Gaceta Parlamentaria, año II, número 380, miércoles 3 de noviembre de 1999

Orden del Día

SESION DEL MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE DE 1999. INICIO 13 HORAS

Lectura del acta de la sesión anterior.

Votación del Punto de Acuerdo, relativo a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comunicaciones de los Congresos de los estados de Hidalgo, Nayarit y San Luis Potosí.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política.- (Cambios de integrantes de Comisiones).

Informe de la Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral en el estado de Coahuila.

Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco, que reforma diversos artículos de la Constitución General de la República; de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. (Turno a Comisión).

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del C. dip. Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De Ley General Agropecuaria y Forestal, a cargo del C. dip. Felipe de Jesús Rangel Vargas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del C. dip. José Antonio Alvarez Hernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Oficios de la H. Cámara de Senadores

Por el que se comunica la elección de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el Periodo comprendido del l de noviembre de 1999 al 31 de agosto del año 2000, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.

Por el que se comunica la integración de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, e informa de su constitución y de los acuerdos tomados.

Minutas

Proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 1999, a efecto de que participe en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de La Habana, Cuba. (Turno a Comisión).

Proyecto de Decreto que concede permiso para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua a los ciudadanos: Carlos Alberto Rodríguez Velasco, José López López, Silvino de los Santos Bailón, Sergio Velázquez Córdoba, Angel Aniceto Amaya, José Luis Coeto Alcántar, Jorge Alejandro Ortega Godínez, Ricardo Correa Colín, Hugo Albañil Contreras, Rogelio Vázquez Gravito y Carmen Hernández Ocaña. (Turno a Comisión )

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la H. Cámara de Diputados para el año 2000, para efectos de que se incorpore al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que remite la Junta de Coordinación Política. (Discusión y votación).

Dictamen

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Punto de Acuerdo. (Discusión y votación).

Proposición

Con Punto de Acuerdo para la ejecución de un programa emergente de documentos oficiales, suscrita por los integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo. (Urgente resolución).

Agenda Política

Comentarios sobre la política de comercio, a cargo del C. Dip. Sergio George Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Debate pactado. 10-5).

Comentarios sobre el curso de los trabajos que realiza la Comisión Investigadora de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comunicaciones

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

Pachuca, Hgo., 29 de septiembre de 1999.

H. Cámara de Diputados
PRESENTE

Para su conocimiento y efectos, nos permitimos informar a ustedes que la Comisión Permanente de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del estado libre y soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos correspondientes al receso del primer año de ejercicio constitucional.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El oficial mayor del H. Congreso
Lic. Manuel Angel Villagrán Valdespino

Pachuca, Hgo. 1 de octubre de 1999.

H. Cámara de Diputados
PRESENTE

Para su conocimiento y efectos me estoy permitiendo informar a ustedes, que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del estado libre y soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, dio apertura al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y eligió a los integrantes de la Directiva que fungirá durante el mes de octubre de 1999, recayendo dichos cargos en los CC:

Presidente: dip. Damián Sosa Castelán

Vicepresidente: dip. Pedro Porras Pérez

Srio. Propietario: dip. José Pablo Guillermo Uribe Muñoz

Srio. Propietario: Gabriel Medina Rodríguez

Srio. Suplente: dip. Pedro Molano Badillo

Srio. Suplente: dip. Amalia Padilla Uribe

Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El oficial mayor del H. Congreso
Lic. Manuel Angel Villagrán Valdespino

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

C. Dip. Francisco José Paoli
Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
PRESENTE

Aprovecho el medio para enviarle un fraternal saludo y al mismo tiempo informarle que anexo le envío copia certificada del Acuerdo núm. 5 emitido por este H. Congreso del estado, mediante el cual se solicita su intervención como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de que Nayarit sea incorporado al Programa de Apoyos a la Comercialización de Granos Básicos.

En el mismo acuerdo, se autoriza a la Comisión de Gobierno Legislativo que me toca en turno presidir, entrevistarse con la Junta de Coordinación Política de esa H. Cámara, lo cual, como usted recordará, ya cumplimos los días 22 y 23 de octubre del año en curso.

En el afán de dar seguimiento a los trámites que un servidor, así como los ciudadanos diputados N. Alonso Villaseñor Anguiano y Gilberto Padilla Peña iniciamos ante distintos integrantes de la H. Cámara de Diputados, le solicito respetuosamente realizar la tramitación legislativa correspondiente para que el citado Acuerdo se anexe a la discusión y análisis que sobre el tema de la Comercialización de Granos Básicos realizan las comisiones de Agricultura, y Programación y Presupuesto.

Esperando contar con su decidido apoyo, me reitero a sus apreciables y distinguidas órdenes.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Comisión de Gobierno Legislativo
El Presidente
Dip. J. Isabel Campos Ochoa

Acuerdo Número 5

El H. Congreso del estado libre y soberano de Nayarit representado por su XXVI Legislatura

Acuerda

Autorización a la Comisión de Gobierno Legislativo, para que en representación del Congreso solicite la intervención del Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que el estado de Nayarit sea incorporado al Programa de Apoyos a la Comercialización de Granos Básicos y que se entrevisten con la Junta de Coordinación Política de esa H. Cámara.

Unico.- Se autoriza a la Comisión de Gobierno Legislativo para que en representación de este Congreso solicite formalmente la intervención del diputado federal licenciado José Francisco Paoli Bolio, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que presente a las Comisiones de Agricultura, Hacienda y Programación de Presupuesto de dicha Cámara, la petición de este Congreso para que el estado de Nayarit sea incorporado al Programa de Apoyos a la Comercialización de Granos Básicos. Asimismo, para que se entrevisten con la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Transitorio

Unico.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del estado.

Dado en la Sala de Sesiones Lic. Benito Juárez del Honorable Congreso del estado libre y soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Hilaria Domínguez Arvizu

Dip. Presidente (rúbrica)

Margarita Basto Paredes

Dip. Secretaria (rúbrica)

Carlos Enrique García Cambero

Dip. Secretario (rúbrica)

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

14 de octubre de 1999.

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
PRESENTE

En Sesión Ordinaria del H. Congreso del Estado celebrada el día de la fecha, se eligió al Presidente y Vicepresidentes del Congreso del Estado, que fungirán durante el lapso del 15 de octubre al 15 de noviembre de 1999, en este primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio legal, resultando electos los siguientes legisladores:

Presidente: Dip. Marco Antonio Gama Basarte

1er. Vicepresidente: Dip. Justino Hernández Hilaria

2do. Vicepresidente: Dip. Emilio López Novida

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propiciando la ocasión para reiterarles la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dip. fabián Espinosa Díaz de León
Presidente

Dip. Antonio Rivera Barrón
Secretario

Dip. José Carmen García Vázquez
Secretario

1999, Año del Poder Legislativo del estado

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF, 28 de octubre de 1999.

Dip. Francisco José Paoli Bolio
Presidencia de la Mesa Directiva
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer año del ejercicio de la LVII Legislatura
H. Cámara de Diputados
PRESENTE

Adjunto al presente, oficio de fecha 28 de octubre de 1999, firmado por el diputado Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, donde solicita el siguiente cambio:

* Que el diputado Fidel Herrera Beltrán sustituya al diputado Francisco Javier Loyo Ramos en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Cabe hacer mención que el diputado Fidel Herrera Beltrán dejará de ser integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Lo anterior, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Enrique León Martínez
Secretario técnico

Iniciativas

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA; DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo Primero.- Con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elévese formal Iniciativa de Ley al Honorable Congreso de la Unión que reforma el inciso c y deroga los incisos B y G del punto 5 de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución General de la República; reforma los artículos 2 y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal; y que reforma el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como siguen:

I. Se reforma el inciso c y derogan, los incisos B y G del punto 5 de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

De la I a la XXVIII .......................

XXIX.- Para establecer contribuciones:

De la 1 a la 4 ......................

5. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Derogada;

c) Producción de gasolina, diesel y gas natural;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación; y

f) Explotación forestal;

g) Derogada ;

...........

II. Se reforman los artículos 2 y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como siguen:

Artículo 2.- El Fondo General de Participaciones se construirá con el 40 por ciento de la recaudación federal participable que obtiene la Federación en un ejercicio. Para tales efectos se establece en las disposiciones transitorias del presente, los criterios que normarán este sistema. .............................

.............................

De la I a la III ...............

.............................

Asimismo se participará a las Entidades el 50 por ciento de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, que lleven a cabo en su territorio.

Artículo 10 .............................

.............................

Corresponden al ámbito impositivo de las Entidades Federativas, las siguientes fuentes impositivas:

I. Producción y consumo de tabaco labrado;

II. Consumo de gasolina, diesel y gas natural;

III. Producción y consumo de cerveza y bebidas alcohólicas.

III. Se reforma el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 41.- .............................

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenios con los estados para que la administración de la recaudación sea llevada a cabo, por las oficinas de la hacienda estatal y que en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales sobre:

Del I al VII .............................

.............................

IV. Expídase el decreto correspondiente con los siguientes

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para la aplicación del porcentaje repartible, del Fondo General de Participaciones, reformado por el texto del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar en el 40 por ciento, se aplicarán paulatinamente incrementos anuales del 2 por ciento sobre la base anterior del 12 por ciento hasta llegar al. porcentaje establecido.

Artículo Segundo.- Túrnese la presente Iniciativa de Ley para su aprobación y trámite al Honorable Congreso de la Unión.

Sala de Comisiones del Congreso del Estado

Guadalajara, Jalisco, a 28 de septiembre de 1999

La Comisión de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos:
Diputados: Porfirio Cortés Silva, José Manuel Correa Ceseña, Salvador Cosío Gaona, Miguel Angel Martínez Espinosa, Miguel Angel León Corrales.

La Comisión de Hacienda y Presupuestos
Diputados: José de Jesús Alvarez Carrillo, Alonso Ulloa Vélez, María del Rocío García Gaytán, Raúl Padilla López, Armando Nambo Amezcua.

QUE ADICIONA LA FRACCION II DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL C. DIP. JUAN CARLOS GUTIERREZ FRAGOSO, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.

Los diputados que suscriben, integrantes de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona un inciso al artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El municipio es una comunidad natural surgida de forma espontánea debido a que las familias son por sí mismas incapaces de satisfacer todas las necesidades que requieren sus miembros.

La relación de vecindad es lo que caracteriza a este orden de gobierno que es el más cercano a la población. No es sólo un simple administrador de un territorio.

La elección del ayuntamiento debe ser escuela de la democracia, entendida ésta como el gobierno del pueblo, donde los ciudadanos escogen a sus representantes para que ejerzan la autoridad.

Los vecinos, en consecuencia, deben poder encontrarse en las circunstancias optimas para elegir entre las opciones que más convengan al bien común. La libertad para votar y ser votado debe respetarse en forma irrestricta.

Pero debemos de entender la dinámica de un gobierno democrático, en el cual, si bien la mayoría gobierna, no debe constituirse en una fuerza avasalladora que vulnere la dignidad del ser humano, los derechos de las minorías, y el respeto de la Ley. Es obligación de la mayoría consensar y ser tolerante, dialogar y cumplir la normatividad vigente.

La oposición por otra parte, tiene funciones de gran importancia dentro de la Democracia. Pues es imposible concebir al gobierno que el pueblo elige sin que existan opciones de donde escoger. La oposición es necesaria, ya que sin alternativas de gobierno, no hay libertad de elección, y sin ésta no puede haber democracia.

Adolfo Christlieb Ibarrola nos dice: "La existencia de una oposición responsable favorece la selección de los mejores. Por hipótesis, la oposición es posición de minorías. Si la minoría es indispensable en las deliberaciones, no para completar los personajes de una pieza teatral, sino para la formación de los actos legislativos y para la formación e información de la opinión pública, cuando la oposición no es tolerada, un país toma el riesgo de ver a los hombres de preparación y experiencia excluirse a sí mismos de la vida política. Cuando esto sucede, los miembros de la mayoría, sin rivales al frente, carecen de motivos para superarse.

Dentro de un régimen democrático resulta clara la distinción entre oposición y complot, entre libertad de pensar y los movimientos subversivos, entre la traición y el propósito de modificar o cambiar los programas y el personal de gobierno".

Debemos destacar que, además de que la oposición debe ser una propuesta alterativa del gobierno, tiene la importante tarea de ser un sujeto controlador para que la mayoría no traspase los límites impuestos por la normatividad vigente. Ya que si bien el gobierno electo tiene el deber de no transformarse en tiranía de las mayorías, este límite no puede dejarse sólo a su autocontrol sino que debe depositarse en actores distintos. Uno de ellos debe ser la oposición.

Ahora bien, dicho control, no sólo debe darse en forma de desgaste político ante la opinión pública. Debe verse respaldado por derechos que hagan efectiva dicha facultad.

Dentro de este contexto se enmarca la adición que se propone: Que el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de algún ayuntamiento pueda recurrir a la Suprema Corte de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad en contra de las normas de carácter general expedidas por la mayoría del propio ayuntamiento.

Su antecedente más remoto se encuentra en la "acción popular de inconstitucionalidad" que se estableció en la Ley Orgánica de la Administración y Régimen Municipal de Colombia del 22 de junio de 1850, que procedía contra las ordenanzas y acuerdo de las cámaras provinciales y cabildos parroquiales.

La propuesta le da el derecho a la minoría dentro del ayuntamiento para que pueda combatir normas de carácter general expedidas por el mismo ayuntamiento, que violen nuestra norma fundamental.

Esta adición complementará la reciente reforma al artículo 115 de nuestra norma fundamental, que representa un avance en contra de la dura realidad, del implacable centralismo político y de la injusticia hacendaria que sólo permiten al municipio no la vida, sino la agonía.

La acción de inconstitucionalidad es una garantía de la supremacía constitucional que es procedente respecto de contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución Federal.

Las acciones de inconstitucionalidad se promueven con el puro interés genérico de preservar la supremacía constitucional. No es necesario como acontece en el amparo que exista una afectación a las garantías individuales o que ocurra una invasión de esferas como en el caso de las controversias constitucionales.

Nuestro país avanza hacia una creciente pluralidad y facultar a las minorías del ayuntamiento a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías significa hacer de nuestra norma fundamental el principal punto de referencia de los actores y grupos políticos.

No debemos confundir a la mayoría con la constitucionalidad, por eso las fuerzas minoritarias contarán con una vía para lograr que las normas establecidas por las mayorías puedan ser contrastadas con nuestra norma fundamental a fin de ser consideradas válidas.

Debemos tomar en cuenta también, que la Constitución establece la creación de normas jurídicas que no necesariamente son leyes en sentido formal, tal es el caso de los reglamentos gubernativos y de policía que establece el artículo 21 constitucional; así como los que se mencionan en el artículo 115 constitucional.

Por las consideraciones expuestas, y en ejercicio de sus facultades los suscritos diputados de la Nación de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a esta Honorable Cámara la siguiente:

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Unico.- Se adiciona el artículo 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 105.-

I. ...

II. ...

g) El equivalente al 33 por ciento de los integrantes de algún Ayuntamiento en contra de las normas de carácter general expedidas por el propio Ayuntamiento.

Transitorios

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor dos meses después de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de noviembre del 1999.

Diputados: Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, Juan Marcos Gutiérrez González, Juan Miguel Alcántara Soria, Javier Algara Cossío, María Soledad Baltazar Segura, Fernando Castellanos Pacheco, Alvaro Elías Loredo, José Espina von Roehrich, Julio Faesler Carlisle, Javier Paz Zarza, César Jáuregui Robles, Abelardo Perales Meléndez, Américo Ramírez Rodríguez, Francisco Reynoso Nuño, Juan José Rodríguez Prats, Juan Carlos Ruiz García, Sandra L. Segura Rangel, Felipe Urbiola Ledezma, Raúl Monjarás Hernández,

DE LEY GENERAL AGROPECUARIA Y FORESTAL, A CARGO DEL C. DIP. FELIPE DE JESUS RANGEL VARGAS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Los suscritos, diputados de la LVII legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y representantes del estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 55, fracción II, y 56 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la presente iniciativa de Ley General Agropecuaria y Forestal.

Exposición de Motivos

Las recurrentes crisis económicas por las que ha atravesado el país a partir de la década de los setenta han impactado severamente las condiciones en que se desarrolla la actividad productiva en el campo, afectando particularmente a los campesinos más desprotegidos.

A partir de los ochentas, el modelo de desarrollo impulsado por el Estado comenzó a mostrar síntomas de agotamiento de la política basada en la intervención estatal en el campo y el proteccionismo comercial.

Los bajos niveles de inversión y financiamiento en el sector, el déficit de la balanza comercial agropecuaria y el deterioro de los precios relativos de los productos agrícolas, así como la reducción de recursos destinados a los organismos de fomento al campo, agudizaron el estancamiento productivo y la descapitalización del sector.

A nivel internacional, los cambios sufridos en el contexto de globalización de las actividades productivas y de la apertura comercial iniciada con la entrada de México al GATT en 1986, propiciaron que a fines de la década, el Estado emprendiera una serie de reformas estructurales en los ámbitos político, económico y social con el objetivo de reducir la participación estatal en el proceso productivo, eliminar subsidios, privilegiar al mercado para que la competitividad y la eficiencia definieran los precios, fomentar la inversión privada, liberar al sector externo de la economía y estabilizar los precios a niveles similares a los de los países desarrollados. El propósito declarado de estas reformas fue el de insertar al país en la corriente de modernización internacional.

El campo no podía permanecer al margen de dichas reformas, por lo que el enfoque de la modernización se centró básicamente en los siguientes ámbitos: 1. Profundización de la apertura comercial en los términos del GATT. 2. La firma y puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio en el cual el país se comprometió a la liberación de aranceles a productos básicos. 3. La reforma al artículo 27 constitucional para posibilitar el acceso al mercado de las tierras ejidales y la asociación entre ejidatarios, particulares y empresas para la realización de inversiones, proyectos productivos e industrialización de los productos del campo. 4. La desincorporación, privatización o fusión de organismos y entidades del sector público relacionadas con el campo. 5- La redefinición de la política de crédito hacia los productos agropecuarios. 6. Nuevos esquemas de apoyo a los productores. 7. El impulso a la economía de libre mercado, dejando el papel principal en la asignación de recursos a las fuerzas del mercado, con mínima o nula intervención por parte del estado.

Las reformas estructurales fueron concebidas para funcionar en el marco de una economía estable, en crecimiento gradual y con bajos niveles de inflación, similares a los de los principales socios comerciales de México. Sin embargo, las crisis económicas recurrentes, alteraron radicalmente el panorama y el entorno de las relaciones comerciales y financiamientos del país.

El impacto de las crisis modificó las expectativas de crecimiento de la economía, particularmente las del sector agropecuario, alterando de manera radical las condiciones sobre las que se habían diseñado las políticas para el campo mexicano.

Hoy en día, el contexto nacional en el campo está caracterizado por una disminución del crecimiento económico del sector agropecuario, una baja contribución al producto interno bruto nacional, se ha desincentivado la producción y productividad agropecuaria y forestal. La caída en los precios e ingresos reales de los productores han agravado la rentabilidad, la descapitalización y han incrementado las carteras vencidas. Hay una mayor dependencia alimentaria y la pobreza y pobreza extrema, han aumentado en términos absolutos y relativos en el campo mexicano, además de que ha habido un acelerado deterioro de los recursos naturales.

De ahí que, no obstante las transformaciones operadas en el marco estructural, legal e institucional del campo, persistan fuertes problemas a los que no se ha proporcionado una adecuada solución.

En los últimos años, hemos observado el retiro gradual de muchas dependencias que atendían al campo. Este retiro no ha sido gratuito. Obedeció a los ajustes estructurales que el gobierno federal realizó para modernizar el marco institucional y adecuarlo en función de los cambios operados en las prioridades económicas, políticas y sociales del país.

Muchos de los cambios realizados eran necesarios ante las condiciones que imperaban para desarrollar el campo. Sin embargo, el retiro de muchas instituciones dejó un vacío que aún no ha sido acompañado de una adecuación de las funciones de las que aún operan en el campo, en virtud del fuerte centralismo en la definición de políticas públicas y en el manejo de los recursos económicos.

Por otra parte, existen actualmente muchas leyes y reglamentos que tienen relación con el campo, cuyos responsables de su aplicación se duplican o anulan entre sí, por no tener claramente delimitadas sus funciones y atribuciones, o bien por yuxtaponerse éstas.

Esta problemática, es uno de los aspectos que afecta a la solución de los problemas agropecuarios y forestales del país, al impulsarse políticas, programas y acciones planificados desde el centro, descoordinadas entre sí, con prioridades y objetivos diferentes sobre los aspectos que afectan al campo.

El rezago acumulado en la solución de los problemas, lejos de permitir el establecimiento y afirmación de relaciones basadas en la justicia, la equidad y la concurrencia y corresponsabilidad entre las instituciones federales, los estados, municipios y productores rurales, han incidido negativamente en las posibilidades de generar condiciones favorables para la actividad agropecuaria y forestal y en el desarrollo de los productores.

Ante la necesidad de reorientar las políticas económicas, culturales y sociales aplicables al sector rural, se requiere construir una nueva institucionalidad rural. Es decir, nuevas relaciones entre el gobierno y la sociedad. Entre los niveles de gobierno, entre poderes Ejecutivo y Legislativo. Entre las diferentes instancias del Ejecutivo federal. Una nueva legislación y una genuina federalización de las atribuciones, responsabilidades y recursos para el desarrollo rural, fomentando la creación de instituciones estatales y municipales. Reconociendo el papel de los legisladores locales y el papel central de los productores rurales.

El país ha sufrido grandes transformaciones en todos los ámbitos de la vida política, económica y social que han generado un verdadero pluralismo, que debe desembocar, una mayor democracia y un auténtico federalismo.

El campo no puede ser la excepción a este proceso que permea la vida nacional en todos sus aspectos: El campo debe ser considerado como una prioridad nacional y reconocer plenamente su contribución al desarrollo nacional.

Para contribuir al fortalecimiento democrático y plural de la sociedad mexicana, es menester iniciar hacia el interior de las instituciones relacionadas con el campo una verdadera descentralización de funciones y atribuciones que aún se encuentran monopolizadas por dependencias del gobierno federal y que aún no han sido transferidas al gobierno de los estados, los municipios ni a los productores rurales.

La descentralización implica el reconocimiento de que son los agentes directamente involucrados en la actividad agropecuaria y forestal a quienes corresponde formular, planear y ejecutar los programas para fomentar su desarrollo; supone también el reconocer su capacidad para afrontar y realizar los cambios necesarios en su entorno para instrumentar y flexibilizar las estrategias más adecuadas en función de sus condiciones particulares y demanda, por otra parte, la asignación de recursos económicos para atender la problemática del sector.

El Partido Acción Nacional desde su origen ha manifestado una vocación federalista y ha pugnado por una auténtica descentralización de funciones y no de una desconcentración de las mismas que sólo contribuye a justificar la burocracia; reclama, por lo tanto, una descentralización que beneficie directamente a los estados, municipios y productores, que propicie la facultad de legislar, regular, fomentar e impulsar la actividad agropecuaria y forestal en las modalidades propias que determinen para su desarrollo y que otorgue los recursos económicos que hagan factible la operación de los programas.

La actividad agropecuaria y forestal precisa de un cambio de las instituciones que ofrezca soluciones reales emanadas de la identificación de la problemática local y regional, de instrumentos que propicien la participación organizada de los productores y de la definición de proyectos consensados entre los tres órdenes de gobierno y los productores.

La descentralización ciertamente no es una Panacea que resolverá automáticamente todos los males que aquejan al sector, pero en la medida en que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipios se comprometan solidariamente a proporcionar los recursos económicos, los productores estarán en condiciones de contribuir con su esfuerzo a elevar la producción, y a generar alternativas que se traduzcan en un mayor beneficio económico y social para los mismos y del país en general.

La finalidad de la presente iniciativa es otorgar mayores atribuciones en materia agropecuaria y forestal a los gobiernos de los estados, a los municipios y a los productores, precisando lo que lo corresponde realizar a cada quien bajo el principio de subsidiariedad y el establecimiento de relaciones gubernamentales basadas en la concurrencia, coordinación y solidaridad para la solución de los problemas del sector.

En este contexto, las instituciones federales tienen como responsabilidad fijar las prioridades nacionales de la política agropecuaria en concurrencia con las entidades federativas, los municipios y productores. Los estados con facultades para normar, regular y fomentar las actividades del sector rural en su territorio en coordinación con las dependencias federales y los municipios; estos últimos con facultades también para regular, fomentar y operar programas institucionales, reconociendo como el eje central de los programas y acciones que se instrumenten a los productores a través de su participación directa y organizada, es decir, como los sujetos del desarrollo agropecuario y forestal.

En esencia, la iniciativa se sustenta en el carácter interdependiente que debe existir entre los niveles de gobierno para normar la actividad agropecuaria y forestal en lo que respecta a su competencia y proponer acciones conjuntas y asignar el presupuesto federal a partir de las prioridades nacionales y de los programas acordados entre todos los tres órdenes de gobierno involucrados.

A partir de estas premisas, es necesario generar políticas públicas y un modelo de gestión pública que responda a una planeación participativa y democrática que propicie certidumbre, estabilidad y rentabilidad a la actividad del sector, con un marco normativo que tome en cuenta las diferencias productivas, geográficas, económicas y sociales de las regiones del país como base para la instrumentación de los programas, y dote a las entidades federativas y los municipios de los recursos económicos para operar y reconozca su legítima aspiración a imprimirle al desarrollo rural las modalidades que considere necesarias en su territorio.

Con la presente iniciativa, se desea contribuir en la promoción y aplicación de un auténtico federalismo en el campo para generar un cambio de fondo en la actividad agropecuaria y forestal.

La ley General Agropecuaria y Forestal se concibe en ese sentido, como un instrumento dinamizador de los agentes que intervienen en el sector rural, proporcionando un marco definitorio de los ámbitos de competencia federal, estatal, municipal y de los productores, para eficientar la gestión pública a partir de las normas, ámbitos de acción y condiciones generales para la planeación, fomento y gestión del desarrollo agropecuario y forestal.

En virtud de los argumentos antes expuestos, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

LEY GENERAL AGROPECUARIA Y FORESTAL

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO

Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de aplicación general en toda la República y orden público e interés social.

Artículo 2.- Tiene como objetivo, confirmar e intensificar las bases y modalidades para impulsar el desarrollo de actividades agropecuarias, mediante la promoción, diseño e instrumentación de una verdadera descentralización de funciones, asignándolas a la Federación, a los gobiernos de los estados y a los municipios de acuerdo a las atribuciones conferidas a cada nivel de gobierno, y con participación directa de productores agropecuarios y en su caso, inversionistas públicos o particulares.

Artículo 3.- La política agropecuaria comprende las siguientes actividades:

I. Actividad Agrícola y todo lo concerniente a sus modalidades;

II. Actividad Pecuaria y lo referente a las modalidades y especies.

III. Actividad Forestal y todo lo concerniente a sus modalidades.

IV. Actividades relacionadas, con el cuidado, uso y aprovechamiento de los recursos naturales tales como el suelo, el agua, la flora, la fauna silvestre, especies acuáticas, y en general los ecosistemas.

V. Actividades agroindustriales relativas a la integración de las cadenas productivas.

VI. Cualquier actividad desarrollada por la sociedad rural o por inversionistas públicos o privados de carácter legal que genere empleo y bienestar social.

Artículo 4.- Son autoridades en materia agropecuaria: I. El Presidente de la República;

II. Los gobernadores de los estados;

III. Los presidentes municipales;

IV. El Secretario de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, así como el Secretario del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el orden federal;

V. Los secretarios que atiendan el sector agropecuario en el orden local.

TITULO SEGUNDO
Distribución de competencias

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones comunes

Artículo 5.- La coordinación, planeación y ejecución de la materia agropecuaria estará a cargo del Ejecutivo federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, con la participación de los productores.

Artículo 6.- La competencia entre la federación, las entidades federativas, los municipios y los productores en materia agropecuaria quedará coordinada conforme a lo señalado por esta ley, sus reglamentos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la legislación interna de cada entidad federativa.

CAPITULO SEGUNDO
Competencia federal

Artículo 7.- Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, así como de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca:

I. Establecer los criterios generales de la política agropecuaria.
II. Las facultades que expresamente le confiera la Constitución General de la República; y

III. Las facultades que le otorgue la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

CAPITULO TERCERO
Competencia estatal

Artículo 8.- Corresponderá a los gobiernos de las entidades federativas, en materia agropecuaria, además de las facultades que expresamente les confiera la legislación local, las siguientes facultades:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo y participar de forma coordinada con el Ejecutivo federal, los municipios y los productores, en la formulación de la política de desarrollo rural.

II. Reglamentar la normatividad federal relativa a la sanidad animal y vegetal, así como coadyuvar con el gobierno federal y municipal para instrumentar regular y supervisar campañas de sanidad.

III. Los gobiernos estatales en coordinación con los gobiernos municipales establecerán un sistema estatal de información estadística, geográfica y de programas de fomento al sector agropecuario.

IV. Incentivar la libre organización de los productores rurales y fomentar la organización y constitución de toda clase de sociedades rurales de carácter económico, cuyo objeto sea la producción industrial, la distribución o el consumo de productos agropecuarios.

V. Promover, reglamentar y aplicar técnicas y procedimientos conducentes a la conservación y mejoramiento de los suelos agrícolas, pastizales, bosques, selvas, ecosistemas, recursos naturales, así como bienes y servicios ambientales, en coordinación con las autoridades federales y municipales, previa realización de estudios para el ordenamiento ecológico territorial de la entidad federativa.

VI. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en coordinación con las autoridades municipales.

VII. Fomentar y reglamentar la producción económica del artesano y de las industrias familiares del sector rural.

VIII. Impulsar, organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícola y pecuarios, así como de otras actividades que tengan relación con el desarrollo del medio rural.

IX. Coordinarse directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a través de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, así como la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca a efecto de determinar criterios generales, tendientes al establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción agropecuaria en sus respectivos estados, y la evaluación de éstos resultados.

X. Programar, proponer y ejecutar la construcción de pequeñas obras de irrigación, así como la proyección, ejecución y conserva de bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes, en forma coordinada con los gobiernos municipales, y con participación de los beneficiarios directos y del sector privado.

XI. En coordinación con el gobierno federal, los municipios y productores, se encargarán de establecer programas forestales, tendientes a impulsar el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales imperantes en cada entidad federativa.

XII. Participar e impulsar en coordinación con el gobierno federal, los municipios y productores en la distribución y comercialización de productos agropecuarios y el abastecimiento de los consumos alimenticios básicos de la población urbana y rural.

XIII. Supervisar en coordinación con los gobiernos federal y municipal el adecuado uso de marcas, normas oficiales mexicanas, y sanidad de los productos agropecuarios, y elaborar la reglamentación correspondiente.

XIV. Promover el empleo en el medio rural, al igual que el establecimiento de programas y acciones que fomenten la productividad y rentabilidad de las actividades económicas rurales, la integración y el impulso de proyectos de inversión que permitan canalizar productivamente recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural.

XV. Diseñar y establecer con participación de los municipios y productores, políticas públicas tendientes a impulsar el financiamiento y la capitalización de las actividades agropecuarias.

XVI. Apoyar, por medio de la Secretaría de Educación de su respectivo Estado, las actividades de los centros de educación agrícola media superior, y superior; asimismo, establecer, dirigir y conservar las escuelas técnicas agropecuarias existentes, sin menoscabo de apoyo al desarrollo, y creación de la investigación, y transferencia de tecnología.

XVII. Promover, reglamentar, fomentar y brindar asesoría técnica en la producción, industrialización y comercialización de productos piscícolas.

XVIII. Reglamentar y operar en coadyuvancia con los municipios, el sistema de contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocimientos de estos derechos, mediante la supervisión del cumplimiento y la correcta aplicación de la normatividad, en materias de agua, ecológica, forestal, pesquera, explotación de flora y fauna silvestre, sobre playas, zona federal y terrenos ganados al mar.

XIX. Participar, previa opinión de los municipios y productores, en el establecimiento de políticas referentes a materia de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior agropecuario.

XX. Las demás que establezcan las leyes federales siempre y cuando no se contrapongan con las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO CUARTO
Competencia municipal

Artículo 9.- Corresponderá a los gobiernos de los municipios, en materia agropecuaria, además de las facultades que expresamente les confiera la legislación local, las siguientes facultades:

I. Con la participación de los productores y en coordinación con los estados y la federación, participarán en la formulación, conducción y evaluación de la política de desarrollo rural, formando su propio plan municipal y estableciendo la estructura operativa para tal efecto.

II. Coadyuvar con los gobiernos estatales y el federal, en la instrumentación de las campañas de sanidad, además de vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos; y en los casos de transgresión a la normatividad, aplicar las sanciones procedentes.

III. Participar en el establecimiento y operación del Sistema Estatal de Información Estadística, Geográfica y de Programas del Fomento al Sector Agropecuario, y poner a disposición de los productores la información ya procesada, estableciendo los mecanismos adecuados para ello.

IV. Fomentar dentro del municipio la organización y constitución de toda clase de sociedades rurales, cuya finalidad sea la producción industrial, la distribución y/o el consumo de insumos y productos agropecuarios; propiciando la articulación de la cadena productiva agroalimentaria, el bienestar social, y la participación directa de dichas sociedades en la toma de decisiones sobre aplicación de inversión pública para el sector rural.

V. Velar por la conservación y mejoramiento de los recursos naturales del propio municipio, responzabilizándose de la aplicación de técnicas y procedimientos conducentes para tales efectos, definiendo la tendencia del uso del suelo. En caso de transgresión a preceptos legales de la materia, deberá aplicar las sanciones correspondientes.

VI. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria.

VII. Apoyar la organización de la producción económica del artesano y de las industrias familiares del sector rural.

VIII. Impulsar, promover y organizar ferias, exposiciones y toda clase de actividades culturales, que tengan relación con el desarrollo del medio rural.

IX. Gestionar y establecer estímulos fiscales y financieros para el fomento de la producción agropecuaria y forestal.

X. Promover en coordinación con las autoridades federales y estatales, obras de irrigación y participar en la ejecución y conservación de bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes; asimismo administrar y operar programas de rehuso de aguas servidas.

XI. Apoyar a los productores, en coordinación con las autoridades estatales y federal, en la distribución y comercialización de productos agropecuarios y forestales, al igual que en el abastecimiento de los consumos alimenticios básicos de la población urbana y rural.

XII. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos para el uso adecuado de marcas y normas oficiales mexicanas de los productos agropecuarios y forestales. En los casos de transgresión a la normatividad agropecuaria, aplicará las sanciones correspondientes.

XIII. Participar en la aplicación de programas de promoción de empleo, productividad y rentabilidad de las actividades económicas rurales, considerando la opinión de los productores.

XIV. Apoyar la instrumentación de las políticas públicas para impulsar el financiamiento y la capitalización de las actividades agropecuarias.

XV. Participar en el diagnóstico regional de requerimientos educativos del sector agropecuario.

XVI. Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos referentes a la producción, industrialización y comercialización de productos piscícolas. En caso de transgresión a las normas jurídicas en la materia, deberá aplicar las sanciones correspondientes.

XVII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocimientos de derechos, en las materias de agua, forestal, ecológica, pesquera, explotación de flora y fauna silvestre y sobre las playas, zona federal y terrenos ganados al mar. En caso de transgredir disposiciones legales aplicables a la materia, deberá aplicar las sanciones correspondientes.

XVIII. Las demás que establezcan las leyes federales siempre y cuando no se contrapongan con las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO QUINTO
De los productores

Artículo 10.- Se considera productor agropecuario, a toda persona física o moral que se dedique a las actividades a que hace referencia el artículo tercero de esta ley.

Artículo 11.- Corresponde a los productores en materia agropecuaria, además de las facultades que expresamente les confiera la legislación local, las siguientes facultades:

I. Participar en la formulación, conducción y evaluación de las políticas de desarrollo agropecuarias y forestal, en coordinación con los tres niveles de gobierno, formando parte de los organismos que formulen, operen y evaluen las políticas de desarrollo agropecuario y forestal.

II. Coadyuvar con el gobierno federal, estatal y municipal en la investigación, regulación y supervisión de campañas de sanidad, y participar directamente con la autoridad municipal en la vigilancia del cumplimiento de leyes y reglamentos de sanidad animal y vegetal.

III. Aportar y recibir datos e información sobre las actividades agropecuarias que realicen al Sistema Estatal de Información, Estadística, Geográfica y de Programas de Fomento al Sector Agropecuario.

IV. Organizarse libremente y adoptar las formas de sociedades rurales más adecuadas a sus intereses para el fomento de las actividades agropecuarias y forestales, con pleno reconocimiento y representación ante las autoridades municipales, estatales y federales.

V. Participar con las autoridades municipales en la vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos referentes a la conservación y mejoramiento de los recursos naturales.

VI. Participar en la planeación y operación de los sistemas de industrialización, distribución y consumo de los productos agropecuarios y forestales.

VII. Participar en la formación de organizaciones de apoyo para la producción y comercialización de artesanías y de las industrias familiares del sector rural.

VIII. Constituir, administrar y operar la infraestructura hidragrícola, conforme a lo establecido por la normatividad en la materia.

IX. Participar en coordinación con otros agentes económicos de la cadena productiva, en la distribución y comercialización de productos agropecuarios y en el abastecimiento de los consumos alimenticios básicos de la población rural y urbana.

X. Participar en el establecimiento de normas oficiales mexicanas aplicables a los productores agropecuarios, y con los organismos encargados de su aplicación.

XI. Participar en la instrumentación de políticas públicas para impulsar el financiamiento y capitalización de las actividades agropecuarias.

XII. Operar los organismos de innovación, investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, participando además, en la definición de planes de estudio de las escuelas agropecuarias.

XIII. Participar en coordinación con el municipio, en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad jurídica relativa a la producción piscícola, y en participación con los organismos encargados del establecimiento de dichas normas.

XIV. Participarán con los organismos competentes, a efecto de definir políticas de aranceles y cupos para la importación de productos agropecuarios y forestales.

XV. Las demás que establezcan las leyes federales siempre y cuando no se contrapongan con las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO SEXTO
De la concurrencia

Artículo 12.- El gobierno federal auxiliará, cuando así lo soliciten los estados, en las acciones de descentralización en materia agropecuaria.

Los gobiernos estatales y municipales para la realización de las facultades que le corresponden podrán solicitar al gobierno federal la celebración de convenios a fin de favorecer el desarrollo integral de. dichas entidades f ederativas.

Artículo 13.- El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, aportarán recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria, de conformidad con lo establecido por la legislación local de los estados.

Artículo 14.- La descentralización en materia agropecuaria y de desarrollo rural deberá estar encaminada a la promoción del progreso en las actividades agropecuarias de las entidades federativas y los municipios.

Artículo 15.- La concurrencia en materia agropecuaria y de desarrollo rural involucra en la planeación, estímulo, coordinación, evaluación y ejecución a los tres niveles de gobierno, al igual que a productores rurales.

Artículo 16.- El gobierno federal auxiliará a las entidades federativas en caso de emergencia en que se ponga en peligro el desarrollo agropecuario de los estados.

Artículo 17.- El gobierno federal, los gobiernos de los estados y las autoridades municipales de forma concurrente apoyarán a los productores en la comercialización y distribución de sus productos, sobre todo a aquellos productores de escasos recursos.

TITULO TERCERO
De los programas, apoyos y subsidios

CAPITULO UNICO.

Artículo 18.- En materia agropecuaria, los recursos destinados por el gobierno federal a los gobiernos estatales serán regulados por las disposiciones que para tales efectos establezca la ley federal de coordinación fiscal.

Artículo 19.- El gobierno federal descentralizará recursos económicos, personal administrativo, equipo técnico y demás instrumentos necesarios a las entidades federativas con la finalidad de que éstas puedan hacer frente al desarrollo agropecuario estatal.

Artículo 20.- Los programas, apoyos y subsidios al campo, serán determinados, administrados y evaluados de forma conjunta por los tres niveles de gobierno y los productores.

Artículo 21.- Para determinar una distribución justa y transparente del presupuesto, el gobierno federal y los gobiernos de los estados propondrán una fórmula de distribución de acuerdo a las necesidades y propuestas de los municipios, la cual se presentará al Congreso de la Unión para su aprobación en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

TITULO CUARTO
De las Controversias

CAPITULO UNICO

Artículo 22.- Los gobiernos federal, estatal y municipal deberán respetar la competencia de cada uno de ellos en lo concerniente a la aplicación de la presente ley.

Artículo 23.- En caso de controversia entre el gobierno de alguna entidad federativa y la federación; o la federación y un municipio, suscitada por la aplicación de la presente ley se atenderá a los señalado por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan y abrogan las disposiciones legales anteriores, que se contrapongan a la presente ley .

Atentamente
Diputados: Felipe de Jesús Rangel Vargas, Felipe de Jesús Preciado Coronado, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, José Antonio Alvarez Hernández, María Elena Cruz Muñoz, María Antonia Durán López, Gustavo Espinosa Plata, José Angel Frausto Ortiz, Juan Ignacio Fuentes Larios, Juan José García de Alba Bustamante, Luis Fernando González Corona, Emilio González Márquez, Mario Guillermo Haro Rodríguez, Felipe Jarero Escobedo, Carlos Iñiguez Cervantes, Nicolás Jiménez Carrillo, Jorge López Vergara, Raúl Monjarás Hernández, Rocío del Carmen Morgan Franco, Rafael Sánchez Pérez.

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A CARGO DEL C. DIP. JOSE ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, y 73, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55 al 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa mediante la cual se adiciona un inciso a, la fracción II al artículo 2-A y se reforma la fracción V del artículo 15, ambos de la ley del Impuesto al Valor Agregado, con objeto de aplicar la tasa del 0% al transporte público masivo de pasajeros por sistema eléctrico, a fin de que las finanzas públicas a nivel estatal no se vean lesionadas por concepto del pago del IVA en un servicio público, cuyas tarifas por encontrarse reguladas no responden a la leyes del mercado. Estas modificaciones permitirán un ahorro de tiempo considerable en el gasto público estatal por concepto de pago de impuestos federales y de esta manera se podrá fomentar una mayor inversión en este tipo de servicio acorde con el crecimiento y necesidades de sus correspondiente ciudades. Funda la presente iniciativa la siguiente:

Exposición de Motivos

Debido aquel transporte público de pasajeros, urbano y suburbano, es el principal, y en muchos casos, el único medio de transporte de millones de personas que no cuentan con recursos suficientes para adquirir o mantener medios de transporte propios, es necesario que además de mantener tarifas bajas, sea posible crear incentivos para que a través de la inversión pública, se permita brindar un servicio de calidad y de acuerdo a las necesidades de la población.

Sin embargo, la dimensión de las inversiones en los distintos sistemas de transporte público de pasajeros, particularmente en el caso de los sistemas eléctricos, son considerablemente fuertes afectando de manera importante las fianzas estatales. En ese orden de ideas, la carga fiscal a la que está sujeta esta actividad incide de una manera importante en la eficiente prestación del servicio, frenando el desarrollo y generando un menoscabo a las finanzas precisamente de los sistemas eléctricos. A este respecto, se ha explicado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el impuesto al Valor Agregado no se traslada al brindar este servicio, ya que las tarifas cobradas se encuentran controladas con el fin de mantenerlas al alcance de los usuarios, lo que se hace prácticamente imposible cobrar el IVA sobre las mismas como lo establece el segundo párrafo de la fracción III del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual a la letra dice: "el impuesto se incluirá en el precio en el que los bienes y servicios se ofrezcan, así como en la documentación que se expida, absorbiendo los organismos de transporte el IVA correspondiente.

Con base a lo anterior, y partiendo del hecho de que la inversión en dicho servicio surge de los recursos del gobierno estatal, es que se considera necesario que dicho servicio esté gravado a tasa del 0% misma que permitirá, por un lado, mantener tarifas accesibles para la población y por el otro lado, en virtud de que no se cobra IVA a los usuarios de este servicio, que el fisco devuelva el IVA pagado en los insumos necesarios para la construcción, conservación y administración de esta actividad, evitando así lesiones mayores a las finanzas públicas estatales y permitiendo que esa economía de recursos facilite una inversión de acuerdo con las crecientes necesidades de la población en este rubro, mismo que está directamente vinculado con la calidad de vida que una ciudad ofrece.

En virtud de la anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

Iniciativa de decreto por el que se adicionan y reforman disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Primero.- Se adiciona un inciso a, la fracción II del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2-A.-

I. ...

II ...

a) El transporte público urbano y suburbano masivo de pasajeros por sistema eléctrico, considerados como metro, tren eléctrico y trolebús.

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción V, del artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue: I al IV ...

V. El transporte público terrestre de personas, incluidos los considerados como metro, tren ligero y trolebús, excepto por ferrocarril.

TRANSITORIO UNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Oficios

POR EL QUE SE COMUNICA LA ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA QUE CONDUCIRA LOS TRABAJOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL LO. DE NOVIEMBRE DE 1999 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2000, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 62, párrafo 2, y cuarto transitorio, párrafo V, de la Ley Orgánica del Congreso General; y 15 del Reglamento para el Gobierno Interior, nos permitimos comunicar a ustedes que en sesión pública celebrada el día de hoy, la Cámara de Senadores de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, eligió la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el periodo del l de noviembre de 1999 al 31 de agosto del año 2000, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional , como sigue:

Presidenta:
Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas

Vicepresidentes:
Sen. Dionisio Pérez Jácome
Sen. Luis Mejía Guzmán
Sen. Enrique González Pedrero

Secretarios:
Sen. Laura Pavón Jaramillo
Sen. Raúl Juárez Valencia
Sen. María Elena Alvarez Bernal
Sen. Porfirio Camarena Castro

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida

México, DF, a 28 de octubre de 1999.

Sen. Lucía Carrasco Xochipa
Sen. Alejandro García Acevedo
Secretarios

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
PRESENTE

Tenemos el honor de comunicar a ustedes, que en sesión pública celebrada el día de hoy, se dio cuenta con comunicación de los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por la que informan de su constitución y de los acuerdos tomados en reunión celebrada el 27 del actual.

Al respecto nos permitimos anexar la documentación respectiva.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 28 de octubre de 1999.

Sen. Lucía Carrasco Xochipa
Sen. Alejandro García Acevedo
Secretarios

POR EL QUE SE COMUNICA LA INTEGRACION DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, DE LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, E INFORMA DE SU CONSTITUCION Y DE LOS ACUERDOS TOMADOS

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
PRESENTE

Solicitamos a ustedes ser el amable conducto para participar al Pleno del Senado de la República de los siguientes acuerdos asumidos, con base en lo que disponen los artículos 81 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la conformación de la Junta de Coordinación Política:

Primero.- Se constituye la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Senadores.

Segundo.- Son integrantes de la Junta de Coordinación Política, conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General, los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Legislatura; y adicionalmente, los senadores Eduardo Andrade Sánchez y Sami David, por el grupo parlamentario del PRI; y el sen. Juan de Dios Castro, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tercero.- Es presidenta de la Junta de Coordinación Política la sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, en os términos del párrafo 4 del artículo 81 de la Ley Orgánica.

Para constancia de lo anterior, se anexa el acta levantada en la reunión de constitución del 27 de octubre del presente año.

Comunicamos a ustedes lo anterior, para los efectos procedentes.

Atentamente

Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas
Grupo Parlamentario del PRI

Sen. Gabriel Jiménez Remus
Grupo Parlamentario del PAN

Sen. Héctor Sánchez López
Grupo Parlamentario del PRD

Sen. Eduardo Andrade Sánchez
Grupo Parlamentario del PRI

Sen. Sami David
Grupo Parlamentario del PRI

Sen. Juan de Dios Castro Lozano
Grupo Parlamentario del PAN

(Rúbricas)

Acta de Constitución de la Junta de Coordinación Política

En el primer piso del edificio de Donceles No. 14, en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 28 de octubre de 1999, fueron convocados los senadores de la República María de los Angeles Moreno Uriegas, Gabriel Jiménez Remus y Héctor Sánchez López, coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, respectivamente, así como los senadores Eduardo Andrade y Sami David, por el grupo parlamentario del PRI, y Juan de Dios Castro Lozano, por el grupo parlamentario del PAN, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 81 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la constitución de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Contando con la presencia de los senadores firmantes, se acordó lo siguiente:

Primero.- Se constituye la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Senadores.

Tercero.- Es Presidenta de la Junta de Coordinación Política la sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, en los términos del párrafo 4 del artículo 81 de la Ley Orgánica.

Por lo que se levanta la presente acta, firmando al calce todos los que en ella participamos, para ratificación y constancia de la misma.

Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas
Grupo Parlamentario del PRI

Sen. Gabriel Jiménez Remus
Grupo Parlamentario del PAN

Sen. Héctor Sánchez López
Grupo Parlamentario del PRD

Sen. Eduardo Andrade Sánchez
Grupo Parlamentario del PRI

Sen. Sami David
Grupo Parlamentario del PRI

Sen. Juan de Dios Castro Lozano
Grupo Parlamentario del PAN
(Rúbricas)

Minutas

CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE AUTORIZACION AL CIUDADANO ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 1999, A EFECTO DE QUE PARTICIPE EN LA IX REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA, QUE TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
PRESENTE

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 1999, a efecto de que participe en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de La Habana, Cuba.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 28 de octubre de 1999.

Sen. Lucía Carrasco Xochipa
Sen. Lizandro Lizama Garma
Secretarios

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 16 de noviembre de 1999, a efecto de que participe en la IX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de La Habana, Cuba.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 28 de octubre de 1999.

México, DF, a 28 de octubre de 1999.

Sen. Cristóbal Arias Solís
Presidente

Sen. Lucía Carrasco Xochipa
Sen. Lizandro Lizama Garma
Secretarios

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, DF, a 28 de octubre de 1999.

CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION DE LA MEDALLA HONOR AL MERITO MILITAR SOLDADO DE LA PATRIA, QUE LES CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
PRESENTES

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que les confiere el gobierno de la República de Nicaragua a los ciudadanos:

* Sargento 2º de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Carlos Alberto Rodríguez Velasco

* Sargento 2º Cocinero José López López

* Sargento 2º Cocinero Silvino de los Santos Bailón

* Sargento 2º Cocinero Sergio Velázquez Córdoba

* Cabo Cocinero Angel Aniceto Amaya

* Cabo Auxiliar Escribiente José Luis Coeto Alcántar,

* Cabo Auxiliar Jardinero Jorge Alejandro Ortega Godínez

* Cabo de Transmisiones Ricardo Correa Colín

* Cabo de Transmisiones Hugo Albañil Contreras

* Cabo Cocinero Rogelio Vázquez Gravioto

* Cabo Cocinero Carmen Hernández Ocaña

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 28 de octubre de 1999.

Sen. Lucía Carrasco Xochipa
Sen. Lizandro Lizama Garma
Secretarios

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2º de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento de Aviación Carlos Alberto Rodríguez Velasco, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2º Cocinero José López López, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2º Cocinero Silvino de los Santos Bailón, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Sargento 2º Cocinero Sergio Velázquez Córdoba, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Cabo Cocinero Angel Aniceto Amaya, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Cabo Auxiliar Escribiente José Luis Coeto Alcántar, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Cabo Auxiliar Jardinero Jorge Alejandro Ortega Godínez, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano Cabo de Transmisiones Ricardo Correa Colín, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano Cabo de Transmisiones Hugo Albañil Contreras, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Artículo Décimo.- Se concede permiso al ciudadano Cabo Cocinero Rogelio Vázquez Gravioto, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua, y

Artículo Décimo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Cabo Cocinero Carmen Hernández Ocaña, para aceptar y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 28 de octubre de 1999.

Sen. Cristóbal Arias Solís
Presidente

Sen. Lucía Carrasco Xochipa
Sen. Lizandro Lizama Garma
Secretarios

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales, México, D.F., a 28 de octubre de 1999.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, PARA EL A&NTILDE;O 2000, PARA EFECTOS DE QUE SE INCORPORE AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, QUE REMITE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Exposición de Motivos

A efecto de que se incorpore al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000, la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados somete a la consideración del Pleno el anteproyecto de presupuesto de la misma, cuyo importe asciende a 2,318 millones 318 mil pesos, y el cual tiene como referente para su proyección el cierre presupuestal estimado para 1999 en 2,032 millones 55 mil pesos.

Las previsiones presupuestales para el próximo año atienden, en un marco de racionalidad, austeridad y una estrategia de gasto acorde con la situación económica actual del país, la necesidad de garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos legislativos y las actividades administrativas de la Cámara, y permitir además, la vigencia de los cambios trascendentales derivados de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que promovió y acordó la LVII Legislatura.

Asimismo, con el fin de atender los requerimientos indispensables del proceso legislativo, el anteproyecto de presupuesto respalda primordialmente la dinámica de trabajo de los CC. Diputados, lo cual implica entre otros aspectos, solventar los desplazamientos que, en virtud de su trabajo en comisiones y otras tareas parlamentarias, tengan que realizar; atender los gastos relativos al consumo en servicios de telefonía, electricidad, fotocopiado y otros apoyos logísticos necesarios para un eficiente trabajo legislativo, además de otras necesidades personales inherentes a su representación.

De igual manera, el anteproyecto de presupuesto para el próximo año considera un incremento a las percepciones del personal operativo y mandos medios y superiores, con sus respectivas repercusiones en el pago de impuesto, estímulos y prestaciones señaladas en las condiciones generales de trabajo para el caso del personal sindicalizado. Asimismo, se tiene prevista la adecuación correspondiente a las dietas de los CC. Diputados.

Relacionado con lo anterior y a efecto de contar con un acervo de experiencia y compromiso institucional de trabajo que trascienda a la presente legislatura, se establece el Servicio de Carrera, cuya implantación en la Cámara, habrá de fortalecer la profesionalización de su personal con miras a un más eficiente y eficaz desarrollo del trabajo legislativo sustentado en una mayor estabilidad en el desempeño de los cargos correspondientes.

Para cumplir con lo anterior, se tomaron las previsiones presupuestales para la formación, capacitación y promoción de los cuerpos profesionales requeridos y el impacto presupuestal que pueda resultar por reubicación, reclasificación, retabulación, retiro voluntario y, en su caso, separación del personal que resulte en el curso de la implementación del mencionado Servicio de Carrera.

Las previsiones presupuestales consideran también el propósito de la actual Legislatura de continuar dotando a la Cámara con diversos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto en bienes y equipos como en remodelaciones o adaptaciones mínimas indispensables en oficinas y espacios existentes, los cuales se han ido incrementando en los últimos años, como resultado del programa de mejoramiento de las instalaciones y equipo, llevado a cabo por esta Legislatura.

En este marco de racionalidad se habrá de aprovechar de manera eficiente, el personal y los recursos de que dispone la Cámara, tanto en bienes, instalaciones, mobiliario y equipo, así como los que provengan de las ministraciones presupuestales y otros ingresos obtenidos en el transcurso del año.

En general, el anteproyecto de presupuesto es resultado de una serie de revisiones responsables de las partidas presupuestales, para que sus montos previstos se circunscriban a una disciplina presupuestal que garantice que el presupuesto aprobado sea suficiente para el buen funcionamiento de la Cámara, a partir de políticas racionales y equilibradas en la aplicación, uso y destino de los recursos.

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA EMERGENTE DE DOCUMENTOS OFICIALES, SUSCRITA POR LOS, INTEGRANTES DE LA COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

Los diputados integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo, con fundamento en el artículo 39 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicitamos se tenga a bien someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, para lo cual nos permitimos someter a su análisis las siguientes:

Consideraciones

La situación en la que viven los habitantes de las localidades y de los municipios que se encuentran en estado de desastre por las inundaciones que se han registrado en las últimas semanas en los estados de Chiapas, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Veracruz no sólo representa dolor por las pérdidas materiales y humanas.

Una vez que los programas de reconstrucción puedan iniciar cabalmente, aparecerán otros efectos derivados del desastre, que incidirán de manera importante no sólo en las nuevas posibilidades de desarrollo de estas comunidades, sino incluso, en el cotidiano desenvolvimiento de su vida diaria.

Estos efectos pueden parecer hoy insignificantes, pero se irán manifestando a corto, mediano y largo plazo en casi todas las actividades cotidianas de todos los habitantes de esta región siniestrada.

De alguna manera, los gobiernos federal y de las entidades federativas afectadas han puesto en operación programas emergentes para atender las primeras necesidades materiales de estas comunidades. La propia Cámara de Diputados ha aportado recursos para incrementar el Fondo de Desastres Naturales.

Sin embargo, respecto de otros efectos del desastre, la Comisión de Población y Desarrollo ha observado que es necesario impulsar, en la medida de lo posible, programas emergentes que permitan que además de la recuperación de la infraestructura social básica, de la vivienda y de la actividad económica, se sienten las bases para la recuperación de una vida diaria con certidumbre jurídica.

La Comisión de Población y Desarrollo abrió en su Programa de Trabajo una vertiente relacionada con el sistema nacional de información, y específicamente, con el Registro Nacional de Población y el Registro Civil.

No cabe duda de que en las comunidades siniestradas, la mayor parte de sus habitantes perdieron, además, documentos oficiales que resultan indispensables para el desarrollo normal de su vida cotidiana, y cuya falta les afectará incluso para incorporarse debidamente en los programas de desarrollo social y económico que se están llevando a cabo.

Por eso se hace necesario implementar un programa de recuperación de documentos oficiales, a fin de normalizar tanto la vida normal de las personas afectadas, como un estado de certidumbre jurídica que tiene importantes consecuencias de hecho y de derecho. Para acceder a los beneficios de los programas de ayuda, a la continuación de los estudios, a la aplicación de vacunas, la asistencia médica pública, y hasta para demostrar la propiedad o posesión de un predio o para ejercer el derecho de voto activo, se requiere de tener los documentos oficiales que acrediten esa situación. Su carencia, por consecuencia, genera confusión, indefensión y problemas jurídicos.

Contar o no con el acta de nacimiento, de matrimonio o de defunción, con un testamento, los documentos constitutivos de todo tipo de sociedades, los certificados de estudios, la cartilla de vacunación, el pasaporte o los documentos migratorios, la cartilla del servicio militar, los relativos a las obligaciones fiscales o del seguro social, y los que acreditan la legal posesión o propiedad de un predio, hará pronto en esas comunidades la diferencia entre sufrir largas esperas y angustias, o la satisfacción de obtener de las autoridades los apoyos mínimos que se requiere para facilitar el regreso a las actividades normales.

Instancias registrales federales y estatales, como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el Registro Agrario Nacional, el Registro Federal de Electores, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias deben, a juicio de la Comisión, implementar coordinadamente en lo posible, un Programa Emergente de Recuperación de Documentos Oficiales en beneficio de las comunidades afectadas por las inundaciones.

Desde luego, es recomendable también que los tres órdenes de gobierno atiendan el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las personas afectadas, que particularmente en los municipios de alta y muy alta marginación, no contarán con los recursos para pagar los derechos derivados por la reposición de estos documentos. Por ello, en la medida en que los marcos jurídicos aplicables lo permitan, la Comisión propone que las instancias competentes exenten del pago de dichos derechos a estas comunidades marginadas.

Siendo la Secretaría de Gobernación la instancia competente, tanto para coordinar los programas de emergencia, como para coordinar la relación del Ejecutivo federal con las instituciones autónomas federales y las propias entidades federativas, es que se propone que esta recomendación sea dirigida a esta dependencia, para facilitar y garantizar su debida atención.

Por lo anterior, la Comisión de Población y Desarrollo, por acuerdo del pasado 27 de octubre, pone a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, como un asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de

Punto de acuerdo

UNICO.- La Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión recomienda al Ejecutivo federal, y a los Ejecutivos de las entidades federativas de Chiapas, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Veracruz, implementar en coordinación con la Secretaría de Gobernación, un Programa Emergente de Recuperación de Documentos Oficiales, a fin de que los habitantes de las localidades declaradas en estado de desastre por las inundaciones ocurridas pasado mes de octubre, estén en condiciones de reponer las constancias relacionadas con el registro civil, el registro electoral, los registros de propiedad y del comercio y agrario, el registro del servicio militar, el de pasaportes y documentos migratorios y los registros de contribuyentes, salud, seguridad social y educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 1999.

La Junta Directiva de la Comisión de Población y Desarrollo

Diputados: Rubén A. Fernández Aceves, Presidente (rúbrica); Margarita Pérez Gavilán Torres, secretaria, PAN (rúbrica); Gloria Xóchitl Reyes Castro, secretaria, PRI (rúbrica); Julieta Ortencia Gallardo Mora, secretaria, PRD (rúbrica); Carolina O'Farrill Tapia, secretaria, independiente (rúbrica).

Isabel Villers Aispuro, PRI (rúbrica); Juan Carlos Ruiz García, PAN (rúbrica); Ma. Elena Cruz Muñoz, PAN (rúbrica); Mario Elías Moreno Navarro, PRI; Germán Martínez Cazares, PAN; Antonio B. Manríquez Guluarte, PRI (rúbrica); Patricia Espinosa Torres, PAN (rúbrica); Joel Ayala Almeida, PRI; Marcelo Cervantes Huerta, PRI (rúbrica); Irma Chedraui Obeso, PRI (rúbrica); Fabiola Gallegos Araujo, PRD; Miguel Angel Godínez Bravo, PRI (rúbrica); Adolfo González Zamora, PRD (rúbrica); Salvio Herrera Lozano, PRI (rúbrica); Elsa Patria Jiménez Flores, PRD (rúbrica); César Lonche Castellanos, PRD; Ma. del Socorro May López, PRI (rúbrica); Martín Mora Aguirre, PRD (rúbrica); Cristina Portillo Ayala, PRD (rúbrica); América Soto López, PRI (rúbrica); Angélica de la Peña Gómez, PRD (rúbrica); Rosario Ruiz de la Cruz (rúbrica).

Actas

De la Comision especial encargada de vigilar que no se desvien recursos federales en el proceso electoral del estado de Guerrero

Minuta de la reunión de trabajo de la Comisión

La reunión se realizó en el restaurante Los Cristales de esta H. Cámara de Diputados el día 19 de octubre del presente año, contando con la presencia del presidente de la Comisión Especial, el dip. Armando Aguirre Hervis, los secretarios de cada grupo parlamentario: dip. Fabiola Gallegos Araujo (PRD), dip. María del Carmen Corral Romero (PAN), dip. Efraín Zúñiga Galeana (PRI), dip. Aurora Bazán López (PVEM) y el dip. Luis Patiño Pozas (PT); y de los demás integrantes de la misma; dip. Salvio Herrera Lozano y dip. Ezequiel Campos Sánchez del grupo parlamentario del PRI, y el dip. Víctor Alejandro Vázquez Cuevas del grupo parlamentario del PAN.

Acuerdos

1. Recorrido de los asistentes técnicos de cada grupo parlamentario por distintos municipios del estado de Guerrero.

Lo anterior, con la finalidad de recabar las pruebas que sean necesarias y oportunas para reforzar el sustento jurídico de las denuncias que fueron interpuestas por la ciudadanía guerrerense, y que por la premura en que fueron realizadas no se incluyeron al ser interpuestas las denuncias.

Por lo anterior, se realizó el trámite respectivo para la obtención de los viáticos que los asistentes técnicos utilizarán durante ese tiempo.

2. Coordinación entre asesores, secretaría técnica y asistentes técnicos

Se planteó que debía existir una adecuada comunicación entre ellos, para el intercambio y difusión de la información que se vaya obteniendo, al interior de la comisión. Siendo los asistentes técnicos los encargados de obtener las pruebas en los municipios, para enviarlas posteriormente a la Cámara de Diputados con el objeto de que los asesores las analicen y las relacionen correctamente con las denuncias; por último los asesores remitirán esta sistematización y las pruebas como tales, a la secretaría técnica, a fin de que ésta les haga llegar a todos los diputados la información obtenida.

3. Visita de cortesía a los delegados de las secretarías de la administración pública federal, residentes en el estado

Esta se realizará posterior al 11 de noviembre de 1999, con la finalidad de notificar a los delegados que correspondan, que en el ejercicio de funciones de esta comisión especial existieron denuncias en contra de autoridades dependientes de la delegación que se esté visitando.

4. Cuestiones administrativas importantes.

El primero de ellos, se refiere al gasto realizado por la Cámara de Diputados en el alquiler de dos vehículos, y que la comisión especial había solicitado para el traslado de los diputados miembros al estado de Guerrero. Razón por la que se está solicitando que sea la misma Cámara de Diputados quien cubra ese gasto.

El segundo, es para que la Cámara de Diputados cubra el gasto relativo a la elaboración de carteles y volantes, que difundían aspectos importantes de la comisión especial, y que en su momento esta decisión fue aprobada por la junta directiva.

5. La próxima reunión de trabajo de la Comisión Especial en pleno será el 11 de noviembre de 1999.

Atentamente

Dip. Armando Aguirre Hervis
Presidente de la Comisión

Dip. Efraín Zúñiga Galeana
Secretario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. María del Carmen Corral Romero
Secretaria del Partido Acción Nacional

Dip. Fabiola Gallegos Araujo
Secretaria del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Luis Patiño Pozas
Secretario del Partido del Trabajo

Dip. Aurora Bazán López
Secretaria del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Salvio Herrera Lozano (PRI)

Dip. Cuauhtémoc Salgado Romero. (PRI)

Dip. Ezequiel Campos Sánchez (PRI)

Dip. Víctor Alejandro Vázquez Cuevas (PAN)

La Junta de Coordinación Política ha considerado que nuestro trabajo ha concluido por lo que opina que no es necesario proporcionar más recursos a esta Comisión Especial.

Se envió oficio a la junta de Coordinación Política para explicar que es errónea la consideración que está realizando, pues podría representar un problema, no sólo administrativo sino una consideración política.

Sin más por el momento y esperando tener una respuesta positiva le reitero un cordial saludo.

Convocatorias

DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Al magno evento En defensa del Presupuesto en Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que tendrá lugar el miércoles 3 de noviembre, a las 9 horas, en el salón Verde de ésta H. Cámara de Diputados.

Es dicho evento se presentará un Manifiesto de la comunidad científica y tecnológica y de los diputados de esta Comisión.

Atentamente
Dip. María del Carmen Díaz Amador
Presidenta

DE LA COMISION DE COMERCIO

A su reunión de trabajo el jueves 4 de noviembre de 1999 a las 8:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1 Lista de asistencia y declaración de quorum legal.

2. Aprobación del acta anterior.

3. Análisis, discusión y en su caso votación del dictamen correspondiente de las tres iniciativas sobre la regularización de vehículos de procedencia extranjera que circulan en el país.

4. Análisis, discusión y en su caso votación del dictamen correspondiente de las tres iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

5. Asuntos recibidos en la Comisión

6. Otros.

Atentamente
Dip. Juan José García de Alba Bustamante
Presidente

DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES

A su reunión de trabajo el jueves 4 de noviembre de 1999, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Atentamente
Dip. Alfredo Phillips Olmedo
Presidente

DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

A su reunión plenaria, el jueves 4 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel.

Orden del Día

1. Discusión y votación de los proyectos de dictamen que versan sobre las iniciativas que a continuación se señalan:

a) Conapet (PRD).

b) Reformas a los artículos 3, 15 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de educación (PRI).

c) Reformas a la Ley General de Educación (PVEM).

2. Comentarios y agenda de los siguientes proyectos de dictamen, con el propósito de desahogarlos en la próxima reunión plenaria de la Comisión, a saber: a) Ecoturismo.

b) Reforma al artículo 27 constitucional.

c) Reformas al Código Penal (incluye dos iniciativas).

d) Autonomía de la Profepa.

e) Reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal.

3. Comentarios a cuatro de los expedientes turnados de Pleno, programados por la Junta Directiva para que sean desahogados en el último periodo de sesiones de la presente Legislatura, que comprende del 15 de marzo al 30 de abril, a saber: a) Ley para la Prevención y Control del Cambio Climático en los Estados Unidos Mexicanos.

b) Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

c) Reformas a la Ley Forestal.

d) Ley sobre Fauna Silvestre.

4. Comentarios sobre el desahogo de Informes de los expedientes turnados por el Pleno, que versan sobre denuncias y/o propuestas y que por acuerdo de la Junta Directiva fueron turnadas para su desahogo a las Subcomisiones, a saber: Subcomisión (1) Materiales y Desechos Peligrosos:

Diputado coordinador Pablo Gutiérrez Jiménez.

a) Río Tijuana.

b) Gasera Tijuana.

c) Convenio para el manejo de residuos.

Subcomisión (2) Contaminación Ambiental, Agua, Aire, Suelo e Industria:

Diputado coordinador José Agapito Domínguez Lacroix.

a) Cytec.

b) Lago Cuitzeo.

c) Azufrera Panamericana.

Subcomisión (3) Biodiversidad, Ecosistemas y Arcas Naturales Protegidas:

Diputado coordinador Vicente de la Cruz Santiago.

a) Muelle de cruceros turísticos en Cozumel, Quintana Roo.

b) Istmo de Tehuantepec.

Subcomisión (5) Asuntos Legislativos:

Diputado coordinador Jorge Alejandro Jiménez Taboada.

a) Veda maderera.

b) Ley sobre Vida Silvestre.

5. Confirmación de la novena reunión plenaria de la Comisión, para el jueves 2 de diciembre.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Jorge Alejandro Jiménez Taboada
Presidente

DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de trabajo con funcionarios de Petróleos Mexicanos, el jueves 4 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el segundo nivel del edificio H.

El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.