectos incuantificables, pérdidas de recursos humanos y de otra índole que países como Francia, Italia, España, Alemania e Inglaterra han sabido resolver y que en Centro América países ya señalados así como Israel y Turquía, por señalar algunos, han introducido como solución el permiso previo como fórmula para que el Estado garantice el derecho de reunión y manifestación al aire libre y en la vía pública a efecto de que la autoridad administrativa estatal establezca la fecha, los lugares y su duración y a la vez proporcione a los manifestantes las medidas de seguridad pública para cuidar la integridad corporal de los inconformes y los ajenos señalándose lugares públicos adecuados que pudieren ser el asiento preciso de la autoridad de cualquier rango a quien va dirigida su protesta quien será responsable de escucharlos, proporcionar las medidas de sanidad y salubridad necesarias para salvaguardar las necesidades fisiológicas de los manifestantes y además procurará poner a su disposición los instrumentos y bienes necesarios para que en un diálogo de respeto entre inconformes y autoridad se den las condiciones de una protesta respetuosa y documentada en la que conste la forma y los acuerdos, en su caso, a que ambas partes llegaren a suscribir, a efecto de encontrar una válvula segura de escape en que ciudadanos y autoridades encuentren formas democráticas y respetuosas de los derechos de terceros y así solucionar sus diferencias.
Más allá del Derecho comparado, conviene citar a guisa de ejemplos lo sucedido en la ciudad de New York el 25 de marzo de 1999, a una actriz de renombre quien fue detenida durante una nueva manifestación de protesta por la muerte de un inmigrante originario de Nueva Guinea, quien fue abatido a tiros por miembros de la policía de New York. Aun y cuando dicha manifestación se realizaba en una plaza pública frente al cuartel general de la policía, ella Susan Sarandon y más de seiscientas personas han sido detenidas por haberse negado a desocupar la plaza pública5. Aquí mismo en nuestra ciudad de México, Adolfo Aguilar Zinzer en su columna Análisis6 publicita su artículo denominado El plantón y la provocación, de cuyo texto transcribimos el primer párrafo que es letra:
TERCERO.- En consecuencia, la iniciativa de ley que hoy se propone, creemos, mejora y garantiza al ciudadano mexicano, el derecho de reunión y manifestación quien tendrá como obligación de anunciar por escrito a la autoridad administrativa de la ciudad en donde se realice su protesta, las características de la misma obligándose la dependencia administrativa a resolver la petición en un plazo no menor de cuarenta y ocho horas y no mayor de tres días hábiles, autorización que de proveerse de conformidad deberá contener el trayecto cuidando que este no incida en los "29 puntos conflictivos que particularmente se señalan en el Plan de Vialidad para la Ciudad de México"(7) y que cada ciudad de más de un millón de habitantes deberá establecer en su oportunidad; resolución de la autoridad administrativa que también deberá ocuparse de la protección de la fuerza pública para los manifestantes y los terceros; procurando que estos sean recibidos por la autoridad del ramo competente que motive la manifestación.
La redacción del párrafo que garantice el derecho de reunión y manifestación establece también que cuando el permiso solicitado lo niegue la autoridad competente, el ciudadano mexicano u organización civil solicitante tendrá expedita la vía del juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito con jurisdicción en el domicilio de la autoridad administrativa que haya resuelto la negativa, para que si la autoridad jurisdiccional estima violatoria de garantías la resolución de negativa o carente de motivación y fundamento concederá el amparo a efecto de que se lleve a cabo el ejercicio de reunión y manifestación al aire libre y en bienes del dominio público.
Por último, debe señalarse que el permiso previo garantiza que el ciudadano conocerá con antelación la fecha y el lugar de la manifestación y así la autoridad controladora de tránsito estará en la posibilidad de informar con anticipación los puntos viables afectados y las alternativas para que el conductor de vehículos utilice vías alternas y se atemperen los problemas de vialidad que regularmente ocasionan las manifestaciones.
Que quede claro, la postura de quien suscribe la presente iniciativa de ley, no guarda la intención de restringir las garantías individuales y menos de aquélla, que los juristas la definen como el más elemental de los derechos en el ámbito político, que lo es el derecho de reunión y manifestación y lo califican junto con el derecho al voto, como el básico de participación política y el único que, tratándose de un derecho individual, precisa de su ejercicio en forma conjunta por los ciudadanos. La sana intención consiste en garantizar el derecho a la manifestación y en respetar el derecho al libre tránsito de la mayoría. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente de quienes vivimos en la Ciudad de México que nos merecemos menos contaminación, mejores y más ágiles vías de comunicación para ser más eficientes en nuestras responsabilidades y dedicar más tiempo a nuestra familia; se pretende mejorar la salud de los indefensos, niños y ancianos quien a diario se perjudican con elevados índices de contaminación y polución ambiental destacándose por último cifras oficiales publicitarias hasta la saciedad en los medios informativos en cuanto que un vehículo con motor encendido e inmóvil ocasiona 50 veces más contaminación que el mismo vehículo en circulación normal.
Por lo anterior se formula la siguiente:
Iniciativa de Ley que adiciona el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con un tercer párrafo que garantice y establezca la forma de ejercitar:
La libertad de reunión y manifestación en lugares del dominio público y así también garantizar la libertad de transito y seguridad jurídica de terceros.
Artículo 9. ...
...
...
El Estado garantiza el derecho de reunión y manifestación cuando éste se ejercite por ciudadanos mexicanos u organizaciones constituidas conforme a la ley, siempre y cuando se solicite por escrito a la autoridad administrativa quien podrá conceder el permiso, y contra la negativa procede la impugnación por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.
Por todo lo antes expuesto solicitamos a la Presidencia tenernos por presentada la iniciativa en cuestión.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
Notas:
1 Diario El Norte, columna de Humberto Mussacchio, 2 de febrero de 1999.
2 El Derecho de Reunión y Manifestación.- Torres Muro Ignacio, Edit. Civitas SA. Universidad Complutense, año 199l; Pág. 56.
3 Op. Cit; pág. 56.
4 op. Cit; pág. 57.
5 Diario El Norte, sección E, primera plana, 26 de marzo de 1999.
6 Diario El Norte, sección A, pág. 24, 26 de marzo de 1999.
7 Diario Reforma, sección Ciudad, primera plana, 22 de marzo de 1999.
Héctor Mayer Soto, PRI (rúbrica)
Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, PRD (rúbrica)
Wintilo Vega Murillo, PRI (rúbrica)
José Manrique Villarreal, PRI (rúbrica)
Omar Bazán, PRI (rúbrica)
Rogelio Chabolla García, Independiente (rúbrica)
Jorge Esparza Carlo, PAN (rúbrica)
Roberto Pérez de Alva Blanco, PRI (rúbrica)
Carlos Camacho Alcázar, PAN (rúbrica)
DE REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA, A CARGO DEL C. DIP. ADALBERTO BALDERRAMA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
Los que suscribimos, diputados federales de la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la fracción II, del artículo 55 y del artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General, sometemos, a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa de Adiciones y Reformas a la Ley Aduanera, con el propósito de que se establezcan las condiciones para la importación por personas físicas de vehículos automotores usados, destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país, y en los estados de Baja California, Baja California Sur, la región parcial del estado de Sonora y municipio fronterizo de Cananea, estado de Sonora.
La presente iniciativa de ley, se presenta con arreglos, en la siguiente:
Exposición de Motivos
Gran parte de la complejidad de las relaciones entre México y Estados Unidos se deriva del hecho de que los gobiernos manejan una óptica parcial de los aspectos que componen esta relación, las decisiones más relevantes se toman desde el Centro y, en muchas ocasiones no se consideran las condiciones económicas que imperan en las respectivas franjas fronterizas, que son por su misma naturaleza, especiales. Como estas relaciones generales son también más dinámicas, es frecuente que los gobiernos reaccionen ante los problemas, en lugar de anticiparlos.
Para orientar esta aseveración, hay que recordar que somos vecinos de la primera economía a nivel mundial, las diferencias de historia, religión, raza e idioma son evidentes, por lo que resulta necesario, evitar en la medida de lo posible que esta asimetría perjudique a las familias que habitan en esta zona al encontrarse en franca desventaja con los ciudadanos "del otro lado", sino por el contrario, dotarlos de los elementos necesarios para que puedan aprovechar al máximo está cercanía, haciendo uso en lo posible, de los beneficios que pueden significar esta vecindad.
Paralelamente a esta situación, en la frontera los mexicanos y los estadounidenses han aprendido a vivir lado a lado, perciben los intereses locales como algo compatible en muchos sentidos y resienten abiertamente la interferencia de la Ciudad de México o la de Washington en su interdependencia natural. De igual manera los empresarios, banqueros, campesinos, perforadoras de petróleo, agentes de turismo, artistas e intelectuales, y sobre todo el ciudadano común de ambos países tienen, rutinariamente tratos unos con otros.
Uno de los problemas derivado de lo anteriormente expuesto, y que los habitantes de nuestro frontera norte han externado cada vez con mayor fuerza, es el de la limitación que implica el no poder como particulares, importar un vehículo automotor usado, destinado a permanecer de manera definitiva en la franja fronteriza norte del país.
Veamos un poco hacia atrás y, recordemos que con los cambios que se dieron en las disposiciones normativas emanadas del Poder Ejecutivo, hace prácticamente una década, se suprimió (sin clarificar cuales fueron las causas para esta supresión) el derecho de las personas físicas para poder importar directamente los vehículos usados y, desde entonces a la fecha, se han dado una serie de cambios en las condiciones económicas políticas y sociales, que deben ser revisadas por lo que representan para esta zona, cuyas características de producción son sumamente importantes por su contribución a los ingresos nacionales
Con el objeto de restituirles el Derecho a los particulares, se pretende con esta iniciativa, diseñar un cuerpo de acciones a ejecutar inmediatamente, tendiente a que los procedimientos para la importación de referencia, que son vistos como complicados, lentos, con existencia de normativa dispersa y distantes de los legalmente establecidos, se conviertan en procesos claros y objetivos, y permitan de esta manera lograr una congruencia con la globalización del Comercio Internacional, y se constituyan en un acicate para lograr mayor eficiencia y competitividad y finalmente como un elemento activo en la ejecución y control de la Política Comercial de Desarrollo Nacional, acorde con la nueva realidad del país.
Para lograr una mayor precisión, revisemos algunas situaciones que se dan bajo el esquema actual:
2. Se provoca una visible elevación de los precios en la venta, dañando la economía local y familiar, y causando inflación en el mercado especializado.
3. La Federación deja de percibir una buena cantidad de recursos, toda vez que se reconoce que la situación actual se ve influida negativamente por actos de corrupción.
4. El ambiente sufre de mayores niveles de contaminación, a raíz de que muchos de los vehículos que circulan en esta franja, no están equipados con la tecnología de punta para evitar contaminantes.
Por lo expuesto, se somete a esta H. Representación nacional la presente Iniciativa de Decreto por el cual se adiciona y reforma la Ley Aduanera.
Artículo Unico.- Se reforman el primer párrafo del artículo 62, y el primer párrafo del artículo 137; y se adicionan los artículos 137 bis l; 137 bis 2; 137 bis 3; 137 bis 4; 137 bis 5; 137 bis 6; 137 bis 7; 137 bis 8, y 137 bis 9 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 62.- Tratándose de importación de vehículos, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 137 bis 1 al 137 bis 9, la Secretaría podrá:
...
Artículo 137.- Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes, la Secretaría de Comercio Industrial...
Artículo 137 bis 1.- Las personas físicas que acrediten su residencia en la Franja Fronteriza Norte, así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, estado de Sonora, podrán efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares .
Artículo 137 bis 2.- Para efecto del artículo anterior y de los siguientes, se entiende por:
II.- Franja Fronteriza Norte: la comprendida entre la Línea Divisoria Internacional con los Estados Unidos de América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México.
III.- Región Parcial del estado de Sonora: La comprendida entre los siguientes límites al norte, la línea divisoria internacional, desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros del Oeste de Sonoyta, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco, de allí siguiendo el cauce del ese Río, hacia el norte, hasta encontrar la línea divisoria internacional.
IV.- Año Modelo: El periodo comprendido entre el l de noviembre de un año, al 31 de octubre del año siguiente.
V.- Automóvil: El vehículo destinado al transporte hasta de diez personas, incluyéndose a las vagonetas y a las camionetas denominadas "VAN", que tengan instalado convertidor catalítico de fábrica.
VI.- Vehículo comercial: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con peso bruto vehicular de más de 2,727, pero no mayor de 7,272 kilogramos.
VII.- Camión mediano: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con peso bruto vehicular de más de 2,272 kilogramos, pero no mayor de 8,864 kilogramos.
VIII.- Vehículo usado: Al vehículo de cinco o más años-modelos anteriores a la fecha en que se realice la importación.
Las fracciones arancelarias aplicables según la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, serán las que correspondan al valor de la compra-venta en dólares de los Estados Unidos de América, de los vehículos automotores usados.
Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la importación de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 137 bis 4.- Los vehículos que podrán importarse bajo el amparo de las disposiciones legales anteriores, son los siguientes:
Transitorios
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, octubre de 1999.
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION DE LA MEDALLA HONOR AL MERITO MILITAR SOLDADO DE LA PATRIA, QUE LES CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
PRESENTE
Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua a los ciudadanos:
Sargento lo. Asistente de Enfermería Federico Hernández López,Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sargento 2o. de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Edgar Efraín Plateros Banda
Sargento 2o. Almacenista Daniel Velasco Martínez
Sargento 2o. Cocinero Armando Cornejo Santos
Sargento 2o. Almacenista Herminio Rosas Isidoro
Sargento 2o. Asistente de Enfermería Juan Carlos Mesino Santiago
Sargento 1o. de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Matías Meza Espinosa
Sargento 2o. de Transmisiones Emidio Estudillo Ramírez
Sargento 2o. de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Francisco Alejandre Isidro
Sargento 1o. Asistente de Consultorio Dental
Sargento 1o. de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Anex Arturo Silva Muñoz
México, DF, a 19 de octubre de 1999.
Sen. Lucía Carrasco Xochipa
Secretaria
Sen. Alejandro García Acevedo
Secretario
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 1o. de Enfermería Federico Hernández López, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2o. de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Edgar Efraín Plateros Banda, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2o. Almacenista Daniel Velasco Martínez para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2o. Cocinero Armando Cornejo Santos, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2o. Almacenista Herminio Rosas Isidoro, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2o. Asistente de Enfermería Juan Carlos Mesino Santiago, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 1o. de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Matías Meza Espinosa, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2o. de Transmisiones Emidio Estudillo Ramírez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2o. de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Francisco Alejandre Isidro, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Artículo Décimo.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 1o. Asistente de Consultorio Dental Juan Manuel Ramos Martínez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua, y
Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 1o. de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de Aviación Anex Arturo Silva Muñoz, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 19 de octubre de 1999.
Sen. Cristóbal Arias Solís
Presidente
Sen. Lucía Carrasco Xochipa
Secretaria
Sen. Alejandro García Acevedo
Secretario
Proposición con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerde auditar el Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat), a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
El gobierno ha insistido en que el objetivo de su política económica es la elevación de los niveles de bienestar de la población, a través de la generación de un mayor número de empleos, cada vez mejor remunerados. Una somera revisión de ambos aspectos comprueba que esto no se ha realizado.
Según datos presentados en el V Informe Presidencial, entre 1995 y 1998 la economía debió generar 3.9 millones de empleos, 1.3 millones cada año. No obstante, el número de empleos estables, medido en el número de asegurados permanentes en el IMSS, aumentó, en dicho periodo, sólo 1.5 millones (500 mil empleos por año, menos de la mitad de los empleos demandados). Tan sólo en el primer semestre de 1999, se incorporaron al IMSS 193,547 asegurados permanentes, 15 por ciento de los empleos permanentes que se deben generar en este año.
Además de insuficientes, los empleos que se llegan a crear son mal remunerados. En 1998, 63 por ciento de la PEA ocupada gana 2 salarios mínimos o menos, pago insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.
El empleo precario se ha vuelto un rasgo dominante de nuestro mercado laboral: 57 por ciento de los trabajadores asalariados no tienen acceso a la seguridad social; 43 por ciento laboran en establecimientos de 5 personas o menos; 23 por ciento presta sus servicios en jornadas mayores a la establecida legalmente; y 48.5 por ciento no reciben prestaciones.
Pero el deterioro de la calidad y la insuficiencia de fuentes de empleo parece no preocuparle al gobierno. Recientemente, el Secretario de Trabajo y Previsión Social, en clara omisión a su deber en la administración pública, y en directa falta a la letra del artículo 25 de nuestra Carta Magna, declaró que sólo corresponde a las fuerzas del mercado el ofrecer los empleos que requiere la población.
Aunque no se ha enterado el señor secretario, el gobierno sí lleva a cabo alguna política de fomento al empleo mediante el Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento que tiene como objetivo promover e impulsar la orientación, capacitación y colocación de los solicitantes de empleo, así como apoyar a las empresas para la cobertura de sus vacantes. Este Servicio funciona descentralizadamente: el Gobierno Federal norma y transfiere recursos a los gobiernos estatales, los que operan los Servicios Estatales de Empleo.
El Servicio realiza ferias de empleo, talleres para desempleados y otorga becas a través de los Programas de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat) y de Calidad Integral y Modernización (CIMO). Los recursos provienen del gobierno federal, los gobiernos estatales y el sector privado, sustentados en créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Probecat proporciona instrucción de corto plazo a desempleados. Los Servicios Estatales de Empleo reclutan y seleccionan a los becarios, a partir de una detección de necesidades de capacitación por entidad federativo o región. CIMO, proporciona orientación, asistencia técnica y apoyo financiero complementario para la capacitación y mejora integral de las micro, pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores. CIMO opera a través de Unidades Promotoras de Capacitación, en las que participan sectores público y privado.
Sin embargo, la operación y cobertura del fomento del empleo y la capacitación distan de estar a la altura de los retos actuales. En vez de ser una piedra angular del desarrollo, la capacitación se reduce a programas compensatorios a los que se destinan los residuos de una distribución del gasto en la que las prioridades son los programas de saneamiento financiero.
En 1998, Probecat otorgó 506,660 becas, 10 por ciento menos que en 1997 y que llega sólo a, 39 por ciento de los desempleados abiertos reconocidos por el gobierno. La cobertura de CIMO también es marginal: en 1998 capacitó a 613,664 trabajadores de 307,237 micro, pequeñas y, medianas. Esto significa que el programa llegó menos del 2 por ciento de la. población ocupada a nivel nacional.
La negligencia del gobierno en este aspecto da la espalda a la cambiante realidad de los mercados de trabajo actuales, en los que la mayor demanda de destrezas determinada por el cambio tecnológico y por la competencia a escala mundial ha excluido o relegado a una gran masa de trabajadores. En los países industrializados, este proceso se manifiesta en muy altas tasas de desempleo, merma de los salarios y proliferación de los trabajos eventuales y a tiempo parcial. En los países en desarrollo, la inexistencia de puestos de trabajo en el sector estructurado de la economía, así como de calificaciones en el caso de gran parte de la población activa, han traído consigo el auge de un gran sector informal, de empleos mal remunerados, con condiciones de trabajo ajenas a lo que marcan nuestras leyes.
La globalización de la economía prioriza el papel primordial de las nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo, los procesos de subcontratación a escala internacional y la formación de recursos humanos. En el nuevo patrón laboral decrece la necesidad de la mano de obra poco calificada; se usa intensivamente el conocimiento aplicado, el empleo multicalificado e interdisciplinario.
Los trabajadores necesitan niveles más altos de calificación. Las calificaciones son cada vez más decisivas para determinar la empleabilidad de un individuo y la competitividad de un país. De ahí la importancia de una política de formación que atienda tanto una demanda mayor de trabajadores calificados como las necesidades de los perjudicados por la evolución del mercado de trabajo.
Las empresas latinoamericanas, y las mexicanas en particular, todavía están a la zaga del resto del mundo en la inversión en materia de capacitación. Algunas investigaciones calculan que sólo el 2 por ciento de su presupuesto se destina a la capacitación y el desarrollo1. Y éstas son las firmas de alta tecnología las que destinan más fondos a la capacitación y el desarrollo de su personal, pero las que absorben menos fuerza de trabajo. Muchas compañías que tratan de mejorar la capacitación invierten en el desarrollo de conocimientos básicos dada la debilidad de nuestro sistema educativo.
A la simulación se agrega ahora un caso escandaloso de corrupción, dado a conocer en días pasados. A finales de septiembre, se supo que funcionarios del Programa Estatal de Empleo de Jalisco, dependiente de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social de la entidad, otorgaron más de mil becas de capacitación a personas ficticias o ya fallecidas. El presunto fraude, de dos millones de pesos, fue confirmado en declaraciones a la prensa vertidas por el gobernador constitucional del estado. Al momento, el titular del Servicio Estatal de Empleo está prófugo.
Ante los hechos, el Congreso del estado aprobó el siguiente Acuerdo Económico, propuesto por el diputado Francisco Ruiz Guerrero:
Que "se solicite al ciudadano ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, gobernador constitucional del estado, al ciudadano licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Secretario General de Gobierno y al ciudadano licenciado Francisco Hanón Quijas, Director General del Trabajo y Previsión Social, para que informen (...) respecto al caso de los becarios registrados para el Programa de Becas de Capacitación, la forma y términos en que se desarrollaron los 609 cursos de capacitación que señalan las autoridades haber efectuado, quiénes formaron el padrón de sus más de 12 mil becarios, cuáles fueron los criterios seguidos para el otorgamiento de esas becas, los contenidos de los contratos celebrados con empresas al respecto de los cursos de capacitación, los montos financieros ejercidos en este programa, cuál fue la función que desempeñaron autoridades de los ayuntamientos de Zapotlán el Grande y Zapopan en el desarrollo y autorización de este Programa de Becas, y en qué circunstancia se realizaron los cursos de capacitación presuntamente ejecutados por el DIF municipal de Ciudad Guzmán".
Posteriormente, el diputado Antonio Gloria Morales propuso el Acuerdo Económico de girar "un atento oficio a los diputados federales" para que soliciten la realización de una auditoría a las oficinas federales de Probecat". En cumplimiento de ese acuerdo, la lic. María Carmela Chávez Galindo, Oficial Mayor del H. Congreso del estado de Jalisco, se ha dirigido en carta a cada uno de los diputados federales de la entidad con objeto de que soliciten la realización de una auditoría al Probecat.
Aunque debemos tener presente que a dichas "oficinas federales", sólo corresponde la asignación de recursos:, la operación puntual, concreta del programa corresponde a cada entidad.
En todo caso, lo que se requeriría es auditar, en cada entidad federativa, el ejercicio de dichos recursos.
Hechos como lo acontecido en Jalisco, han sacado a relucir lo peor de una cultura política asentada en la componenda y la corrupción, en la que los recursos públicos se usan para fines distintos a los que van dirigidos.
El incidente, grave por su naturaleza, pone en tela de juicio la honradez de los funcionarios públicos de la entidad y constata lo que diversas voces en distintos lugares han señalado: el desvío de recursos federales para fines políticos o enriquecimiento personal. Frente a un hecho de esta magnitud debe aplicarse el rigor de la ley.
Sin embargo, también le da la pauta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para evaluar y fiscalizar con detalle a uno de los programas más susceptibles de ser usados en beneficio de funcionarios corruptos o de ser desviados para fines políticos.
Por lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 3, fracción V, 10, fracción III, y demás relativos de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda auditar, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, los recursos federales ejercidos, de 1995 a 1998, por el Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat) a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En dicha auditoría deberá realizarse un examen detallado de los montos ejercidos por entidad, los criterios seguidos para la asignación de becas, el padrón de beneficiarios, los contenidos de los cursos de capacitación, así como comprobar si los gastos autorizados durante el período referido se aplicaron eficientemente al logro de los objetivos y metas del programa, con el objeto de detectar probables desvíos de recursos para fines distintos a lo acordado por esta Soberanía.
Dip. Gilberto Parra Rodríguez
1 Latin Trade, septiembre de 1998.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA INCREMENTAR LAS PENSIONES MINIMAS DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS, A CARGO DE LA C. DIP. MARIA DEL SOCORRO AUBRY OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de octubre de 1999
El derecho a una pensión digna
Uno de los principales logros de la clase trabajadora ha sido el Derecho a la Seguridad Social, que hace posible a los trabajadores y sus familias garantizar su salud, un servicio médico, así como el disfrute de una pensión al final de su vida productiva o bien para cuando se presente una eventualidad que lo imposibilite para el trabajo.
En un principio el Derecho a la Seguridad Social era exclusivo de los trabajadores. La lucha de éstos y la solidaridad de la sociedad hizo posible sus beneficios a la familia en su conjunto. Más aún, hoy en día tenemos un concepto más amplio de seguridad social que abarca no sólo a los trabajadores y sus familias, sino también a los no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Pero así como este derecho ha tenido importantes avances, los retrocesos en la materia han sido notables y altamente perjudiciales para la clase trabajadora, como ejemplos de ello tenemos el establecimiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en 1992 y la reforma de 1995 que vino a romper con los principios que sustentaron el modelo público y solidario, al incorporar en la ley un sistema de pensiones de capitalización individual, con beneficios inciertos, que modificaron sustantivamente el régimen financiero de los seguros de invalidez, vejez cesantía en edad avanzada y muerte.
Muchos fueron los beneficios que pronosticaron los promotores de la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995: fortaleza financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social; mejoría en la calidad de los servicios médicos que presta; incremento en el número de beneficiarios del servicio y, sobre todo, la garantía de una vejez digna para los futuros pensionados y jubilados, siendo éste el derecho más anhelado por la clase trabajadora pues de él dependerá su supervivencia futura y la de su familia. Lamentablemente, los resultados de este nuevo régimen de pensiones no podrán verificarse antes de dos décadas.
Por lo que respecta a las pensiones, la reforma de 1995, modificó la base para el cálculo de las mismas, el régimen financiero y los criterios para incrementar su monto, aumentando el tiempo de espera para tener derecho al disfrute de una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez, de 500 a 1250 semanas de cotización. Esta reforma dejó sin resolver la situación que viven un millón 784 mil jubilados y pensionados, de los cuales noventa por ciento perciben un salario mínimo general en el Distrito Federal. Uno de los beneficios del régimen de pensiones, consistente en el incremento del monto de las mismas conforme al índice nacional de precios al consumidor, no le fue aplicado a este sector que se acogió al régimen anterior de pensiones. Sus pensiones continúan atadas a los incrementos al salario mínimo. La reforma se olvidó por completo de este grupo de la sociedad que contribuyó con su trabajo al desarrollo del país y los convirtió en el pasivo de la transición de un régimen de pensiones a otro. Para este sector, el Derecho a la Seguridad Social ha dejado de ser una garantía de seguridad y justicia social, pues no le garantiza ni su supervivencia.
Para tener una idea más precisa de la situación en que se encuentran este sector de jubilados y pensionados del IMSS, recordemos las cifras relativas a la caída del salario mínimo, de acuerdo a datos oficiales. Entre 1977 y agosto del presente año, esta remuneración perdió el 72.5 por ciento de su poder adquisitivo. Tan sólo en lo que va del presente régimen, esta caída ha sido del 23.0 por ciento. El salario mínimo tendría que incrementarse 264.3 por ciento para recuperar el poder de compra que tenía en 1977 y 29.9 por ciento para volver al estado que tenía a inicios del presente régimen.
La pérdida es mayor si comparamos al mínimo con la canasta básica, pues sus bienes han aumentado más que la inflación. En 1994, con 1.6 salarios mínimos un trabajador podía obtener la canasta básica. En agosto de 1999, necesitaba 2.3 salarios mínimos para adquirirla. Con la actual pensión no se puede adquirir ni siquiera la mitad de los alimentos básicos necesarios para subsistir.
Para empeorar la situación, la caída de la pensión mínima, ha sido mayor que la del salario mínimo. Respecto a 1995 registran un deterioro del 23.2 por ciento. Para recuperar cuatro años de pérdida tendrían que incrementarse 30.1 por ciento.
El 5 de noviembre de 1998 el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por conducto de una servidora, expuso en tribuna la dramática situación que hoy en día vive este grupo de jubilados y pensionados, misma que fue objeto de una iniciativa que propone la modificación al artículo 131 de la Ley del Seguro Social para establecer que la pensión de viudez será igual al 100 por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado en caso de invalidez o de la que hubiere disfrutado el pensionado. Asimismo se adiciona con 5 y tres párrafos respectivamente los artículos undécimo, y duodécimo transitorios, respectivamente, con la finalidad de resolver esta situación no abordada por la reforma de 1995.
Incrementar la remuneración de los jubilados y pensionados del IMSS a que nos referimos no sólo resulta un acto de elemental justicia, que por sí mismo no debería estar sujeto a discusión. Sin embargo, el Ejecutivo esgrime sistemáticamente la escasez de recursos para negarse a dar un paso que desde hace mucho debería haber tomado.
De acuerdo a cálculos de la Unidad de Finanzas Públicas de esta Cámara, el costo fiscal de incrementar a 1.5 salarios mínimos del Distrito Federal las pensiones el año entrante significaría 9,948.5 millones de pesos. Asimismo incrementar las pensiones a dos salarios mínimos del Distrito Federal para el 2001 tendría un costo de 20,020.5 millones de pesos.
Este monto, que favorecería a este importante sector de los trabajadores podrá parecer, para algunos, excesivo desde el punto de vista exclusivamente financiero. Pero déjenme decirles que equivalen, respectivamente, a 1.l por ciento y 2.3 por ciento de los pasivos del rescate bancario acumulados al mes de junio de 1999.
Un incremento de la pensión mínima a 1.3 salarios mínimos, que significaría la recuperación de su poder adquisitivo al monto real que tenían en 1995, significaría menos de un punto porcentual de lo que se va al hoyo negro de las finanzas públicas que es el rescate a los bancos.
Como legisladores tenemos la obligación ética y moral de velar por los intereses de nuestros representados y con mayor razón, si la problemática existente deriva de anteriores reformas a las legislaciones de la materia.
El grupo de jubilados y pensionados no beneficiados con el nuevo régimen de pensiones se ha manifestado públicamente en diversas ocasiones, solicitando nuestro apoyo. No debemos cerrar los ojos ante la situación que están viviendo y, qué mejor lugar que la Cámara de Diputados, donde se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para darle una salida a su problema, que les permita disfrutar de la pensión digna que todo trabajador merece.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración y aprobación del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, una vez que se le turne el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2000, considere en el dictamen del mismo una partida especial que cubra, previa reforma a la ley respectiva, el costo de un incremento al monto de las pensiones mínimas de los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social que se acogieron al anterior régimen de pensiones, con el objeto de que reciban dos salarios mínimos en el Distrito Federal, por ese concepto.
Diputada María del Socorro Aubry Orozco
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SITUACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
De conformidad con los artículos 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción III y IV, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer como asunto de urgente y obvia resolución, el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Cuando están a punto de cumplirse seis meses de huelga en la Máxima Casa de Estudios del país, con los consecuentes riesgos que eso implica, la actitud de las autoridades universitarias, inexplicablemente, sigue siendo dilatoria. En vez de designar una comisión con capacidad resolutoria, nombran una de sondeo, que apenas va a tratar de conocer las demandas de los estudiantes y sus propuestas acerca de las formas de satisfacerse. Es asombroso que los responsables de la conducción de la UNAM no conozcan lo que el país entero sabe: que existe un pliego petitorio de seis puntos y la demanda de diálogo público y abierto.
Sería inconcebible que la parte oficial estuviera retrasando deliberadamente la solución a un conflicto tan riesgoso y costoso para el país. No habría argumentos que pudieran justificar tal actitud.
La comunidad universitaria nacional ha manifestado su deseo de que la Casa de Estudios resuelva por medios políticos este conflicto. Nada más dañino que una salida violenta, no sólo porque significaría reprimir al sector más generoso de la población que son los jóvenes, sino porque produciría heridas que sería sumamente difícil restañar.
Con gran preocupación, hemos observado un retroceso en materia de información. Algunos medios masivos desplegaron desde el principio de la huelga una campaña intensa de difamación contra los estudiantes. Esto puede echar por tierra los avances que se habían logrado en esta materia en las últimas décadas.
Una lluvia intensa de calificativos se desató contra los huelguistas: "pseudoestudiantes", "fósiles", "asaltantes", "vándalos", "ultras", "megaultras", "flojos", son algunos de ellos. Tajantemente se descalifica el movimiento estudiantil, pero nunca se ha debatido sobre el contenido de su pliego petitorio. En ninguna de las intervenciones de los funcionarios de la UNAM y de quienes agreden al estudiantado se ha debatido, por ejemplo, la vinculación de la UNAM con la empresa privada llamada CENEVAL.
En marzo del año en curso, en una extraña sesión realizada fuera de las instalaciones universitarias, el Consejo Universitario aprobó un Reglamento General de Pagos, que se disfrazó como "actualización". Ese fue el detonante de la movilización estudiantil y de la huelga más prolongada de la historia de la UNAM, pero la causa fundamental es la orientación económica neoliberal impuesta al presupuesto de egresos, aprobado por esta Cámara y que resultó insuficiente para las urgentes necesidades educativas del país.
Los muchachos en huelga sostienen su movimiento con gallardía y determinación, pero corren grave peligro de ser reprimidos. Voces provocadoras de algunos abogados y académicos, abiertamente presionan y amenazan al Procurador General de la República para que éste convierta a la ley y a la Institución que dirige, en el garrote que descargue los golpes sobre el movimiento estudiantil y se ponga en práctica la salida violenta y policiaca al conflicto.
Por ello, esta Cámara debe exhortar al rector de la UNAM doctor Francisco Barnés de Castro, a que, en lugar de privilegiar una falsa salida judicial al conflicto con su intensión manifiesta de ratificar denuncias y presentar nuevas querellas, asuma su responsabilidad académica, moral y política como Rector y, de inmediato, sin más dilación, negocie con el Consejo General de Huelga sobre la base del pliego petitorio y omita hacer llamados parciales a grupos o corrientes que pudieran existir en la representación estudiantil. No hay en dicho pliego, ninguna reclamación que no pueda ser satisfecha por los órganos establecidos en la Institución universitaria. Tampoco existe razón válida para postergar más lo que debe ser resuelto entre universitarios, por la vía del diálogo público, abierto y resolutivo, y por mecanismos concertados.
La UNAM nos pertenece a todos los mexicanos, pero no en el sentido de la propiedad privada, sino como centro de formación de las actuales y futuras generaciones. Sus fines son los mismos que los del pueblo de México y su proyecto educativo debe insertarse en la construcción de una patria libre, justa y soberana. Por ello, es inadmisible que la negligencia y la ineptitud de la burocracia la mantengan cerrada.
Si la verdad, la razón y la justicia terminan por imponerse, ¿por qué negarse a un diálogo serio, respetuoso y constructivo que lleve a la creación de la Universidad que en el Siglo XXI sea útil al pueblo de México? ¿Por qué eludir su carácter público si cada cual está seguro de sus concepciones y convicciones?.
Los denuestos contra los egresados de las escuelas públicas, entre ellas la UNAM, carecen de fundamento. No hay Institución en México que preste mejores y más valiosos servicios a la sociedad. Esa Casa de Cultura forma parte del patrimonio irrenunciable de la Nación. Habremos de defenderla con toda determinación.
La urgencia de la solución satisfactoria a las demandas de la huelga nos compete a todos los ciudadanos y, entre ellos, a los que conforman este Órgano Legislativo, que no debe seguir siendo simple espectador de lo que sucede. Su función pública le impone la obligación de buscar caminos de entendimiento político entre los actores del conflicto universitario. La inmovilidad y la indolencia generan el agravamiento del problema.
De imponerse la sinrazón de la violencia y la represión, todos saldremos perdiendo, nadie saldrá ganando. Es perverso dejar que el tiempo transcurra para que el asunto se termine por cansancio y, de esa forma, favorecer a quienes egresan de las instituciones privadas.
La educación es un derecho que el pueblo mexicano ha conquistado con enormes sacrificios, incluyendo la pérdida de vidas humanas como ocurrió en 1968. No permitamos que esta inercia continúe y que se imponga la salida represiva. Es responsabilidad de todos encontrar vías de solución que fortalezcan a la UNAM y, con ello, al país entero.
En esta, la más Alta Tribuna de la Nación, llamamos a todos los mexicanos y mexicanas con valores y principios, para que construyamos un valladar contra la represión, la intolerancia y la soberbia de los intereses creados.
Nuestros jóvenes no son delincuentes por luchar por uno de los Derechos Humanos como lo es el de la educación. Sólo la cultura libera al ser humano de ataduras y dogmas. Unámonos para que sin retraso se resuelva ya el conflicto de la UNAM.
En mérito de todo lo expuesto, me permito proponer a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, como asunto de urgente y obvia resolución, la adopción del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Esta Honorable Cámara de Diputados acuerda dirigirse, con el respeto absoluto que merece la autonomía universitaria, al rector dr. Francisco Barnés de Castro, a fin de formularle una atenta Excitativa para que a la brevedad que la Nación demanda, asuma su responsabilidad académica, moral y política como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, negocie con el Consejo General de Huelga sobre la base de su pliego petitorio y a dicha representación estudiantil, para que propicie las condiciones necesarias a efecto de generar la posibilidad del diálogo y con ello, se arribe al fin del conflicto y al inicio de las actividades académicas, culturales y de investigación de nuestra Máxima Casa de Estudios.
México, D.F., Octubre de 1999.
Diputados: Sergio George Cruz, Armando López Romero, Antonio Palomino Rivera, Felipe Rodríguez, Adolfo González Zamora, Benito Mirón Lince.
DE LA COMISION DE PESCA
A su décima reunión de trabajo, el jueves 21 de octubre a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Integración Subcomisión de dictamen.
* Programa de trabajo.
* Iniciativa de reforma al párrafo VI del artículo 27 constitucional y a diversos artículos de la Ley de Pesca.
4. Integración Subcomisión de dictamen.
* Programa de trabajo.
* Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Pesca y del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
5. Subcomisión de diagnóstico pesquero.
* Programa de trabajo.
* Análisis e integración de las propuestas de los Foros de Consulta Popular del Sector Pesquero.
6. Seguimiento. Acuerdos gira Baja California Sur.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. José Antonio Estefan Garfias
Presidente
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A su reunión de trabajo, el jueves 21 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Acuerdos de la Mesa Directiva.
Atentamente
Dip. Ernesto A. Millán Escalante
Presidente
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión con el rector general, los tres rectores de sus diferentes unidades y profesores distinguidos de la Universidad Autónoma Metropolitana, el jueves 21 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
El tema a tratar es:
El presupuesto en las Universidades e Instituciones de educación superior.
Atentamente
Dip, María del Carmen Díaz Amador
Presidenta
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Salud, el jueves 21 de octubre de 1999, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LA COMISION DE INVESTIGACION DEL FUNCIONAMIENTO DE CONASUPO Y SUS EMPRESAS FILIALES
Agenda de discusión del Informe Final de la Comisión
Fecha: Jueves 21 de octubre
Hora: 16 a 18 horas
Línea: No. 2 y 4: Revisar y verificar si las cuentas bancarias o cualquier tipo de inversión o préstamo con instituciones de crédito, nacionales o extranjeras, directamente o mediante terceros de Conasupo y sus Empresas Filiales, se pudieran haber utilizado para realizar operaciones no usuales de dinero
Actividad: Discusión y aprobación del documento de trabajo de la línea
Salón: Leona Vicario, edificio H, planta baja.
Fecha: Martes 26 de octubre
Hora: 17 a 19 horas
Línea: No. 6: Seguimiento de las denuncias interpuestas ante la PGR por el área jurídica de Conasupo, así como de la Secodam, en contra de funcionarios de Conasupo y sus Empresas Filiales, principalmente las irregularidades de los pagos hechos a Maseca
Actividad: Discusión y aprobación del documento de trabajo de la línea 6 y documento general del Informe Final
Salón: Leona Vicario, edificio H, planta baja.
Fecha: Viernes 29 de octubre
Hora: 17 horas
Línea: Todas las líneas. Informe Final
Actividades: Envío a la Junta de Coordinación Política el Informe Final y sus anexos, y la solicitud de agendar en el Orden del Día del Pleno la lectura de dicho informe.
Atentamente
Lic. Ana Clara Trinidad Espinosa
Secretaria técnica
DE COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
Al Primer Foro Internacional sobre Fiscalización Superior, La Fiscalización Superior ante el Nuevo Milenio, que se llevará a cabo el 21 y 22 de octubre, en el Salón Verde de la H. Cámara de Diputados, en la ciudad de México.
Sede: Salón Verde, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF.
Cupo: 150 Personas
Formato: Conferencias Magistrales con sesión interactiva de preguntas y respuestas al final de cada una.
Programa
21 de octubre 1999
11:00 Acto de Apertura
13:00 Receso.
14:30 Ponencia del lic. Federico Reyes Heroles, representante de Transparencia Internacional (México).
15:15 Preguntas y Respuestas.
Moderador: dip. Gloria Lavara Mejía (PVEM).
15:30 Ponencia del dip. Ricardo García Sáinz Lavista, Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados.
16:15 Preguntas y Respuestas.
Moderador: dip. Alma Angelina Vucovich Seele (PRD).
16:30 Ponencia del dip. Fauzi Hamdán Amad, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados.
17:15 Preguntas y Respuestas.
Moderador: dip. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (PAN).
22 de octubre 1999
10:00 Ponencia de David M. Walker, Contralor General de los Estados Unidos de América.
10:45 Preguntas y Respuestas.
Moderador: dip. Jorge Estefan Chidiac (PRI).
11:00 Ponencia de los sres. Michael McLaughlin y Ronald Thompson, Auditor General Delegado y Auditor General Asistente de la Oficina del Auditor General de Canadá.
11:45 Preguntas y Respuestas.
Moderador: sen. Arturo Nava Bolaños (PAN).
12:00 Ponencia a cargo de Michael Whitehouse, Director General para el Desarrollo de Políticas de Buen Gobierno de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido.
12:45 Preguntas y Respuestas.
Moderador: representante de la Contaduría Mayor de Hacienda.
13:00 Receso.
14:30 Ponencia del sen. Dionisio Pérez Jácome, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.
15:15 Preguntas y Respuestas.
Moderador: dip. Omar Alvarez Arronte (PRI).
15:30 Ponencia del dr. Franz Fiedier, Presidente del Tribunal de Cuentas de Austria y Secretario General de la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (Intosai).
16:15 Preguntas y Respuestas.
Moderador: dip. Jorge Silva Morales (PRD).
16:30 Consideraciones finales a cargo del CP Gregorio Guerrero Pozas, Contador Mayor de Hacienda.
17:00 Clausura a cargo del dip. Arturo Núñez Jiménez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados.
Atentamente
Dip. Fauzi Hamdán Amad
Presidente
DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
La Comisión de Estudios Legislativos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de conformidad con el convenio de colaboración suscrito por esta H. Cámara de Diputados y el Instituto, tienen el agrado de convocar al:
Ultimo Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del Milenio
Presentación
El Seminario está dirigido a diputados federales, locales, secretarios técnicos, asesores, auxiliares, a todo el personal del Congreso de la Unión, y a todo el personal de los Congresos locales, que por su actividad se encuentren involucrados en las tareas legislativas.
Se desarrollará del 19 de octubre al 24 de noviembre de 1999, en sesiones vespertinas de 18 a 21 horas, los días martes y jueves.
Objetivo
Tiene como objeto, proporcionar una plataforma mínima de conocimientos en Derecho Constitucional y Parlamentario; así como actualizar dichos conocimientos con las recientes reformas al marco jurídico del Congreso de la Unión. El Seminario está diseñado para grupos multidisciplinarios.
Desarrollo
El Seminario se desarrollará en doce módulos divididos como sigue:
Cuatro Conferencias Magistrales, que se realizarán los días 19 y 27 de octubre, así como el 17 y 24 de noviembre de 1999, a las 12 horas, en el salón Verde de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Ocho Sesiones Académicas, que se desarrollarán de la siguiente forma:
Sesión I. Estado de Derecho y ConstituciónLas Sesiones Académicas se llevarán a cabo en las aulas A y B de la planta baja del edificio F del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en av. Congreso de la Unión núm. 66, col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, DF.
19 de octubre.Sesión II. Estructura del Estado Mexicano
21 de octubre.Sesión III. La Reforma de la Constitución
26 de octubre.Sesión IV. Democracia y Representación Política
4 de noviembre.Sesión V. Fuentes del Derecho Parlamentario y sus orígenes
9 de noviembre.Sesión VI. Marco Jurídico del Poder Legislativo I
11 de noviembre.Sesión VII. Marco Jurídico del Poder del Poder Legislativo II
18 de noviembre.Sesión VIII. Marco Jurídico del Poder Legislativo III o Técnica Legislativa
23 de noviembre.
Requisitos
Formato de Preinscripción, debidamente requisitado, carta de intención, dirigida a la Junta Directiva de la Comisión de Estudios Legislativos, con atención al secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos y copia legible del comprobante de último grado de estudios.
Plazos
La fecha límite para la Preinscripción será el 1 de octubre de 1999 y para la inscripción el 14 del mismo mes, estos plazos no se prorrogarán.
Reconocimiento
Se entregará Diploma con valor curricular, para la cual el participante deberá acreditar todos y cada uno de los módulos, contar con un mínimo del 85 por ciento de asistencias y elaborar una tesina final, la tesina deberá tener una extensión máxima de veinte cuartillas, y deberá ser entregada a la secretaría técnica el 25 de noviembre, en tres tantos, uno de ellos se entregará al acervo de la Biblioteca del Congreso de la Unión, el otro se proporcionará a la Biblioteca del Instituto y, el último, a la Comisión. Los diez trabajos más sobresalientes se publicarán en la página de internet de la H. Cámara.
Informes
Para mayor información comunicarse a la secretaría técnica de la Comisión de Estudios Legislativos, ubicada en el edificio F, segundo nivel, teléfonos: 54-20-18-56 y 55-22-80-22, correo electrónico: comeleg1@info.cddhcu.gob.mx y comeleg2@info.cddhcu.gob.mx
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 24 de septiembre de 1999.
La Junta Directiva de la Comisión de Estudios Legislativos
Dip. Enrique Ibarra Pedroza, Presidente
Dip. Marlene Catalina Herrera Díaz, secretaria
Dip. Enrique Santillán, Viveros, secretario
Dip. Ramón María Nava González, secretario
Dr. Diego Valadés Ríos
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Lic. José Luis Herrera
Secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos.
Lista de inscritos al seminario
Por instrucciones de la Junta Directiva de la Comisión de Estudios Legislativos y del Comité Académico, se publica la lista de todos los que cumplieron los requisitos y por lo tanto procedió su inscripción al Ultimo Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del Milenio.
1. LIC. ELEAL ACEVEDO VELAZQUEZ
2. LIC. REYNALDO ACOLTZI CONDE
3. LIC. ENRIQUE ACOSTA SAENZ
4. C. ULISES AGUILAR BRAVO
5. LIC. LAURA AGUILAR CHAGOYA
6.LIC. ALBERTO AGUILAR RETIZ
7. LIC. ROGELIO DAVID AGUILERA RAMIREZ
8. LIC. RITA AGUIRRE CASTAÑEDA
9. LIC. DELFINO ALARCON VENTURA
10. DIP. JAVIER ALGARA COSSIO
11. C. MARIA ELENA ALTAMIRANO TREVIÑO
12. LIC. EDGAR ALVARADO DOMINGUEZ
13. LIC. ISRAEL ALVARADO MARTINEZ
14. LIC. DANIEL ANTELIZ MAGAÑA
15. LIC. CAROL ANTONIO ALTAMIRANO
16. LIC. ARTEMIO ANZO ANDRADE
17. LIC. RICARDO ARCE AGUIAR
18.
19. LIC. CARLOS IVAN ARENAS ANGELES
20. C. RICARDO ARENAS LEON
21. C. CRISTIAN RAFAEL ARIAS GONZALEZ
22. LIC. ALTYNAI ARIAS HERNANDEZ
23. LIC. VIRGILIO ADRIAN ARIAS RAMIREZ
24. LIC. JULIO CESAR ARIZMENDI ESPINO
25. LIC. SERGIO ARRAMBIDE CANTU
26. MTRO. ADRIAN ARREDONDO ALVAREZ
27. DIP. MARIA DEL SOCORRO AUBRY OROZCO
28. C. CARLOS SALVADOR AVILA MARISCAL
29. QUIM. GISELA AVILA VAL
30. C. ROCIO EDITH AYALA RAMIREZ
31. ING. JUAN BAEZ RODRIGUEZ
32. C. ADALBERTO BALDERRAMA FERNANDEZ
33. LIC. MARIA FABIOLA BARRIOS ISLAS
34. DIP. LENIA BATRES GUADARRAMA
35. LIC. FELIPE BAYLÓN GARCÍA
36. LIC. JULISA BECERRIL CABRERA
37. LIC. SERGIO RENE BECERRIL HERRERA
38. LIC. MARISOL BELTRAN LEÓN
39. LIC. SERGIO DE JESUS BERNAL GOMEZ
40. LIC. MARGARITA ELENA BOJORQUEZ CERVANTES
41. C. SALVADOR BOJORQUEZ SANTOS
42. LIC. LEONARDO BOLAÑOS CARDENAS
43. C. JOSE EULOGIO BONILLA ROBLES
44. DIP. JUAN FRANCISCO JAVIER BORBOLLA ALEGRIA
45. LIC. ALVARO RAFAEL CABRERA MONROY
46. LIC. LUZ MARIA CAHERO CORNEJO
47. C. ERIKA MARTHA ELENA CALLEJA ALDULCIN
48. ING. ALEJANDRO CANCINO LEON
49. LIC. ERNESTO CANTU VILLARREAL
50. LIC. ENRIQUE CARDENAS HUEZO
51. C. ALEJANDRO CARDOSO GONZALEZ
52. LIC. JOSE LUIS CARMONA RUIZ
53. LIC. MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ
54. C. REBECA MARIBEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ
55. LIC. ALBERTO CASTRO ARRONA
56. C. DOMINGO SERGIO CASTRO ORTEGA
57. LIC. CLAUDIA LILIANA CASTRO VELAZQUEZ
58. C. RAUL CEDILLO TORRES
59. C. DAVID ISRAEL CERON APARICIO
60. C. NORMA ANGELICA CERVANTES GUTIERREZ
61. LIC. CLAUDIA CERVANTES HERNANDEZ
62. LIC. JUAN CARLOS CERVATES GOMEZ
63. LIC. HADA CISNEROS MERINO
64. LIC. DOMINGO BERNARDO CLAVEL NICOLAS
65. LIC. HUGO ERASMO COLIN RODRIGUEZ
66. LIC. JOSE RUBEN CONTRERAS GARCIA
67. C. OCTAVIO CONTRERAS MANRIQUE
68. LIC. MILKA EUNICE CORREA RUBIO
69. C. JOSÉ CORTES CAMPUZANO
70. LIC. OBDULIA CORTES CERVANTES
71. LIC. ARNO CORTES CORRAL
72. LIC. THEMIS CORTES LOPEZ
73. C. GUSTAVO CORTES MEJIA
74. LIC. LUIS RICARDO CRESPI ORTEGA
75. LIC. JUAN JOSE CRISPIN BORBOLLA
76. SRIA. ISABEL LORENA CRUZ ALVAREZ
77. LIC. EDUARDO CRUZ LATOURNERIE
78. LIC. EFREN CRUZ RICO
79. LIC. GUILLERMO CUELLAR CHAVEZ
80. LIC. RAUL DE JESUS NAVARRETE
81. LIC. LUIS MANUEL DE LA TEJA AGUILAR
82. C. MARIA DE JESUS ANTONIETA DEHESA BAENA
83. LIC. MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO
84. LIC. ENRIQUE DIAZ DIAZ
85. C. PAUL BERNARDO DIAZ GOMEZ
86. C. ADRIANA DIAZ ORTEGA
87. LIC. MARIA ESTHER DIAZ RIVERO
88. LIC. JOSE ALFREDO DOMINGO HERNANDEZ
89. DIP. HORACIO DUARTE OLIVARES
90. LIC. MA. DEL ROSARIO ESCOBEDO OLMOS
91. LIC. LUCIA MARIA DE JESUS E. ESPARZA PEREZ
92. C. CARMEN ESPARZA RODRIGUEZ
93. DIP. PATRICIA ESPINOSA TORRES
94. LIC. ROSA BELEN FABIAN CRUZ
95. LIC. VICTOR MANUEL FABIAN CRUZ
96. LIC. ALFREDO FELIX DIAZ ALVAREZ
97. LIC. ARTURO JESUS FERRO LOPEZ
98. LIC. JAVIER FERRON SUAREZ
99. LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA LOPEZ
100. LIC. SANDRA MARISELA FLORES ALONSO
101. LIC. EDGARDO FLORES CAMPBELL
102. LIC. ARCELIA FLORES CASTRO
103. DIP. ARTURO FLORES GRANDE
104. LIC. JOSE ALFREDO FLORES ROCHA
105. SOCIOLOGO RAFAEL FLORES TORRES
106. DIP. CLAUDIA CARMEN FRAGOSO LOPEZ
107. C. DALIA BERENICE FUENTES PEREZ
108. LIC. ABNER FUENTES TREVIÑO
109. DIP. LIONEL FUNEZ DIAZ
110. PROF. CARLOS FERNANDO GALAN DOMINGUEZ
111. L.A.E. MERICIA GALARZA RIVERA
112. LIC. VICTOR MANUEL GALINDO LOPEZ
113.ING. JORGE GALVAN MORENO
114. DIP. LUIS DAVID GALVEZ GASCA
115. LIC. ALEJANDRO GALLARDO ARROYO
116. LIC. CLAUDIA GAMBOA MONTEJANO
117. LIC. DULCE MARIA GANDERA DE ANDA
118. LIC. EFRAIN GARCIA GOMEZ
119. LIC. CLAUDIA GARCIA GONZALEZ
120. LIC. LUZ DEL CARMEN GARCIA LOPEZ
121. LIC. VANESSA GARCIA LUNA
122. LIC. HERON GARCIA MARTINEZ
123. LIC. GONZALO GARCIA MAYA
124. LIC. NOE GARCIA ORTIZ
125. LIC. LEON FELIPE GARCIA ROLDAN
126. LIC. EDGAR GARCIA VAZQUEZ
127. LIC. PEDRO MIGUEL ANGEL GARITA ALONSO
128. LIC. JOSE GILBERTO GARZA GRIMALDO
129. LIC. CORVALAN GAYTAN CASAS
130. LIC. MARCO VINICIO GAYTAN HERNANDEZ
131. LIC. CRISTINA ISEME GAYTAN HERNANDEZ
132. C. ROSA MARIA GIORGANA PEDRERO
133. C. MARICELA GOMEZ ENRIQUEZ
134. LIC. JORGE CARLOS GOMEZ PEREZ
135. LIC. CARLOS GOMEZ VALERO
136. LIC. MARIA ELVIRA GONZALEZ DEL MONTE
137. LIC. FELIPE DE JESUS GONZALEZ CAMARENA
138. LIC. LAURA IVETTE GONZALEZ CORTES
139. LIC. JORGE GONZALEZ CHAVEZ
140. C. MA. DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ
141. LIC. NOE GONZALEZ LIRA
142. LIC. JESUS MANUEL GONZALEZ LUVIANO
143. LIC. JUANA GONZALEZ ORTIZ
144. LIC. XIHOMARA GONZALEZ REYES
145. LIC. ALFONSO GONZALEZ RUBIO
146. DIP. MARIA GUADALUPE GONZALEZ RUIZ
147. LIC. MARIA ELIZABETH GONZALEZ VAZQUEZ
148. LIC. MARIA BEATRIZ GRANILLO VAZQUEZ
149. C. VICTOR MANUEL GUADARRAMA GARCIA
150. LIC. MARIO ARTURO GUERRERO CORRALES
151. LIC. GUSTAVO GUERRERO ROLDAN
152. LIC. JOSE MIGUEL GUEVARA LARA
153. LIC. LUIS RENE GUTIERREZ MARTINEZ
154. LIC. JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ MONROY
155. LIC. OMAR ADRIAN HEREDIA MARICHE
156. LIC. SAID HERNANDEZ QUINTANA
157. LIC. NURIA GABRIELA HERNANDEZ ABARCA
158. MTRO. JOSE HERNANDEZ CALDERON
159. LIC. ESTELA AURORA HERNANDEZ FUENTES
160. C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERRERA
161. LIC. HUGO GUSTAVO HERNANDEZ HUERTA
162. LIC. ANTONIO HERNANDEZ LEGASPI
163. LIC. BERTHA PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ
164. LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ MONTIEL
165. LIC. SONIA HERNANDEZ PINEDA
166. LIC. FLORIZA HERNANDEZ RAMIREZ
167. C. JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ
168. LIC. MARTHA SILVIA HERNANDEZ SANCHEZ
169. C. BEATRIZ HERNANDEZ SANCHEZ
170. LIC. MERLY LORENA HERNANDEZ SOSA
171. C. RACIEL HERNANDEZ SUASTES
172. LIC. ELISEO JUAN HERNANDEZ VILLAVERDE
173. LIC. JOSE DEL CARMEN HERRERA SANCHEZ
174. LIC. OSCAR HERRERA VARELA
175. LIC. JOSE CUAUHTEMOC HINOJOSA HERRERA
176. C. NATYELY HOYOS OCARIZ
177. LIC. JOSE ANTONIO HUITRON SANTOYO
178. LIC. LUIS ALONSO HURTADO ALVAREZ
179. C. CHRISTIAN HURTADO SOLORZANO
180. LIC. SADOT IBARRA AMAYA
181. LIC. JOSE ADOLFO JIMENEZ ALDANA
182. DIP. NICOLAS JIMENEZ CARRILLO
183. LIC. ARACELI JIMENEZ RICOY
184. DIP. HECTOR JIMENEZ Y MENESES
185. LIC. JOSE ANTONIO JUAREZ CASTAÑEDA
186. C. DANIEL JUAREZ VENANCIO
187. LIC. CESAR JULIAN BERNAL
188. L.A.E. ALFONSO LABASTIDA CEREZO
189. ING. ERNESTO LADRON DE GUEVARA ALAFITA
190. LIC. LEONCIO LAGUNAS LAGUNAS
191. LIC. MARCELA LANDETA CORONA
192. C. J. FRANCISCO LEON HERNANDEZ
193. LIC. DULCE MARIA LIAHUT BALDOMAR
194. LIC. ROSA ICELA LITA MORALES
195. LIC. CARLOS ALBERTO LOMAS LAUREL
196. LIC. VICTOR ERNESTO LOPEZ AGUILERA
197. LIC. ROSALINDA LOPEZ COVARRUBIAS
198. LIC. EDUARDO LOPEZ FALCON
199. LIC. ALEJANDRO GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ
200. LIC. DIANA LOPEZ HIPOLITO
201. LIC. FEDERICO LOPEZ HUERTA
202. DIP. LUZ DE CARMEN LOPEZ RIVERA
203. LIC. ARMANDO LOPEZ SANTIBAÑEZ
204. LIC. PEDRO LOREDO VERA
205. DIP. RAMON LORENCE HERNANDEZ
206. LIC. DAVID MARTÍN LOZANO MERCADO
207. LIC. ARTURO LUGO RIOS
208. DIP. ESTEBAN LUJAN VEGA
209. LIC. SANDINO LUNA ALMEIDA
210. LIC. CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS
211. LIC. JOSE MANUEL LLANOS VAZQUEZ
212. LIC. JOEL MACIAS DE LARA
213. DIP. PEDRO MAGAÑA GUERRERO
214. C. MARIA DE LOURDES MANCERA CRUZ
215. DIP. ROSENDO MARIN DIAZ
216. LIC. SOLANGE MARQUEZ ESPINOZA
217. LIC. JOSE MARIA MARTINEZ CORONA
218. LIC. OSCAR MARTINEZ GUTIERREZ
219. C. JONATHAN MARTINEZ MARTINEZ
220. LIC. JORGE ISIDRO MARTINEZ MONTOYA
221. LIC. EDUARDO MARTINEZ NORIEGA
222. LIC. SALVADOR MARTINEZ ORTIZ
223. LIC. EDGAR MARTINEZ SALGADO
224. LIC. ALEJANDRO MARTINEZ SOTELO
225. LIC. JOVITA MATA ROSAS
226. LIC. FELIPE MAYORAL MEDINA
227. LIC. TOMAS MEDELLIN TINOCO
228. DIP. GABRIEL MEDINA RODRIGUEZ
229. C. ALEXIS MELLIN REBOLLEDO
230. L.A.E. JESUS MANUEL MENDEZ AGUILAR
231. DIP. LUIS MENESES MURILLO
232. LIC. MARIA DEL ROCIO MENESES UVERA
233. LIC. JOSE LUIS MONROY FLORES
234. LIC. RODOLFO HUGO MONROY ORTIZ
235. LIC. ROGELIO MONTAÑO SOSA
236. LIC. MIRIAM MONTES DE OCA ALBARRAN
37. LIC. AURORA MORALES DELGADILLO
238. PROF. REY MORALES SANCHEZ
239. LIC. MA YSAURA MORENO ALAMINA
240. LIC. TRINIDAD OTILIA MORENO BECERRA
241. LIC. VICTORIA MORENO POMPA
242. LIC. LUIS MANUEL MUÑOZ CARRILLO
243. DIP. RAUL MUÑOZ DE LEON
244. LIC. KARINA MUSALEM SANTIAGO
245. C. ARTURO NAVA SANCHEZ
246. LIC. HERMILIO NAVARRETE LAURENT
247. LIC. JOSE LUIS NUNGARAY RODRIGUEZ
248. C. JUAN CARLOS NUÑEZ ARMAS
249. LIC. BLANCA LILIA OJEDA VALDES
250. LIC. ORLANDO ALFONSO OLGUIN MIRANDA
251. PROF. ISMAEL OLIVARES ORTIZ
252. L.E.A. HUGO CESAR OLIVARES VELASCO
253. LIC. RICARDO OLVERA BURGUETE
254. LIC. GRACIELA OLVERA VILLEGAS
255. LIC. MAURICIO ONDARRETA HUERTA
256. LIC. JESUS ONOFRE ORTIZ
257. LIC. VERONICA GABRIELA OROPEZA GAMEZ
258. LIC. LIBRADA ORTEGA MANZANARES
259. LIC. HECTOR ERNESTO ORTEGA SANDOVAL
260. LIC. JOSE LUIS ORTEGA Y MORALES
261. DIP. FRANCISCO ORTIZ AYALA
262. LIC. ROBERTO DE JESUS ORTIZ VEGA
263. C. GERONIMO DAMIAN OTERO BRAVO
264. LIC. KARIM ANTONIO OVIEDO RAMIREZ
265. LIC. DIANA OZUNA MILLAN
266. C. MARÍA ALEJANDRA OZUNA RAMIREZ
267. LIC. JOSE MANUEL OZUNA RAMIREZ
268. DIP. JOSE ANGEL PACHECO AHUACTIZIN
269. DIP. BERNARDINO PADILLA SANCHEZ
270. DIP. AMALIA PADILLA URIBE
271.
272. C. SILVIA GUADALUPE PALAZUELOS
273. LIC. SUSANA MARGARITA PALMA FLORES
274. LIC. JOSE SERGIO PALMA GALVAN
275. C. PABLO ALBERTO PAZOS DELGADO
276. LIC. SANDRA PEREZ CHACON
277. C. BEATRIZ ANAYANSI PEREZ GORDILLO
278. LIC. FERNANDO EDUARDO PÉREZ RASGADO
279. LIC. JORGE PEREZ ROSAS
280. LIC. HECTOR PEREZ SERRANO
281. C. MIGUEL ANGEL PICAZO HURTADO
282. C. MARIA DEL PILAR PINEDA GOMEZ
283. LIC. LILIANA ALEJANDRA PINEDA JIMENEZ
284. LIC. GABRIEL PONCE VELAZQUEZ
285. DIP. CRISTINA PORTILLO AYALA
286. C. MARIA DE LOURDES QUEVEDO PEÑA
287. C. ARMANDO RAMIREZ FUENTES
288. LIC. GEORGINA RAMIREZ FUENTES
289. C. MARCO ANTONIO RAMIREZ GALVAN
290. LIC. PATRICIA RAMIREZ J.
291. DIP. GERMAN RAMIREZ LOPEZ
292. DIP. JOSE CONCEPCION RAMIREZ ROSALES
293. LIC. OCTAVIO RAMOS RAMOS
294. LIC. JOSÉ RENTERÍA GARCÍA
295. LIC. JAZMIN RESENDIZ MATA
296. C. GLORIA XOCHITL REYES CASTRO
297. LIC. VICTOR RUBEN REYES TAPIA
298. LIC. CESAR RIVAS VALDIVIA
299. LIC. JUAN CARLOS RIVAS VALDIVIA
300. LIC. PATRICIO RIVERA JIMENEZ
301. LIC. JOSE LUIS RIVERA REYES
302. LIC. ANGEL RODRIGUEZ BERNAL
303. LIC. ISMAEL RODRIGUEZ CARIÑO
304. C. JUAN LUIS RODRIGUEZ FLORES
305. DIP. REYNALDO RODRIGUEZ MONTES
306. LIC. ARTURO RODRIGUEZ PAREDES
307. LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REYES
308. LIC. JUAN RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
309. LIC. CLAUDIA VANESA GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
310. DIP. CARLOS JAIME RODRIGUEZ VELASCO
311. C. JOSE JORGE RODRIGUEZ VITE
312. LIC. LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ
313. LIC. JUAN JOSE ROJAS HERRERA
314. LIC. DEMETRIO ROJAS TORRRES
315. LIC. JOSE VALENTIN ROMERO CEDILLO
316. C. LUCILA ROMERO HUERTA
317. C. VICTOR ROMERO MALDONADO
318. C. HUGO ROSADO LAGUNES
319. LIC. JORGE ALFONSO ROVIROSA QUIROZ
320. LIC. EUGENIO RUBIO FRANCO
321. ING. ISIDRO RUIZ GONZALEZ
322. LIC. TERESA ESPERANZA SAAVEDRA VAZQUEZ
323. LIC. MAO AMERICO SAENZ CULEBRO
324. DR. MIGUEL ANGEL SAENZ GARZA
325. LIC. ROBERTO SAENZ RAMIREZ
326. LIC. ARMANDO SALAZAR LOPEZ
327. LIC. MARIA DEL CARMEN SALINAS LECONA
328. C. LUIS GABRIEL SALVADOR DELGADILLO
329. C. MINERVA SANCHEZ AVILA
330. DR. GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ BUSTAMANTE
331. LIC. GERARDO SANCHEZ CAMACHO
332. DIP. MARIANO SANCHEZ FARIAS
333. DIP. ESPIRIDION SANCHEZ LOPEZ
334. LIC. MANUEL ANTONIO SANCHEZ OSORIO
335. LIC. MARIBEL SANCHEZ PAREDES
336. JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ
337. LIC. DANIEL SANCHEZ ROJAS
338. C. ADRIANA FABIOLA SANCHEZ SAGAL
339. LIC. ABRAHAM SANTIAGO SORIANO
340. DIP. GERARDO ARTURO SAUCEDO DELGADO
341. LIC. ELOIZA MITZI SEGOVIANO LUNA
342. DR. SERGIO SEGRESTE RIOS
343. LIC. OSCAR SEGURA NAVA
344. LIC. ANA YDALIA SESMA CABALLERO
345. LIC. LETICIA SILVA LOPEZ
346. DIP. JAVIER SILVA SANCHEZ
347. LIC. YOLANDA SILVA VELAZQUEZ
348. LIC. FANNY SLEMAN VALDES
349. LIC. ERIKA SOLANA ESCALERA
350. C. DOLORES SOMMER ZETINA
351. LIC. BEATRIZ FABIOLA SOSA MUÑIZ
352. LIC. GUSTAVO SOTELO VILLEGAS
353. LIC. MARIA ISABEL TORRES LIRA
354. LIC. FRANCISCO RAFAEL TORRES PÉREZ
355. C. PAOLA TORRES ROBLES
356. LIC. JUAN JOB TORRES SANCHEZ
357. LIC. JESUS TRAPAGA REYES
358. DIP. SERGIO VALDES ARIAS
359. LIC. ISMAEL VALDEZ HERNANDEZ
360. C. CONSUELO VALENCIA CRUZ
361. SEN. MARIO VARGAS AGUIAR
362. C.P AGUSTIN VARGAS ALCALA
363. LIC. MARISOL VARGAS BARCENA
364. DIP. MARIA ESTRELLA VAZQUEZ OSORNO
365. C. BENJAMIN VAZQUEZ BENITEZ
366. MTRA. SILVIA VAZQUEZ GALINA
367. LIC. EVERARDO MARTIN VAZQUEZ SERRANO
368. LIC. PEDRO VELASCO SODI
369. DIP. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ VALDEZ
370. LIC. ARTURO VELAZQUEZ VALENCIA
371. LIC. RUBEN JOSE VIGUERAS CALDERON
372. C. JUAN BRUNO VILCHIS CUEVAS
373. LIC. BERTHA CECILIA VILLAFAÑA ARELLANO
374. DIP. SAMUEL GUSTAVO VILLANUEVA GARCIA
375. LIC. JOSÉ MANUEL VILLEGAS CUEVAS
376. DIP. SUSANA WUOTTO CRUZ
377. C. CARLOS ALBERTO YAÑEZ CARMONA
378. LIC. MARIA ZARAGOZA SINGLER
379. LIC. MARIA IDALIA ZARAZUA FUENTES
380. LIC. GERARDO ZARZA URIBE
381. DIP. JOSE LUIS ZEPAHUA HERNANDEZ
382. C. JULIO ZUÑIGA VILCHIS
383. LIC. ANAYANSI LOPEZ TORAYA ZUZUKI
384. LIC. LUIS CISNEROS MORO
385. LIC. ROCÍO ILIANA HERRERA DÉCIGA
386. LIC. LUIS NICOLAS MARTÍNEZ GARCÍA
387. C. MIGUEL ANGEL MORALES EGUIA LIZ
388. LIC. LUCRESIA MUÑOZ JUÁREZ
389. LIC. FERNANDO ROMERO GARCÍA
390. LIC. CARMELO MARIO VALDES GUADARRAMA
391. LIC. ARIANDA BERENICE VELÁZQUEZ OLIVARES
Atentamente
Palacio Legislativo a 19 de octubre de 1999.
El Comité Académico del Ultimo seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario del Milenio
Dr. Víctor M. Martínez Bulle-Goyri
Lic. José Luis Herrera
Lic. Ma. Claudia Monreal Avila
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y de Ferrocarriles Nacionales de México, el martes 26 de octubre, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, el miércoles 27 de octubre, a las 12 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el segundo nivel del edificio H.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA
A su reunión ordinaria, el jueves 28 de octubre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 13 de octubre de 1999.
2. Estudio y, en su caso, aprobación del presupuesto que ejercerá la Contaduría Mayor de Hacienda durante el año 2000.
3. Aprobación de la propuesta hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del auditor externo del Banco de México, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 50 de la Ley del Banco de México.
4. Aprobación de las auditorías propuestas por los diputados, para adicionarlas a la Primera fase del Programa de Auditorías correspondiente a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Fauzi Hamdán Amad
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, el jueves 28 de octubre, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Informe sobre los avances en la conformación de la Iniciativa de Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, a cargo de las diputadas Patricia Espinoza Torres, Martha L. Carranza Aguayo y Angélica de la Peña Gómez, secretaria e integrantes de la Comisión de Equidad y Género respectivamente.
2. Avances en la revisión y análisis de la Iniciativa de Reformas al artículo 15 de la Ley de Servicio Militar Nacional, propuesta al pleno de la Cámara de Diputados por el dip. Armando Jasso Silva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de integrar el documento de posicionamiento plural de esta Comisión en torno a la referida iniciativa, para que sea considerado en el dictamen que al efecto deberá emitir la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
3. Revisión y en su caso aprobación del texto de convocatoria de la Jornada Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Intrafamiliar en México.
4. Definición del Orden del Día de la próxima sesión del Pleno de la Comisión de Equidad y Género, prevista para su realización, el próximo martes 9 de noviembre del año en curso a las 15 horas.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Ma. Elena Cruz Muñoz
Presidenta
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el viernes 29 de octubre de 1999, a las 11 horas, en el salón Presidentes, del edificio H, segundo nivel.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
Al Tercer Foro Regional sobre Temas Legislativos, Zona Norte, organizado junto con la Comisión de Investigaciones y Estudios Legislativos del H. Congreso del estado de Sonora, los días 28 y 29 de octubre, en el Anfiteatro y Aula Magna del Centro de Gobierno, ubicado en avenida Cultura y Comonfort s/n, CP 83260, Hermosillo, Sonora, bajo las siguientes
Bases
1. El objetivo del foro es tratar los principales temas legislativos en el marco de la reforma del Estado.
2. Se podrá participar de manera individual o colectiva.
3. Los temas que se considerarán son los siguientes:
5. Los trabajos se recibirán a partir de la presente convocatoria, hasta un día antes de la realización del foro, deberán tener una extensión máxima de 15 cuartillas con estructura libre, invariablemente deberá contener una síntesis para lectura, que no exceda de tres cuartillas, o de cinco minutos de lectura, con la siguiente estructura: introducción, exposición y propuestas concretas, y presentarlo en original, copia y disco de 3.4.
6. El registro de los participantes y de las ponencias, será en las siguientes direcciones: en la oficina del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, ubicada en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969, delegación Venustiano Carranza, México, DF, personalmente, vía fax al 5542-3062, internet o en nuestros correos electrónicos:
comileg1@cddhcu.gob.mx
comileg2@cddhcu.gob.mx
Identificando ésta con los generales del ponente.
En el H. Congreso del estado de Sonora en Tehuantepec y Pedro Moreno esquina, colonia Centenario, CP 83270 personalmente, vía telefónica a los teléfonos (62) 135035, 120013, fax 123395, correo electrónico
alfaro@congresoson.gob.mx
7. Las ponencias entregadas con oportunidad, formarán parte de la memoria que por motivo del encuentro publicará el Instituto de Investigaciones Legislativas.
La presente convocatoria puede consultarse en la página: www. cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comileg/index.htm
Atentamente
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez
Presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión
Dip. Filiberto Alfaro Cázares
Presidente de la Comisión de Investigaciones y Estudios Legislativos del
H. Congreso del estado de Sonora
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
A las instituciones educativas, de investigación, investigadores interesados y estudiosos en general a presentar Proyectos de Investigación y Estudios sobre el
Congreso y Temas Parlamentarios
Objetivo
Con el fin de promover y difundir la producción académica que, desde una perspectiva teórica, histórica, comparativa o técnica, auspicie temas relacionados con el estudio de las funciones, la actividad y las prácticas de la vida parlamentaria en México y en otros países. Y en la búsqueda de impulsar el desarrollo de un centro de documentación sobre el análisis de legislaturas, se prevé brindar apoyo financiero y/o de publicación a proyectos de investigación que sobre estudios del Congreso Mexicano y temas parlamentarios, postulen investigadores independientes o instituciones académicas y de investigación.
Bases generales de participación
1. Podrán participar en la postulación todos los trabajos de investigadores mexicanos o residentes en el país o cualquier institución de educación superior mexicana y, que sean acompañados de un proyecto de investigación rigurosamente estructurado, cuyos avances permanezcan inéditos para la fecha de cierre de esta convocatoria.
2. Los proyectos de investigación podrán tener de uno a tres coordinadores generales, en cuyos casos se indicará quién será en última instancia el responsable principal de continuar y finalizar la investigación.
Temas
Historia del Congreso Mexicano
Análisis Comparativos sobre Derecho Parlamentario
Análisis sobre Reformas Constitucionales
Consolidación del Poder Legislativo en la Historia Mexicana
Evolución de la Organización y Práctica Legislativa
Estructura y Funcionamiento de las Legislaturas
Importancia del Poder Legislativo en los Procesos de Transición Democrática
Estudios Comparativos sobre Congresos a Nivel Nacional e Internacional
Prospectiva Política y Parlamentaria
Procedimiento
1. Deberán enviarse tres ejemplares del proyecto de investigación al Instituto de Investigaciones Legislativas, antes del 31 de diciembre de 1999.
2. Se tomarán en cuenta la claridad y la coherencia en el planteamiento de los objetivos, así como en la elaboración de los programas de trabajo y de difusión y la estimación de los costos reales del proyecto en todas sus etapas.
3. Todas las propuestas deberán incluir un programa detallado para la totalidad del trabajo que se propongan realizar, incluyendo las etapas de planeación, investigación, desarrollo, producción, obtención de recursos adicionales, difusión etc., según sea el caso.
Financiamiento
Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo financiero que contemple las necesidades propias del programa de trabajo de cada uno, siendo entregado en función de su cronograma de actividades, así como un apoyo en la publicación de los resultados finales.
Documentación
Todas las propuestas deberán estar acompañadas de la documentación que se indica enseguida. Las propuestas incompletas, o cuyo material no se ajuste a las especificaciones indicadas, no serán turnadas al Comité de Evaluación.
1. Original y dos copias del proyecto (máximo 20 cuartillas).
2. Original y dos copias de la síntesis del proyecto (máximo cinco cuartillas).
3. Original y dos copias del presupuesto detallado del costo total del proyecto.
4. Original y dos copias del cronograma de actividades.
5. Original y dos copias de curriculum vitae, resumido (máximo dos cuartillas). Deberá destacarse la trayectoria previa en relación con la disciplina del proyecto que se pretende realizar.
Consideraciones finales
A partir de la fecha de entrega del proyecto, el Comité de Evaluación integrado por la Mesa Directiva del Instituto de Investigaciones Legislativas, quien a su vez podrá auxiliarse de especialistas y miembros, del Consejo y del equipo editorial de la revista Quórum, tendrá un plazo máximo de sesenta días hábiles para responder oficialmente a través de un dictamen sobre las posibilidades de financiamiento y/o publicación de la propuesta en cuestión.
Todos los trabajos deberán enviarse al Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, edificio B planta baja, en av. Congreso de la Unión s/n, col. El Parque, Venustiano Carranza, CP 15969, México, DF, con atención a la lic. Yolanda Silvia Olvera o entregarse directamente en el domicilio señalado antes del 31 de diciembre de 1999.
Para mayor información comunicarse con la lic. Yolanda Silvia Olvera, coordinadora de Investigaciones del Instituto de investigaciones Legislativas a los siguientes teléfonos: 56 28 14 21 y 56 28 13 00 ext. 3129; fax 55 42 30 62, dirección electrónica: irmaeren@servidor.unam.mx
Atentamente
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez
Presidente
