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Informes
- Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la H. Cámara de Diputados, para el año 2000, para efectos de que se incorpore al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que remite la Junta de Coordinación Política.
- Final, de la Comisión Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral del estado de Coahuila.
- De la Comisión de Ciencia y Tecnología, al magno evento En defensa del Presupuesto en Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que tendrá lugar el miércoles 3 de noviembre, a las 9 horas.
- De la Comision de Comercio, a su reunión de trabajo el jueves 4 de noviembre de 1999, a las 8:30 horas.
- De la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, a su reunión plenaria, el jueves 4 de noviembre, a las 11 horas.
- De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión de trabajo con funcionarios de Petróleos Mexicanos, el jueves 4 de noviembre, a las 17 horas.
- De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 8 de noviembre, a las 12 horas.
- De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el martes 9 de noviembre, a las 17 horas.
- De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión de trabajo con funcionarios de el Instituto Mexicano del Seguro Social, el miércoles 10 de noviembre, a las 17 horas.
- De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, SA, el jueves 11 de noviembre, a las 17 horas.
- Del Instituto de Investigaciones Legislativas, a presentar Proyectos de Investigación y Estudios sobre el Congreso y Temas Parlamentarios.
Informes
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, PARA EL AÑO 2000, PARA EFECTOS DE QUE SE INCORPORE AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, QUE REMITE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
Exposición de Motivos
A efecto de que se incorpore al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000, la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados somete a la consideración del Pleno el anteproyecto de presupuesto de la misma, cuyo importe asciende a 2,318 millones 318 mil pesos, y el cual tiene como referente para su proyección el cierre presupuestal estimado para 1999 en 2,032 millones 55 mil pesos.
Las previsiones presupuestales para el próximo año atienden, en un marco de racionalidad, austeridad y una estrategia de gasto acorde con la situación económica actual del país, la necesidad de garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos legislativos y las actividades administrativas de la Cámara, y permitir además, la vigencia de los cambios trascendentales derivados de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que promovió y acordó la LVII Legislatura.
Asimismo, con el fin de atender los requerimientos indispensables del proceso legislativo, el anteproyecto de presupuesto respalda primordialmente la dinámica de trabajo de los CC. Diputados, lo cual implica entre otros aspectos, solventar los desplazamientos que, en virtud de su trabajo en comisiones y otras tareas parlamentarias, tengan que realizar; atender los gastos relativos al consumo en servicios de telefonía, electricidad, fotocopiado y otros apoyos logísticos necesarios para un eficiente trabajo legislativo, además de otras necesidades personales inherentes a su representación.
De igual manera, el anteproyecto de presupuesto para el próximo año considera un incremento a las percepciones del personal operativo y mandos medios y superiores, con sus respectivas repercusiones en el pago de impuesto, estímulos y prestaciones señaladas en las condiciones generales de trabajo para el caso del personal sindicalizado. Asimismo, se tiene prevista la adecuación correspondiente a las dietas de los CC. Diputados.
Relacionado con lo anterior y a efecto de contar con un acervo de experiencia y compromiso institucional de trabajo que trascienda a la presente legislatura, se establece el Servicio de Carrera, cuya implantación en la Cámara, habrá de fortalecer la profesionalización de su personal con miras a un más eficiente y eficaz desarrollo del trabajo legislativo sustentado en una mayor estabilidad en el desempeño de los cargos correspondientes.
Para cumplir con lo anterior, se tomaron las previsiones presupuestales para la formación, capacitación y promoción de los cuerpos profesionales requeridos y el impacto presupuestal que pueda resultar por reubicación, reclasificación, retabulación, retiro voluntario y, en su caso, separación del personal que resulte en el curso de la implementación del mencionado Servicio de Carrera.
Las previsiones presupuestales consideran también el propósito de la actual Legislatura de continuar dotando a la Cámara con diversos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, tanto en bienes y equipos como en remodelaciones o adaptaciones mínimas indispensables en oficinas y espacios existentes, los cuales se han ido incrementando en los últimos años, como resultado del programa de mejoramiento de las instalaciones y equipo, llevado a cabo por esta Legislatura.
En este marco de racionalidad se habrá de aprovechar de manera eficiente, el personal y los recursos de que dispone la Cámara, tanto en bienes, instalaciones, mobiliario y equipo, así como los que provengan de las ministraciones presupuestales y otros ingresos obtenidos en el transcurso del año.
En general, el anteproyecto de presupuesto es resultado de una serie de revisiones responsables de las partidas presupuestales, para que sus montos previstos se circunscriban a una disciplina presupuestal que garantice que el presupuesto aprobado sea suficiente para el buen funcionamiento de la Cámara, a partir de políticas racionales y equilibradas en la aplicación, uso y destino de los recursos.
FINAL, DE LA COMISION ENCARGADA DE VIGILAR QUE NO SE DESVIEN RECURSOS FEDERALES EN EL PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA
I. Introducción
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 74, fracción V, en relación con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Diputados constituyó la Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Federales en el Proceso Electoral del Estado de Coahuila,1 con el propósito de impedir que los recursos del pueblo mexicano se distraigan de su verdadero destino, que es el de crearle mejores condiciones de vida.
La H. Cámara de Diputados no agota su función al determinar la forma en que se debe ejercer el presupuesto, pues sus alcances van más allá, al fiscalizar su correcta aplicación, vigilar que no se desvíen, y en su caso, conocer de las imputaciones que se hagan a servidores públicos sobre el presunto desvío de recursos públicos federales para determinar su responsabilidad. Y de estas facultades en cita, se desprende que la Cámara de Diputados está ejerciendo una de sus funciones que se encuentran reservadas para ella en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En la doctrina jurídica mexicana, las funciones de esta soberanía han sido revisadas para distinguirlas en facultades y atribuciones de representación, propiamente legislativas, deliberativas, financieras, de control y vigilancia, jurisdiccionales, electorales, administrativas, laborales, investigadoras, de gestión, de comunicación, de orientación política y de educación.
Por otra parte, existen dentro del orden jurídico mexicano diversos tipos de responsabilidades de los servidores públicos, las cuales han sido enunciadas teóricamente y por nuestro Máximo Tribunal como:
b) Responsabilidades de tipo penal, cuando la conducta del servidor público se considere como delito, en términos de la fracción II del artículo 109 de nuestra Carta Magna.
c) Responsabilidades de tipo administrativo en los casos en que, derivados de sus actos u omisiones, los servidores públicos afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, según lo ordenan los artículos 109 fracción III y 113 de la Constitución.
d) Responsabilidad de tipo política, la cual tiene lugar cuando los servidores públicos enunciados en el título cuarto constitucional en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, cuando se generen en su actividad pública violaciones graves a la Constitución y las leyes que de ella emanan y cuando se manejen indebidamente fondos y recursos federales según lo establecen los artículos 108 y 110 de la Carta Fundamental.
¨...
Por lo tanto, cuando la Cámara de Diputados investiga el posible uso indebido de recursos federales, sólo pretende constatar un hecho: uso indebido de recursos federales, para, en su caso, con base en ese hecho, iniciar o continuar un juicio político, y no para, con base en la prueba del hecho, hacer efectiva una responsabilidad penal o administrativa o, incluso, para invalidar un proceso electoral.
Luego, el que la Cámara haya investigado el posible uso indebido de recursos federales con fines electorales no implica que se haya inmiscuido en un proceso electoral local, sino simplemente que, para efectos de dar trámite a una denuncia de juicio político, quiso constatar si hubo o no un uso indebido de recursos federales.
Por tanto, la creación de esta Comisión Especial tiene motivaciones y fundamentos suficientes, toda vez que trata de vigilar que los recursos federales no se destinen a fines electorales, para que con base en las atribuciones constitucionales y legales otorgadas a esta Soberanía en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se garantice el funcionamiento imparcial y apartidista de las instituciones políticas. Sustentando, además, la necesidad de que los partidos políticos puedan contender dentro los procesos electorales en condiciones equitativas y transparentes en cuanto al uso de recursos para su financiamiento de las campañas electorales.
En este Informe Final se dará cuenta de las actividades realizadas por esta Comisión Especial dentro del territorio de Coahuila, con el objeto de establecer los elementos necesarios a efecto de poder integrar, elaborar y presentar el Informe Final detallado sobre el resultado de las labores realizadas para vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral del estado de Coahuila, para que la Cámara de Diputados pueda proceder de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales.
II. Antecedentes
El 7 de septiembre de 1999 fue presentado al Pleno de la H. Cámara de Diputados una propuesta de punto de acuerdo para integrar una Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral del estado de Coahuila suscrito por diputados federales de la LVII Legislatura, con fundamento en los artículos 74, fracción V, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 párrafo 6 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue presentada al Pleno y turnada a la Junta de Coordinación Política, misma propuesta que se anexa al presente Informe Final como anexo 1.
Posteriormente el día 13 del mismo mes y año, fue aprobado por mayoría del Pleno de esta Soberanía el acuerdo citado en el párrafo que antecede, según se puede constatar en el acta de la sesión, para lo cual se acompaña una copia que se agrega como anexo 2.
Con fecha 14 de septiembre de 1999, se publica en la Gaceta Parlamentaria el Acuerdo para la integración de una Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral del Estado de Coahuila, bajo el título dado por la propia Gaceta Parlamentaria de: "(proposición) de la Junta de Coordinación Política, para que se integre una Comisión Especial, encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos federales, durante el proceso electoral del estado de Coahuila (Presentada en la sesión del lunes 13 de septiembre de 1999)", dicha publicación se anexa a este Informe Final con el número 3.
III. Plan de Trabajo
La Comisión Especial elaboró y aprobó el Plan de Trabajo después de un intenso debate en el que participaron la mayoría de los integrantes de los grupos parlamentarios de esta Soberanía.
En el Plan de Trabajo de la Comisión Especial, -que se anexa al presente Informe Final como anexo 4-, los diputados federales establecieron cuatro subcomisiones para recorrer la entidad en las cuatro regiones en que fue dividida la entidad federativa.
Para la región 1, se ubicaron las oficinas operativas en el hotel Kalionchiz en Monclova, donde se tuvo trabajo con los municipios de Cuatrociénegas, San Buenaventura, Ocampo, Sierra Mojada, Progreso, Escobedo, Nadadores, Lamadrid, Sacramento, Frontera, Abasolo, Monclova, Castaños, Candela y Juárez, y a la que asistieron los diputados Juan Cruz Martínez (PT) y Martha Laura Carranza Aguayo (PRI). Para este caso, y de acuerdo a la extensión territorial de Coahuila, sólo asistieron dos diputados en la subcomisión, debido a la manera en que fue dividido, por lo que así se acordó por el pleno de la Comisión Especial.
La región núm. 2 estableció su sede en la ciudad de Torreón, en el hotel Palacio Real, donde trabajó con los municipios de Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca, a esta región asistieron los diputados Rodrigo Maldonado Ochoa (PRD), Baldemar Tudón Martínez (PAN) y Horacio Veloz Muñoz (PRI).
Para la región No. 3, la sede se ubicó en la ciudad de Saltillo, en el hotel San Jorge y comprendió los municipios de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras, en esta región estuvieron los Diputados Elodia Gutiérrez Estrada (PAN), Aurora Bazán López (PVEM) y Jorge Galo Medina Torres (PRI).
Dentro de la región núm. 4, la sede fue en la ciudad de Piedras Negras, en el Hotel Casa Blanca (Holiday Inn), en donde se trabajó con los municipios de Allende, Acuña, Jiménez, Zaragoza, Múzquiz, Piedras Negras, Nava, Morelos, San Juan de Sabinas, Guerrero, Villa Unión, Sabinas e Hidalgo, en esta zona asistieron los diputados Esperanza Villalobos Pérez (PRD) y Pilar Concepción Cabrera Hernández (PRI). En esta región, al igual que la 1, se acordó que sólo fueran dos diputados y no 3, dada la extensión territorial del estado y el número de integrantes de la Comisión.
Dadas las necesidades de la Comisión Especial de recorrer la mayoría de municipios de Coahuila y considerando la extensión del territorio, el pleno estimó que para el caso de las comisiones especiales con un número reducido de integrantes, el artículo decimotercero inciso a, del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, podía subsanarse dada la necesidad de ubicar subcomisiones en cuatro regiones de la entidad, quedando solamente dos subcomisiones integradas por dos diputados, las cuales pueden ser consideradas también como grupos de trabajo.
Con el objeto de facilitar la presentación de denuncias por parte de la ciudadanía, partidos políticos, organizaciones sociales y gubernamentales, dentro del Plan de Trabajo se acordó que en cada una de las oficinas se recibieran denuncias sobre presuntos desvíos de recursos federales en el proceso electoral del estado de Coahuila.
Asimismo, se acordó que los objetivos particulares de los trabajos realizados se enfocarían a:
2. Exhortar a los servidores públicos responsables de aplicar recursos federales en el estado de Coahuila, para que se sujeten a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
IV. Actividades Realizadas por la
Comisión Especial
La Comisión Especial instaló sus oficinas principales de trabajo en el Hotel San Jorge, ubicado en la calle de Manuel Acuña #240 poniente, con el número de teléfono (0184) 4 12 22 22 extensión 116, hasta el lunes 27 de septiembre de 1999.
Desde el primer día, en rueda de prensa, los diputados integrantes de la Comisión Especial manifestaron que no interferiría en el proceso electoral del estado y que el propósito estaba claramente definido, pues por mandato del Pleno de la H. Cámara de Diputados, tenían el objeto de vigilar que no se desvíen recursos federales.
Por la tarde del lunes se reunieron los integrantes de la Comisión Especial con el gobernador, quien manifestó que estaba de acuerdo en entregar a la brevedad la información relativa a los programas federales que se aplican en el estado, pero que a su juicio se estaba violentando la soberanía estatal, por lo que intentaría promover una Controversia Constitucional, en términos de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también manifestó a pregunta expresa del diputado Baldemar Tudón Martínez, que el gobernador era el encargado de manejar y aplicar todos los programas que utilizan recursos federales en la entidad.
En la mañana del martes, la diputada Martha Laura Carranza Aguayo manifestó que era la secretaria de la Comisión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de buena fe se integró a la Junta Directiva, aún y cuando no se había dado a conocer formalmente el nombre del secretario del referido grupo parlamentario.
Por oficio del Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Baldemar Tudón Martínez sustituyó en la Comisión al Diputado Alberto González Domene del mismo grupo parlamentario, por lo que en la mañana entregó a la Presidencia el documento respectivo.
El día martes, después de varios intentos de esta Comisión Especial, a través de su presidenta, para concertar citas con la Gran Comisión del Congreso Local de Coahuila, y una vez tomada la decisión de asistir con los grupos parlamentarios que estuvieran dispuestos a recibirla, el diputado presidente de la Gran Comisión, Fernando Orozco Cortez y el presidente de la Mesa Directiva, el diputado local Sergio Resendiz Boone, citaron al medio día a los diputados locales para que previo al inicio de la sesión convocada, recibieran a la Comisión Especial, ante la presión que les ejerció la visita de ésta, frente a la negativa sistemática de recibirla.
De este modo, los integrantes de la Comisión Especial a las 12:30 horas, se reunieron con los diputados locales de Coahuila en las instalaciones del Congreso local, donde fueron objeto de agresiones e insultos, por lo que tuvieron que salir del recinto bajo un ambiente áspero y de tensión. Posteriormente se entrevistaron con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para tener una plática protocolaria.
En la tarde de ese día, los diputados de la Comisión Especial asistieron al programa de radio Detrás de la noticia, de la estación XEKS.
Así también, se entrevistaron con el delegado de la Sedesol en la entidad, para hacer de su conocimiento la llegada de la Comisión Especial y al mismo tiempo, le requirieron información acerca de los programas que aplica la dependencia en el estado.
A partir de las 6:00 de la tarde del martes y hasta las 5:30 am del día miércoles, el pleno de la Comisión Especial discutió y aprobó en lo general el Plan de Trabajo de la Comisión Especial. A las 9:30 am se reunió la Comisión después del receso para aprobar por unanimidad el Plan de Trabajo; sin embargo, después de un receso dos diputados del PRI que colaboraron para acordar en consenso el Plan de Trabajo, lo firmaron bajo protesta.
La mañana del día miércoles la Comisión Especial en pleno, se reunió con la Coalición Coahuila 99, integrada por el PAN, PRD, PT y PVEM, la cual presentó copias de las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República; y en la tarde partieron 3 subcomisiones a Piedras Negras, Monclova y Torreón.
Los diputados del PRI manifestaron su intención de participar en los trabajos de la Comisión Especial, no obstante que, al igual que su fracción, estaban en desacuerdo con la misma, por lo que según oficio que entregaron el miércoles en la tarde, trabajaban bajo protesta.
A las 7:00 de la noche recibieron en las oficinas de la Subcomisión de Saltillo a los representantes de Alianza Cívica en Coahuila, quienes presentaron copias del informe hecho al Consejo Estatal Electoral y copia de la denuncia presentada ante la subprocuraduría electoral del estado, así como recortes de periódico con relación a la denuncia presentada.
El jueves a las 11:00 de la mañana los diputados se reunieron con presidentes municipales de las regiones para informarles de la llegada de la Comisión Especial y del objeto que tenía su trabajo en el proceso electoral del estado de Coahuila.
La subcomisión en Saltillo a la 1:00 am, se entrevistó con los dirigentes del PRI estatal, para dar a conocer el objeto de la Comisión Especial, invitándolos a presentar denuncias si lo consideraban pertinente. A ésta también asistieron los diputados locales Roberto Garza Garza y Sergio Ortíz Boone y señalaron que no se había dado un trato correcto a sus homólogos federales, por lo que sería bueno intentar una nueva reunión, pero a pesar de su ofrecimiento, el diputado Ortíz Boone declaró más tarde ante los medios que no iba a permitir que la diputada Elodia Gutiérrez Estrada estuviera en el Congreso de Coahuila, lo cual contradice el compromiso hecho.
Posteriormente, los integrantes de esta subcomisión se trasladaron a las oficinas del gobernador para entregar oficio por el que se le solicitó información relativa a los programas que se aplican en el estado.
La tarde del jueves la subcomisión en Saltillo estuvo en las oficinas del DIF estatal y la Sagar, en donde se informó del objeto de la Comisión Especial, además de solicitar información relativa a los programas federales a su cargo y cuestionarles acerca de desvío de recursos federales.
El día viernes 24 de septiembre la subcomisión en Saltillo se entrevistó con el secretario de Fomento Agropecuario del gobierno del estado de Coahuila y con la Secretaría de Salud Estatal; en la tarde, estuvieron en el canal 7 de televisión local RCG para aclarar comentarios realizados por la comentarista sra. Maribel Campos, en el sentido de que no tenía nada que hacer la Comisión Especial en el estado, como también lo dijo el candidato del PRI a gobernador Enrique Martínez y Martínez.
El mismo viernes en la noche, se recibió la información solicitada por la tarde a la Secretaría de Salud del Estado.
La tarde del sábado y la mañana del domingo, los miembros de las subcomisiones en Piedras Negras y Torreón respectivamente, realizaron el recorrido para trasladarse a Saltillo.
El domingo, con el fin de cumplir cabalmente con el mandato del pleno cameral y de no involucrarse en el proceso electoral, la Comisión Especial permaneció en las oficinas del Hotel San Jorge, a excepción de los diputados Jorge Galo Medina Torres, Martha Laura Carranza Aguayo y Juan Cruz Martínez; y a las 8:00 pm, se ofreció una rueda de prensa con el objeto de dar a conocer a los medios de comunicación locales el trabajo realizado.
El lunes se recibió documentación del dip. Jorge Galo Medina Torres entregada a él por el gobernador del Estado de Coahuila, el delegado de Sedesol en el estado y por el DIF estatal. Cabe destacar que este hecho manifiesta que la información fue entregada a destiempo, de manera oficiosa y por un conducto inadecuado, puesto que el presidente de la Comisión es quien debe recibirla.
V. Estudio de las Denuncias Recibidas
por la Comisión Especial
En total se recibieron 10 denuncias ante la Comisión Especial, las cuales serán presentadas al Pleno de la H. Cámara de Diputados para que determine lo conducente de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales.
De acuerdo con el estudio que hace esta Comisión Especial, las denuncias son las siguientes:
En resumen, los hechos denunciados son los siguientes:
1. De acuerdo con el hecho IV del escrito de mérito, los denunciantes, afirman que el día sábado treinta y uno de julio de 1999, el lic. Oscar Pimentel González, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Saltillo, realizó proselitismo en comunidades rurales del sur del municipio, al entregar en el Ejido Tanque Escondido costales de semilla de frijol con tratamiento especial para siembra.
Los costales tenían impresos los colores distintivos del PRI, el escudo del Estado de Coahuila y las siglas FIRCO y de la Sagar.
Por su parte, el 31 de marzo de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 1999, para los Programas de Fomento Agrícola, Ganadero, de Desarrollo Rural, Sanidad Agropecuaria, Transferencia de Tecnología y Sistema de Información Agropecuaria, en donde se puede encontrar en el título III Programas de Fomento Agrícola, lo siguiente:
III.10.3 alcances y criterios de elegibilidad
Alcances. Se apoya a productores de zonas o microregiones con potencial productivo, con base al dictamen del INIFAP, pero que no utilizaban la semilla certificada de variedades mejoradas. Las superficies a beneficiar serán como máximo de 5 hectáreas con un monto máximo federal por productor hasta $2,010.00. El apoyo se otorga por un ciclo productivo en el año y hasta tres años consecutivos, pudiendo ampliarse el plazo del apoyo por acuerdo del Consejo Estatal Agropecuario.
Criterios de Elegibilidad de Beneficiarios. Para participar en el Programa Kilo por Kilo, los productores, agropecuarios, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles o mercantiles dedicadas a la producción agrícola, deberán presentar la siguiente documentación general:
· Solicitud para participar del beneficio del Programa Kilo por Kilo.
· Acreditar ser productor agropecuario, mediante constancia emitida por la autoridad competente u organización a la que pertenezca, y en la que se establezca que han venido desarrollando sus actividades agropecuarias en forma pacífica y armónica con sus vecinos.
· Presentar carta compromiso para efectuar las inversiones y labores complementarias que requiera el programa.
· Cumplir con las campañas fitosanitarias que se lleven a cabo en el Estado y participar en los programas de asistencia técnica que se desarrollen en la región.
· Especificar en la solicitud la superficie a sembrar, la cual será como máximo de 5 hectáreas y deberá estar ubicada en una zona o micro-región con potencial para el uso de variedades mejoradas, pero que tradicionalmente no había utilizado dicha semilla.
Que no obstante lo narrado en el apartado anterior y aún cuando quedaron señalados claramente los requisitos para la obtención del programa KILO por KILO, el C. LIC. OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ a través del Partido Revolucionario Institucional adquirió en forma ilícita las semillas de frijol subsidiadas por el Gobierno Federal, ya que en principio la normatividad del referido programa no dirige el beneficio a los Partidos Políticos o Personas Físicas, por tales motivos resulta claro que el gobierno del estado de Coahuila y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), a través de sus titulares dispusieron ilegítimamente de caudales públicos de los contribuyentes de la Federación, llevando además una coalición (sic) ilícita para beneficiar a alguien ajeno del objeto planteado para el programa KILO por KILO.
Esta Comisión Especial considera que en la presente denuncia se pueden encontrar elementos que lleven a suponer que se desviaron recursos federales, en tanto que el programa "Kilo por Kilo" utiliza recursos públicos federales, según con las siguientes consideraciones:
En materia de recursos federales, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece:
Artículo 67.- El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría (de Hacienda y Crédito Público), autorizará la ministración y, en su caso, podrá reducir, suspender o terminar los subsidios y las transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y entidades se prevén en este Decreto.
Los titulares de las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este Decreto y a las demás disposiciones aplicables.
Para los efectos de este Decreto, los subsidios y las transferencias consisten en:
I. Los subsidios son, entre otros, los recursos federales que se asignan para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general como son, proporcionar a los consumidores los bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de los costos de producción, o en forma gratuita, así como para promover la producción, la inversión, la innovación tecnológica o el uso de nueva maquinaria, compensando costos de producción, de distribución u otros costos...
...
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país. Asimismo, el mecanismo de operación deberá garantizar que los recursos se canalicen a la población objetivo, evitando su distracción entre aquellos miembros de la sociedad que no los necesitan;
II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, en detrimento de los recursos asignados a la población objetivo;
III. Incorporar mecanismos periódicos de evaluación y monitoreo que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su terminación.
IV. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicidades en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;
V. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden;
VI. Registrar los importes de los recursos de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de este Decreto, y
VII. Informar en los términos del artículo 78 de este Decreto.
Artículo 73.- La Secretaría (de Hacienda y Crédito Público) autorizará las reglas de operación e indicadores de evaluación de los subsidios y las transferencias, con el propósito de asegurar que éstos se apliquen efectivamente para alcanzar los objetivos y metas contenidos en los programas autorizados, así como a los sectores o población objetivo, además de ser plenamente justificados; la Contraloría autorizará los indicadores de gestión. Será responsabilidad de los titulares de las dependencias y entidades presentar ante la Secretaría y la Contraloría, a más tardar el 30 de marzo sus proyectos de reglas y de indicadores, así como reportar trimestralmente los beneficios económicos y sociales de los programas. Una vez aprobadas las reglas de operación, las dependencias y entidades deberán publicarlas en el Diario Oficial de la Federación.
La Secretaría podrá emitir disposiciones generales sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de los subsidios y las transferencias, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en este Decreto.
La esfera de competencias de titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se encuentra regulado en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo los preceptos que a continuación se indican:
...
Corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el despacho de los asuntos enunciados en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ordena lo siguiente:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;
II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;
...
XXI. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos.
Artículo 5.- La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, corresponde originalmente al Secretario del Despacho.
Para la mejor organización del trabajo, el secretario podrá, sin perjuicio de su ejercicio directo, delegar atribuciones en servidores públicos subalternos, mediante acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
No obstante lo anterior, según se puede apreciar del estudio que se hace a las pruebas ofrecidas por los denunciantes, en un documento anexo, se observa en el encabezado "Por un Saltillo Digno" Oscar Pimentel González. Requerimiento de semilla de frijol para el ciclo P-V-99-99. Ejido:, y en seguida, se encuentra un cuadro para anotar los siguientes datos: N°, Productor, Kg, Aportación y firma, y en la parte final del escrito de mérito, se aprecia Autoridad Ejidal, Firma y Sello, es decir, se puede sugerir que la gestión la realiza Oscar Pimentel González, apegándose equivocadamente a las "Normas de operación para los ciclos agrícolas primavera-verano 1999 y otoño-invierno 1999/2000 del Programa de Apoyos Directos al campo (PROCAMPO)", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 1999.
El encabezado del documento que se analiza contiene un rubro para anotar Requerimiento de semilla de frijol para el ciclo P-V-99-99, es decir, para el ciclo primavera-verano, que es el período en el que se presume se hizo la entrega de semilla mejorada de frijol.
Abundando, los Programas de Fomento Agrícola, Ganadero, de Desarrollo Rural, Sanidad Agropecuaria, Transferencia de Tecnología y Sistema de Información Agropecuaria de la Alianza para el Campo 1999, tienen un destino previamente determinado y los beneficiarios de cada programa están debidamente señalados, por lo que al entregar semilla mejorada, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Saltillo, se benefició indebidamente de los recursos públicos federales.
Las autoridades federales encargadas de distribuir la semilla subsidiada con recursos del erario federal, se sitúan en el supuesto de violación a la legislación federal, en tanto que por no apegar su conducta a lo que expresamente tienen atribuido por la ley, se transgrede el principio de legalidad con el que deben actuar los servidores públicos.
Se puede presumir un mal manejo de recursos federales, debido a que los servidores públicos que hicieron la entrega de semilla de frijol mejorado no actuaron debidamente dentro del ámbito de sus respectivas facultades, como corresponde actuar para todas las autoridades, según lo establece la siguiente tesis de jurisprudencia:
Amparo Civil en revisión 7560/50. - Díaz Solis Lucila. 29 de noviembre de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.
Los denunciantes manifiestan:
Hecho V. El vehículo en mención, se desplazó por diversos puntos de la ciudad, entregando diversos paquetes al parecer entregó varias despensas en el domicilio marcado con el número 105, de la calle domingo de la colonia 15 de Septiembre, en donde la mujer al parecer de nombre Claudia Elizabeth Jaras, recibió 207 despensas, que según su dicho serían distribuidas entre los colonos.
Hecho VI. Vecinas del lugar, en mención, de nombre Luz María Gloria, María del Socorro Mendoza y Guillermina Mendoza, mencionaron que para recibir el beneficio, era necesario inscribirse en una lista que el 26 de septiembre votaría a favor del candidato del PRI al Gobierno del Estado.
Hecho VII. Con la misma fecha, la camioneta con placas ES69489 color rojo, entregó un número indeterminado de despensas de la casa marcada con el número 244 de la calle Francisco García del Fraccionamiento Fundadores, siendo entregadas a una persona que al parecer responde al nombre de María de Jesús Posadas, líder del seccional 947 del Partido Revolucionario Institucional.
La asistencia social es el conjunto de acciones enfocadas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, la entrega de despensas provenientes del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias con fines proselitistas, desvía el objeto para el cual fueron transferidos los recursos al DIF por la Federación, puesto que el objeto se define como: distribuir a la población objetivo, dotaciones de harina de maíz nixtamalizada, frijol en grano, pasta para sopa y un alimento enlatado que apoyen a su presupuesto familiar y desarrollar acciones de educación nutricional para la salud.
Los criterios de selección que se establecen para el Programa ubican como población objetivo a las familias que ganan un salario mínimo, a menos que haya miembros de las siguientes características: niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en periodos de lactancia, grupos de la tercera edad y discapacitados.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, que tiene como objetivo la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese campo y la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas, según lo establece el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1999, aclarado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 1999.
En los artículos 67, 68 y 70 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se fundamenta la transferencia de recursos públicos federales a órganos desconcentrados, como es el caso del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que a partir del 1 de junio de 1999, cambio su personalidad jurídica para ubicarse como órgano descentralizado de la administración pública federal y que sin embargo, sigue utilizando recursos provenientes de transferencias para implementar los programas de asistencia social, los cuales deben atender a criterios de selectividad, objetividad, transparencia, temporalidad y publicidad.
La entrega de despensas condicionadas al voto a favor del PRI, se encuentra fuera de los criterios establecidos para la entrega de despensas en apoyo a la alimentación de familias necesitadas, por lo que se puede presumir el desvío de recursos federales con fines de proselitismo durante el proceso electoral del Estado de Coahuila. En este sentido, se presenta al Pleno de la Cámara el expediente para efecto de que determine lo conducente en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales.
Los denunciantes manifiestan que:
Ese mismo año el Partido Revolucionario Institucional obtuvo mediante supuesta donación el terreno en que actualmente se encuentra su sede estatal, comprendido dentro de los terrenos adquiridos por el Instituto Estatal de la Vivienda a Ferrocarriles Nacionales de México, sito en el blvd. Francisco Coss y calle Manuel Acuña de esta ciudad.
El mencionado acto de donación gratuita (sic) llevado a cabo entre el organismo descentralizado denominado Instituto Estatal de la Vivienda Popular y el Partido Revolucionario Institucional, se perfeccionó hasta el 7 de enero de 1997, mediante escritura pública, quedando inscrita bajo la partida número 49453....
...
Dicho acto de donación, a título gratuito, contraviene el objeto y la finalidad para la que fue creado el Instituto Estatal de la Vivienda Popular en el Estado, ambos de Servicio Social:
a). El área de vivienda popular
b). El área inmobiliaria.
Ambos propósitos, eminentemente creados para la satisfacción de las necesidades de vivienda de los sectores de más bajos recursos, así mismo a las personas físicas o morales e instituciones de servicio social.
Aún cuando en su oportunidad el Consejo de Administración del Organismo en comento, haya realizado la autorización para llevar a cabo el mencionado Acto Jurídico de donación gratuita (sic) al Instituto Político en cuestión, el representante legal del organismo de la Vivienda Popular, al perfeccionarlo a través de la escritura pública sustrayéndose del objeto de la Ley de su creación ocasionó un menoscabo en el patrimonio de su representada, ya que a través de éste se favorece sólo al adquiriente, y se contraviene el patrimonio o el beneficio público fin último del organismo de la administración pública que se perjudicó.
El bien inmueble objeto de la compraventa, se describe en el Considerando Primero del Decreto de desincorporación de bienes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 1980, la superficie es de 158,046 m2 y se señala su descripción poligonal. Dentro de los mismos considerandos, se estableció lo siguiente:
Que Ferrocarriles Nacionales de México, a fin de atender la solicitud a que se refiere el considerando que antecede, con la anuencia de su Consejo de Administración, contenida en el Acta No. 150 de 17 de noviembre de 1978, solicitó se le autorice a realizar la enajenación antes citada.
Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en oficio No. 23-JRA-1155-77480 de 17 de mayo de 1979, emitió opinión, manifestando que no tiene inconveniente en que el inmueble descrito en el considerando primero sea enajenado a título oneroso fuera de subasta, a favor del mencionado Instituto y el producto de dicha venta incremente el patrimonio del mencionado Fondo.
Que el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en oficio sin número de 30 de diciembre de 1977, ha manifestado su conformidad para que el predio a que se alude en el considerando primero, sea enajenado a título oneroso, fuera de subasta, en favor del Instituto Estatal de la Vivienda Popular, para los fines a que se refiere el anterior considerando.
Que siendo interés del Ejecutivo Federal a mi cargo coadyuvar a solucionar el problema habitacional que afronta el país y dado que es aconsejable enajenar el predio a que se refiere este ordenamiento, tanto por el destino que habrá de dársele, como porque el producto de la operación servirá para incrementar el fondo del Programa Habitacional Ferrocarrilero, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO
ArtIculo Primero.- Se desincorpora de los bienes del dominio público el inmueble descrito en el considerando primero de este ordenamiento y se autoriza a Ferrocarriles Nacionales de México, para enajenarlo a título oneroso, fuera de subasta, a favor del Organismo Descentralizado del gobierno del estado de Coahuila, denominado Instituto Estatal de la Vivienda Popular, en el entendido de que con el producto de dicha operación se incrementará el Fondo del Programa Habitacional Ferrocarrilero".
ArtIculo Segundo.- El precio de la operación no podrá ser inferior al que para tal efecto fije la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, en el dictamen que para ese efecto emita.
ArtIculo Tercero.- Los gastos, honorarios, impuestos y derechos que se originen con motivo de la traslación de dominio que se autoriza, serán cubiertos según convenio entre las partes contratantes.
ArtIculo Cuarto.- La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en la esfera de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento de este ordenamiento.
TRANSITORIO
Unico- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El C. lic. José Guillermo Anaya Llamas presentó su denuncia en contra del presidente municipal sustituto de San Pedro de las Colonias, Coahuila, el C. lic. Fernando Ortíz Iacoman, en virtud de que de acuerdo con las pólizas de cheques 0036042, 0036005, 0036041, 0036037, 0036043, 0035992, 0035987, se estaban destinando recursos públicos para el pago de diversas personas relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional, por concepto de apoyos a la CNC, CNOP, CCI, que son asociaciones identificadas con el referido instituto político.
Otros pagos constan en recibos de tesorería de número 25782, 25745, 25781, 25777, 25783 y un recibo sin número.
Por tratarse de documentos referentes al mes de noviembre de 1998, escapan del objeto de la Comisión Especial; sin embargo, se turnan al pleno de la Cámara para que determine lo conducente.
De las constancias que obran en el expediente, no es posible determinar si en la especie se trata de recursos públicos federales, sin embargo, se presenta al pleno de la Cámara para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales realice la fiscalización correspondiente.
En este asunto, puede revisarse por la Contaduría Mayor de Hacienda, para el caso de participaciones federales ejercidas durante el último trimestre del ejercicio fiscal de 1998, en términos del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal Adicionado por el Decreto publicado el 29 de diciembre de 1997, sin perjuicio de que se pueda revisar la Cuenta Pública de 1999, en términos del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionado por decreto del 30 de diciembre de 1998. El artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta 1998 ordena:
Dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y en su caso de los municipios que las reciban, de conformidad a la legislación que les sea aplicable. Las autoridades de control y supervisión del ejercicio del gasto de cada entidad federativa, serán responsables exclusivas de ejercer la vigilancia directa que corresponda, para constatar la correcta aplicación de los recursos que reciban de tales Fondos y de fincar, en su caso, las responsabilidades administrativas correspondientes.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran las autoridades locales o municipales exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos recibidos de los Fondos señalados, para fines distintos a los previstos en este capítulo, serán sancionadas en términos de la legislación federal.
Transitorios relativos a la adición del Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1997.
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1998.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto.
Fue presentada ante esta Comisión Especial la denuncia de la asociación civil Alianza Cívica por presuntos desvíos de recursos federales con fines electorales, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
El día 8 de agosto de 1999, se publicó en el periódico Palabra, un reportaje acerca de la entrega de despensas del DIF estatal a líderes seccionales del PRI, en el cual se demuestra la notoria semejanza entre las despensas que entrega mensualmente el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y las despensas que entregó el Partido Revolucionario Institucional.
Los denunciantes señalan en su escrito: Queremos informar que respecto a las despensas provenientes del DIF Estatal distribuidas por miembros del PRI, hace tiempo que se viene haciendo y en forma generalizada. Hemos recibido reportes por diversas personas en las distintas colonias de la ciudad, nos dicen que cubren una cantidad de 10 a 11 pesos y se anotan en una lista con nombre, dirección y número de credencial de elector y deberán votar por Enrique Martínez y Oscar Pimentel.
Esta denuncia se relaciona con la denuncia número 2, por lo que se hacen los mismos razonamientos, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertarán, en obvio de repeticiones.
De las pruebas que ofrecen los denunciantes, se encuentran recortes del periódico Palabra, de los días 3, 8, 9 y 11de agosto; y 10, 16 y 17 de septiembre de 1999.
En estos recortes del periódico, también se encuentra el seguimiento a la denuncia en relación con el reparto de tinacos adquiridos con recursos del Programa de Empleo Temporal por candidatos del PRI al gobierno del Estado y a la presidencia municipal, en el municipio de Saltillo, Coahuila.
Las denunciantes señalan que: En días anteriores, nos invitó la lideresa del PRI, la sra. Esperanza de León a la oficina de campaña del lic. Enrique Martínez y Martínez, candidato a la gobernatura por el PRI, para regalarnos tinacos tipo `rotoplas', por medio de una licenciada de nombre Enriqueta, por lo cual acudimos a dicho inmueble y efectivamente nos dijeron que si queríamos tinacos teníamos que anotarnos en una lista y posteriormente nos llamarían para recogerlo, por lo que procedimos a apuntarnos en dicho listado, y en días pasados nos llamaron para que fuéramos a recogerlos, además nos entregaron $230 pesos para los gastos de instalación, la entrega de dinero se hizo en el estacionamiento del Restaurante `El Chivatito', ambas recibimos dicho tinaco y efectivo, porque nos hace falta y no por comprometer, ningún voto, sin embargo queremos que se haga una investigación para saber si dichos `regalos' no fueron comprados con recursos públicos, ya que a la gran mayoría de los vecinos de esta calle se les hizo entrega de tinacos y además en la parte de atrás del Restaurante `El Chivatito', ubicado muy cerca de esta colonia tienen una gran cantidad de tinacos, el cual desconocemos su origen, así como su destino".
De los anteriores señalamientos y en virtud de las pruebas que se ofrecen, así como del conocimiento que se tuvo por los periódicos locales, la Comisión Especial, presume que los recursos federales del Programa de Empleo Temporal fueron desviados de su destino, pues en términos del Acuerdo por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal (PET) establecen las Reglas Generales de Operación del Programa de Empleo Temporal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1999, no se pueden adquirir tinacos con recursos provenientes del programa de empleo temporal, además de que para su asignación se debe respetar lo ordenado por los referidos lineamientos.
Como ya se ha estudiado, en el artículo 67 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1999, Los titulares de las dependencias y entidades con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este Decreto y a las demás disposiciones aplicables.
Las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal, se encuentran debidamente publicadas el 30 de marzo de 1999, como Acuerdo por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal (PET) establecen las Reglas Generales de Operación del Programa de Empleo Temporal previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999. Las atribuciones del titular a cuyo cargo se encuentra la responsabilidad del secretario de despacho, se encuentran en los artículos 16 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los artículos relativos a las atribuciones del Secretario de Desarrollo Social, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
En este asunto, la adquisición de tinacos con recursos del Programa de Empleo Temporal, representa una desviación ilícita de recursos públicos federales, puesto que de la lectura a las Reglas Generales de Operación, no puede desprenderse que se autorice a algún funcionario o al Secretario de Despacho para la adquisición de tinacos con fondos del referido programa.
Abundando, en caso de haberse adquirido los tinacos con recursos federales, se debieron seguir las normas y procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, sujetarse al Capítulo de Adquisiciones e Inversiones dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, y en todo caso, atendiendo a los criterios establecidos para la adquisición de bienes muebles, que no tienen relación inmediata y directa con los fines del Programa de Empleo Temporal, por lo que se concluye que existe la presunción del desvío de recursos federales en el proceso electoral de Coahuila, por lo tanto, se somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados para que determine lo conducente en ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales.7
El denunciante expone:
2.- Por tal motivo, al día siguiente en el mismo despacho del abogado a que me refiero, convocamos a una rueda de prensa a donde asistieron todos los medios de cobertura local y les hicimos saber lo que estaba ocurriendo, para lo cual nos trasladamos y sorprendimos a las mismas personas haciendo la misma práctica delictiva de entregar los tinacos y el dinero en efectivo a quienes mostraban su credencial de elector, cotejándolos en una lista la cual suponemos es copia del padrón electoral, y solicitándoles que votaran por los candidatos del PRI, esto quedó grabado en las documentales que acompaño consistentes en seis fotografías (sic) así como en un vídeo que un canal local TV AZTECA realizó como reportaje. Cabe mencionar que este canal televisivo no concluyó su labor ahí sino que en los nombres que aparecían en la lista `de los afortunados merecedores de un tinaco', fueron a sus domicilios, aclarando que las personas que nos atendieron nos dijeron que se trataba de un programa de desarrollo a la vivienda, no conformes con esto los reporteros, en concreto el reportero Carlos Eduardo Hernández se trasladaron a los domicilios de esa lista y se entrevistaron como ya decía antes con `los ganadores' y éstos les dijeron que el PRI les había hablado un día antes para entregarles dichos tinacos y que los había hecho firmar un recibo en blanco, sin sellos, sin ninguna identificación oficial, para entregarles el tinaco así como el dinero en efectivo, con la única condición de que votaran por los candidatos del PRI a la presidencia municipal y a la gubernatura del estado".
Los denunciantes señalan que:
2. El instrumento Notarial en que se consignó el Acta Constitutiva de referencia corresponde a la Escritura Pública No. 8 de fecha 25 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Saltillo, Coahuila, bajo la Partida 2057, Libro 21, Sección III S.C. de fecha 15 de diciembre de 1994".
3. La Sociedad Mercantil constituida se denominó "Fomento al Desarrollo Inmobiliario de Coahuila, SA de CV" (FODEISA), con domicilio social en Saltillo, Coahuila y duración de 99 años.
4. El gobierno del estado de Coahuila Fungió como socio fundador mayoritario de dicha Sociedad Anónima y suscribió 47 acciones nominativas por un monto total de N$47,000.00; y por su parte el Instituto Estatal de la Vivienda Popular (IEVP), suscribió 3 acciones nominativas por un valor de N$3,000.00 según se deduce del contenido del artículo 6 del acta mercantil de la empresa que se indica.
...
6. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Escritura Constitutiva, el capital mínimo fijo y en su caso el variable estarían representados por acciones serie "A" y "B". Las series "A" siempre representarían la aportación del gobierno del estado de Coahuila y nunca serían menores del 51% del total del capital social; las series "B" podrían ser adquiridas por cualquier persona, física o moral, pública o privada y nunca podrá ser superior al 49% del total del capital social".
7. El objeto social de la Empresa Mercantil que se señala, (se establece) conforme al artículo 4 de las Cláusulas (del Acta Constitutiva).
8. Ahora bien, la sociedad Mercantil denominada "Fomento al Desarrollo Inmobiliario de Coahuila, SA de CV (Fodeisa) sería administrada y dirigida por un Consejo de Administración, un Director, un Subdirector, o por uno o varios Gerentes que nombre el mismo Consejo".
...
12. El sector paraestatal se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila, publicada el 14 de diciembre de 1993; por la Ley para el Control, por parte del Gobierno del Estado de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal publicada el 19 de diciembre de 1980 y por la Ley de Deuda Pública para el estado de Coahuila, publicada el 10 de octubre de 1996.
...
14. Las características que distinguen a las empresas de participación estatal, son las siguientes:
A) Que el Gobierno del Estado aporte o sea propietario del 50% más uno o más de capital social o de las acciones de la empresa;
B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar acciones de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno estatal; y
C) Que al Gobierno Estatal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros de su Consejo de Administración, Junta Directiva u Órgano equivalente, o de designar al Presidente o Director, al Gerente o tenga facultades para vetar los acuerdos de los accionistas, del Consejo de Administración o de la Junta Directiva u Órgano equivalente.
Así lo dispone el artículo 3 de la Ley para el Control, por parte del gobierno del estado, de los Organismos Descentralizados y Empresas de participación Estatal, publicada en el Periódico Oficial No. 103, del 19 de diciembre de 1980".
...
II. Conceptos de Violación Faltas Administrativas y Leyes Transgredidas
PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Coahuila, publicada el 14 de diciembre de 1993 en el Periódico Oficial No. 100, ordena que `El gobernador del estado podrá ordenar la creación, fusión y liquidación de empresas de participación estatal, disponer la constitución y liquidación de fideicomisos públicos, para la atención del objeto que expresamente les encomiende. El Ejecutivo deberá rendir cuenta a la Legislatura del ejercicio que hiciere de esta facultad'.
A) El precepto que se transcribe con anterioridad, obliga al Gobernador para que `rinda cuenta' al Congreso local sobre la `creación' de este tipo de empresas de participación estatal.
...
B) En todo caso, la rendición de cuentas al Poder Legislativo Local que el precepto le ordena expresamente al Titular del Ejecutivo Estatal, se refiere acerca de toda aquella información circunstanciada de tiempo, modo, lugar, montos económicos de inversión, causas y motivos que lo justifican y demás elementos complementarios de información acerca del ejercicio de la facultad para llevar a cabo la "creación" de la empresa de participación estatal...".
C) En la hipótesis concreta, el Gobernador del Estado, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, transgredió y violó la disposición legal que se transcribe, pues en ningún momento `rindió cuenta a la legislatura (local) del ejercicio que hiciere de esta facultad', para llevar a cabo la `creación' de la empresa estatal multicitada.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, segundo párrafo, de la `Ley para el Control, por parte del Gobierno del Estado, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal', `Los organismos y empresas informarán mensualmente a la Tesorería del Estado de todos los ingresos que perciban, cualquiera que sea el concepto que los origine, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado y de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado.
A) En la hipótesis que nos ocupa ninguno de los funcionarios objeto de esta denuncia o queja, dio cabal y formal cumplimiento a lo ordenado por el precepto que se transcribe".
B) Es decir, no existe ningún antecedente fidedigno que acredite fehacientemente que la empresa de participación estatal denominada Fodeisa, `informara mensualmente a la Tesorería del Estado (hoy Secretaría de Finanzas) de todos los ingresos que perciba, cualquiera que sea el concepto que los origine....
C) En consecuencia, la norma legal en cita también resultó conculcada y transgredida por los responsables.
...
CUARTO.- De la misma forma, se transgredió lo dispuesto por el artículo 12 fracción III, de la `Ley para el Control, por parte del Gobierno del Estado, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal', que literalmente indican lo siguiente:
Los organismos y empresas están obligados a:
III. Presentar a la Tesorería General del Estado y a la Dirección de Planeación y Desarrollo sus estados financieros mensuales y anuales.
A)En ningún momento la Empresa Fodeisa presentó a la Tesorería del Estado (hoy Secretaría de Finanzas) sus estados financieros mensuales y anuales.
QUINTO.- Por si fuera poco, los responsables violaron lo ordenado por el artículo 16 de la Ley que se indica, que expresamente ordena lo siguiente:
Los organismos y empresas publicarán cada año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del ejercicio social correspondiente, sus estados financieros, para lo cual requerirán la autorización previa de su órgano de gobierno interno, de la Dirección General de Planeación y Desarrollo y de la Tesorería General del Estado.
"El Ejecutivo del Estado publicará anualmente, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, una lista de los organismos y empresas sujetos a control y vigilancia".
...
A) El órgano de gobierno interno (Consejo de Administración) de la empresa Fodeisa jamás emitió autorización previa alguna para llevar a cabo la publicación en el Periódico Oficial de sus estados financieros.
B) Ningún funcionario y miembro responsable de dicha empresa se molestó en obtener la `autorización previa ni de la Dirección General de Planeación y Desarrollo ni de la Tesorería General del Estado', (hoy Secretaría de Finanzas) para los fines a que se refiere el inciso anterior.
C) La empresa FODEISA debió haber publicado, a más tardar el día 30 de abril de los años de 1995, 1996, 1997 y 1998, el resultado de sus estados financieros, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
...
El denunciante señala: Que por medio del presente ocurso vengo a denunciar a esta Comisión el probable desvío de Recursos Federales en el proceso electoral del estado de Coahuila. De acuerdo con los siguientes hechos:
La Sedesol desde hace dos meses ha construido en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila banquetas en la colonia Santos Saucedo, sin dar aviso a la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Social y Ecología del Ayuntamiento de Ramos Arizpe. Dichas obras fueron realizadas con recursos de la Federación para la construcción de banquetas. El dr. Eleuterio López Pérez en su carácter de Director General de Desarrollo Social en el Estado, señaló que la obra la costeaba el Partido Revolucionario Institucional y que el que quisiera banqueta en su casa, sólo debía manifestar que era priísta y darle el número de credencial de elector.
De acuerdo con la denuncia, las obras fueron condicionadas a los beneficiarios para que votaran por el PRI, por lo que se desprende que existió uso de recursos federales con fines electorales, dentro del proceso electoral del Estado de Coahuila.
Se anexa al informe el Informe Administrativo presentado por la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Social y Ecología del H. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, en el que se indica a esta Comisión Especial que no existió autorización para realizar las obras referidas.
Ante la Comisión Especial se presentó la denuncia por probable desvío de recursos federales en el Proceso Electoral del estado de Coahuila el C. Jesús Mario Roque Ramos, en su carácter de Síndico del H. Ayuntamiento de General Cepeda, en contra del C. Jorge Luis Prado Rodríguez presidente municipal con licencia indefinida para separarse del cargo, en virtud de que según facturas y pólizas que anexa a la denuncia, se beneficiaba al Partido Revolucionario Institucional con recursos que pueden ser federales.
Por tratarse de documentos referentes al ejercicio fiscal de 1998, escapan del objeto de la Comisión Especial; sin embargo, se turnan al Pleno de la Cámara para que determine lo conducente.
Al igual que en la denuncia 4, puede revisarse la Cuenta Pública por la Contaduría Mayor de Hacienda, para el caso de participaciones federales ejercidas durante los dos últimos trimestres del ejercicio fiscal de 1998, en términos del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionado por el Decreto publicado el 29 de diciembre de 1997, sin perjuicio de que en su oportunidad se pueda revisar la Cuenta Pública de 1999, en términos del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, adicionado por decreto del 30 de diciembre de 1998, pero en este caso por la entidad superior de fiscalización.
VI. Parcialidad o Imparcialidad, de los
Medios de Comunicación en el Proceso Electoral
del Estado de Coahuila
La impostergable necesidad de dar respuesta a la ciudadanía y organizaciones sociales coahuilenses, de ejercer su libertad de expresión plasmada en el apartado de las garantías individuales en nuestra Constitución, y que en los hechos, tratándose de medios de comunicación, sólo permisionarios y concesionarios han podido ejercer, haciendo de lado este derecho fundamental para los ciudadanos. Es también una necesidad de dar respuesta a una sociedad más madura, con una visión moderna de la vida política, en donde no caben más sectarismos ni exclusiones, y donde la pluralidad se erige como el nuevo valor de la objetividad.
En ese sentido, y como legisladores federales no podemos permanecer pasivos y como espectadores ante la exigencia del ciudadano coahuilense de integrarse a otra forma de escuchar, de ser escuchado y de participar en los medios de comunicación. Es por ello que los integrantes de la Comisión Especial hacemos un llamado serio a la reflexión a través de éste Informe Final a la ineludible necesidad de reglamentar la libertad de expresión en medios electrónicos y el derecho a la información, como el camino más apegado al ejercicio democrático y de derecho, para abrir paso en los medios de comunicación a esta nueva sociedad, cada vez más moderna y participativa.
Porque pareciera que lo que le tocó, presenciar y escuchar en medios de comunicación a la Comisión Especial una semana antes del proceso electoral de Coahuila fue un agravio a la ciudadanía de esa entidad. Toda vez que de manera prácticamente monopólica, los espacios radiofónicos y televisivos respondieron a intereses de poder político, de tal manera que los ciudadanos se vieron afectados en su proceso de comunicación, particularmente al enfrentarse a los poderes burocratico-empresariales que dominan el todavía vigente y viciado, si bien en extinción, modelo de relación entre la prensa y el poder en México. Sobre el particular transparentar el uso de recursos federales en gastos de publicidad y difusión se vuelve una necesidad.
Pero también, porque pareciera que el ejercicio de los derechos de las personas y las instituciones afectadas en los procesos de comunicación, con divulgación de hechos tendenciosos, falsos y poco éticos, orientados a lesionar su particular opinión e imagen, nada tienen que ver con intento alguno de fortalecer al fenómeno comunicativo con el más amplio sentido y respeto a la pluralidad.
Respecto a los alcances y los limites de las libertades de expresión e información previstos en los artículos 6 y 7 constitucionales; así como el respeto de la sociedad a saber y la obligación de las autoridades a bien informar, debe ser una necesidad, porque toda libertad debe ser ejercida con responsabilidad. Hoy podemos decir que en proceso electoral pudo haber ganado cualquier partido político, pero también podemos decir que con ese trabajo de algunos medios de comunicación, continuará perdiendo su sociedad.
Se anexan -como anexo 5- al informe los recortes de diarios de circulación local, en los cuales puede observarse la manera tendenciosa con que algunos medios de comunicación se refirieron con respecto a la Comisión Especial. Además se anexan diversos oficios dirigidos al canal de televisión local RCG en los que se les solicita que se dirijan con ética y responsabilidad, respecto del trato que se le dio a la Comisión Especial, así como el oficio dirigido a la Dirección de Comunicación Social de la H. Cámara de Diputados con relación a los medios de comunicación y los señalamientos realizados a la comisión mandatada por el Pleno.
Conclusiones
Como inicialmente se planteó en el objetivo general del Plan de Trabajo, la Comisión Especial cumplió cabalmente con la encomienda que le fue conferida por el pleno cameral el pasado 7 de septiembre del año en curso, toda vez que se logro inhibir el desvío de recursos federales en el proceso electoral del estado de Coahuila, pero es importante señalar que esta práctica no se evito en su totalidad.
La Comisión Especial con actividades tales como reuniones de información al gobernador de la entidad, a funcionarios de diferentes dependencias, presidentes municipales, así como recepción de denuncias ciudadanas, presentaciones en diversos medios de comunicación y concientización a la ciudadanía constituyó elementos eficaces para inhibir, irregularidades como entrega de programas sociales provenientes de recursos federales con fines de promoción partidista, uso de vehículos oficiales en campañas proselitistas, uso de instalaciones de dependencias, así como mobiliario y servicios varios que hubieran podido ser utilizados para favorecer a algún partido político o candidato.
Todos los trabajos expuestos con anterioridad sin duda se lograron llevar a cabo con la participación decidida de los diputados integrantes de la comisión que representaron a su fracción parlamentaria; igualmente es importante señalar que desde la propuesta, aprobación, y entrada en vigor de las funciones de la Comisión especial, pudo apreciarse la oposición del grupo parlamentario del PRI para su conformación y actividades. Los integrantes de la Comisión Especial del Partido Revolucionario Institucional en todo momento manifestaron sumarse a los trabajos, pero "bajo protesta".
Sin embargo, las denuncias recabadas por uso indebido de recursos públicos con fines electorales a pesar de la poca permanencia que tuvo la Comisión Especial en el estado de Coahuila, son una muestra inequívoca de que la ciudadanía coahuilense mostró su confianza y simpatía hacia el trabajo que realizó la Comisión Especial.
Asimismo, la defensa en contra de la Comisión Especial también fue llevada al ámbito local, toda vez que la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional representada en el Congreso local de Coahuila propuso la integración de una comisión similar. Además, en su décima primera sesión del segundo período de receso del tercer año de ejercicio constitucional, por votación mayoritaria de sus integrantes aprobó un Punto de Acuerdo del que emana una enérgica protesta ante el Honorable Congreso de la Unión, por la creación de la Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el estado de Coahuila.
Lo anterior como una muestra clara de obstruir la encomienda que tuvo a bien conferirle el Pleno de la Cámara de diputados a la Comisión Especial en la entidad de Coahuila.
Todo lo antes expuesto, nos permite concluir que las diversas manifestaciones de resistencia a la vigilancia y prevención del uso de recursos públicos con fines electorales, fueron resultado de la costumbre de utilizar los programas sociales para beneficio del PRI, siendo en repetidas ocasiones éstos los mejores medios para hacer proselitismo en favor de sus candidatos. A pesar de lo anterior, la presencia de la Comisión Especial fue de trascendental importancia, ya que fue un elemento útil para prevenir que los recursos públicos fueran destinados al apoyo de algún candidato o partido político.
No obstante se destaca que se tuvo conocimiento de hechos y elementos que se pueden considerar como desvío de recursos federales que legítimamente les corresponde a los más necesitados, lo cual sin duda tendrá que ser prevenido y sancionado, tanto por el Poder Legislativo, como el Poder Ejecutivo Federal, porque así lo exigen los que más necesitan y lo reclama el nuevo escenario de la democracia mexicana.
Por los Integrantes de la Comisión Especial
Diputados: Elodia Gutiérrez Estrada (PAN) Presidenta, Esperanza Villalobos Pérez (PRD) secretaria, Aurora Bazán López (PVEM) secretaria, Baldemar Tudón Martínez (PAN) secretario, Juan José Cruz Martínez (PT) secretario, Rodrigo Maldonado Ochoa (PRD), (rúbricas).
Convocatorias
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Al magno evento En defensa del Presupuesto en Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que tendrá lugar el miércoles 3 de noviembre, a las 9 horas, en el salón Verde de ésta H. Cámara de Diputados.
Es dicho evento se presentará un Manifiesto de la comunidad científica y tecnológica y de los diputados de esta Comisión.
Atentamente
Dip. María del Carmen Díaz Amador
Presidenta
DE LA COMISION DE COMERCIO
A su reunión de trabajo el jueves 4 de noviembre de 1999 a las 8:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
2. Aprobación del acta anterior.
3. Análisis, discusión y en su caso votación del dictamen correspondiente de las tres iniciativas sobre la regularización de vehículos de procedencia extranjera que circulan en el país.
4. Análisis, discusión y en su caso votación del dictamen correspondiente de las tres iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
5. Asuntos recibidos en la Comisión.
6. Otros.
Dip. Juan José García de Alba Bustamante
Presidente
DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
A su reunión plenaria, el jueves 4 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel.
Orden del Día
1. Discusión y votación de los proyectos de dictamen que versan sobre las iniciativas que a continuación se señalan:
b) Reformas a los artículos 3, 15 y 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de educación (PRI).
c) Reformas a la Ley General de Educación (PVEM).
b) Reforma al artículo 27 constitucional.
c) Reformas al Código Penal (incluye dos iniciativas).
d) Autonomía de la Profepa.
e) Reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal.
b) Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.
c) Reformas a la Ley Forestal.
d) Ley sobre Fauna Silvestre.
Diputado coordinador Pablo Gutiérrez Jiménez.
a) Río Tijuana.
b) Gasera Tijuana.
c) Convenio para el manejo de residuos.
Subcomisión (2) Contaminación Ambiental, Agua, Aire, Suelo e Industria:
Diputado coordinador José Agapito Domínguez Lacroix.
a) Cytec.
b) Lago Cuitzeo.
c) Azufrera Panamericana.
Subcomisión (3) Biodiversidad, Ecosistemas y Arcas Naturales Protegidas:
Diputado coordinador Vicente de la Cruz Santiago.
a) Muelle de cruceros turísticos en Cozumel, Quintana Roo.
b) Istmo de Tehuantepec.
Subcomisión (5) Asuntos Legislativos:
Diputado coordinador Jorge Alejandro Jiménez Taboada.
a) Veda maderera.
b) Ley sobre Vida Silvestre.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Jorge Alejandro Jiménez Taboada
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de Petróleos Mexicanos, el jueves 4 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el segundo nivel del edificio H.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 8 de noviembre, a las 12 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el segundo nivel del edificio H.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el martes 9 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el segundo nivel del edificio H.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de el Instituto Mexicano del Seguro Social, el miércoles 10 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, planta baja.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, SA, el jueves 11 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el segundo nivel del edificio H.
El objeto de dicha reunión será realizar el análisis de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1998.
Atentamente
Dip. Ricardo García Sáinz
Presidente
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
A las instituciones educativas, de investigación, investigadores interesados y estudiosos en general a presentar Proyectos de Investigación y Estudios sobre el
Congreso y Temas Parlamentarios
Objetivo
Con el fin de promover y difundir la producción académica que, desde una perspectiva teórica, histórica, comparativa o técnica, auspicie temas relacionados con el estudio de las funciones, la actividad y las prácticas de la vida parlamentaria en México y en otros países. Y en la búsqueda de impulsar el desarrollo de un centro de documentación sobre el análisis de legislaturas, se prevé brindar apoyo financiero y/o de publicación a proyectos de investigación que sobre estudios del Congreso Mexicano y temas parlamentarios, postulen investigadores independientes o instituciones académicas y de investigación.
Bases generales de participación
1. Podrán participar en la postulación todos los trabajos de investigadores mexicanos o residentes en el país o cualquier institución de educación superior mexicana y, que sean acompañados de un proyecto de investigación rigurosamente estructurado, cuyos avances permanezcan inéditos para la fecha de cierre de esta convocatoria.
2. Los proyectos de investigación podrán tener de uno a tres coordinadores generales, en cuyos casos se indicará quién será en última instancia el responsable principal de continuar y finalizar la investigación.
Temas
* Historia del Congreso Mexicano
* Análisis Comparativos sobre Derecho Parlamentario
* Análisis sobre Reformas Constitucionales
* Consolidación del Poder Legislativo en la Historia Mexicana
* Evolución de la Organización y Práctica Legislativa
* Estructura y Funcionamiento de las Legislaturas
* Importancia del Poder Legislativo en los Procesos de Transición Democrática
* Estudios Comparativos sobre Congresos a Nivel Nacional e Internacional
* Prospectiva Política y Parlamentaria
Procedimiento
1. Deberán enviarse tres ejemplares del proyecto de investigación al Instituto de Investigaciones Legislativas, antes del 31 de diciembre de 1999.
2. Se tomarán en cuenta la claridad y la coherencia en el planteamiento de los objetivos, así como en la elaboración de los programas de trabajo y de difusión y la estimación de los costos reales del proyecto en todas sus etapas.
3. Todas las propuestas deberán incluir un programa detallado para la totalidad del trabajo que se propongan realizar, incluyendo las etapas de planeación, investigación, desarrollo, producción, obtención de recursos adicionales, difusión etc., según sea el caso.
Financiamiento
Los proyectos seleccionados recibirán un apoyo financiero que contemple las necesidades propias del programa de trabajo de cada uno, siendo entregado en función de su cronograma de actividades, así como un apoyo en la publicación de los resultados finales.
Documentación
Todas las propuestas deberán estar acompañadas de la documentación que se indica enseguida. Las propuestas incompletas, o cuyo material no se ajuste a las especificaciones indicadas, no serán turnadas al Comité de Evaluación.
1. Original y dos copias del proyecto (máximo 20 cuartillas).
2. Original y dos copias de la síntesis del proyecto (máximo cinco cuartillas).
3. Original y dos copias del presupuesto detallado del costo total del proyecto.
4. Original y dos copias del cronograma de actividades.
5. Original y dos copias de curriculum vitae, resumido (máximo dos cuartillas). Deberá destacarse la trayectoria previa en relación con la disciplina del proyecto que se pretende realizar.
Consideraciones finales
A partir de la fecha de entrega del proyecto, el Comité de Evaluación integrado por la Mesa Directiva del Instituto de Investigaciones Legislativas, quien a su vez podrá auxiliarse de especialistas y miembros, del Consejo y del equipo editorial de la revista Quórum, tendrá un plazo máximo de sesenta días hábiles para responder oficialmente a través de un dictamen sobre las posibilidades de financiamiento y/o publicación de la propuesta en cuestión.
Todos los trabajos deberán enviarse al Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, edificio B planta baja, en av. Congreso de la Unión s/n, col. El Parque, Venustiano Carranza, CP 15969, México, DF, con atención a la lic. Yolanda Silvia Olvera o entregarse directamente en el domicilio señalado antes del 31 de diciembre de 1999.
Para mayor información comunicarse con la lic. Yolanda Silvia Olvera, coordinadora de Investigaciones del Instituto de investigaciones Legislativas a los siguientes teléfonos: 56 28 14 21 y 56 28 13 00 ext. 3129; fax 55 42 30 62, dirección electrónica: irmaeren@servidor.unam.mx
Atentamente
Dip. Bernardo Bátiz Vázquez
Presidente
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