Gaceta Parlamentaria, año III, número 397, viernes 26 de noviembre de 1999

Acuerdos

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA PARA LA COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PROGRAMADA PARA EL LUNES 29 DE NOVIEMBRE

Acuerdo Parlamentario

Por el que se dispone lo relativo al desahogo del acuerdo político del 24 de noviembre de 1999, para que se invite a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, a fin de que informe y justifique la solicitud de endeudamiento por 9,000 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2000, que deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión, así como el estado que guarda la contratación y desembolso del endeudamiento correspondiente a 1999.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, del Distrito Federal, y Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

1. Que la Constitución General de la República en el apartado A del artículo 122 numeral III establece que corresponde al Congreso de la Unión "legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal".

2. Que como resultado de un acuerdo político de fecha 24 de noviembre de 1999 de los grupos parlamentarios, las tres Comisiones suscriptoras del presente acuerdo convinieron citar a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, lic. Rosario Robles Berlanga, a fin de que informe y justifique la solicitud de endeudamiento por 9,000 millones de pesos para el ejercicio fiscal del año 2000, que deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión, así como sobre el ejercicio de endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal de 1,700 millones de pesos, autorizados por el Poder Legislativo, correspondiente a 1999.

3. Que para el desahogo ordenado de dicha proposición es conveniente que las tres comisiones involucradas en su cumplimiento acuerden el formato y bases para el óptimo desarrollo de la referida reunión de información y análisis.

Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 53 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los presidentes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, del Distrito Federal y Presupuesto y Cuenta Pública, suscriben el siguiente:

Acuerdo

Primero. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, del Distrito Federal, y de Presupuesto y Cuenta Pública llevarán a cabo una reunión de información y análisis el próximo lunes 29 de noviembre de 1999, a partir de las 17:00 horas, con la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, lic. Rosario Robles Berlanga.

Segundo. La reunión tendrá como sede el salón Legisladores de la República, sito en el segundo nivel del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Tercero. La reunión será presidida, en primer término, por el dip. Dionisio A. Meade, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; a continuación, por el dip. Alejandro Ordorica Saavedra, presidente de la Comisión del Distrito Federal, y por ultimo, lo hará el dip. Ricardo García Sainz, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Cuarto. Al inicio de la reunión, la Jefa de Gobierno del Distrito Federal expondrá hasta por 15 minutos las acciones desarrolladas por la dependencia a su cargo en relación al tema.

Quinto. La reunión de información y análisis a que se refiere el presente acuerdo se sujetará al siguiente procedimiento parlamentario:

I. La reunión será encabezada por los presidentes de las tres comisiones y, en su caso, un representante de cada fracción parlamentaria integrante de la H. Cámara de Diputados.

II. Cada comisión realizará hasta tres intervenciones, organizadas de la siguiente manera, una a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; una a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y una a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. De así determinarlo los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, podría darse la intervención de un representante de los mismos, abordando cualquiera de los temas que se estén tratando. Las intervenciones se realizarán en orden progresivo iniciando con el grupo parlamentario de menor representación en la Cámara.

Las intervenciones serán en el orden siguiente: primero la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a continuación la del Distrito Federal y en seguida la de Presupuesto y Cuenta Pública. La duración de las intervenciones será de un máximo de 10 minutos.

III. La Jefa de Gobierno del Distrito Federal contestará a cada una de las intervenciones en forma clara y concisa, hasta por 10 minutos.

IV. Al finalizar la respuesta de la servidora pública invitada, el diputado que haya intervenido podrá hacer uso de su derecho de réplica, si así lo estima conveniente, hasta por 5 minutos.

Sexto. Los diputados que no pertenezcan a ninguna de las comisiones participantes mencionadas podrán formular preguntas en la presente reunión de información y análisis, siempre y cuando presenten su solicitud a la presidencia de alguna de las comisiones participantes, y la misma ceda una de las intervenciones referidas en la fracción II del párrafo quinto del presente acuerdo.

Asimismo, los diputados que, sin pertenecer a las comisiones y sin asistir a la reunión, tengan interés en dirigirse a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal podrán presentar preguntas por escrito, las cuales serán respondidas por la servidora pública en los mismos términos y en fecha posterior.

Séptimo. El informe final y la versión estenográfica desprendida de la reunión serán remitidos a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados para su conocimiento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, DF, a los 24 días del mes de noviembre de 1999.

Dip. Dionisio A. Meade
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Dip. Alejandro Ordorica Saavedra
Presidente de la Comisión del Distrito Federal

Dip. Ricardo García Sainz
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Dictámenes

DE LA COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS, SOBRE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta de la Cámara de Senadores fechada el 27 de Octubre de 1999 que contiene la insistencia de esa Colegisladora en la modificación al segundo párrafo del artículo 1 de la Minuta que le fuera enviada por esta Cámara sobre la iniciativa de "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público" y habiendo analizado el contenido de la Minuta de referencia, somete a discusión y, en su caso, aprobación de la Honorable Cámara de Diputados, el presente dictamen:

I. ANTECEDENTES

1. A la Comisión que suscribe le fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el día 23 de Noviembre de 1999 para su estudio y dictamen, la Minuta de la Cámara de Senadores fechada el 27 de Octubre de 1999 que contiene la insistencia de esa Colegisladora en la modificación al segundo párrafo del artículo 1 de la Minuta de esta Cámara sobre la iniciativa de "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público".

2. Lo anterior, en atención a que la aprobación inicial en el Pleno de esta Cámara, a la Minuta de la "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", se realizó el pasado 27 de Abril de 1999 y se turnó a la Colegisladora para los efectos Constitucionales.

3. Tras ello, el 29 de Abril de 1999, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Minuta de sus Comisiones Unidas de Comercio y de Estudios Legislativos, Segunda, con el Proyecto de "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público"; dentro del mismo, se propuso la modificación al párrafo segundo del artículo 1, y se remitió a esta Cámara para continuar con el proceso Constitucional.

4. El 30 de Abril de 1999, el Pleno de esta H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta de esta iniciativa de Ley, en la que se determinaba reprobar la modificación propuesta por la Colegisladora al párrafo segundo del artículo 1 y, con las razones respectivas que apoyaban el texto original de dicho párrafo, se turnó de nueva cuenta a la Colegisladora para sus efectos Constitucionales.

II. CONSIDERANDOS

La Colegisladora con fecha 18 de Noviembre de 1999, remitió a esta Soberanía la Minuta que contiene el proyecto de "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público"; mediante la cual, por las razones que expone en el cuerpo de la misma, propone un texto alterno al párrafo segundo del artículo 1 de la iniciativa señalada; considerando, por una parte, que ha sido aprobado por la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los pasados días 24 de Agosto y 29 de Septiembre de 1999, el Manual de Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas en la Oficialía Mayor de dicha Soberanía; por otra parte, que fueron expedidos los mismos lineamientos por cuanto atañe al Poder Judicial Federal, ya que fue publicado el 18 de Septiembre de 1998, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General número 32/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fija las bases para que las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública en el Consejo de la Judicatura Federal, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 Constitucional; y por último, que se encuentra en proceso de revisión, para su posterior aprobación, la Propuesta de Normas de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la H. Cámara de Diputados, suscrito por la Oficialía Mayor, Contraloría, Comité de Administración y esta Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

Considerando lo anterior, concluye que resulta que la controversia generada por el texto del párrafo segundo del artículo 1 quedó sin materia, estimando la Colegisladora que el propósito que perseguía la Cámara de Diputados de que los Poderes Legislativo y Judicial contaran con disposiciones que acogieran los lineamientos del artículo 134 Constitucional, ha quedado satisfecho.

Por otro lado, ya que la Cámara de Senadores atendió el sentido originalmente expresado por esta Soberanía en lo que se refiere a los organismos autónomos, toda vez que se encontraban también en una laguna normativa respecto al uso de recursos públicos federales; además de que resulta cierto también que desde la fecha en que se constituyó la diferencia de criterios entre ambas legisladoras nos encontramos con un periodo extraordinario de por medio y el actual período ordinario cumpliéndose de tal forma con la ratio legis del artículo 72 Constitucional, fracción e); por lo que en opinión de esta Comisión Dictaminadora no existe obstáculo legal o fáctico alguno que impida entrar al estudio y dictamen del texto alterno propuesto por la Colegisladora.

La Minuta de referencia, además de la propuesta de texto alterno sobre el párrafo segundo del artículo 1, deja a salvo la opción de que se expida la Ley sólo con lo aprobado por ambas Cámaras, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del inciso e) correspondiente al artículo 72 Constitucional, con la aprobación por mayoría absoluta de sus miembros presentes, reservándose la modificación sugerida por el Senado para su examen y votación en siguiente sesión. A juicio de esta Dictaminadora dicha opción ya no resulta viable, puesto que la misma considera que resulta constitucional y legal la procedencia del texto alterno señalado.

III. ANALISIS DE LA MINUTA

Del análisis de la Minuta, a juicio de esta Dictaminadora, se encontró que resulta procedente la solicitud propuesta por la Colegisladora en el sentido de aprobar la expedición de la Ley con el texto propuesto por la Colegisladora.

Esta Cámara de Diputados, al aprobar el dictamen correspondiente, en fecha 27 de Abril de 1999, en el párrafo segundo del artículo 1 estableció:

"Los Poderes Legislativo y Judicial, así como las demás personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, adoptarán supletoriamente los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rige, sujetándose a sus propios órganos de Control." Por su parte, la Colegisladora propuso la siguiente redacción: "Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control. Los poderes Legislativo y Judicial podrán adoptar, en lo conducente, dichos criterios." Sin embargo, por las razones que aduce la Colegisladora, insiste a esta Soberanía en la modificación del párrafo segundo del artículo 1 de la iniciativa de referencia, proponiendo la siguiente redacción: "Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control." Y que, en caso de contarse con la anuencia de esta Cámara de Diputados en el texto transcrito, sea aprobado el Proyecto de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en todos sus términos.

A juicio de esta Comisión Dictaminadora, es procedente aprobar la expedición de la Ley, ya que se ha cubierto sustancialmente el propósito que perseguía la Cámara de Diputados de que los Poderes Legislativo y Judicial contaran con disposiciones que acogieran los lineamientos del artículo 134 Constitucional.

Es necesario señalar que, de rechazar esta propuesta se afectaría gravemente a los sujetos de la Ley, pues se verían obligados a seguir operando con la Ley vigente, en la cual no se encuentran incluidos organismos tales como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos de Derechos Humanos, el Tribunal Agrario y el Banco de México, entre otros; además de la expectativa que se generó de contar con una Ley que refleje claramente los principios de confiabilidad, transparencia y oportunidad, aparte de ser clara, precisa y que resuelve las necesidades, peticiones y problemas de los involucrados.

En razón de lo expuesto, a juicio de esta Comisión y por las razones mencionadas, esta Dictaminadora considera procedente proponer a esta Honorable Asamblea, para su aprobación, el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados confiere su anuencia a la modificación propuesta por la Cámara de Senadores al párrafo segundo del artículo 1 de la Minuta con Proyecto de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la siguiente redacción:

"Artículo 1.- ...................

I a VI ..................

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control.

..................

.................

..............

................

................".

SEGUNDO.- Por encontrarnos en la hipótesis del último párrafo del inciso e) del artículo 72 Constitucional, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprueba el proyecto de "Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público" a efecto de que el texto para el artículo 1, así como el resto de la Ley aprobado por ambas Cámaras; se envíe al Ejecutivo para los efectos constitucionales señalados en el inciso a) del artículo 72 Constitucional.

Salón Leona Vicario de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de Noviembre de 1999.

Diputados: Angelina Muñoz Fernández (PRI), rúbrica; Wilbert H. Chi Góngora (PRI), rúbrica; Margarita Chávez Murguía (PAN), rúbrica; Rufino Contreras Velázquez (PRD), rúbrica; Jaime Basáñez Trevethan (PRI), rúbrica; José Agapito Domínguez Lacroix (PRI), rúbrica; Antonio Esper Bujaidar (PRI), rúbrica; Francisco Fernández Arteaga (PRI), rúbrica; Antonia Mónica García Velázquez (PRI); Fernando Gómez Esparza (PRI), rúbrica; Luis Alejandro Guevara Cobos (PRI); Noemí Zoila Guzmán Lagunes (PRI), rúbrica; José E. Manrique Villarreal (PRI), rúbrica; Raúl Martínez Almazán (PRI); Martha Palafox Gutiérrez (PRI), rúbrica; Oscar González Rodríguez (PRI); Juan Ignacio Fuentes Larios (PAN); José Ricardo Ortiz Gutiérrez (PAN), rúbrica; Manuel C. Peñúñuri Noriega (PAN), rúbrica; Jorge Humberto Zamarripa Díaz (PAN), rúbrica; Samuel G. Villanueva García (PAN), rúbrica; Fernando Covarrubias Zavala (PAN), rúbrica; David Ricardo Cervantes Peredo (PRD), rúbrica; José Luis García Cortés (PRD); Fernando Elías Hernández (PRD), rúbrica; Antonio Lagunas Angel (PRD); Anastacio Solís Lezo (PRD); Sergio Valdez Arias (PRD); Verónica Velasco Rodríguez (PVEM)

DE LA COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS, SOBRE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe le fue turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta de la Cámara de Senadores fechada el 27 de Octubre de 1999 que contiene la insistencia de esa Colegisladora en la modificación al segundo párrafo del artículo 1 de la Minuta que le fuera enviada por esta Cámara sobre la iniciativa de "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas" y habiendo analizado el contenido de la Minuta de referencia, somete a discusión y, en su caso, aprobación de la Honorable Cámara de Diputados, el presente dictamen:

I. ANTECEDENTES

1. A la Comisión que suscribe le fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el día 23 de Noviembre de 1999 para su estudio y dictamen, la Minuta de la Cámara de Senadores fechada el 27 de Octubre de 1999 que contiene la insistencia de esa Colegisladora en la modificación al segundo párrafo del artículo 1 de la Minuta de esta Cámara sobre la iniciativa de "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas".

2. Lo anterior, en atención a que la aprobación inicial en el Pleno de esta Cámara, a la Minuta de la "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", se realizó el pasado 22 de Abril de 1999 y se turnó a la Colegisladora para los efectos Constitucionales.

3. Tras ello, el 28 de Abril de 1999, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Minuta de sus Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, con el Proyecto de "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas"; dentro del mismo, se propuso la modificación al párrafo segundo del artículo 1, y se remitió a esta Cámara para continuar con el proceso Constitucional.

II. CONSIDERANDOS

La Colegisladora con fecha 18 de Noviembre de 1999, remitió a esta Soberanía la Minuta que contiene el proyecto de "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas"; mediante la cual, por las razones que expone en el cuerpo de la misma, propone un texto alterno al párrafo segundo del artículo 1 de la iniciativa señalada; considerando, por una parte, que ha sido aprobado por la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los pasados días 24 de Agosto y 29 de Septiembre de 1999, el Manual de Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas en la Oficialía Mayor de dicha Soberanía; por otra parte, que fueron expedidos los mismos lineamientos por cuanto atañe al Poder Judicial Federal, ya que fue publicado el 18 de Septiembre de 1998, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General número 32/1998 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fija las bases para que las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública en el Consejo de la Judicatura Federal, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 Constitucional; y por último, que se encuentra en proceso de revisión, para su posterior aprobación, el Proyecto de Reglamento para la contratación de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la H. Cámara de Diputados, suscrito por la Oficialía Mayor, Contraloría, Comité de Administración y esta Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

III. ANALISIS DE LA MINUTA

Esta Cámara de Diputados, al aprobar el dictamen correspondiente, en fecha 22 de Abril de 1999, en el párrafo segundo del artículo 1 estableció:

"Los Poderes Legislativo y Judicial, así como las demás personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, adoptarán supletoriamente los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rige, sujetándose a sus propios órganos de Control." Por su parte, la Colegisladora propuso la siguiente redacción: "Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control. Los poderes Legislativo y Judicial podrán adoptar, en lo conducente, dichos criterios." Sin embargo, por las razones que aduce la Colegisladora, insiste a esta Soberanía en la modificación del párrafo segundo del artículo 1 de la iniciativa de referencia, proponiendo la siguiente redacción: "Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control." Y que, en caso de contarse con la anuencia de esta Cámara de Diputados en el texto transcrito, sea aprobado el Proyecto de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en todos sus términos.

En razón de lo expuesto, a juicio de esta Comisión y por las razones mencionadas, esta Dictaminadora considera procedente proponer a esta Honorable Asamblea, para su aprobación, el siguiente:

DECRETO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados confiere su anuencia a la modificación propuesta por la Cámara de Senadores al párrafo segundo del artículo 1 de la Minuta con Proyecto de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la siguiente redacción:

"Artículo 1.- ....................

I a VI ..................

.........................

........................

.......................

......................

......................".

SEGUNDO.- Por encontrarnos en la hipótesis del último párrafo del inciso e) del artículo 72 Constitucional, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprueba el proyecto de "Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas" a efecto de que el texto para el artículo 1, así como el resto de la Ley aprobado por ambas Cámaras; se envíe al Ejecutivo para los efectos constitucionales señalados en el inciso a) del artículo 72 Constitucional.

Salón Leona Vicario de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, D.F., a 25 de Noviembre de 1999.

Diputados: Angelina Muñoz Fernández (PRI), rúbrica; Wilbert H. Chi Góngora (PRI), rúbrica; Margarita Chávez Murguía (PAN), rúbrica; Rufino Contreras Velázquez (PRD), rúbrica; Jaime Basáñez Trevethan (PRI), rúbrica; José Agapito Domínguez Lacroix (PRI), rúbrica; Antonio Esper Bujaidar (PRI), rúbrica; Francisco Fernández Arteaga (PRI), rúbrica; Antonia Mónica García Velázquez (PRI); Fernando Gómez Esparza (PRI), rúbrica; Luis Alejandro Guevara Cobos (PRI); Noemí Zoila Guzmán Lagunes (PRI), rúbrica; José E. Manrique Villarreal (PRI), rúbrica; Raúl Martínez Almazán (PRI); Martha Palafox Gutiérrez (PRI), rúbrica; Oscar González Rodríguez (PRI); Juan Ignacio Fuentes Larios (PAN); José Ricardo Ortiz Gutiérrez (PAN), rúbrica; Manuel C. Peñúñuri Noriega (PAN), rúbrica; Jorge Humberto Zamarripa Díaz (PAN), rúbrica; Samuel G. Villanueva García (PAN), rúbrica; Fernando Covarrubias Zavala (PAN); David Ricardo Cervantes Peredo (PRD), rúbrica; José Luis García Cortés (PRD); Fernando Elías Hernández (PRD), rúbrica; Antonio Lagunas Angel (PRD); Anastacio Solís Lezo (PRD); Sergio Valdez Arias (PRD); Verónica Velasco Rodríguez (PVEM)

DOS DE LA COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, QUE CONCEDEN PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos soldado policía militar Jesús Benito Sánchez Martínez, soldado de transmisiones Inocencio López Martínez, cabo cocinero Edgar Sandoval González, cabo cocinero Eulalio de los Santos González, soldado de intendencia Erminio Alvarez Flores, soldado policía militar Joel del Carmen Ibáñez y soldado policía militar Carlos Martínez Rojas, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano soldado policía militar Jesús Benito Sánchez Martínez para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano soldado de transmisiones Inocencio para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano cabo cocinero Edgar Sandoval González para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano cabo cocinero Eulalio de los Santos Santos González para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano soldado de intendencia Erminio Alvarez Flores para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano soldado policía militar Joel del Carmen Ibáñez para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano soldado policía militar Carlos Martínez Rojas para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de noviembre de 1999.

* * *

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano mayor intendente diplomado de Estado Mayor Gerardo Garay Herrera, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mayor intendente diplomado de Estado Mayor Gerardo Garay Herrera, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 10 de noviembre de 1999.

Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: diputados Santiago Creel Miranda, Presidente; Felipe Urbiola Ledezma, Miguel A. Quirós Pérez, Alvaro Arceo Corcuera, Jorge Emilio González Martínez, secretarios; Juan Miguel Alcántara Soria, Francisco Arroyo Vieyra, Bernardo Bátiz Vázquez, Eduardo Guadalupe Bernal Martínez, Ricardo Cantú Garza, Ricardo Castillo Peralta, Juan José García de Quevedo Baeza, Pablo Gómez Alvarez, Alfonso Gómez Sandoval, Enrique Tito González Insunza, Juana González Ortiz, José Luis Gutiérrez Cureño, Fidel Herrera Beltrán, Tulio Hernández Gómez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Enrique Jackson Ramírez, Alberto López Rosas.

Posiciones

DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE LAS CONCLUSIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LA CONASUPO Y SUS EMPRESAS FILIALES DE LA LVII LEGISLATURA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS

Noviembre de 1999

El 30 de noviembre de 1995 la H. Cámara de Diputados constituyó la Comisión para la Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus Empresas Filiales.

Ésta funcionó bajo ocho premisas o líneas de investigación, arrojando las siguientes conclusiones:

I. Analizar los resultados de las auditorías internas y externas practicadas a Conasupo y sus empresas filiales, así como la revisión de las respectivas cuentas públicas.

Aquí se procedió a realizar la revisión de las auditorías externas practicadas a Conasupo. En todos los dictámenes emitidos se encontraron "salvedades", en razón de que la preparación de los estados financieros no se ajustó estrictamente a los principios de contabilidad "generalmente aceptados". Asimismo, se concluyó que Conasupo, de 1982 a 1992, "incurrió en violaciones diversas a su normatividad, retrasos en los registros y de fallas en el control interno".

II. Detectar e investigar las importaciones, adquisiciones y contrataciones de mayor monto de Conasupo y sus empresas filiales.

Se menciona aquí que, en términos generales, se cumplieron las normas y reglas de operación, tanto en materia de importaciones como de operaciones con efectos exclusivos en el territorio nacional.

III. Revisión de las operaciones de importación de leche en polvo, supuestamente contaminada por radioactividad, no apta para el consumo humano, así como la sobrecotización de sus precios de compra y sobreestimación de los costos de fletes, y posible faltante de este producto en el territorio nacional.

Con apoyo de la opinión científica de la máxima autoridad en la materia en el país (en este caso la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias), se concluyó que dado los niveles de bequereles que contenía dicha leche, "en ningún momento se puso en riesgo la salud de la población"; asimismo, que se encontró evidencia de una supuesta sustracción de este producto de los almacenes aduanales de Veracruz.

Respecto a la sobrecotización de sus precios y sobreestimación de los costos de flete, se comprobó el pleno apego a la normatividad en ese entonces vigente para compra y contratación, respectivamente.

Por otra parte, se menciona que sí existió una conducta delictiva sobre un volumen inferior a las 9,000 toneladas originalmente denunciadas, ya que este faltante ascendió aproximadamente a 2,600 toneladas de producto (para ese entonces ya existía un proceso penal contra diversos empleados de Ferrocarriles Nacionales de México).

IV. Revisar las operaciones de importación de maíz, específicamente de Estados Unidos, supuestamente contaminado por aflatoxina, no apto para consumo humano, así como la sobrecotización de los precios de compra y de sus costos de fletes.

El supuesto tráfico de maíz subsidiado a empresas privadas. Revisar las importaciones de frijol chino no apto para consumo humano, así como la sobrecotización de sus precios de compra y de sus costos de fletes.

Se menciona que no existió, durante el lapso 1982-1992, y particularmente 1989-1990, ninguna importación de maíz que estuviera afectada por la presencia de aflatoxinas superior a la norma internacional.

Sobre el supuesto aprovechamiento ilícito por pagos por subsidio de maíz por parte de la empresa Maseca, se concluyó que el procedimiento que llevó al pago de Conasupo a Maseca por concepto de deterioro financiero, se ajustó "plenamente" a derecho y a la normatividad interna vigentes en la materia y que las autoridades actuaron con estricto apego al ámbito de sus competencias, atribuciones y responsabilidades.

Referente a la importación del frijol chino, fue "evidente" que hubo serias irregularidades en la negociación, contratación y ejecución de la operación celebrada con la empresa California Panamá Holding, por 10,000 toneladas de este producto, y que "subsistió" un grave quebranto para la institución.

Aunque la Secogef inhabilitó a los responsables, éstos no fueron denunciados en su oportunidad y, por tanto, no fueron consignados penalmente ante las autoridades competentes.

V. Relaciones comerciales de Conasupo y sus empresas filiales con sus principales clientes y proveedores.

No hubo evidencia de la existencia de irregularidades en las principales operaciones comerciales celebradas con clientes y proveedores por parte de Conasupo matriz. Sin embargo, en el caso de contratos exclusivos de distribución de harina de maíz de Diconsa se presentan una serie de irregularidades de "forma y fondo".

VI. Seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, respecto a las diversas anomalías en el funcionamiento de Conasupo y sus empresas filiales.

Según los elementos aportados por la PGR, en 97 casos la conducta delictiva denunciada fue peculado, 20 fraude y otros delitos, como ejercicio indebido de funciones, entre los más importantes.

Se señala, además, que la Secretaría de la Contraloría aplicó 373 sanciones económicas, y la Contraloría Interna de Conasupo 91.

VII. Revisión del proceso de desincorporación de la planta Miconsa de Atlacomulco, México, venta de activos y liquidación de las filiales de Conasupo que fueron desincorporadas.

Se señala que Abastos Especializados, SA de CV, fue, de las tres empresas invitadas, la única que presentó postura, evidenciándose además que la misma constitución de dicha empresa privada presentó irregularidades.

El contrato fue "ventajoso", ya que la empresa pudo asegurar la utilización de gran parte de su capacidad instalada y recursos financieros, sin necesidad de buscar un mercado propio. Además, se incorporaron al contrato de maquila penas convencionales a cargo de Miconsa prohibidas expresamente por el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Existe en las conclusiones aquí expresas un supuesto no comprobado, el que se refiere a que el ingeniero Raúl Salinas de Gortari fue copartícipe en estas irregularidades, ya que él pudo haber promovido a Carlos Alamán Bueno en sustitución de Salvador Giordano, como Director de MICONSA.

VII. Verificar los datos aportados por particulares, organizaciones no gubernamentales y otras instancias, relativos a anomalías y/o desviaciones en la actuación de Conasupo y sus empresas filiales.

Se dijo que las denuncias en referencia fueron incluidas en las otras líneas de investigación, por lo que no ameritó mayor comentario.

En resumen, la investigación de estas ocho líneas concluyó finalmente con que le correspondía a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo "ejercer hasta sus últimas consecuencias las acciones legales que resulten aplicables", en cuanto a que:

Se encontraron irregularidades, detectadas por auditorías externas e internas efectuadas a Conasupo y sus filiales, especialmente en la construcción de una planta de Miconsa en Guerrero.

Irregularidades en la celebración de contratos de distribución de harina de maíz entre Miconsa y siete empresas de capital privado.

Irregularidades en el proceso de desincorporación de la planta Miconsa de Atlacomulco, Estado de México.

E irregularidades en la compra de frijol chino no apto para consumo humano.

Esta Comisión terminó su labor investigadora el 8 de octubre de 1996, y con esta fecha la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la LVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados instruyó su disolución.

Hay evidencia de que después de la presentación de estos resultados por la Comisión, la Secretaría de Gobernación turnó oportunamente a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y ésta a su vez a la Procuraduría General de la República para la revisión, conclusión de investigaciones y sentencias o, en su caso, inicio del proceso jurídico correspondiente.

Con excepción del Partido Revolucionario Institucional, las fracciones parlamentarias de la LVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados cuestionaron el alcance de la investigación realizada por la Comisión para la Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus Empresas Filiales.

El 6 de noviembre de 1997, y a petición de las mismas fracciones, pero ahora de la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, reinició nuevamente actividades la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus Empresas Filiales sólo por un año (posteriormente se prorrogó uno más -hasta el 29 de octubre de 1999).

La Comisión se estructuró con dos diputados de cada una de las cinco fracciones parlamentarias que integran esta nueva Legislatura, sin reflejar, evidentemente, la ponderación parlamentaria de la misma, sobrerrepresentándose la participación partidaria.

Como apoyo al cuerpo técnico de la Comisión Investigadora, ésta contrató a dos despachos, uno jurídico y el otro contable: Daza Gómez y González Cerroblanco y CIA, respectivamente. Estos fueron los ganadores de una licitación bajo la modalidad de invitación restringida. Al Despacho Daza Gómez se le solicitó:

1) Elaborar un informe sobre el estado procesal en que se encuentran las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, relacionadas con las revisiones hechas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a Conasupo y sus empresas filiales y, en su caso, verificar sí el total de las recomendaciones que la misma ha formulado han sido denuncias ante la Procuraduría General de la República.

2) Elaborar un informe sobre el estado procesal en que se encuentran las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, según los resultados del informe final de la Comisión del Funcionamiento de Conasupo y sus empresas filiales de la LVI Legislatura.

3) Elaborar un informe sobre el estado procesal en que se encuentra el total de las averiguaciones previas tramitadas ante la Procuraduría General de la República, por diversos delitos cometidos en contra de la Conasupo y sus empresas filiales.

Verificando para tales efectos:

El avance procesal y administrativo
La naturaleza de los hechos denunciados, y
La conexidad entre ellos y otras denuncias.

2) Emitir opinión, en la medida de lo posible, en relación de cuáles de las denuncias son susceptibles de ejercitarse acción penal.
3) Emitir opinión que, conforme a derecho, debe imperar en cada caso.
4) Asesorar jurídicamente a la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus Empresas Filiales, cuando se estime que los hechos denunciados tengan vinculación con cualquier otra materia del derecho mexicano, así como con las leyes del derecho internacional y comparado.

Por otra parte, al Despacho González Cerroblanco y CIA se le encomendaron diversas auditorías referentes a: 1) La desincorporación y venta de las plantas de Liconsa y activos de Miconsa Guerrero, SA de CV.
2) Operaciones con Bancos e inversiones de Conasupo y sus empresas filiales.
3) Fuentes de financiamiento de los compradores de bienes, propiedad de filiales de Conasupo.
4) Lineamientos para la desincorporación de las plantas de Liconsa.
5) Estrategias de venta de las plantas Liconsa.
6) Ofertas de compradores de las plantas Liconsa.
7) Solvencia económica y moral de los ganadores de las licitaciones de las plantas Liconsa.
8) Créditos de Banrural para solventarla compra de las plantas Liconsa.
9) Condiciones de las sociedades mercantiles creadas para la adquisición de las plantas de Liconsa.
10) Revisión y análisis de las actas del Consejo de Administración de Liconsa.
11) Revisión de documentos que avalaron el proceso de desincorporación de las plantas Liconsa.
12) Revisión de los procesos de licitación, créditos para asignar las plantas, tipos de garantías y compromisos adquiridos por los compradores de las plantas de Liconsa.
13) Revisión de las condiciones, requisitos y criterios para la venta de las marcas de leche de Liconsa.
14) Revisión de las relaciones comerciales con clientes y proveedores de Conasupo y sus empresas filiales. A partir del 14 de octubre de 1998, los despachos iniciaron sus investigaciones, contando para ello con toda clase de apoyos para el mejor resultado de las mismas, no sólo proporcionándoles información, sino los recursos materiales solicitados.

La nueva Comisión y su cuerpo técnico funcionó bajo seis líneas de investigación y, después de dos años presentó los siguientes resultados:

I. Revisión de contratos exclusivos de distribución de maíz y tráfico de maíz subsidiado en el periodo 1990-1993.

El objetivo de esta línea de investigación se deriva de los resultados alcanzados por la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus Empresas Filiales de la LVI Legislatura, en los cuales se dijo: "No se estuvo en condiciones de detectar o verificar en qué consistían los servicios de comercialización proporcionados a Miconsa por las siete empresas privadas de distribución de harina de maíz".

Sin llevar a cabo un análisis preciso del contexto nacional en que se desarrollaron las contrataciones en referencia (el cambio estructural del Estado mexicano), se inició la revisión por la actual Comisión, obteniéndose la reiteración de conclusiones y nuevamente limitaciones en su alcance.

La Comisión determinó que Miconsa efectuó contratos de distribución exclusiva de harina de maíz nixtamalizada que "no eran necesarios", debido a la infraestructura de almacenamiento y comercialización del sistema Conasupo, la cual, por cierto, ya tenía programada su desincorporación.

Que los contratos se asignaron por invitación directa, no obstante que por sus montos debió haberse convocado a por lo menos tres proveedores; que, además, las empresas no tenían una antigüedad mayor a seis meses y que todas fueron constituidas por el mismo notario.

Asimismo, que las penas convencionales incluidas en las cláusulas quinta y décima quinta de los contratos firmados con cada distribuidora "violaron" la fracción primera del artículo 70 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y que las condiciones contractuales beneficiaron de manera importante a las distribuidoras, ya que contemplaban altas comisiones.

Las conclusiones que al respecto se presentan no son nuevas, y sus efectos fueron tomados en cuenta por la Conasupo desde el 11 de octubre de 1996, cuando se presentó denuncia ante la PGR por irregularidades detectadas en la celebración de contratos de distribución de harina de maíz entre Miconsa y empresas de capital privado, contra quien resultara responsable.

El despacho jurídico, por su parte, propuso investigar la manera como se llevaron las licitaciones, ya que "posiblemente" se violó la legislación. Cómo saberlo y cómo aseverar sin antes verificar el proceso que ahora instruye el despacho a investigar, siendo que era él o habida cuenta que el despacho contable tenía la obligación de hacerlo.

El mismo despacho jurídico concluyó también que "con base en el reporte del despacho contable", Miconsa cubrió a Minsa Atlacomulco pagos indebidos por servicios superiores a los 13 millones de pesos y penas convencionales por supuestos incumplimientos de 2.75 millones de pesos, y señala como presunto responsable de esta operación a Salvador Giordano Gómez.

Asevera otro supuesto pago indebido de la misma empresa a Maseca, y señala por nombre a más responsables (funcionarios públicos en su mayoría). Estos resultados se presentan en el cuerpo de trabajo de investigación de la Comisión.

Resulta una irresponsabilidad personalizar la acusación a Salvador Giordano y otros de elaborar la estrategia y propuesta para la asignación de los servicios de distribución de Miconsa.

Asimismo, resulta una falta de ética señalar una participación en ilícitos a funcionarios públicos, por el sólo hecho de pertenecer a los consejos de administración de las empresas.

Por otro lado, cabe aclarar que existe evidencia de que el despacho jurídico no obtuvo de la PGR información del estado procesal de las denuncias, tal y como se le conminó. La información que rindió fue obtenida de los archivos de la propia Comisión Investigadora de Conasupo.

Por lo anterior, podemos suponer que las conclusiones ya existentes en la Comisión Investigadora desde 1996 fueron repetidas en el informe final de estos despachos y retomadas en las investigaciones de la Comisión reabierta, pero con aseveraciones y personalización de culpabilidades sin sustento jurídico alguno -erigiéndose a veces en juez-, lo que propició confusiones y politizó resultados.

No obstante haberlas aprobado, el trabajo de investigación en lo general y en particular, dada la premura con que se presentaron las conclusiones de esta línea y tomado en cuanta que las mismas no variaban de las ya aportadas desde 1996, quisimos incorporar las opiniones aportadas durante las reuniones del equipo técnico por los asesores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en esta Comisión, mismas que algunas veces no fueron tomadas en cuenta, sobre todo en lo referente a las acusaciones sin fundamento, bajo un análisis más amplio y serio. Proponemos, pues, las siguientes conclusiones:

1. La celebración de los contratos de distribución exclusiva de harina de maíz nixtamalizada era necesaria. Lo anterior debido a que en el país se desarrollaba una reforma estructural de mediano y largo plazo del Estado que propiciaría mayor eficiencia en sus funciones.

2. Tal y como lo definen las conclusiones de la Comisión en la LVI Legislatura, las empresas distribuidoras no tenían una antigüedad mayor a seis meses, anterior a la firma de los contratos de distribución, ya que fueron constituidas entre el 16 de julio y el 11 de septiembre de 1990, y los contratos fueron celebrados entre el 20 de julio de 1990 y el 1 de marzo de 1991; no obstante ello, se les otorgó la licitación.

3. Lo anterior trajo consigo que las empresas no contaran con el capital social que asegurara su solvencia, ni la experiencia que se requería para garantizar el cumplimiento de los contratos, de lo que se desprende el atraso en los pagos con una creciente cartera vencida y la baja penetración en el mercado.

4. Las condiciones contractuales y sus posteriores modificaciones beneficiaron de manera importante a los distribuidores, ya que contemplaban penas convencionales y el pago de altas comisiones, hasta del 20 por ciento del monto de las ventas.

5. Los siete contratos de distribución y venta de harina de maíz nixtamalizada se asignaron por invitación directa nominativa, debiendo ser convocados por lo menos tres proveedores por cada contrato.

I. Revisión de operaciones no usuales de dinero (entre Conasupo y sus empresas filiales) con cualquier cliente proveedor y/o institución de crédito nacional o extranjera.

II. Revisión de los créditos solicitados por Conasupo y sus empresas filiales a distintos grupos financieros e instituciones nacionales y extranjeras de crédito. (Las conclusiones de estas dos líneas, por su naturaleza, se presentan juntas).

El objetivo de estas dos líneas de investigación era determinar si las operaciones de dinero llevadas a cabo por la Conasupo y sus empresas filiales, entre el periodo comprendido entre 1982 y 1994, fueron realizadas de acuerdo con la normatividad y procedimientos establecidos, así como verificar si en dichas operaciones se incurrió en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y/o el lavado de dinero.

Por otro lado, detectar supuestas irregularidades y/o desvíos de recursos, producto de las operaciones con créditos otorgados a la empresa paraestatal por diversas organizaciones auxiliares de crédito, de instituciones de banca múltiple nacional y extranjera, y demás sociedades del ramo financiero.

La Comisión mencionó aquí que, no obstante las diversas acciones instrumentadas ante instancias de Conasupo por parte del despacho contable para revisar los contratos de apertura de cuentas bancarias y firmas autorizadas del periodo de enero de 1986 a diciembre de 1990, el objetivo no se logró alcanzar, ya que los papeles proporcionados por la entidad se encontraban en proceso de análisis y ajuste.

En las operaciones con intermediarios financieros nacionales e internacionales de Conasupo "faltó revisar las pólizas de diario y de cheques de los bancos", mismas que no se entregaron.

Considerando que el despacho contable no contó con los elementos de prueba que implicaran un daño a la entidad, tal y como sucedió en la Comisión de la LVI Legislatura, no pudo asegurarse la comisión de ilícitos o presuntas desviaciones y mucho menos operaciones relacionadas con el narcotráfico y/o con lavado de dinero. Sin embargo, llegó a conclusiones temerarias sin ningún fundamento.

Por su parte, sobre la línea IV, el despacho contable auditó 8 créditos en moneda nacional por 68.9 millones de pesos obtenidos con 7 instituciones bancarias y uno por 20 millones de dólares americanos con una institución del extranjero, correspondientes al ejercicio 1987, pero no mencionó la forma en que se operaron dichos créditos, debido a que "no obtuvo pólizas de ingreso, de cheques y otros documentos". Por tal motivo, el despacho señaló también que no existen elementos para emitir una opinión.

No obstante lo anterior, la Comisión presentó términos conclusivos como: "se detectan irregularidades", "muestran violaciones a la normatividad vigente", "uso inadecuado de las cuentas", "traspaso de cuentas y falta de control de los recursos", "depósitos a cuentas en países de baja imposición fiscal", etcétera.

Para clarificar esta investigación, de tal forma de reducir el sesgo con que se presentan las conclusiones de la Comisión -votamos a favor en lo general y en contra en lo particular-, el Partido Revolucionario Institucional propone la siguientes conclusiones:

1. En cuanto al Manejo de cuentas de cheques:

Las revisiones y auditorías llevadas a cabo, tanto por los órganos de control interno como externo, se abordaron en forma muy limitada.

Para que el organismo tuviera un control eficiente en el manejo de los recursos, por tipo de origen (asignación presupuestal, ingresos propios, subsidios, créditos recibidos, etcétera), debía de contar con cuentas específicas para cada uno de esos rubros, evitando los traspasos entre cuentas, ya que esto posibilitaba perder el control de los recursos.

Sin embargo, habrá que reconocer que el sobregiro que se presentaba en el manejo de algunas cuentas de cheques se debía a que la asignación presupuestal por parte del gobierno federal a la entidad paraestatal no siempre estaba en concordancia con las necesidades de la operación de las empresas filiales.

Los movimientos de las cuentas de cheques, por tanto, se presentan poco claros para quien desconoce la estructura de asignación presupuestaria de la administración pública.

"Los sobregiros, el uso inadecuado de las cuentas para disponer todo tipo de recursos, realizar diversos tipos de operaciones, los traspasos entre las cuentas y el registro de operaciones estimadas" eran representativos de este fenómeno.

2. En cuanto a las inversiones en mesa de dinero, mercado de futuros Over Night Accounts y en países de baja imposición fiscal se concluye que:

Se contrataba deuda pública para financiar al organismo, aunque éste contaba con recursos ociosos invertidos en mesa de dinero, mercado de futuros, Over Night Accounts y en países de baja imposición fiscal.

Debido a la confusión e irregularidad en los registros contables, no fue posible verificar que los intereses generados en las cuentas de la Conasupo fueran reintegrados a la Tesorería General de la Federación.

3. En cuanto a presupuestos asignados y ejercidos:

Se encontró un sobreejercicio presupuestal observado entre los años 1987 a 1990. En 1988 el presupuesto ejercido fue casi el doble de lo autorizado; la mayoría de ese sobreejercicio correspondió a la contratación de deuda publica.

De acuerdo con los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda, la necesidad de esos recursos se justificó por razones de política social:

Efectos del mercado (alza de precios o escasez de productos).
Repercusiones de sucesos internacionales.
Políticas monetarias. 4. En cuanto a triangulaciones financieras:

En la práctica común, las triangulaciones son debidas al manejo del dinero para compra de productos o pago de prestación de servicios a través de instituciones financieras. De las operaciones revisadas, se constató que en algunas de éstas estaban previstas desde su autorización.

Se presupone que el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco de México pudieron radicar recursos en la agencia del Banco Internacional en Gran Caimán -país de baja imposición fiscal- debido a la exigencia del proveedor o su establecimiento en el contrato (esto no pudo ser verificado).

III. Revisión del Proceso de desincorporación de empresas, ventas de activos y marcas de leche del sistema Conasupo.

El objetivo planteado para esta línea de investigación se refiere a la supuesta existencia de irregularidades en la venta de activos de plantas y marcas de leche de Liconsa y desincorporación de activos de Miconsa Guerrero y Miconsa Atlacomulco, así como al investigar aspectos que permitan conocer la fuente de financiamiento de las empresas que adquirieron los bienes de estas filiales.

La Comisión señala que, según el despacho González Cerroblanco, sólo existe documentación soporte que avala el primer pago que se estableció en los contratos de compraventa de las plantas de Liconsa, pero que no se cuenta con la evidencia de cobro del segundo y tercer pago, ya que se autorizaron prórrogas que debieron de cubrirse a más tardar en junio de 1993, por lo que se solicitó al banco comisionista y a la Tesofe los recibos correspondientes, sin que éstos lo hicieran.

Por otro lado, que el banco agente (CremiI) subvaluó los precios de las plantas, y que además los mismos estaban por debajo de las mejores ofertas recibidas.

Asimismo que, según el despacho jurídico, se detectaron irregularidades en el proceso de venta de estas plantas, puesto que no se efectuó la resectorización de Secofi a la SHCP; que no debió de aceptarse a Banca Cremi como agente financiero, pues dicho banco era propietario del 10 por ciento de las acciones de la empresa ganadora; y ya que se autorizó por la Unidad de Desincorporación de la SHCP una prórroga para que se finiquitara el pago hasta junio de 1993, sin que existieran garantías suficientes, se señala que "debería de iniciarse la denuncia de hechos correspondiente", en la cual se establecieran como "presuntos responsables al dr. Pedro Aspe Armella, dr. Jaques Rogozinski, dra. María Elena Vázquez Nava y Aarón Schwartzman Kaplan, ex funcionarios, así como a Roberto Abarca Ochoa y Octavio Gómez Gómez, ex directivos de Banca Cremi".

Lo anterior parte de una apreciación dolosa. Las Plantas Liconsa de Aguascalientes y Delicias, aunque se vendieron como negocios en marcha, no eran entidades paraestatales, sino que formaban parte de los activos fijos de Leche Industrializada Conasupo, SA de CV, por lo que eran la asamblea de accionistas y el órgano de gobierno de Liconsa -tal y como lo establece el artículo 58, fracción V, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y los artículos 178 a 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles-, los responsables de dicho proceso, y no la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento, como erróneamente se señala.

Por otra parte, en la sesión celebrada el 27 de julio de 1990, mediante acuerdo 90-XIV-E-1, la CIGF aprobó la propuesta de venta de las plantas industriales que le presentó la Secofi, en su carácter de coordinadora de sector y la Conasupo como accionista mayoritario de la empresa.

La designación de Banca Cremi como agente financiero, se hizo por la CIGF el 27 de julio de 1990, lo cual fue aprobado posteriormente por la asamblea de accionistas de Liconsa, fecha en que se corroboró que Banca Cremi no tenía participación accionaria en las sociedades postoras ni tampoco era acreedor de Liconsa.

En sesión de Consejo celebrada el 9 de diciembre de 1992, la CIGF aprobó una prórroga para que el finiquito de los contratos de compraventa de las plantas se cubriera hasta junio de 1993, determinando que se estableciera el costo financiero a una tasa de Cetes a 28 días más tres puntos, y en el caso de demora, una tasa de Cetes a 28 días más 9 puntos.

Las supuestas responsabilidades de los ex secretarios de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría General de la Federación son improcedentes. El proceso de enajenación fue responsabilidad del director general de Liconsa, con el apoyo técnico del banco agente designado, quienes se apegaron a la normatividad establecida en la materia.

Respecto a las supuestas irregularidades en la construcción de la Planta Miconsa Guerrero, la Comisión, en base a los resultados del despacho González Cerroblanco, manifiesta, que el gobierno de Guerrero realizó "de manera deficiente" la supervisión de las obras de la construcción de la planta...", ya que no suspendió los trabajos cuando las condiciones climatológicas impedían su realización.

Asimismo, indica que el gobierno de Guerrero y Miconsa Guerrero autorizaron indebidamente ampliaciones y ajustes de los precios unitarios establecidos en el contrato original, y que tampoco se cuenta con el soporte documental que acredite la transmisión legal de las acciones de Miconsa al gobierno de Guerrero y de que éste haya cumplido con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sobre Miconsa Atlacomulco, la Comisión menciona, igualmente, que la transferencia al gobierno del estado de México no se concretó sino hasta el momento mismo de la venta; que la venta de acciones fue "ilícita" y que la empresa Abastos Especializados, ganadora de la licitación, no cumplía con las características de Ley, ya que no contaba con antigüedad ni con el capital social que garantizara su solvencia.

Nuevamente, en lugar de proponer mayores investigaciones para deslindar responsabilidades, erigiéndose en juez se acusa a funcionarios públicos tan sólo por el hecho de pertenecer a los consejos de administración. En el cuerpo de la investigación de la Comisión se mencionan estas aseveraciones.

Cabe aclarar que, con base a los resultados obtenidos por la Comisión de la LVI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, se presentaron ya las respectivas denuncias de hechos, mismas que debieron haber sido revisadas por el despacho jurídico y que hoy, contradictoriamente, nos conmina a exigir: que "1a PGR, lleve a cabo investigaciones, desahogo de pruebas y demás diligencias...".

Por lo anterior, la fracción parlamentaria del PRI votó en contra, tanto en lo general como en lo particular, el informe final de esta línea de investigación, y propone las siguientes conclusiones:

1. Los precios recomendados por el banco agente (Banca Cremi) para la desincorporación de activos de Liconsa, aceptados por la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están por debajo de los precios de avalúo, salvo las marcas.

2. Las empresas que ganaron las licitaciones para la compra de las plantas y marcas de leche, sufrieron retrasos en cuanto a las fechas de sus pagos, lo que contravino las cláusulas de los contratos de compraventa. Se omitió promover y aplicar las penalidades correspondientes por la falta de pago oportuno.

3. El proceso de planeación para la construcción de la Planta Miconsa Guerrero fue inconsistente. Lo anterior, aunado a la falta de una adecuada supervisión, provocó que la localización, el costo y los plazos de ejecución de la obra sufrieran cambios sustanciales.

4. La transferencia al gobierno constitucional del estado de México de los derechos y obligaciones que al gobierno federal correspondían en cuanto a la empresa Miconsa Atlacomulco, SA, no se concretó sino hasta el momento mismo de su venta a particulares. En este caso, la premura obligó a cumplir la formalidad del traspaso con posterioridad.

V. Importación de leche en polvo contaminada con radioactividad

No obstante los resultados de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo de la LVI Legislatura, el objetivo de esta línea fue nuevamente el determinar si la leche importada de Irlanda estaba contaminada con radioactividad.

La actual Comisión concluye, sin ningún respaldo empírico, que "negligentemente" la Conasupo importó leche contaminada; que "podía haberlo evitado", aunque no se encontró evidencia que probara la compra a menor precio.

Los despachos intervienen en esta investigación, que por cierto no les fue solicitado en ninguno de los dos contratos de prestación de servicios. No obstante, tampoco contribuyeron de forma importante, sólo aportaron confusión.

Enuncian violaciones a la Ley General de Salud y hacen imputaciones a servidores públicos citados por los despachos, que carecen de validez por falta de evidencia documental, pues como señala el propio despacho jurídico, no conocieron el contenido del contrato ni la documentación que justifique la adquisición.

Los artículos 278 y 456 de esta Ley, invocados por el despacho, no son aplicables, ya que Conasupo nunca pretendió importar una sustancia tóxica o peligrosa, sino leche en polvo que se regula con base a los artículos 340 al 342 del Reglamento en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Así mismo, la Ley que indica el despacho no había sido promulgada al momento de los hechos; lo anterior evidencia falta de profesionalismo y ligereza en sus afirmaciones.

Es importante reafirmarlo: no se importó leche contaminada, se importó leche que resultó contaminada.

Debido a la inquietud que se generó por la importación de este producto, se decidió confinar la leche comprada a Irlanda en el recinto portuario de Veracruz, para que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, máxima autoridad en la materia, realizara los análisis correspondientes, la que manifestó que no existían riesgos para los consumidores del producto. Los intentos fallidos de mezclar diferentes tipos de leche para neutralizar la que era apta para el consumo, propiciaron la determinación de las autoridades para no procesarla, ni rehidratarla; lo anterior fue conclusión de la Comisión desde 1996.

Ahora bien, es importante dejar bien claro: la norma bajo la cual México comenzó a regular la importación de productos alimenticios, fue emitida en la 19 Reunión del Comité Codex Alimentarius para Aditivos en Alimentos, que se celebró en Roma, Italia, el primero de diciembre de 1986, quedando establecidos como niveles de acción internacional 370 bq/kg, como promedio total de cesio contenido en los alimentos expuestos.

Lo anterior tenía una vigencia de un año a partir de la fecha del accidente nuclear de Chernobyl. En los años subsecuentes no deberían de rebasar los 150 bq/kg de alimento listo para consumo.

Esto es, la primera norma tenía vigencia hasta abril de 1987. Durante este tiempo, se importó leche bajo estas características.

Sin embargo, la CNSS (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias), en junio de 1987, decidió hacer recomendaciones a la Secretaría de Salud, a efecto de normar de manera todavía más restrictiva los niveles de orientación bajo los cuales debía autorizarse la importación de productos alimenticios. Por tal razón, la Secretaría de Salud decide disminuir la norma internacional y ubicarla en 50 bq/kg en base seca, ampliándose de inmediato y constituyendo así una de las normas más estrictas del mundo.

Es por ello que la Secretaría de Salud prohibe la internación legal al país a aquellos lotes que resultaran superiores a los nuevos lineamientos. Los despachos nunca se enteraron de ello y, por tanto, nunca entendieron el contexto del problema; aun así, se hacen las aseveraciones antes mencionadas.

El documento técnico de esta investigación fue votado a favor en lo general, no así sus conclusiones, por parte de la fracción parlamentaria del PRI, ya que las que se presentan, sin coincidir en nada con la investigación, fueron impuestas por una mayoría que, al no encontrar evidencias, buscó con mentiras el escándalo político.

Por lo anterior, se dan a conocer la verdaderas conclusiones que arrojó la investigación:

1. Como se menciona en las conclusiones de la Comisión de la LVI Legislatura, el gobierno de México importó leche en polvo de Irlanda, misma que resultó contaminada.

2. No se encontró evidencia alguna que probara la supuesta compra dolosa de leche en polvo contaminada con radioactividad. Tampoco que pudiera haber sido comprada a menor precio del previamente acordado en los contratos respectivos.

3. Con base a los muestreos llevados a cabo por la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias durante 1986 y 1987, los niveles de radioactividad siempre estuvieron dentro de los márgenes de recomendaciones internacionales, establecidos por la Comisión de Codex Alimentarius.

4. La leche que ingresó al país durante 1987 y que no cumplía el criterio señalado por la Secretaría de Salud de 50 bq/kg, fue devuelta a Irlanda y el importe respectivo reembolsado.

5. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no pudo muestrear 12,920.63 TM de leche en polvo procedente de Irlanda durante 1986, porque ya habían sido comercializadas entre los meses de septiembre de 1986 y enero de 1987; de esas toneladas, no se pudieron establecer niveles de radioactividad.

6. Las pruebas de dilución efectuadas en julio de 1987, se realizaron con leche en polvo que se encontraba por debajo de la recomendación mexicana de 50 bq/kg.

V. Seguimiento de las denuncias interpuestas ante la PGR por el área jurídica de Conasupo, así como de la Secodam, en contra de funcionarios de Conasupo y sus empresas filiales, principalmente las irregularidades de los pagos hechos a Maseca

El objetivo de esta línea era conocer y verificar el resultado de las acciones emprendidas por las instancias de control en contra de funcionarios de Conasupo y sus empresas filiales, y determinar si existieron irregularidades en el pago realizado por Conasupo a Maseca, por concepto de supuesto deterioro financiero ocasionado por falta de un pago oportuno.

En cuanto al seguimiento de las denuncias presentadas ante la PGR por Conasupo, Secodam y algunos diputados de la LVI Legislatura, la Comisión hace referencia a 101 averiguaciones previas, en las que se señala daño patrimonial. Concluye que:

Se afectó al patrimonio de Conasupo por 9,162.3 millones de pesos.
El número probable de responsables asciende a 144.
Solamente se obtuvieron sentencias condenatorias para 12 casos. Los datos estadísticos relacionados con las averiguaciones previas de la PGR, presentados por el despacho, no evalúan con objetividad las etapas procesales de cada caso, ni las resoluciones emitidas por el Poder Judicial; sólo obsesivamente hace referencia específica sobre lo que él mismo denomina "el caso Salvador Giordano" y recomienda a la PGR se lleven a cabo las investigaciones, desahogo de pruebas y demás diligencias para ejercitar la acción penal en contra del ex funcionario referido por "enriquecimiento ilícito".

En cuanto el importe de la afectación al patrimonio de la Conasupo, no se efectúa ninguna adecuación, por cada línea de investigación y averiguación previa involucrada. Además, hace mención, indistintamente, a pesos, nuevos pesos y dólares, lo que implica una suma incorrecta en el monto de la supuesta afectación.

No obstante las imprecisiones señaladas, y sin conocer el monto expresado en las conclusiones de esta línea, ni por los diputados del PRI integrantes de la Comisión, ni por sus asesores en la Secretaría Técnica, se menciona, sin ninguna base, que "el daño patrimonial al erario público federal, de acuerdo a la auditoría practicada a las operaciones de Conasupo y sus empresas filiales, con resultados al 25 de junio de 1999, fue de 1 billón 631 mil 352 millones, 919 mil 220 pesos".

Por otra parte, se señala que el 5 de diciembre de 1989 se celebró un convenio de finiquito mediante el cual Conasupo pagó a Maseca la cantidad de 15.8 millones de pesos por concepto de deterioro financiero, por no haberse cubierto oportunamente los pagos con cargo a subsidios a la harina de maíz. El despacho contable solicitó que se revisara jurídicamente, ya que algunas Secretarías de Estado se opusieron inicialmente a cubrir este pago.

El despacho jurídico manifestó que el consejo de administración de Conasupo determinó realizar el supuesto pago indebido por 158 millones de pesos, por concepto de deterioro financiero, sin que existiera la normatividad que lo fundamentara, por lo que "incurrieron en responsabilidad al afectar el patrimonio".

Las conclusiones del despacho fueron erróneas. Omiten mencionar que Maseca, después de la negativa de pago por algunas Secretarías de Estado, solicitó al Secretario de Comercio, en su carácter de coordinador de sector y presidente del consejo de administración de Conasupo, la reconsideración del dictamen emitido, argumentando que la normatividad para el pago de subsidios a la harina de maíz era imprecisa, y que contaba con los soportes contables y legales que acreditaban dicho pago.

En sesión celebrada el 23 de noviembre de 1989, el presidente del Consejo expuso el problema con nuevos elementos presentados por Maseca, señalando que se podría tener un proceso de larga resolución, por lo que sugirió que se facultara al director general para negociar con Maseca la suscripción de un finiquito. Así se hizo.

El órgano de gobierno, en ningún momento excedió sus facultades. Esta autorización se dio con base en lo que establece el artículo 57 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la norma emitida por Secofi de fecha 15 de agosto de 1985.

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional propone, para esta línea de investigación las siguientes conclusiones:

1. En cuanto al seguimiento de las denuncias presentadas ante la PGR por Conasupo, Secodam y la LVI Legislatura, existen 122 averiguaciones previas analizadas. Se ejerció acción penal en 80 ocasiones; 20 averiguaciones siguen en la PGR y 22 tuvieron trámites diversos.

2. Algunas averiguaciones previas presentadas no se hicieron en tiempo y forma. Sin embargo, en las mismas existe conexidad, evitando con ello la prescripción.

3. Sería conveniente que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo informen a la H. Cámara de Diputados el verdadero estado procesal de las denuncias realizadas por la Conasupo y la Comisión de Investigación de Conasupo y sus Empresas Filiales de la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, ya que el despacho jurídico Daza Gómez no cumplió con el objetivo para el que fue contratado.

Todas las aseveraciones y resultados presentados por los despachos fueron determinantes para sustentar las conclusiones de las otras fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus Empresas Filiales de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Estas conclusiones, más que alcanzar el objetivo de la reconstitución de la Comisión, más que ahondar en los resultados heredados por la Comisión en la LVI Legislatura, confundieron por la irresponsabilidad de las investigaciones y, sobre todo, por la superficialidad de los despachos contratados.

Lo anterior propició que se demeritara el trabajo realizado por algunos de los integrantes de la Secretaría técnica de la Comisión. A juzgar por las aseveraciones emitidas en las conclusiones, éstas no corresponden a lo expresado en los documentos técnicos.

Durante 37 sesiones de la Comisión, presididas, en estos dos años, por todas las fracciones parlamentarias, en la correspondiente del Partido Revolucionario Institucional, en todo momento se trató de consensar los avances para no caer en la irresponsabilidad y erradicar la politiquería de un trabajo que pretendió tener compromiso con el pueblo de México.

El ánimo protagónico contagió la Comisión de aquellos cuya única misión fue y es el rompimiento de consensos, soporte de la seriedad legislativa. Se buscó, más que otra cosa, el espacio que irresponsablemente permitiera la espectacularidad política. Las conclusiones fueron manipuladas, sustentándose en la propia confusión de los despachos, los cuales tampoco entendieron la importancia de su función en el análisis e investigación de los hechos.

A mayor abundamiento de la irresponsabilidad con que se abordó la investigación por parte de los partidos opositores al PRI, algunos dejaron de participar definitivamente en los trabajos; otros aparecieron cuando les tocaba presidir, pero se desentendieron de buscar consensos y encontrar, responsablemente, con seriedad y objetividad, la verdad en el desempeño de la Conasupo.

Se llegó al extremo de eliminar con la mayor ligereza las conclusiones técnicas de las investigaciones, agregando algunas conclusiones ad hoc, que nada tienen que ver con la propia investigación. Por decir lo menos, se redactaron "sobre las rodillas" conclusiones que fueran adecuadas al escándalo político, pero alejadas del trabajo de investigación consensado y objetivo, desarrollado durante dos años por el cuerpo técnico de la Comisión.

En repetidas ocasiones, los miembros de las fracciones parlamentarias del PRD y del PAN utilizaron la acusación a ultranza para llevar a la opinión pública datos falsos sobre la verdad en el funcionamiento de Conasupo y sus empresas filiales. Lo más triste del caso es que se hizo a nombre de la Comisión sin serlo, y fundamentándose en documentos que por su propia naturaleza eran, en ese momento, de circulación restringida.

Por todo ello, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presenta aquí, lo que con responsabilidad y respeto a la inteligencia de la representación de los mexicanos, este documento que pretende poner a su criterio, y al de la opinión pública nacional, las conclusiones que deberían haber sido expuestas por la Comisión de Investigación del Funcionamiento de Conasupo y sus Empresas Filiales.

Actas

DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, SOBRE SU SESION ORDINARIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las ocho horas con treinta minutos del día veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, acuden al Palacio Legislativo los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial a la sesión ordinaria de trabajo, de conformidad a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, para el desahogo del siguiente orden del día:

I. Lista de asistencia y declaración de quórum

Se pasa lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. diputados Juan Bueno Torio, José Luis Enríquez González, Sergio George Cruz, Ana Lila Ceballos Trujeque, José Adán Deniz Macías, Arturo Jairo García Quintanar, Lombardo Guajardo Guajardo, José Antonio Romualdo Herrán Cabrera, Adoración Martínez Torres, Raúl Monjarás Hernández, María del Carmen Moreno Contreras, Fernando Ortega Herrera, Sabino Padilla Medina, César Agustín Pineda Castillo, Pedro Salcedo García, María del Pilar Valdés y González Salas y Martha Veyna Soriano.

En virtud de que se encuentran presentes diecisiete diputados de un total de veintinueve, se declara que existe el quórum reglamentario y, por lo tanto, se procede al desahogo del siguiente punto del orden del día.

II. Lectura y aprobación del acta anterior

El diputado Juan Bueno Torio solicita al diputado José Luis Enríquez González dé lectura al acta de la sesión anterior. Una vez leída, se somete a la consideración de los asistentes.

La diputada María del Pilar Valdés solicita se integre al cuerpo del acta la solicitud que planteó referente a informar a la Comisión de Artesanías sobre el proyecto preliminar de iniciativa de ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana industria, así como conocer el proyecto que sobre artesanías están desarrollando en esa comisión. Una vez incorporados los comentarios, en votación económica es aprobada por unanimidad.

III. Informe de la Presidencia

El diputado Juan Bueno da la bienvenida al diputado José Adán Deniz Macías, quien se integra a la Comisión como diputado independiente a partir del veintiuno de septiembre del año en curso.

En relación a la revisión de los efectos del TLCAN, el diputado Juan Bueno comenta que se buscó realizar un estudio conjunto de las comisiones involucradas; sin embargo, cada una de éstas ya lo encomendó a diferentes despachos, quienes lo están desarrollando bajo criterios previamente establecidos. En cuanto al estudio referente al sector industrial, se ha contactado ya con un despacho al que se le encargará que desarrolle el tema, y dado que el Comité de Asuntos Internacionales presentará un resumen final y buscará la homologación de los trabajos sectoriales de las demás comisiones, se propondrá que sea el mismo despacho quien realice ambos trabajos.

Se comenta por algunos diputados que sería conveniente desarrollar el estudio de manera conjunta con las demás comisiones involucradas. Asimismo, se propone que se incorporen los avances que sobre el tema el Senado ha obtenido de las consultas que ha venido realizando. En virtud de que ya se encomendaron y dispusieron recursos por las demás comisiones para estudios sectoriales correspondientes, se estima necesario que la Cámara de Diputados cuente con un estudio serio sobre los efectos del TLCAN a cinco años de su entrada en vigor, y para ello se realice el correspondiente del sector industrial por esta comisión.

El presidente de la Comisión somete a la consideración de los asistentes la ampliación del presupuesto designado para la revisión de los efectos del TLCAN, hasta por doscientos cincuenta mil pesos, dicho estudio será encomendado a una empresa, quien lo desarrollará atendiendo los criterios básicos que se establecieron para el desarrollo de la investigación en comisiones para homologar los resultados finales. En votación económica se aprueba por unanimidad la ampliación del presupuesto.

El diputado Juan Bueno Torio informa que el pasado veintidós de septiembre se llevó a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para la Glosa del V Informe de Gobierno, ante las Comisiones Unidas de Comercio, de Patrimonio y Fomento Industrial y de Manejo y Distribución de Bienes de Consumo y de Servicios.

Se informa que la reunión pendiente con el Coordinador General de Negociaciones con Europa para conocer el estado y avances que se han logrado en torno a las negociaciones de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pretende realizar el día veinte de octubre del presente año.

Se recibió la invitación al seminario sobre elementos fundamentales de las finanzas públicas de México, así como al seminario Derecho Constitucional y Parlamentario, que se realizará el en el mes de octubre. Para mayores detalles dirigirse a la Secretaría Técnica de la Comisión.

Asimismo, se hace del conocimiento de los asistentes de las gestiones que se han realizado, el caso de los distribuidores "A" de Pemex, a quienes esta institución les ha cambiado la concesión por contratos de compraventa; en este asunto se señala que la participación de la Comisión se orientó a buscar la interlocución ante la Secretaría de Energía. Se informa que se sostuvo una reunión con industriales del acero y el subsecretario de Normatividad de la Secofi para plantear asuntos relacionados al problema que se presenta para la industria del alambrón en cuanto al término del Programa Pitex para el año 2001; así como las presuntas prácticas desleales que se han venido presentando en este sector por parte de las grandes empresas.

IV. Presentación de propuestas en relación al documento base para la elaboración de una iniciativa de ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana industria

El diputado Juan Bueno informa que se han recibido diversas propuestas en torno al borrador preliminar para la elaboración de la iniciativa de ley de fomento a la micro, pequeña y mediana industria, entre ellas la de Concamin que se recibió en el Foro de la Pequeña y Mediana Industria que esta confederación realizó el pasado veintiuno de septiembre. En dicha propuesta se retoma en gran parte el proyecto original y sus aportaciones, al igual que las demás que se han recibido se están considerando para el proyecto final.

El diputado Pedro Salcedo presenta observaciones sobre el proyecto de la Concamin y propone que se conforme una subcomisión para que elabore el proyecto de iniciativa tomando en cuenta las aportaciones que se ha recibido.

La diputada María del Pilar Valdés solicita que se defina la estructura general del proyecto sobre la cual se añadan las propuestas que se han recibido.

El diputado Sergio George Cruz invita al Foro de Discusión sobre la Ley de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, que como grupo parlamentario del PRD han convocado a representantes de la micro, pequeña y mediana industria, el cual se llevará a cabo el próximo once de octubre en el Salón Legisladores.

El diputado Juan Bueno informa que con la finalidad de lograr el avance que se requiere para la elaboración del proyecto de iniciativa, se han establecido reuniones de trabajo en las oficinas de la Comisión los días lunes y miércoles, de las 17:00 a las 19:00 horas y los viernes de las 10:00 a las 12:00 horas, donde se están analizando las propuestas que se han recibido.

El diputado José Luis Enríquez invita a los diputados de la comisión a que envíen sus propuestas para que en las reuniones siguientes se analicen y se conforme conjuntamente un proyecto de iniciativa.

Se informa que las propuestas recibidas y los documentos que se desarrollen se tendrán en la página de internet de la Comisión para que sea consultada por los diputados.

La diputada Ana Lila Ceballos presenta un documento sobre el Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad Estado de Tabasco, para que sea considerado en la estructuración del fondo para el financiamiento que se prevé en el borrador preliminar y se prevean los candados necesarios para evitar cualquier clase de desvíos.

V. Presentación del informe de labores de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial correspondiente al segundo año de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión

Se distribuye entre los asistentes el borrador preliminar correspondiente al informe de labores de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial correspondiente al segundo año de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, el cual se somete a la consideración de los diputados miembros de la Comisión para que, en caso de requerir adecuaciones, se notifique a la Secretaría Técnica de la Comisión a fin de que sean incorporadas y en la próxima sesión se someta su aprobación para proceder a la publicación en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Sergio George Cruz solicita que se prepare el informe global de la Comisión correspondiente a las labores de los tres años de la LVII Legislatura.

VI. Clausura

Habiéndose agotado los temas en cartera, se declara clausurada la sesión y se cita a la próxima, que se llevará acabo el día seis de octubre del presente año a las ocho treinta horas.

Dip. Juan Bueno Torio
Presidente

Dip. José Luis Enríquez González
Secretario

Dip. Sergio George Cruz
Secretario

Convocatorias

DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Federal Electoral, el lunes 29 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel.

El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.

Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente

DE LA COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

A su sesión de trabajo, el martes 30 de noviembre, a las 12 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Verificación del quórum.
2. Discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a la Iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente.

Atentamente
Dip. Abelardo Perales Meléndez
Presidente

DE LA COMISION DE SALUD

A su reunión de trabajo, el martes 30 de noviembre, a las 14:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y comprobación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Evaluación de las cuatro etapas del Foro Nacional de Consulta Pública La salud de los mexicanos.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión

Atentamente
Dip. Santiago Padilla Arriaga
Presidente

DE LA COMISION DE TURISMO

A su quinta sesión plenaria, el martes 30 de noviembre, a las 14:30 horas, en el salón de usos multiples del edificio D, primer piso.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Revisión de la Ley de Ingresos de la Federación.
4. Revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Sector Turismo y Consejo de Promoción Turística de México. Propuesta Punto de Acuerdo.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Fernando González Corona
Presidente

DE COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS

A su duodécima reunión plenaria, el miércoles 1 de diciembre, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

A dicha reunión se ha convocado al C. dr. Carlos M. Jarque Uribe, secretario de Desarrollo Social, con el objeto de intercambiar opiniones en relación a los resultados del Programa Nacional de Desarrollo Urbano.

Atentamente
Dip. Angelina Muñoz Fernández
Presidenta

DEL COMITE DE BIBLIOTECA E INFORMATICA

A la presentación del libro Gobierno y Oposición Democrática, que se llevará a cabo el miércoles 1 de diciembre, a las 12 horas, en el vestíbulo de la Biblioteca Legislativa, ubicado en el segundo nivel del edificio C de esta Cámara de Diputados.

Programa

Exposición del autor
Dr. Daniel Ramos Torres, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, AC.

Comentaristas

Dip. Arturo Núñez Jiménez, Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Dip. Francisco A. Arroyo Vieyra, Presidente del Comité de Biblioteca e Informática.
Lic. José Patricio Patiño Arias, Presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, AC.

Atentamente
Lic. Gabino González Alvarez
Secretario técnico

DE LA COMISION DE LA REFORMA AGRARIA

Al Coloquio Internacional Reforma Agraria y Desarrollo: la Transformación de la Sociedad Rural en el siglo XXI, el cual se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de diciembre, en la ciudad de Puebla.

Atentamente
Dip. Joel Guerrero Juárez
Presidente

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

A la reunión y desayuno que sostendrán diputados con el excelentísimo embajador Bilahari Kausíkan, enviado especial del primer ministro de Singapur y subsecretario de Relaciones Exteriores de ese país, el miércoles 1 de diciembre, a partir de las 8:30 horas.

Programa de Actividades

8:30 horas. Recepción en la acera oriente de avenida Congreso de la Unión por los secretarios técnicos de las Comisiones de Relaciones Exteriores y del Comité de Asuntos Internacionales, acompañados por el director de Relaciones Interinstitucionales y de Protocolo.

Encuentro con los Presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Comité de Asuntos Internacionales, diputado Alfredo Phillips Olmedo y diputado Julio Faesler Carlisle, respectivamente.

Explicación de la fachada principal realizada por el escultor guanajuatense José Chávez Morado titulada "Alegoría a la Democracia".

Explicación del Mural realizado en madera tallada en el vestíbulo principal titulado "Tres Constituciones", obra del escultor Adolfo Mexiac.

8:45 horas. Visita guiada
Fotografía Oficial 9:00 horas. Los Cristales.

Desayuno que ofrecen en su honor los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Presentación de participantes
Intercambio de Impresiones 10:10 horas.

10:15 horas. Entrevista con el diputado Francisco José Paoli Bolio, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Firma del Libro de Visitantes Distinguidos. 10:40 horas. Visita guiada
Video introductorio en inglés 11:30 horas. Observación del desarrollo de la sesión plenaria.
Saludo y reconocimiento Protocolario. 11:40 horas. Despedida

Traslado al Salón de Sesiones. Traslado al salón A del comedor Traslado a las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Traslado al Museo Legislativo "Los Sentimientos de la Nación". Traslado al Salón de Sesiones Traslado a la puerta principal de la Cámara de Diputados. Atentamente Dip. Alfredo Phillips Olmedo Presidente (rúbrica)

Fe de Erratas

DE LA COORDINACION DE PROCESO LEGISLATIVO DEL PRD DE LA LVII LEGISLATURA

En la Gaceta Parlamentaria número 396, del jueves 25 de noviembre de 1999, en la página 9

Dice:

QUE ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN MATERIA DE DISCAPACITADOS, A CARGO DEL C. DIP. FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

Debe decir:

QUE ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, A CARGO DEL C. DIP. FELIPE RODRIGUEZ AGUIRRE, A NOMBRE DE LA COMISION DE ATENCION Y APOYO A DISCAPACITADOS