México, DF, a 3 de febrero de 1999.

México, DF, a 3 de febrero de 1999.

Recinto Legislativo, a 18 de enero de 1999.

La Paz, Baja California Sur, a 29 de diciembre de 1998.

Chihuahua, Chihuahua, 21 de diciembre de 1998.

Morelia, Mich., 15 de diciembre de 1998.

San Luis Potosí, SLP, 15 de enero de 1999.

Villahermosa, Tab., diciembre 31 de 1998.

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Iniciativas 

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DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 7, 8, 47 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía y Aurora Bazán López, y, diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 79, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 100 y 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Educación y de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para su dictamen y posterior discusión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de Motivos

La sociedad contemporánea se encuentra inmersa en un clima de destrucción y depredación, derivado de los criterios que actualmente rigen los mercados, donde la mayor productividad y el mayor beneficio de las grandes empresas transnacionales resulta prioritario. Así, las principales empresas de los países desarrollados, acuden a los países en vías de desarrollo para consumir los recursos de estos de manera indiscriminada para satisfacer las necesidades de su planta productiva.

Por otra parte, la humanidad ha llegado al límite de agotar, casi en su totalidad, los recursos energéticos con los que cuenta y ha producido con ellos efectos negativos para el planeta. La creatividad en la búsqueda de formas de producción de energía parece hoy más que nunca impostergable.

Las consecuencias depredatorias de tales prácticas productivas han dejado efectos ambientalmente negativos desde hace poco más de 250 años, efectos que tienen amenazada a la humanidad entera en cuanto a la preservación del entorno ambiental necesario para que pueda sobrevivir con calidad de vida.

La humanidad ha perdido de vista que necesita convivir armónicamente con las demás especies animales y vegetales, para preservar su especie. Debe considerar que no vive de manera aislada sino que, por lo contrario, debe adoptar una nueva actitud para con la naturaleza, pues al fin y al cabo, forma parte de ella.

Esta problemática fue contemplada por organizaciones internacionales hace poco más de 25 años. Fue así como en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en Estocolmo, Suecia, se planteó la necesidad de adoptar acciones concretas para revertir las tendencias destructivas hacia el medio ambiente. Para responder a esa inquietud, la sociedad ha participado activamente en la creación de organizaciones no gubernamentales; los gobiernos han creado legislaciones que tienden a impulsar la conservación del medio ambiente y de las especies que forman parte de él.

Para cumplir con las anteriores finalidades, la sociedad debe primero concientizarse de la magnitud del problema, y para ello, tanto la sociedad civil, como el gobierno, deben participar en ese esfuerzo. El Partido Verde Ecologista de México ha colaborado para lograr tal objetivo.

Para concientizar a la sociedad de la problemática que afronta hoy en día la humanidad a fin de preservar su existencia y conservar su calidad de vida, se requiere que tanto las generaciones que empiezan a crecer, como aquellas otras que ya tienen una instrucción educativa, comprendan y adquieran nuevos valores necesarios para la conservación del medio ambiente. La educación es la mejor manera de lograrlo.

El enfoque educativo hasta ahora parcial y fragmentado que nos proporciona la legislación secundaria actual, por ser incompleta, resulta inadecuada, pues sólo cuando se contempla al hombre en todas sus dimensiones, éste puede desarrollar, en la medida de sus posibilidades, todo el conjunto de potencialidades de las que fue dotado; partir de lo contrario, equivaldría a aportar un esquema desfigurado de la contundente realidad humana y, derivado del mismo, un programa educativo que proyecte una visión amputada de la realidad del hombre.

Educar es formar, no solamente dar información; es concientizar al educando acerca de su existencia en el planeta, de su responsabilidad como habitante del mismo y de los compromisos que asuma con los de su especie, que ahora también se encuentran, por culpa del hombre mismo, en peligro de extinción.

Educar es enseñar para la vida, cultivar al hombre en sus dos dimensiones: la interior, que radica en lo espiritual, y la exterior, que se proyecta en todo acto u omisión que tenga efectos en el mundo material; sólo relacionando adecuadamente ambos aspectos, es como podemos partir de un concepto integral del ser humano, de lo contrario, al enfatizar uno solo de sus aspectos, se crearía una imagen trastornada de lo que realmente significa y de la importancia que tiene sobre el planeta. Al darnos cuenta de nuestros propios límites así.

La educación actual enseña a depredar, a dilapidar los recursos escasos y limitados que aún nos quedan y que constituyen nuestra riqueza nacional, todo ello al amparo de la implementación de políticas, planes y programas cuya finalidad última radica en mejorar la eficiencia y la productividad de los diversos sectores de la actividad industrial sin preguntarse el por qué ni el para quién de la producción, continuando con el solo afán de producir por producir y transformando el medio en un fin en sí mismo; además, y esto es lo más grave, a costa del despojo que a las futuras generaciones se les hace tanto de los elementos naturales, como del medio ambiente necesario para que éstos subsistan.

El espíritu competitivo orientado a demostrar quién es más productivo, a ver quién tiene mayores ingresos o quién tiene más bienes que otro, ha llevado no sólo a la dilapidación de los recursos naturales sino a la miseria de la existencia humana.

Las nuevas realidades mundiales imponen categóricamente la actualización de conceptos, basados en nuevas relaciones. Por ello, cuando se enfatiza al medio ambiente, y a la sustentabilidad, que implica la protección del mismo esto se hace porque considera que esta es la mejor forma de aprovechar los elementos naturales sin agotarlos en su totalidad para que las generaciones posteriores puedan, al igual que nosotros, gozar de un medio ambiente diverso y equilibrado; la relación y concepto que el hombre tiene del mundo y de sí mismo, cambian radicalmente, pues ahora se da cuenta de que forma parte de una comunidad mundial, y que la adecuada conservación de los elementos resulta una labor imprescindible en su formación.

Para comprender la importancia de la construcción del mundo sustentable, se necesita un cambio de pensamiento que deje atrás la visión mecanicista del mundo; se trata de un pensamiento holístico-reduccionista que deja de lado al pensamiento fragmentado.

La naturaleza no es una máquina sin vida, es un sistema complejo en el que el hombre se ve íntimamente involucrado y de cuya relación con ella deriva su permanencia en el planeta. Reconocerlo como nuestro hogar, porque no tenemos otro donde vivir, respetar sus límites, sus principios y sus mecanismos de vida; comprender que es algo vivo del que formamos parte y por tanto que si lo dañamos, es dañarnos a nosotros mismos; comprender que al agotar los recursos, agotamos los nuestros y con ello la vida de ambos, implica la necesaria incorporación de conceptos que anteriormente eran desconocidos y constituyen el fundamento del nuevo pensamiento educativo que debe incorporarse para hacer consciente al aprendiz de las presentes y futuras generaciones de la importancia que tiene conservar los recursos, porque finalmente éstos giran en torno a su supervivencia. No sólo la Tierra está en peligro, lo estamos con ella.

El riesgo por el que pasa actualmente nuestro planeta por la depredación sin par de los elementos naturales, la contaminación que daña a la capa de ozono, por la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, así como la desaparición acelerada de especies animales y vegetales, hacen de la postura ecologista un enfoque que necesariamente hay que incorporar en los futuros planes de estudio, pues es por la educación como se puede concientizar a los habitantes de México de establecer un nuevo tipo de relación con la naturaleza mediante un nuevo paradigma educativo.

Las relaciones con el mundo en que se vive, considerado éste como un ambiente en el cual nos desarrollamos y del cual dependemos, en un contexto de sustentabilidad, hacen que el nuevo enfoque humano sea no sólo conceptualizado a través de programas o de textos obligatorios, sino que encuentren su expresión en la legislación secundaria. Sólo de esta manera se puede garantizar que a las posteriores generaciones se les proporcione una visión integral del ser humano y de la realidad que afronta. Permitir que continúe el enfoque incompleto prevaleciente es llevarlos a la confusión y al fracaso.

Despojar al hombre del siglo XXI de su sentido humano es tanto como arrebatarle parte de su naturaleza; por ello, el pensamiento ecológico enfrenta directamente los problemas suscitados por la todavía prevaleciente forma de pensar occidental decadente, donde se deja de lado el aspecto más importante del hombre y su problemática existencial: el aspecto espiritual; la incapacidad para comprender el problema moral de la sociedad contemporánea es reflejo de esa incapacidad de comprensión de la complejidad del hombre. Se enfrenta a dilemas regionales y globales; a pensar de forma integral; a pensar con responsabilidad tomando en cuenta la sustentabilidad ecológica del desarrollo.

Sólo podemos entender a la naturaleza si nos entendemos a nosotros mismos; si nuestro pensamiento y nuestra conciencia son claros, si conocemos nuestra vida interior.

Aprender a entablar relaciones con el mundo, como planeta, como madre; partir de la idea de que sus elementos naturales son limitados, tener conciencia de ello, actuar por tanto de manera congruente y responsable con los mismos, aprovechándolos de la mejor manera, así como reconocer la responsabilidad que se tiene con respecto a las generaciones futuras, son conceptos que deben de ser enseñados a nuestra generación para asegurar el futuro de las próximas.

La educación ambiental no se reduce a enseñar a preservar la vida, ni a saber explotar de la mejor manera los recursos, sino a establecer un fuerte vínculo que una al hombre con la Tierra, que se dé cuenta que al protegerla lo hace también por él, que al amarse a sí mismo, ama a la Tierra con él y se responsabilice con su cuidado. Es un camino para aprender a vivir en nuestro planeta, a darse cuenta de que todo está relacionado en su totalidad.

El conocimiento, en la escuela, debe ir mas allá de lo puramente intelectual, considerar lo intuitivo, lo holístico, en fin, apreciar a la naturaleza como un ente susceptible de ser amado y respetado, de responsabilizarse por lo que se ama, porque solo de esa manera puede apreciarse la razón del cambio.

Reconocer, admitir que la vida es sagrada; que la simple existencia de la dignidad al ser; por todo ello, incluimos la espiritualidad en el camino educativo, porque también forma parte de su esencia. Espiritualidad como autoconocimiento de la conciencia transpersonal, que hace que se superen prejuicios e integra al hombre en una sola comunidad: la Tierra.

Luego de que se celebrara la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, en Tbilisi en 1977, y del Seminario Internacional sobre Educación Ambiental, celebrado en Belgrado en 1975, la idea del surgimiento de una educación que incorpore el enfoque ambiental, parece cada vez más evidente, sentándose las bases del Programa de Educación Ambiental iniciado en 1977.

Nuestro país, hasta el día de hoy ha incorporado esos criterios sólo de manera aislada y limitada, con lo que la educación ambiental, todavía no es una realidad.

Los elementos de una educación que proporciona valores de preservación del medio ambiente, de respeto a las especies y en general a los organismos vivos, y de una sana convivencia en armonía con la naturaleza dentro de un desgaste natural de los elementos naturales, son algunos de los criterios que deben enmarcar la educación actual.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha manifestado desde tiempo atrás la inquietud de que los criterios educativos actuales sean modificados para que la docencia incorpore valores ecológicos a la educación, así como que la educación cambie en cuanto a su enfoque general, en tanto que la sola incorporación de un criterio ambiental es insuficiente para lograr una educación ambiental en su estricto sentido. Ante esta misma tribuna se ha dicho con anterioridad que es importante no reducir la educación ambiental a contenidos ecológicos ni mucho menos a la educación básica; nosotros compartimos tales puntos de vista y los apoyamos.

Ante esa perspectiva, los diputados del Partido Verde celebramos que otras fuerzas políticas compartan con nosotros la importancia que significa la modificación de la educación que se imparte en nuestro país para que ésta ahora tenga un enfoque ambiental.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que la concidencia en esos objetivos es grata para la satisfacción de las necesidades sociales, pero que no se reduce sólo a eso. Nosotros hemos presentado con anterioridad otras iniciativas de igual importancia que pretenden lograr, entre otras cosas, que la rectoría del desarrollo nacional que dicte el Estado, sea ambientalmente sustentable; aplicar mayores sanciones a los delincuentes ambientales, así como que la reparación del daño ambiental sea dentro de determinados criterios que aseguren la restauración del daño ocasionado de ser éste posible, o la preservación de otras zonas que corren igualmente peligro de sufrir daños ambientales.

De comprender las demás fuerzas políticas la importancia que tendría en la sociedad la aprobación de las iniciativas que hemos presentado para procurar la conservación del medio ambiente, a fin de lograr los objetivos de preservación de nuestra especie en el planeta celebraríamos su participación y cooperación para lograr metas afines y comunes a toda la comunidad planetaria. Las exhortamos a que se sumen a nuestra cruzada ambiental y unamos esfuerzos para consolidar las bases de un medio ambiente sustentable.

Por ello, respetuosamente, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, el presente

DECRETO por el que se reforman la fracción XI del artículo 7, las fracciones I, II, III del artículo 8, el párrafo segundo del artículo 48, y se adicionan una fracción IV al artículo 8 y una fracción V al artículo 47, todos de la Ley General de Educación.

ARTICULO UNICO.- Se reforman la fracción XI del artículo 7, las fracciones I, II, III del artículo 8, el párrafo segundo del artículo 48, y se adicionan una fracción IV al artículo 8 y una fracción V al artículo 47, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7.- ...

XI. Infundir en el educando los principios de apreciación y respeto para con el resto de las especies animales y vegetales que junto con el, integran el medio ambiente; a fin de que éste desarrolle conductas racionales y sustentables a favor del desarrollo social y del medio ambiente. Para ello se procurará que también en el ámbito extraescolar se proporcionen los medios necesarios a efecto de que sea posible la realización de tales principios y garantizar la preservación de las diversas formas de vida. Artículo 8.- ...

I. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el desarrollo material sostenible y en el constante mejoramiento social, cultural y espiritual del ser humano;

II. Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento racional y sustentable de nuestros recursos, ecosistemas y de la diversidad biológica, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

III. Contribuirá a la mejor convivencia dentro de la sociedad humana y a una relación armónica y respetuosa de esta con la naturaleza, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer al educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los principios de fraternidad e igualdad de derechos de todos los seres humanos, evitando los privilegios individuales, étnicos, religiosos, de grupo o de género; para ello se deberá regir, además, por los principios de interdependencia, responsabilidad, cooperación, espiritualidad, confianza, respeto, sustentabilidad, libertad, paz y amor; y

IV. Tenderá a fomentar las bases morales, culturales, materiales, espirituales, técnicas y científicas para el establecimiento de un modelo nacional de desarrollo sostenible, que vincule el proceso educativo con las oportunidades y necesidades de las actividades, social y productiva, nacionales.

Artículo 47.- ... ...

I. ...

II. ...

...

...

V. Los criterios por los que se encauce al educando para que desarrolle conductas de respeto y apreciación en favor de sus semejantes y del resto de los seres vivos, con el fin de garantizar la preservación del orden social, dentro de una sana convivencia en armonía con la naturaleza; las formas de vida existentes y el desarrollo sustentable.

...

Artículo 48.- ... Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en los términos de lo dispuesto en la Sección Octava, del Capítulo Cuarto, Título Primero, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la educación a que se refiere el artículo 72.

...

...

...

Transitorios

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de enero de 1999.

Dip. Jorge Emilio González Martínez, dip. Verónica Velasco Rodríguez, dip. Jorge Alejandro Jiménez Taboada, dip. Gloria Lavara Mejía, dip. Aurora Bazán López.
 
 
 

DECRETO POR QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 27 Y 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ENERGIA ELECTRICA, QUE PRESENTA EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL

Los mexicanos estamos decididos a enfrentar con unidad, visión y confianza los desafíos de nuestro tiempo. La consolidación de una plena normalidad democrática, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el establecimiento de bases sólidas para un crecimiento económico sostenido con justicia social, son retos fundamentales de los mexicanos de hoy.

Nuestra generación ha acreditado su voluntad de transformación, al impulsar reformas estructurales para crear un futuro de mayores oportunidades. Esa voluntad ha sido el estímulo para avanzar en la superación de cada reto.

Las reformas estructurales le han permitido al gobierno de la República destinar más recursos que nunca al desarrollo social y al combate a la pobreza. Ese compromiso se refleja en el hecho de que en 1999 el gobierno destinará casi el sesenta por ciento de los recursos del gasto programable al gasto social. Sólo perseverando en el rumbo y profundizando los cambios estructurales, tendremos condiciones de progreso y justicia para todos.

Para generar los empleos que hacen falta, mejorar gradual y consistentemente los ingresos y elevar el nivel de vida de los mexicanos, es esencial lograr un crecimiento sostenido, así como incrementos constantes en la productividad de nuestra economía. Nada de esto es posible sin electricidad.

Para poder crecer, todos los sectores económicos dependen de la disponibilidad de un suministro eléctrico suficiente, confiable, de calidad y a precios competitivos. Con la industrialización del país y el crecimiento del sector servicios, la actividad económica en general se ha vuelto más intensiva en el uso de electricidad. Esto implica que se requiere cada vez de más electricidad para generar mayor valor agregado.

Además de ser esencial para el desarrollo de la planta productiva, la electricidad también lo es para que las familias mexicanas gocen de condiciones de vida dignas. Por la importancia que tiene en las más diversas áreas de la vida cotidiana de la población, en su seguridad y en su bienestar, la electricidad ha sido una demanda social muy sentida. Por ello, es motivo de especial orgullo que hoy 95 de cada 100 mexicanos dispongan ya de servicio eléctrico y disfruten de sus beneficios.

Para que sea motor del desarrollo nacional, los mexicanos hemos modificado en diversas ocasiones la estructura de la industria eléctrica. De este modo, nuestro sector eléctrico ha sido capaz de dar respuesta efectiva a los requerimientos cambiantes y exigentes de nuestra economía y de la sociedad mexicana en su conjunto.

En sus inicios, a finales del siglo pasado, la electricidad fue generada por la industria privada, especialmente en los sectores textil y minero, destinándose principalmente al autoconsumo. Los excedentes que se comercializaban eran limitados y no cubrían la demanda de otros sectores de la economía ni de la población en general. La ausencia de un marco normativo y de instituciones que regularan su producción, transmisión y distribución, dio lugar a un desarrollo inicial sin coordinación en esta industria.

A partir de los años veinte, comenzó un primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de Generación y Fuerza, más tarde conocida como Comisión Nacional de Fuerza Motriz. Para dar sustento a la regulación que empezaba a realizar el Estado, en 1926 se promulgó el Código Nacional Eléctrico y en 1934 se reformó la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que respecta a la facultad del H. Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica.

Hasta mediados de la década de los treinta, el papel del Estado se concretó a expedir disposiciones jurídicas para la industria eléctrica y a desarrollar una estructura institucional, como complemento de las labores de las empresas privadas. En 1937, el gobierno federal creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo fundamental de acelerar la cobertura del suministro.

En las décadas de los cuarenta y cincuenta, el Estado adquirió un papel creciente en la industria eléctrica, a través de una activa política de inversión, ya que sólo las grandes concentraciones urbanas y las incipientes zonas industriales gozaban de este servicio. Durante los cuarenta, debido a la limitada capacidad de generación, sólo la mitad de los mexicanos contaban con electricidad. La capacidad instalada en 1940 era tan sólo de 479 megawatts (alrededor del 1.3 por ciento de la actual). En los años cincuenta, se avanzó hacia la electrificación del país y se le dio impulso especial a la electrificación rural. Aun así, los sistemas eléctricos continuaban aislados y las interrupciones prolongadas y geográficamente extensas eran frecuentes.

En 1960, se nacionalizó la industria eléctrica. La reforma constitucional correspondiente estableció en el sexto párrafo del artículo 27 la exclusividad de la Nación en lo relativo a generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público. Para entonces, el gobierno federal había adquirido las acciones de las empresas eléctricas privadas, al tiempo que había reforzado el papel de la CFE. Con esto se logró la integración de los distintos sistemas eléctricos regionales que existían entonces en el país. A raíz de la fusión y compra de acciones de diversas empresas que prestaban el servicio eléctrico en la región central del país, surgió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esta compañía continuó operando de manera independiente respecto de la CFE para satisfacer la demanda de energía eléctrica en esa parte del territorio.

Las características técnicas de la industria en los años sesenta demandaban, por razones de economías de escala, grandes proyectos. Su financiamiento requirió la participación del sector público con el apoyo de la banca internacional de desarrollo.

En el decenio de los setenta, a iniciativa de CFE, se lograron la interconexión de los sistemas eléctricos que habían dejado las diversas empresas y la unificación de la frecuencia eléctrica en 60 ciclos por segundo. Esto abrió la posibilidad de normalizar equipos eléctricos y reducir significativamente los costos de la energía eléctrica para la planta industrial mexicana. Los avances en la legislación secundaria se Plasmaron en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que desde 1975 estableció las normas de funcionamiento de la nueva industria eléctrica nacional bajo el criterio de exclusividad estatal en la prestación del servicio público.

Durante este periodo, se observaron tasas de inflación considerablemente superiores a las observadas en las dos décadas anteriores. Las tarifas del servicio eléctrico, a pesar de las necesidades de los suministradores, no se ajustaron al ritmo del crecimiento inflacionario, lo que debilitó las finanzas de los suministradores de la industria eléctrica. Las diferencias entre las tarifas eléctricas y los costos de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad provocaron niveles crecientes de subsidio, por lo que no fue suficiente el financiamiento bancario y se tuvo que recurrir a las aportaciones del gobierno federal.

Con este modelo, los subsidios a las tarifas eléctricas provocaron que la expansión del sector no fuera autofinanciable y que las entidades públicas responsables del sistema eléctrico adquirieran importantes pasivos financieros. Así, si bien continuó aumentando la capacidad instalada de nuestro sistema eléctrico, la expansión se dio de manera discontinua, dependiendo de las posibilidades de acceso a recursos crediticios.

Las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de diciembre de 1992, y una nueva reglamentación abrieron un espacio limitado para la participación privada nacional y extranjera en el sector, al precisar el criterio de servicio público y delimitar las actividades que están a cargo del Estado en forma exclusiva y aquellas en las que pueden participar los particulares. Este cambio implicó un reconocimiento de la necesidad de sumar el esfuerzo privado para ampliar la oferta eléctrica, ante las limitaciones financieras del gobierno federal y las demandas sociales de una población creciente. Esta suma de esfuerzos se volvió también posible gracias a cambios tecnológicos en el sector eléctrico que abrieron nuevas oportunidades de participación privada.

En virtud de esas reformas, los particulares pueden participar en la generación de energía eléctrica bajo esquemas de autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente de energía eléctrica. Sin embargo, debe reconocerse que dadas las restricciones que todavía impone la estructura institucional a los inversionistas, el número de participantes privados es muy limitado. Además, en el caso de los productores independientes, dado que los suministradores públicos son por mandato de Ley sus únicos compradores, la realización de estos proyectos exige obligaciones de largo plazo a cargo de éstos y, en última instancia, del gobierno federal.

En su momento, la nacionalización de la industria eléctrica respondió a las necesidades de una rápida integración del sistema eléctrico nacional y de extender la cobertura de los servicios eléctricos en el país. Hoy podemos afirmar que los objetivos que llevaron a la nacionalización de la industria eléctrica han sido plenamente cumplidos.

Contamos hoy con una plataforma eléctrica que aún es suficiente; pero que requiere del esfuerzo de nuevos participantes para su desarrollo futuro. Contamos con una capacidad de generación que satisface en estos momentos la demanda nacional, con una red de transmisión que cubre la mayor parte del territorio nacional y con sistemas de distribución en todas las localidades del país. Contamos sobre todo, con trabajadores, técnicos e ingenieros electricistas con una amplia experiencia y una gran capacidad en la operación y el mantenimiento de sistemas eléctricos, cuya participación ha sido esencial para mantener el crecimiento y para modernizar un sector decisivo en el progreso económico y social del país.

Durante décadas, los mexicanos hemos invertido grandes cantidades de recursos para desarrollar la infraestructura eléctrica con la que contamos. Gracias a ello, hemos cumplido el objetivo de llevar electricidad a prácticamente toda la población. El Estado mexicano ha cumplido su parte en el desarrollo de esta tarea. Nuestra infraestructura eléctrica es una de las más importantes del mundo.

La capacidad instalada de todo el país asciende en estos momentos a más de 36 mil megawatts. La infraestructura eléctrica, si bien es suficiente en la actualidad está llegando a sus límites y presenta insuficiencias para hacer frente a los retos inmediatos del sector.

Desde hace cincuenta años, la demanda de electricidad ha registrado un crecimiento anual superior al del producto interno bruto. La experiencia internacional muestra que la participación de la electricidad en el balance de la energía continúa aumentando en cada etapa de desarrollo. Con el crecimiento de la economía y del ingreso de las familias mexicanas, y dada la estructura demográfica de la población, deben esperarse incrementos muy importantes en la demanda de electricidad. Por ello, incluso bajo proyecciones moderadas de crecimiento económico para los siguientes años, la demanda de energía eléctrica aumentará cerca de 6 por ciento cada año. Ello obligará a aumentar rápidamente la capacidad de generación, así como a modernizar y ampliar los sistemas de transmisión y distribución.

Para el año 2005 se requerirá que la capacidad de generación aumente en cuando menos 13 mil megawatts para poder hacer frente a las necesidades del país. Ello implica un incremento equivalente a más de una tercera parte de la capacidad hoy disponible, que ha sido instalada a lo largo de más de un siglo. De este modo, habrá que hacer en unos cuantos años lo que antes tomó décadas. Asimismo, habrá que hacerlo durante muchos años más para poder sostener el crecimiento continuo de la economía y crear los empleos permanentes, productivos y bien remunerados que demandará una población económicamente activa en expansión. Además, habrá que hacerlo con una menor disponibilidad de recursos presupuestarios que en el pasado.

El reto es aún mayor si se toma en cuenta el esfuerzo que entrañará mejorar la red de transmisión y elevar su confiabilidad, su seguridad, así como la calidad de servicio, ya que en años recientes los limitados niveles de inversión han estado condicionados por la escasez de recursos públicos y las restricciones presupuestarias. Esto ha retrasado mejoras o ampliaciones de instalaciones que limitan algunos enlaces del sistema interconectado nacional. Estas limitaciones no permiten aprovechar a plenitud la capacidad de generación, lo cual necesariamente incrementa el costo de producción de la energía eléctrica y reduce la eficiencia y confiabilidad del sistema.

El esfuerzo en materia de distribución no será menor. La inversión ha sido insuficiente, sobre todo en momentos de estrechez económica. Hoy día, la falta de recursos y de inversión se manifiesta en pérdidas relativamente elevadas de electricidad. Además, la calidad y confiabilidad del servicio, sobre todo en la zona centro del país, muestran indicadores por debajo de los requeridos para el desarrollo de México. Esto a pesar del valioso esfuerzo de nuestros técnicos y trabajadores electricistas. Elevar y unificar los niveles de eficiencia en todo el territorio nacional y mejorar en conjunto estos indicadores será una labor prioritaria que requerirá un importante esfuerzo y grandes recursos en el futuro inmediato.

En suma, durante los próximos años, los mexicanos tendremos que aumentar muy aceleradamente la oferta de electricidad, al tiempo que elevamos la eficiencia y mejoramos el servicio. Se trata de un gran reto que sólo podremos superar en la medida en que seamos capaces de sumar esfuerzos. En ese reto está en juego el bienestar de los mexicanos, tanto por el impacto de la energía eléctrica en el dinamismo de la planta productiva nacional como en la calidad de vida de las familias mexicanas.

El reto de la expansión y modernización del sistema eléctrico representa necesidades de inversión que, tan sólo para los próximos seis años, se estiman en 250 mil millones de pesos a precios actuales. Para tener una idea del esfuerzo en términos relativos, esta cantidad equivale a un poco más que los recursos que erogará el gobierno federal en educación y seguridad social durante 1999 o aproximadamente a una cuarta parte del total del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1999.

Alternativamente, con estos recursos se podría satisfacer, ya sea una gran parte de los requerimientos de inversión para los próximos 10 años en infraestructura hidráulica para proveer de agua potable, alcantarillado y saneamiento a todos los mexicanos, o rehabilitar y modernizar el total de los distritos de riego y ampliar la frontera agrícola en 2 millones de hectáreas.

Pretender enfrentar los retos del sector eléctrico exclusivamente con recursos fiscales, implicaría estar dispuestos a afectar programas de desarrollo e infraestructura social y así evitar que muchos mexicanos obtengan los mínimos de capacidades y bienestar necesarios para acceder a un trabajo adecuadamente remunerado que les permita elevar su nivel de vida. El gobierno de la República no rehuye sus compromisos sociales. Sin embargo, los recursos públicos son limitados y las necesidades de inversión crecientes. Por esto, para asegurar la disponibilidad de inversiones públicas para el bienestar social, al tiempo que atendemos las necesidades de la industria eléctrica nacional, debemos ampliar los espacios necesarios para la concurrencia de los sectores público, social y privado en su desarrollo. La madurez de la economía y de la industria eléctrica, así como los nuevos desarrollos tecnológicos que permiten escalas de producción menores y más eficientes y la disponibilidad de recursos en los mercados financieros internacionales para estos proyectos, hacen propicio el momento actual para impulsar dicha concurrencia.

Durante varias décadas, el esquema de exclusividad estatal fue el apropiado para integrar el sistema eléctrico nacional y ampliar su cobertura a todo el territorio del país. La tecnología disponible y la escala de los proyectos requeridos, así como las fuentes de inversión existentes, hicieron necesario que esta etapa del crecimiento se diera a partir de la centralización de los instrumentos de desarrollo de la industria eléctrica en el sector público. En estas condiciones; el considerar a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado en forma exclusiva fue el sustento natural para la consolidación de la infraestructura eléctrica nacional.

Hoy en día, las exigencias de desarrollo del sector eléctrico, los cambios tecnológicos y la transformación de las condiciones en las que opera, han dejado de ser compatibles con este esquema. Se requieren nuevos mecanismos que permitan sumar al esfuerzo del sector público el del sector privado para enfrentar el enorme reto que tiene el país para contar con un suministro suficiente de energía eléctrica.

Se requiere, en suma, una nueva transformación de nuestra industria eléctrica, que reafirme la rectoría del Estado en un entorno de mayor apertura y competencia en el sector. Una transformación que proteja la seguridad y la soberanía de la Nación y que garantice el crecimiento de la industria eléctrica, la competitividad de nuestra economía y el bienestar de la población, para que nuestro país no se quede rezagado frente a otros muchos que ya han iniciado la reforma de sus sectores eléctricos.

La gran demanda de recursos en el sector; los requerimientos presupuestarios para dar adecuada atención a diversas prioridades sociales y para desarrollar la infraestructura básica del país; el avance tecnológico de la industria eléctrica, y la mayor disponibilidad de recursos privados, tanto nacionales como extranjeros hacen indispensable que el modelo eléctrico del país sea más incluyente. Sólo así podremos asegurar que los mexicanos contaremos con las inversiones requeridas para que exista un servicio eléctrico suficiente en todas las regiones del país, de creciente calidad y a un costo competitivo y transparente.

La participación exclusiva del Estado en el servicio público de energía eléctrica ya no puede ser el sustento de la evolución que requiere nuestro sistema eléctrico. De hecho, esa exclusividad puede llegar a convertirse en un obstáculo para su expansión y modernización. Postergar la apertura a la participación social y privada implicaría poner en riesgo la oferta de electricidad en el futuro cercano y con ello el potencial de progreso material y el bienestar de todos los mexicanos. Postergarla implicaría también poner en riesgo la capacidad del Estado para dar respuesta, con los mismos recursos globales, a las necesidades de inversión social y de expansión de otros tipos de infraestructura básica.

Durante los últimos años, los avances tecnológicos han cambiado fundamentalmente las posibilidades de participación y competencia en la industria eléctrica. En la generación de electricidad, los avances en resistencia de materiales y en métodos de fabricación de plantas turbogas y ciclos combinados han permitido reducir el tamaño económico de las plantas de generación, aumentando al mismo tiempo su eficiencia y disminuyendo los tiempos de construcción. De esta manera, se ha hecho posible la competencia entre generadores de energía en muchos de los sectores eléctricos de distintos países del mundo, lo que hace factible la creación de un mercado de energía en el que naturalmente podrían concurrir diversos participantes públicos y privados.

Los desarrollos tecnológicos en comunicaciones y en sistemas de información han permitido mejorar notablemente los estándares de calidad y confiabilidad de las redes de transmisión y distribución. Gracias a ello, en distintos países se ha abierto el acceso a las redes de transmisión y distribución para que generadores y usuarios puedan elegir con quiénes establecer relaciones comerciales para la venta y adquisición de electricidad.

La evolución en la estructura organizacional del sector a nivel mundial atiende a la necesidad de aumentar la eficiencia en la operación y propiciar el desarrollo de la industria eléctrica. Los desarrollos tecnológicos que se han descrito anteriormente permiten la creación de sistemas competitivos que tendrán como efecto una mayor eficiencia en el suministro de energía eléctrica y la reducción de costos para la economía nacional en su conjunto. Es por este motivo, que aun contando con los recursos públicos necesarios para la expansión del sector, la apertura del mismo ofrecería importantes beneficios para los mexicanos.

La rectoría del Estado no implica ser el único y exclusivo participante en el sector eléctrico, sino crear instituciones y normas que garanticen que la sociedad cuente con la electricidad que necesita, al menor costo posible. Hoy, las enormes necesidades de ampliación del sector eléctrico, los requerimientos de alta calidad en el suministro, los adelantos tecnológicos y la necesidad de contar con recursos adicionales para financiar otros requerimientos sociales, exigen evolucionar de un esquema que limita la participación privada a uno que facilite una amplia concurrencia social, dentro de un marco de efectiva regulación estatal, definida en las leyes que establecen las condiciones de operación del sector.

Por razones similares, diversos países han reestructurado su sector eléctrico en los últimos años, constituyendo mercados competitivos que han alentado la participación de nuevos actores y han permitido elevar la competitividad en la prestación de este servicio. Tal ha sido el caso de Argentina, Chile, Noruega, Nueva Zelanda, Inglaterra y algunas regiones de América del Norte. Esa misma respuesta es la que se está aplicando en prácticamente todos los países latinoamericanos que están reestructurando su industria eléctrica, como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En el mundo, la empresa eléctrica integrada desde la generación hasta las ventas está dejando su lugar a empresas especializadas en cada segmento de la industria, en un ambiente de competencia creciente y de mayor atención a sus respectivos clientes.

El cambio estructural que propongo mediante la presente iniciativa se inscribe en una corriente de transformación mundial del sector eléctrico. Sin embargo, como se ha argumentado aquí, su necesidad en México obedece a razones propias y su planteamiento es congruente con la evolución del sector en los últimos años y con las necesidades particulares de la población y de la industria.

De la misma forma que en su momento la expansión de la cobertura eléctrica fue una prioridad para nuestro país que tuvo que ser satisfecha con recursos públicos, hoy es apremiante responder a las necesidades sociales de educación, salud, vivienda y otra infraestructura básica en las que difícilmente participaría el sector privado. Como ejemplo, uno de esos desafíos es el relativo al agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Actualmente, más de 13 millones de mexicanos carecen de servicio de agua potable y más de 26 millones no cuentan con alcantarillado. Adicionalmente, en los próximos 10 a 12 años, deberemos dotar de estos servicios a 30 millones de mexicanos. A esto deben agregarse los requerimientos de infraestructura para la protección del medio ambiente y para el control de inundaciones. Hay que recordar que hoy en día sólo el 21 por ciento del agua que se consume en nuestro país es tratada.

La infraestructura de las zonas de riego, que utilizan el 83 por ciento del agua que se consume en el país, presenta un marcado deterioro que es indispensable revertir. Para ello, se requiere concluir la rehabilitación y modernización de los distritos y unidades de riego, en beneficio de más de 6 millones de hectáreas.

Se prevé que los recursos totales que se requerirán para el desarrollo y modernización de infraestructura hidráulica hasta el año 2010 asciendan a 350 mil millones de pesos. Sin embargo, manteniendo la tendencia actual de inversión pública, apenas se alcanzarían a cubrir 100 mil millones de pesos.

Así, para continuar con la transformación estructural que fortalece nuestra economía; para asegurar la expansión y competitividad de nuestra planta productiva, y para afianzar la acción social del Estado y mejorar la infraestructura básica de nuestro país, me permito someter a la consideración del Constituyente Permanente la presente iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma propone reservar a la Nación en forma exclusiva, en el sexto párrafo del artículo 27 constitucional, el control operativo de la red nacional de transmisión, abriendo las demás actividades de la industria eléctrica a la concurrencia de los sectores público, social y privado. En congruencia, la iniciativa propone modificar el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, a efecto de establecer que dicho control operativo sea una actividad estratégica y de redefinir a la electricidad en sus diferentes segmentos como un área prioritaria para el desarrollo nacional sobre la que el Estado ejerce su rectoría en los términos del artículo 25 constitucional. Para reafirmar esta rectoría, el Estado conservaría el dominio sobre los bienes que integran las redes generales de transmisión y de distribución, vitales para el suministro de energía eléctrica. Asimismo, el Estado conservaría como área estratégica la generación de energía nucleoeléctrica.

La reforma que propongo pretende sentar las bases constitucionales para establecer el marco legal e institucional de una nueva industria eléctrica nacional, en la que se permitiría la participación del sector privado en la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad. De ser aprobada, en su oportunidad enviaré a consideración del H. Congreso de la Unión, un paquete de reformas a la legislación secundaria sobre la materia, para transitar hacia un mercado de electricidad que facilite la concurrencia de los sectores público, social y privado. En consecuencia, el esfuerzo inicial debe centrarse en desarrollar el marco institucional para reforzar la rectoría del Estado y establecer un mercado de electricidad.

Para el proceso de reforma y reestructuración, el sector eléctrico nacional deberá seguir una serie de etapas que permitan una transición sólida y ordenada. El proceso comenzaría con la reorganización de CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC), para prepararlas para el nuevo entorno. Posteriormente, tendría que haber una etapa de apertura de la industria eléctrica, que permita la participación en nuevos proyectos de inversionistas privados. Sólo hasta después de esta etapa se iniciaría el proceso de apertura a la participación privada en el capital social de las empresas públicas. Esto implica que esta participación no se realizaría durante la presente administración. Una reforma como la que se plantea, debe hacerse minuciosamente, sin apresuramientos que pudiesen afectar sus beneficios potenciales o la transparencia del proceso.

Una vez constituido un mercado eléctrico competitivo, existiría un mayor número de participantes en la industria que en la actualidad. Así, deberán distinguirse las empresas de generación encargadas de la producción de energía eléctrica; las empresas de transmisión responsables de la conducción de energía eléctrica a través de las líneas de alta tensión; las empresas regionales de distribución responsables de la conducción de energía eléctrica en líneas de media y baja tensión a los usuarios finales, y el organismo encargado del control operativo de la red nacional de transmisión y de la operación del mercado eléctrico mayorista, responsable de las operaciones del sistema de transmisión y el mercado mayorista.

En la nueva industria eléctrica, la actividad de generación se convertiría en una actividad completamente competitiva, en la que podrían concurrir los sectores público, social y privado. El Estado continuaría a cargo, en forma exclusiva, de la generación de energía nucleoeléctrica, a través de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que habría de constituirse para este efecto. También se constituirían una o varias empresas de participación estatal para administrar las plantas hidroeléctricas que están destinadas a propósitos múltiples y que por sus dimensiones no tienen la capacidad de afectar substantivamente la operación del mercado Por su parte, la infraestructura de generación eléctrica de las demás centrales hidroeléctricas podría ser concesionada a los particulares, quienes además podrían ser propietarios y operar libremente cualquier otro tipo de plantas de generación.

En virtud de que la red nacional de transmisión constituye el sistema físico a través del cual se lleva a cabo la conducción de la electricidad en la mayor parte del país, su operación tiene una importancia estratégica. Por ello, se propone que el Estado mantenga en forma exclusiva el control operativo de la red nacional de transmisión y, en consecuencia, el llamado despacho de energía eléctrica, por conducto de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.

Este organismo se encargaría de determinar el orden de entrada de las centrales generadoras a la red nacional de transmisión, bajo criterios técnicos y económicos preestablecidos, asegurando el acceso no discriminatorio a esta red y la transparencia en la operación del mercado.

Por su parte, una empresa podría tener concesionados los activos físicos de la red nacional de transmisión que corresponde al sistema interconectado nacional. Esta empresa sería responsable de la ampliación, conservación y mantenimiento de estos activos, pudiendo recibir una contraprestación por estas actividades. La empresa concesionaria tendría la obligación de ejecutar las maniobras ordenadas por el organismo descentralizado en su carácter de controlador operativo del sistema.

La distribución de energía eléctrica a través de redes de media y baja tensión estaría concesionada a empresas regionales de distribución. El país se dividiría en varias áreas de distribución en las que podrían operar empresas privadas.

Para efectos de su regulación, las redes de transmisión y de distribución habrían de identificarse como generales o particulares. Las redes generales estarían integradas por la infraestructura destinada al suministro de energía eléctrica a gran escala, mientras que las redes particulares lo estarían por las líneas de transmisión y distribución necesarias para el autoabastecimiento y para el suministro en pequeña escala.

Los activos físicos que integrasen las redes generales de transmisión serían del dominio público de la Federación Los activos de las redes generales de distribución, las cuales estarían a cargo de las nuevas empresas regionales una vez que se haya llevado a cabo el proceso de reestructuración, también serían del dominio público de la Federación.

Los concesionarios de redes generales de transmisión y de distribución estarían sujetos a regulación por parte del Estado, sobre seguridad, calidad y precio. El Estado establecería las tarifas máximas y definiría mecanismos de control y revisión tarifaria para que las ventajas que produzca la competencia, el avance tecnológico, la productividad y el funcionamiento del mercado sean trasladadas a los consumidores.

Los generadores, distribuidores y los usuarios que por sus consumos elevados sean considerados calificados operarían a través de un mercado eléctrico mayorista. Conviene que este mercado sea operado por el mismo organismo público que tenga a su cargo el control operativo de la red nacional de transmisión. Este organismo tendría la función de determinar, con base en criterios de costo mínimo y de seguridad de la red, la asignación de la capacidad de generación que cubra la demanda de los usuarios.

Los generadores conectados a la red nacional de transmisión venderían energía al mercado, al que concurrirían como compradores los distribuidores, los comercializadores de energía y los usuarios calificados. Los generadores podrían también celebrar contratos de largo plazo para el pago de las diferencias que resultasen entre el precio de las transacciones efectuadas en dicho mercado y el precio pactado por las partes. El funcionamiento de este sistema fomentaría la competencia entre los generadores, teniendo como resultado una mejor calidad y un menor precio.

La gran mayoría de los usuarios del servicio de distribución serían los que tuviesen consumos relativamente bajos, como las empresas medianas y pequeñas y los clientes residenciales. Estos usuarios recibirían un servicio integrado por parte de la empresa de distribución de su región. El suministro que recibiesen incluiría la conducción y venta de la energía eléctrica. El precio que pagarían al distribuidor sería regulado y la metodología para su cálculo establecería incentivos que promoviesen la reducción del precio al consumidor final.

La factura de los consumidores desglosaría el precio de generación, la tarifa de transmisión y la tarifa de distribución. El precio de generación sería determinado en el mercado eléctrico mayorista, mientras que las tarifas de transmisión y distribución serían reguladas por el Estado a través de un régimen de tarifas máximas.

La reforma permitiría que los usuarios del servicio de distribución se beneficien de la competencia en la generación de energía eléctrica y del establecimiento de incentivos para que los distribuidores mejoren su eficiencia y disminuyan sus costos. Una adecuada regulación y vigilancia del Estado permitiría que las ganancias que se obtengan beneficien a los usuarios finales.

Para los usuarios calificados, entre los que estarían las grandes empresas industriales, los beneficios de elegir al suministrador podrían ser mayores que contratar el suministro integrado con la empresa de distribución. Por ello, estos usuarios podrían adquirir la energía eléctrica con una empresa de generación, con un comercializador o en el mercado eléctrico mayorista, o bien contratar el suministro con la empresa de distribución de su región. En caso de requerirlo, el usuario podría contratar con la empresa de distribución únicamente el servicio de conducción de energía eléctrica.

La segmentación funcional de la industria eléctrica y la creación de un mercado eléctrico harían indispensable la adecuación del marco institucional del sector para lograr una clara separación de atribuciones y fortalecer la función reguladora del Estado.

El ámbito de participación del Estado en la industria eléctrica comprendería la conducción de la política energética del país; la definición y financiamiento de programas de electrificación rural y en zonas populares que aseguren el suministro eléctrico a todos los mexicanos; el otorgamiento de subsidios transparentes y directos a quienes verdaderamente los necesitan; la generación exclusiva de energía eléctrica de origen nuclear; la operación de algunas plantas hidroeléctricas y la de otras para respaldo del sistema; el control operativo de la red nacional de transmisión; la operación del mercado mayorista, y la expedición y aplicación de la regulación de la industria eléctrica en general.

En congruencia con lo expuesto, la presente iniciativa de reformas constitucionales en materia de energía eléctrica, que por su digno conducto presento a la consideración del Constituyente Permanente, se sustenta en las consideraciones siguientes:

Primera.- La capacidad de nuestro país para mantener el dinamismo de su economía y mejorar las condiciones de vida de la población depende en gran medida de la expansión y modernización del sector eléctrico nacional. Frente a las elevadas tasas de crecimiento de la demanda eléctrica que se prevén para los próximos años, se requiere de una nueva transformación de la industria eléctrica nacional; una transformación que reafirme la rectoría del Estado en un entorno de mayor apertura y competencia en el sector.

Segunda.- Los requerimientos de inversión en el sector eléctrico durante los próximos años ejercerán una presión sin precedente sobre las disponibilidades presupuestarias y la capacidad financiera del sector público.

Tercera.- Pretender enfrentar todos esos requerimientos exclusivamente con recursos públicos, implicaría no sólo poner en riesgo la modernización y expansión del sector eléctrico, sino también transferir parte de los fondos indispensables para atender necesidades básicas de las familias mexicanas.

Cuarta.- El avance tecnológico experimentado en los últimos años hace factible que el sector privado complemente al Estado en la tarea de impulsar al sector eléctrico. La suma de esfuerzos es la mejor garantía de que el país contará con un sector eléctrico acorde con su dinámica de crecimiento y con las aspiraciones de progreso y bienestar de los mexicanos.

Quinta.- La eficiencia y la competitividad de la industria eléctrica nacional serían promovidas por medio de la operación de un mercado eléctrico que permita garantizar que la demanda existente en cada momento sea cubierta con la energía eléctrica generada por las plantas que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad, estabilidad y precio.

Sexta.- La inversión privada, nacional y extranjera, haría posible la adquisición de las tecnologías más avanzadas para la adecuada expansión del sector eléctrico nacional, lo cual permitiría que nuestra economía continúe compitiendo en las mejores condiciones en el ámbito internacional.

Séptima.- La concurrencia de los sectores público, social y privado reforzaría la capacidad del Estado para atender objetivos prioritarios en materia de desarrollo social y combate a la pobreza, al igual que en materia de infraestructura básica para el país, como la relativa al agua.

Octava.- La reforma permitiría financiar los pasivos laborales de los actuales suministradores eléctricos mediante la creación de un mecanismo que respalde la totalidad del monto de los derechos de jubilación. En un ambiente de absoluto respeto a los derechos de los trabajadores eléctricos, las relaciones laborales de las empresas del sector eléctrico se regirían por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional.

Novena.- La expansión de la industria eléctrica que resultara de estas reformas y que la convertiría en uno de los sectores de mayor dinamismo de nuestra economía, sería una fuente de generación de empleos permanentes no sólo en ésta sino también en otras ramas industriales y de servicios.

Décima.- El Estado mantendría como área estratégica la generación nuclear y el control operativo de la red nacional de transmisión, actividad fundamental para la seguridad y funcionamiento del sistema eléctrico, al tiempo que ejercería su rectoría sobre el resto de la industria eléctrica como actividad prioritaria del desarrollo nacional.

Señores legisladores:

México busca ampliar sus horizontes económicos y tecnológicos para brindar mayor bienestar a su población. El Estado debe garantizar, como rector de la economía mexicana, condiciones y oportunidades para que los sectores social y privado puedan participar en la creación de infraestructura eléctrica, como palanca para el desarrollo del país.

Esta es una iniciativa con un contenido eminentemente social. Lo tiene porque parte del reconocimiento de que una industria eléctrica moderna es indispensable para responder a las expectativas de desarrollo y bienestar de la sociedad. Lo tiene, también, porque crea las condiciones para una amplia concurrencia de los sectores público, social y privado, bajo la rectoría del Estado, en esta área del desarrollo nacional.

De merecer la aprobación del Constituyente Permanente, las reformas permitirán al Estado canalizar más recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos sociales que la Constitución y las leyes que de ella emanan le encomiendan y para apoyar el desarrollo de nueva infraestructura básica, especialmente en el sector hidráulico. Además, en el marco del respeto absoluto a los derechos laborales de los trabajadores, estas reformas permitirán una mayor expansión de la industria eléctrica, lo que generará nuevas fuentes de empleo permanentes.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, Ciudadanos Secretarios, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 27 Y 28 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO UNICO.- Se reforman el sexto párrafo del artículo 27 y el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 27.- ...

...

....

....

.....

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevara a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares.

.....

.....

.....

I a X ..."

"Artículo 28.-....

.....

.....

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos; generación de energía nuclear; el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, los ferrocarriles y la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación, así como de las redes generales de transmisión y de distribución de energía eléctrica, de acuerdo con las leyes de la materia.

......

......

......

.....

......

......

.....

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- La ley que habrá de regular la participación de los sectores público, social y privado en las actividades de la industria eléctrica establecerá las bases para la reestructuración de la industria y el funcionamiento del mercado eléctrico.

TERCERO.- En tanto se expide la ley a que se refiere el artículo anterior, se continuará aplicando en sus términos la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en lo que no se oponga al presente decreto.

Palacio Nacional, a los dos días del mes de febrero de 1999.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Ernesto Zedillo Ponce de León (rúbrica)
 

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Oficios 

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DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL C. DOCTOR ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION DE LA ORDEN DE LA ROSA BLANCA, EN GRADO DE GRAN CRUZ CON COLLAR, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE FINLANDIA

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, a fin de solicitar se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Rosa Blanca, en grado de Gran Cruz con Collar, que le confiere el gobierno finlandés en ocasión de la visita de Estado que realizará a México, el excmo. señor Martti Ahtisaari, Presidente de la República de Finlandia, del 21 al 26 de febrero del año en curso

Agradezco a Uds. su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 1 de febrero de 1999
Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves
 
 

POR EL QUE SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO DE EMBAJADOR ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
PRESENTES

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación en oficio fechado el día 11 de diciembre último, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Francisco Correa Villalobos, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la tracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al nombramiento del C. Correa Villalobos. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero a Uds. las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 28 de enero de 1999

Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves
 
 
 

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Dictámenes 

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DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTOS DE DECRETO QUE CONCEDEN DIVERSOS PERMISOS A CIUDADANOS

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Federico Alfonso Urruchúa Durand, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República del Perú.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano embajador Federico Alfonso Urruchúa Durand, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República del Perú

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 28 de diciembre de 1998.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Florencio Raúl Cuevas Salgado, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Florencio Raúl Cuevas Salgado, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Militar, en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de enero de 1999.
 
 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Refugio Peñaloza Herrera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Cruzeiro do Sul, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano José Refugio Peñaloza Herrera, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional Cruzeiro do Sul, en grado de Oficial que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de enero de 1999.

 
 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Isabel Ismael Galván Nieto, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Miembro Honorario, que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano José Isabel Ismael Galván Nieto, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Miembro Honorario, que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de enero de 1999.
 
 
 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo José Dario Magaña López, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, José Dario Magaña López, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, José Dario Magaña López, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de las Fuerzas de Tierra, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de enero de 1999.
 
 
 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Sergio Joaquín Romero Cuevas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano embajador Sergio Joaquín Romero Cuevas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden José de Marcoleta, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Nicaragua.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de enero de 1999.

 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María de los Dolores Sofía Elena Ana Beístegui Rohan Chabot, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso a la ciudadana María de los Dolores Sofía Elena Ana Beístegui Rohan Chabot, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de enero de 1999.
 
 
 

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Carlos José Mauricio Prieto y Jacque, embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, lic. José Luis Martínez y Hernández, lic. Sylvia María Pandolfi Elliman de Ortiz y Alberto Ruy Sánchez Lacy, puedan aceptar y usar las condecoraciones de las Ordenes de las Artes y las Letras y de la Legión de Honor, en diferentes grados, que les confiere el gobierno de la República Francesa.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional y el Segundo Párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Carlos José Mauricio Prieto y Jacque, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano licenciado José Luis Martínez y Hernández, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana licenciada Sylvia María Pandolfi Elliman de Ortiz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Articulo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Alberto Ruy Sánchez Lacy, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República Francesa.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de enero de 1999.

La Primera Comisión de Trabajo: Sen. Amador Rodríguez Lozano, Presidente; dip. Francisco Loyo Ramos, secretario; sen. Luis Mejía Guzmán, secretario; dip. Alejandro Ordorica Saavedra, secretario; sen. José Trinidad Lanz Cárdenas, sen. Esteban Maqueo Coral, dip. Fidel Herrera Beltrán, dip. César Jáuregui Robles, dip. José Luis Lamadrid Sauza, sen. Auldárico González Gerónimo, dip. Luis Patiño Pozas.

 
 

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Proposiciones 

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PARA QUE LAS COMISIONES DE LAS CAMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES COADUYEN A LA SOLUCION DEL CONFLICTO ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA SECCION 65 DEL SINDICATO MINERO Y LA EMPRESA MEXICANA DE CANANEA 

Proposición de punto de acuerdo que suscribimos diputados federales y senadores para que las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y las Comisiones de Trabajo y Hacienda de la Cámara de Senadores coadyuven a la solución del conflicto entre los trabajadores de la sección 65 del Sindicato Minero y la Empresa Mexicana de Cananea

Los diputados federales y senadores que suscribimos, ante el conflicto que ha surgido entre los trabajadores que integran la Sección 65 del Sindicato Minero de la República Mexicana y la empresa Mexicana de Cananea, considerando:

Que el Congreso del estado de Sonora, en su pleno del día 24 de noviembre del año en curso tomó los siguientes resolutivos:

1. Otorgamos nuestro más amplio apoyo y solidaridad con los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero de Cananea, Sonora;

2. Nos pronunciamos por que las partes en conflicto privilegien la negociación y el diálogo conciliador en aras de preservar el funcionamiento y actividad productiva de esa importante fuente de trabajo;

3. Se evite en lo posible la instrumentación de políticas que lesionan o perjudican los derechos contractuales de los trabajadores mineros de ese Sindicato;

4. Que en los acuerdos que determinen la solución del conflicto, se evite en lo posible la ejecución de medidas orientadas al recorte de personal sindicalizado, así como el cierre temporal o clausura definitiva de áreas y departamentos productivos de la empresa;

5. Que el Sindicato Minero y la empresa Mexicana de Cananea promuevan de mútuo acuerdo una solución justa, legal y expedita al conflicto actual con el propósito de concluir éste a la brevedad posible;

6. Que en todo momento se respeten íntegramente los derechos económicos y salariales de los trabajadores sindicalizados establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Que los diputados federales y senadores que suscribimos el presente documento consideramos responsables y justos dichos resolutivos;

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Nos pronunciamos por que las partes en conflicto privilegien la negociación y el diálogo conciliador en aras de preservar el funcionamiento y actividad productiva de la fuente de trabajo.

Segundo.- Que las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, intervengan ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que se garantice el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y similares de la República Mexicana.

Tercero.- Que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores revise los contratos de compra-venta que suscribieron el Gobierno Federal y la empresa Mexicana de Cananea en 1990, con el fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos y actuar en consecuencia.

 
 

PARA QUE SE SOLICITE ENTREVISTA CON EL SECRETARIO DE GOBERNACION, A FIN DE QUE EXPLIQUE AL CONGRESO, LOS CRITERIOS Y METODOLOGIAS PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS PUBLICOS, PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL

El pasado viernes 29 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 33/99 de la Secretaría de Gobernación, por el que se aprueban los criterios de asignación, fórmula de distribución y monto de los recursos por destinatario y concepto del gasto, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Dicho Acuerdo, que distribuye entre las entidades federativas el dinero federal destinado a la seguridad pública, se basa en un modelo que asigna, de modo no explicado, valores porcentuales a diversos indicadores, como se indica a continuación:

Indicador poblacional, con un valor ponderado de 35 por ciento; índice delictivo, con un valor ponderado del 10 por ciento;

Avance de la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública, con un valor ponderado del 15 por ciento;

Inversión en proyectos convenidos, con un valor ponderado del 40 por ciento;

De esta forma, el total de recursos a distribuir se reparte atendiendo a los porcentaje arriba citados, como una vía para la equidad, según el texto del Acuerdo.

Aquí salta a la vista, sin embargo, el escaso valor atribuido a una de las variables más importantes para cualquier análisis que tenga por objeto determinar políticas públicas en materia de seguridad pública: nada menos que el índice delictivo, que en la ponderación antes descrita no merece más del 10 por ciento.

En el texto del Acuerdo se asienta que el cálculo de los porcentajes de asignación se realizó a partir de la información considerada, misma que no se menciona ni siquiera en forma resumida.

Como parte de los resultados de este sistema, tenemos resultados sorprendentes, como el del estado de Chiapas, en el que se asigna para profesionalización de sus instituciones de seguridad pública la cantidad de 19 millones 697 mil 055 pesos, mientras que para el rubro de equipamiento, tecnología e infraestructura se asignan 179 millones 927 mil 171 pesos, casi diez veces más, como si el grado de profesionalización de los elementos de seguridad pública de ese estado fuera tal que sólo les faltasen mejores armas.

Nos parece de obvio interés público el esclarecimiento completo de los criterios que llevaron a la distribución citada, y nos parece, además, que es precisamente este Poder Legislativo el encargado de fiscalizar y dar transparencia a las actividades de esa institución por demás oscura: el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Por todo lo anterior, y con fundamento en los artículos 79, fracción III de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, solicitamos a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión turne a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados la siguiente

Proposición

Unico. Se propone a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite entrevista con el C. Secretario de Gobernación, a fin de explique al Congreso, por medio de ése órgano camaral, los criterios, metodología y modelos cuantitativos que sirvieron como base para la asignación y distribución de recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 3 de febrero de 1999.

 

 

 

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Informes

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DE LA COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO, RELATIVO A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PARLAMENTARIOS PARA REVISAR CAIRO + 5, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DE 1999, EN LA HAYA, HOLANDA

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo + 5

Conferencia Internacional de Parlamentarios

Informe de la Delegación del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

La Haya, febrero de 1999

Introducción

Los días 3 y 4 de septiembre de 1994 se celebró la Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Población y el Desarrollo (CIPPD), en la cual legisladores de diversos países, incluyendo México, asumieron el compromiso de realizar actividades, en el marco de su competencia, para la promoción de la población y del desarrollo y para impulsar el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo ese año.

En el marco de la Conferencia Internacional de Parlamentarios para revisar los alcances de esos compromisos, la Comisión de Población y Desarrollo de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos presenta este informe de las actividades que se han llevado a cabo desde 1994, con la finalidad de promover un marco normativo adecuado para el cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo, y especialmente, de los compromisos derivados de la CIPPD.

El presente informe es producto del trabajo colegiado y plural de los integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo, con el apoyo del equipo técnico de la propia Comisión.

El Parlamento de México ante la población y el desarrollo

De acuerdo con el principio de división de poderes y con el sistema federal conforme al cual está organizada la República Mexicana, el Poder Legislativo está facultado para promover el cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo mediante la adecuación del marco jurídico de su competencia, y la revisión del presupuesto que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión autoriza anualmente para el gasto del Gobierno Federal.

El Poder Legislativo mexicano está organizado conforme al principio bicameral, y está compuesto por una Cámara de Senadores con 128 escaños y una Cámara de Diputados con 500 curules. Ambas Cámaras están organizadas en Comisiones que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, se integran por un número máximo de treinta legisladores, proporcionalmente a la representación de los diferentes grupos parlamentarios en la Cámara, y sus trabajos son conducidos por una Junta Directiva plural.

El tema de población cuenta con importantes antecedentes en la historia parlamentaria de México, pues ya desde 1823 el Congreso de la recién independiente República Mexicana contaba con una Comisión que se denominaba de Colonización o Población, en atención a la preocupación del Poder Legislativo por dar seguimiento a las políticas de colonización que el gobierno había emprendido para poblar el territorio de México.

De esta manera, y en forma ininterrumpida, los temas de población han estado presentes en el Congreso Mexicano. La Comisión de Población y Desarrollo fue creada en la Cámara de Diputados, como Comisión Especial, en el año de 1988 se constituyó en Comisión Ordinaria, con capacidad para emitir dictámenes, por reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión publicada el 20 de julio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación.

Además, en las Cámaras del Congreso Federal funcionan otras comisiones relacionadas con la población y el desarrollo, lo que permite al parlamento mexicano atender de manera especializada sus funciones:

En la Cámara de Diputados:

- Comisión de Población y Desarrollo

- Comisión de Asuntos Indígenas

- Comisión de Asuntos de la Juventud

- Comisión de Atención a Personas con Discapacidad

- Comisión de Desarrollo Social

- Comisión de Ecología y Medio Ambiente

- Comisión de Educación

- Comisión de Equidad y Género

- Comisión de Salud

- Comisión de Seguridad Social

- Comisión de Trabajo y Previsión Social

En la Cámara de Senadores: - Comisión de Población y Desarrollo

- Comisión de Asistencia Social

- Comisión de Asuntos Migratorios

- Comisión de Asuntos Indígenas

- Comisión de Atención a Niños, Jóvenes y Tercera Edad

- Comisión de Desarrollo Social y Ecología

- Comisión de Educación

- Comisión de Equidad y Género

- Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- Comisión de Salud

- Comisión de Seguridad Social

- Comisión de Trabajo y Previsión Social

Especial atención ha merecido para el Parlamento Mexicano el tema de equidad y género. Por primera vez en México, la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados conformó la Comisión de Equidad y Género, que es presidida de manera colegiada por una legisladora de cada grupo parlamentario. La Comisión se ha fijado como meta primordial el apuntalar la urgente necesidad de reivindicar los derechos de la mujer y, al mismo tiempo, fomentar una nueva cultura política basada en los principios que animan la inclusión de la perspectiva de género en las leyes, programas y políticas públicas.

En el mes de septiembre de 1998 se celebró en la capital mexicana la XII Reunión de la Comisión de la Mujer del Parlamento Latinoamericano, en la que se analizaron los asuntos relacionados con la situación actual de las mujeres en el hemisferio, así como los avances que existen en diversos países del área en torno a la difusión de una nueva cultura de la equidad entre mujeres y hombres.

Desde agosto de 1998 funciona, además, la Comisión Bicameral del Parlamento de Mujeres en México, en el que se recibieron casi quinientas ponencias en nueve mesas de trabajo en las que participaron más de 1,300 mujeres.

Para el periodo 1997-2000, la Comisión de Población y Desarrollo de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados ha formulado un programa de trabajo que abarca cuatro áreas temáticas:

1) Población y desarrollo

- Planeación para el desarrollo

- Estado del desarrollo humano

- Desarrollo sustentable

- Desarrollo regional

- Descentralización

- Pobreza

- Población indígena

- Grupos vulnerables

2) Dinámica y estructura de la población - Crecimiento demográfico

- Estructura de la población y grupos de edad

- Distribución territorial de la población

- Migración interna

- Migración internacional

3) Familia - Fortalecimiento de las familias

- Condición de la mujer

- Salud reproductiva

- Planificación familiar

4) Cultura demográfica - Educación y comunicación en población

- Investigación en población

- Formación y capacitación en población

La Comisión atiende estas áreas temáticas por medio de la legislación, del presupuesto y del seguimiento y evaluación de los programas sectoriales que el Poder Ejecutivo ha emitido en la materia: el Programa Nacional de Población 1995-2000, el Programa Nacional de la Mujer, Alianza para la Igualdad, 1995-2000, y el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1995-2000.

Además, la Comisión ha iniciado un proyecto de investigación en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Centro de Estudios de Desarrollo Urbano y Demografía de El Colegio de México y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objeto de publicar durante el primer semestre de 1999 el Primer Informe Nacional sobre el Estado del Desarrollo Humano en México.

Durante la presente legislatura la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados ha organizado dos foros para atender las opiniones de la sociedad y de los especialistas: el Foro Nacional Dimensión Poblacional en la Planeación Estatal, y el Foro Nacional sobre Infancia y Adolescencia.

A la fecha, han sido publicadas las memorias del primero de los foros mencionados. La Comisión ha creado dos Subcomisiones Especiales que procesan y estudian las propuestas vertidas en los foros para su atención legislativa formal.

Marco normativo general

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley fundamental del país, se asienta que:

...es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental. De esta manera, coexiste el ámbito jurídico federal, que obliga a todos los estados de la República, con la normatividad local, de acuerdo a su ámbito espacial de validez. Esta distinción es fundamental para la mejor comprensión del quehacer legislativo ya que en el acotamiento del ámbito jurídico federal se finca el respeto y promoción de un auténtico federalismo, indispensable para el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones locales.

La Constitución General de la República establece una serie de garantías reconocidas por el Estado mexicano en favor de sus habitantes, que tienen relación directa con el Programa de Acción de El Cairo; entre ellas, destaca el artículo 4, que dispone:

Artículo 4.- La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas.

Esta disposición constitucional ha sido objeto de diversas reformas: - En 1974 se elevó a rango constitucional la igualdad entre el varón y la mujer, así como la libertad sobre el número y espaciamiento de los hijos.

- En 1980 se incorporó a la Constitución el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental.

- En 1983 se garantizó constitucionalmente el derecho a la protección de la salud y el acceso a estos servicios.

- También en 1983 se integró a la Constitución el derecho de las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

- Finalmente, en 1992 se reconoció expresamente en la Constitución Federal la composición pluricultural de la Nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Por otra parte, de acuerdo con el sistema de distribución de competencias entre los órdenes de gobierno federal, local y municipal, el Congreso de la Unión sólo puede legislar en las materias que expresamente le son reconocidas por la propia Constitución General de la República, y corresponde a las entidades federativas, por exclusión, hacerlo respecto de aquellos temas que no estén reservados al Poder Legislativo Federal.

La Constitución Federal mexicana establece como materias exclusivas para ser legisladas por el Congreso de la Unión, en materia de población y desarrollo, las siguientes:

- Nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración, y salubridad general.

- Asentamientos humanos, expidiendo leyes generales que establezcan las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la materia.

- Planeación nacional del desarrollo económico y social.

- Protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, regulando la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno sobre este tema.

Por regla general, la legislación en materia de población es concurrente, y en su formulación participan tanto el Congreso Federal como los Congresos de cada una de las entidades federativas.

Al Poder Legislativo Federal le corresponde en forma exclusiva legislar en materia de nacionalidad, extranjería y migración, pero por lo demás, sólo puede dictar las reglas generales para organizar la manera en que el Gobierno Federal, los Gobiernos locales y los Gobiernos municipales han de participar en materias tales como el equilibrio ecológico, la salubridad general y los asentamientos humanos.

Para ello, se han dictado las siguientes leyes:

- Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de enero de 1974. A la fecha, este instrumento legal ha sido objeto de ocho reformas, la primera en diciembre de 1974 y la última en noviembre de 1996.

- Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 1984, y que ha sido reformada en junio de 1991 y en mayo de 1997.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de enero de 1988.

- Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de 1993.

Ley General de Población

A inicios del siglo la problemática poblacional era recuperar y multiplicar los recursos humanos. No obstante, la expansión demográfica derivada dio pauta al nacimiento de este ordenamiento para adecuar la política demográfica a las necesidades sociales de la Nación.

El primer ordenamiento relacionado a este tema, en el presente siglo, fue la Ley de Migración de 1908; le siguió la Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos en 1926 y 1930; y, finalmente, la Ley General de Población en 1936 y 1947.

La Ley General de Población fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974. En ella se establece la facultad del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para dictar, promover y coordinar las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.

El objetivo primordial de esta ley es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

En términos generales, el contenido de esta normatividad es el siguiente:

- Objetivos y atribuciones de las autoridades e instituciones correspondientes.

- Integración del Consejo Nacional de Población (Conapo), que concentra las atribuciones vinculadas con la planeación demográfica del país en relación con los aspectos del volumen y estructura, dinámica y distribución de la población en los programas de desarrollo. El Conapo está integrado por las siguientes secretarías de Estado: de Gobernación, de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria; además del Departamento del Distrito Federal y de los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

- Asuntos de orden migratorio: facultades, servicios y procedimientos; inmigración, emigración y repatriación.

- Obligaciones, atribuciones y procedimientos en lo relacionado con el Registro Nacional de Población.

- Normas para el registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana.

- Sanciones a las personas que no den cumplimiento a lo dispuesto en la Ley.

Las principales reformas de las que ha sido objeto este ordenamiento se refieren a: consagrar la igualdad entre el hombre y la mujer y fortalecer la unidad familiar, incorporar la calidad migratoria de refugiado, precisar las sanciones a quienes violen los procesos de ingreso al territorio, adecuar los criterios de admisión de extranjeros a territorio nacional, reforzar al Consejo Nacional de Población (Conapo) con la incorporación de otras dependencias, y establecer que la Cédula de Identidad tenga valor como medio de identificación.

La Ley General de Población faculta a la Secretaría de Gobernación para dictar, ejecutar y promover, ante las dependencias correspondientes, las medidas para:

- Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población.

- Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas, y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país.

- Disminuir la mortalidad.

- Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a la infancia, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan.

- Promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural.

- Promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional.

- Sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes, y procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio.

- Restringir la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija.

- Procurar la planificación de los centros de población urbanos, para asegurar una eficaz prestación de los servicios públicos que se requieran.

- Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados.

- Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha población.

- Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados.

- Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal estatal y municipal, así como las de los organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre.

La legislación mexicana en materia de salud

El Sistema Nacional de Salud ha superado un gran número de problemas y ha sido fundamental para hablar de logros actuales como su contribución al incremento en la esperanza de vida al nacer a 73.8 años promedio (77.0 años para las mujeres y 70.7 para los hombres), su participación directa en la reducción en esta década del 65 por ciento de la mortalidad de menores de 5 años por enfermedades diarréicas, así como el control de diversos padecimientos donde destaca la erradicación de la poliomielitis, lo que motivó que en 1995 México recibiera de la Organización Mundial de la Salud el certificado correspondiente. No obstante esos logros, el Sistema Nacional de Salud debe responder día a día a nuevas realidades socioeconómicas, políticas y epidemiológicas.

En la actualidad, con casi 95 millones de habitantes, el país presenta como características generales una desaceleración del crecimiento poblacional, así como diferencias importantes en las condiciones educativas, de saneamiento y de servicios entre los medios urbano y el rural. La población rural dispersa que reside en las más de cien mil localidades con menos de 500 habitantes, se ve afectada negativamente tanto por su condición de aislamiento como en la interacción con su medio ambiente por la falta de servicios de saneamiento básico.

El panorama de la salud enfrenta una transición epidemiológica, donde se presentan tanto las enfermedades propias de países desarrollados como las denominadas enfermedades de la pobreza.

El Sistema Nacional de Salud ha avanzado en las últimas décadas en los aspectos de coordinación, ha modernizado su infraestructura y funcionamiento y ha enfrentado exitosamente las enfermedades prevenibles por vacunación, las enfermedades diarréicas y otras endémicas como el paludismo.

La política actual de desarrollo social del gobierno de México 1994-2000 busca propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones que promuevan el cumplimiento de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, a fin de elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de la población.

Para el logro de las políticas gubernamentales opera el Plan Nacional de Desarrollo, en el que el Programa de Reforma del Sector Salud es el instrumento en la materia que plantea cambios estructurales y organizativos para consolidar una oferta de servicios de salud más eficientes, a partir de cuatro vertientes básicas:

- La descentralización a las entidades federativas de los servicios de salud a población abierta.

- El establecimiento de los sistemas estatales de salud.

- La ampliación de la cobertura de los servicios de salud.

- El mejoramiento continuo de la calidad de los servicios.

La descentralización a las entidades federativas, de los servicios de salud tiene como objetivos: - Contribuir a lograr un desarrollo regional armónico y equitativo, acorde a las necesidades locales.

- Lograr la efectiva distribución de facultades, atribuciones, funciones y recursos hacia los estados.

- Acercar a los usuarios los servicios a favor de atención oportuna y eficiente.

- Propiciar la toma de decisiones en el sitio donde se presentan los problemas.

En este contexto, la Secretaría de Salud, dependencia rectora de la salud en el país, fortalece su función normativa y de coordinación nacional, dejando la operación de los servicios a los gobiernos de los estados; por lo tanto, refuerza los sistemas de vigilancia y control, asegurando que la política nacional en materia de salud responda eficazmente a las prioridades nacionales.

Por su parte, los gobiernos de las 32 entidades federativas, al asumir las nuevas atribuciones y facultades, tienen bajo su responsabilidad la dirección, coordinación y operación de los servicios de salud que se destinan a la población abierta, los que trabajan descentralizadamente bajo una forma coordinada y coherente, para dar paso a entidades organizativas que respondan con mayor agilidad y eficiencia a las necesidades propias de cada región.

En este marco de descentralización de los servicios de salud, se crea el Consejo Nacional de Salud, como la instancia de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para la planeación, programación y evaluación de los servicios de salud en el país. Por lo tanto, al Consejo corresponde la consolidación del Sistema Nacional de Salud, unificando criterios para el cumplimiento y evaluación de los programas de salud pública.

En agosto de 1996, el Ejecutivo federal, los gobernadores de los estados y los trabajadores de la Secretaría de Salud firmaron el Acuerdo Nacional y el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud con cada uno de los estados.

Así, los estados de la federación asumen cabalmente las responsabilidades que la Ley General de Salud les ha asignado, a fin de manejar y operar directamente los recursos financieros con la posibilidad de distribuirlos de acuerdo con las necesidades y prioridades locales, así como participar efectivamente en el diseño e instrumentación de la política nacional de salud.

De esta manera se da paso a la constitución de los sistemas estatales, en tanto que la Secretaría de Salud reorienta sus funciones como instancia normativa y operativa de aquellas materias que son ejercicio exclusivo de la federación, al mismo tiempo que fortalece las de coordinación, planeación, evaluación y seguimiento que le corresponden.

Otra vertiente de gran importancia de la reforma de salud es la ampliación de la cobertura de los servicios para acceder a los cerca de 10 millones de mexicanos con nulo o limitado acceso a servicios de salud en 1994. Como un elemento primordial de equidad y justicia social, la reforma planteó como objetivo fundamental llegar a este grupo de población con servicios esenciales de salud.

A través del Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), hoy 6.5 millones de esos 10 millones reciben el Paquete Básico de Servicios de Salud, que esta constituido por un conjunto de estrategias, acciones y actividades esenciales para la salud, orientadas a contener los daños con mayor prevalencia en la población, y cubren 33 mil localidades del país. Esta cifra se eleva a 8 millones de personas, al tomar en cuenta las diversas acciones de extensión de cobertura que llevan los organismos públicos descentralizados en las 32 entidades federativas del país. La meta del gobierno de México es que para el año 2000 la totalidad de esos 10 millones sean cubiertos con estos esquemas.

Como parte del mejoramiento de los niveles de salud se han enfocado las acciones a programas prioritarios como: salud reproductiva, atención a la salud del niño y de la niña, programa de vacunación universal, prevención de enfermedades diarréicas en menores de 5 años, infecciones respiratorias agudas, y de enfermedades de transmisión sexual incluyendo VIH/SIDA y adicciones, entre otros.

Dentro de las acciones de fomento a la salud se ha dado especial relevancia al programa La salud empieza en casa, programa basado en la participación comunitaria, dirigido principalmente a la mujer, y al Programa Municipio Saludable que promueve la creación de entornos saludables y el uso de tecnología apropiada para atender los aspectos de saneamiento de las comunidades con mayor marginación. Actualmente este programa está funcionando en más de la mitad de los municipios del país.

De acuerdo a los artículos 3 y 27 de la Ley General de Salud, son materia de salubridad general y parte de los servicios básicos de salud la atención materno-infantil y la planificación familiar.

Asimismo, en los artículos 61, 67, 68, 70 y 134 de dicho ordenamiento:

- Se establece el carácter prioritario de la atención materno-infantil y de la planificación familiar.

- Se enfatiza la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, la atención del niño y la promoción de la integración y bienestar de la familia.

- Se enfatiza la información y orientación educativa para adolescentes y jóvenes.

- Se determina que los servicios de salud deben constituir un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, con pleno respeto a su dignidad humana.

- Se determina que la supervisión y evaluación de la prestación de servicios de planificación familiar, a cargo de los sectores público, social y privado, así como el desarrollo de programas de comunicación educativa, se lleven a cabo de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población.

- Se promueve la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana.

- Se establece la coordinación de la Secretaría de Salud para la ejecución del programa nacional de planificación familiar de conformidad con la Ley General de Población y su reglamento.

- Se establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles entre las que se incluye el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

La legislación en población y salud en las entidades federativas

En materia de población, un paso importante para fortalecer el federalismo ha sido la creación de los Consejos Estatales de Población, que son las instancias dependientes de los gobiernos locales encargados de conducir la planeación demográfica. La descentralización de funciones y atribuciones de la federación hacia las entidades federativas en materia de población, sustentada en los acuerdos de coordinación entre los gobiernos de los estados y la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población, ha procurado un papel más activo en las tareas de la planeación demográfica por parte de las autoridades estatales, contribuyendo a ampliar los espacios de participación social y a integrar las demandas en materia de población, tanto a nivel institucional como en los diversos núcleos de la sociedad civil.

Actualmente, de las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana, una cuenta con legislación local en materia de población. La Ley de Población del estado de Baja California fue publicada el 17 de febrero de 1995.

Asimismo, existen proyectos en curso para la promulgación de leyes locales en materia de población en 10 entidades: Colima, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

En lo que se refiere a la legislación local en materia de salud, las 32 entidades federativas cuentan con los respectivos ordenamientos.

Los compromisos de la CIPPD en la legislación mexicana

En el curso del periodo comprendido entre 1994 y 1998 han tenido lugar la LVI y la LVII Legislatura del Congreso de la Unión.

Con el propósito de proporcionar y ampliar el marco jurídico en materia de salud, en el curso del período mencionado se han aprobado las siguientes reformas legislativas:

En materia de seguridad social (1994), reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, encaminadas a fortalecer las responsabilidades normativas, la coordinación y el control de sus diversas unidades y la desconcentración de sus actividades de carácter operativo, en especial la prestación de los servicios médicos y el otorgamiento de los beneficios económicos y sociales. Asimismo, las reformas a la Ley del Seguro Social de 1995 y 1996, se encaminan a brindar mayor protección y elevar la calidad de sus servicios, ampliar la cobertura y mejorar las condiciones en que se otorgan las prestaciones, así como ajustar los plazos y fechas de aportaciones económicas de los asegurados, con los que contempla la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo que respecta al sistema de salud, en 1997 se reformó la Ley General de Salud, teniendo como propósitos principales:

- En lo que toca a salubridad general, fomentar el uso de medicamentos genéricos; fortalecer el control sanitario con esquemas modernos dirigidos principalmente a las actividades de alto riesgo, sin que ello implique el incremento de trámites o mayor burocracia; disponer la utilización de insumos para la salud conforme a los tres niveles de atención médica; y actualizar el texto normativo respecto de los avances científicos en la materia.

- En materia de desregulación, redefinir los establecimientos que requieran de licencia o aviso de funcionamiento; agotar la autorización de protocolos de investigación; sustituir algunos permisos por avisos; agilizar trámites mediante la figura del tercero autorizado.

Como parte del Programa de Descentralización de los Servicios de Salud a los estados, iniciado en 1996, en diciembre de 1997 se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, incluyéndose un nuevo capítulo sobre fondos de aportaciones federales destinadas a coadyuvar con las entidades federativas en programas básicos, como los de salud, lo que se complementó con la incorporación de un rubro específico -denominado Ramo 33- en el Presupuesto de Egresos de la Federación 1998, estos fondos permiten la operación de los servicios estatales de salud.

La descentralización requirió de una amplia reforma de la legislación estatal, abarcando desde sus constituciones políticas, leyes orgánicas de la administración pública, leyes estatales de salud y sus leyes burocráticas, entre otras.

Entre las iniciativas que se encuentran en proceso de aprobación, se cuenta con el dictamen que será presentado en breve al pleno de la Cámara de Diputados, relativo a la descentralización de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed). El propósito de esta iniciativa es transformar la naturaleza jurídica de la Comisión para que de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud -como es en la actualidad-, se transforme en un organismo público descentralizado del gobierno federal, toda vez que este cambio dotará al organismo de autonomía y patrimonio propios para el mejor ejercicio de sus funciones.

Una propuesta de gran trascendencia para la salud reproductiva es el Punto de Acuerdo para que las instituciones de salud fortalezcan y promuevan campañas de difusión, información y educación con pleno respeto a las garantías individuales, para el uso adecuado del condón como una de las medidas más eficaces para la prevención y control de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH/SIDA.

Asimismo, se analiza una propuesta de adición a la Ley General de Salud (1998), que tiene el propósito de prohibir que se fume en los edificios públicos de jurisdicción federal, así como en los espacios cerrados de la misma índole, con excepción de aquellos destinados para los fumadores y otra iniciativa de modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (1998), en donde se propone aumentar el impuesto a los tabacos.

Por lo que toca al tema de familia, la legislación mexicana vigente otorga a los ciudadanos mexicanos prerrogativas para el ejercicio de sus derechos. La familia es reconocida universalmente como la unidad básica de la sociedad y como el ámbito natural de la reproducción biológica y social. Por tanto, el marco jurídico se adecúa para brindar toda la protección y el apoyo necesarios, principalmente a los miembros más vulnerables de las familias.

Existe una gran cantidad de ordenamientos jurídicos que se relacionan directa o indirectamente a la protección y apoyo de la familia y sus miembros vulnerables. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base de la legislación mexicana, consagra en el Capítulo Primero del Título Primero, las garantías individuales. Las disposiciones del derecho civil contemplan los actos jurídicos referentes a los individuos y que, de manera directa o indirecta están relacionados con la conformación de la familia así como con los miembros más vulnerables de ésta: las mujeres, los menores, las personas con discapacidad y los ancianos.

En materia de protección y apoyo a las mujeres y menores se han presentado varias iniciativas de ley entre las cuales destaca la expuesta el día 27 de octubre de 1998 que tiene como objetivo el de reformar el párrafo sexto y adicionar los párrafos séptimo y octavo del artículo 4 constitucional. En la exposición de motivos se plantea que la iniciativa tiene como objetivo promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los menores en las distintas etapas de su desarrollo, con estrategias que garanticen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Se propone "establecer un listado de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como mecanismos de protección para el ejercicio de los mismos. Sobre esta disposición es imprescindible anotar que no obstante que nuestra Carta Fundamental otorga garantías individuales a todas las personas, el hecho de que se contemple expresamente respecto de los menores, atiende a su calidad de sector vulnerable y por ende, digno de protegerse de manera especial". Y puntualiza que "en el mundo globalizado en que hoy vivimos se requiere contar con una disposición jurídica que no separe los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales. Precisamente, lo que se busca en la iniciativa es un enfoque integral de los derechos de los menores" Esta iniciativa está pendiente por dictaminarse.

Con anterioridad, el día 12 de noviembre de 1996, se presentó una iniciativa de Decreto y adiciones a diversas disposiciones relativas a los derechos de los menores, el decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo, la Atención y la Protección del Menor, así como también la Ley General de la Procuraduría de Defensa de los Derechos del Menor. En su conjunto, se pretende reunir en un sólo cuerpo legal todos los derechos de provisión, protección y participación del menor, y que incluyen los previstos en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Menor. Se busca propiciar la actualización de todas las leyes generales y secundarias, federales y locales, códigos y reglamentos, que estén relacionados directa o indirectamente con los menores. Esta iniciativa está pendiente por dictaminarse.

A mayor abundamiento, la legislación mexicana se ha adaptado para proteger a los miembros más vulnerables inclusive al interior de las familias. Con fecha del 30 de diciembre de 1997, fueron aprobadas una serie de reformas tendientes a: disuadir y castigar las conductas que generan violencia intrafamiliar; establecer medidas de protección a favor de las víctimas de este fenómeno y concientizar a la población del problema, al tiempo de propiciar que las autoridades desarrollen políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar esas conductas. Estamos frente a una de las situaciones en que el derecho se ha de convertir en el principal agente de cambio. La iniciativa de decreto reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. La exposición de motivos es muy clara: "La familia es y ha de ser espacio para que sus miembros se desarrollen a cabalidad como seres humanos, siendo la violencia, en el núcleo familiar, un elemento deteriorante e incluso destructivo de su unidad esencial".

La violencia familiar no puede considerarse como un asunto que sólo corresponde a la vida privada de las personas. Sus consecuencias afectan al conjunto familiar, que es el grupo primario y fundamental de sustento para nuestra sociedad, y se extienden a todo el complejo social. Esa violencia al interior del núcleo básico de convivencia humana genera focos de agresión que se pueden transformar en conductas antisociales fuera de este ámbito. Se ha comprobado que niñas y niños que provienen de hogares con problemas de violencia, reproducen las mismas actitudes y conductas de sus padres, así como que la violencia entre cónyuges afecta a los hijos.

Para tal efecto, se entendería por violencia familiar, el "uso de la fuerza física o moral de manera reiterada en contra de un miembro de la familia por otro de la misma, que atente contra su integridad física o síquica, independientemente de que pueda o no producir lesiones; siempre y cuando el agresor y el agraviado cohabiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato".

La iniciativa aprobada contribuye a erradicar los casos de violencia familiar dentro del matrimonio ya que, con las reformas, se logra definir que el tipo de comportamiento violento entre cónyuges, y el incumplimiento del cónyuge, podrían invocarse como causal de divorcio. También quedaría prohibido al agresor, por orden judicial, no acercarse a la familia en tanto dure el proceso. Las modificaciones al Código Civil pretenden de manera general la protección a las víctimas de la violencia familiar, así como la prevención de actos de violencia principalmente a los menores que son "encargados" por los padres (principalmente por motivos laborales) a sus descendientes con familiares o parientes por periodos prolongados de tiempo. Esta custodia "de hecho" no implica derechos ni obligaciones, lo que redunda en detrimento del menor. Por ello, se estableció que cuando por cualquier circunstancia los parientes queden a cargo del cuidado de un menor, tiene las mismas obligaciones, facultades y restricciones de los tutores. Además, es importante precisar que quienes ejercen la patria potestad respecto de dichos menores no quedan relevados de coadyuvar, con quien custodie al menor, en todas las obligaciones derivadas.

En el ámbito del derecho penal, por considerar la gravedad que para nuestra sociedad tienen diversas conductas de violencia en el núcleo fundamental de convivencia, se realizaron diversas modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se logró que el responsable de ilícitos penales contra libertad y el normal desarrollo psicosexual y de violencia familiar, repare el daño pagando los tratamientos psicoterapéuticos que requiera la víctima cuando así sea necesario. Se ampliaron las penas por el delito de corrupción de menores e incapaces, y no sólo a los ascendientes que cometieran el delito, sino se amplió a otros parientes y a quienes no guardando ningún parentesco vivan en el mismo domicilio. Entre otras modificaciones destacan el incremento de la pena en agravio por abuso sexual, en función del daño social y personal que origina su comisión.

Con relación a la seguridad social, y de manera específica en lo que se refiere a la asistencia a la familia en el cuidado y la crianza de los hijos, la Ley del Seguro Social que entró en vigor el 21 de diciembre de 1995, así como los reglamentos del seguro de salud para la familia y para la prestación de los servicios de guardería, garantizan el derecho a la salud a los que están inscritos ya sea por el régimen obligatorio o por el voluntario, y en donde los asegurados o sus beneficiarios recibirán las prestaciones que otorga tal Ley.

Para el caso que nos ocupa, las mujeres trabajadoras o el padre trabajador viudo o divorciado que conserve la custodia de los hijos, cuando no puedan proporcionar a sus hijos cuidados durante su jornada de trabajo quedarán protegidos por el ramo de guarderías. Estos servicios serán proporcionados a los menores desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan cuatro años. Sin embargo, se establece que la guardería no es una unidad médica para los menores sino un servicio especial que comprende la guarda, custodia, aseo, alimentación, cuidado de la salud, educación y recreación de los hijos de los asegurados. Para otorgar los servicios, el Instituto Mexicano del Seguro Social establecerá instalaciones especiales por zonas convenientemente localizadas con relación a los centros de trabajo y de habitación en las localidades donde opere el régimen obligatorio.

Dado que uno de los mayores retos para la seguridad social en México ha sido desde siempre brindar protección a toda la población, se presentó el día 2 de febrero de 1998 una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social, que pretende que las personas con alguna discapacidad puedan afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente, la seguridad social no cubre a todos los grupos de la población mexicana, que por condiciones de padecimiento temporal o permanente, de una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales, se han visto privados de los servicios que otorga al resto de la población mexicana. La exposición de motivos puntualiza "Ciertamente no se pretende con esta reforma el que se afilien al seguro social personas con enfermedades preexistentes que requieran tratamientos costosos, sólo se busca que las personas que tienen alguna discapacidad, puedan afiliarse y gozar de los beneficios de la seguridad social, aunque de éstos queden excluidos expresamente: terapias y tratamientos derivados de su discapacidad, pero sí puedan gozar de los demás beneficios y de los tratamientos derivados de cualquier otro padecimiento no ligado a su discapacidad". Esta iniciativa está pendiente por dictaminarse.

En lo que respecta a la promoción de igualdad de oportunidades de los miembros de la familia, y para el caso que nos ocupa, a las mujeres, el día 23 de abril de 1998 se presentó una iniciativa de ley que propone reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo cuyo objetivo principal es el de brindar un trato igualitario a hombres y mujeres en la selección, contratación, capacitación y promoción, así como proteger la maternidad. Es imperativo el reconocimiento de que la población femenina desempeña un papel protagónico en el proceso de desarrollo y es sujeto fundamental del mismo, amen del papel estratégico que desempeña en la transmisión de nuestra cultura, de sus valores y en los avances democráticos. Esta iniciativa está pendiente por dictaminarse.

También con fecha del 15 de octubre de 1998 se presentó una iniciativa de ley con respecto a la situación de la mujer asalariada, que apoya a las madres trabajadoras en el periodo de preparto y posparto. La exposición de motivos hace alusión los derechos de la mujer que han ido evolucionando paulatinamente a través del tiempo, hasta lograr el reconocimiento de algunos de sus derechos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país y en nuestra Constitución Política y sus leyes reglamentarias. Sin embargo, en los hechos, la participación económica femenina se ha incrementado sustancialmente en los últimos veinte años, pasando de una tasa de participación económica del 17.6 por ciento en 1970 y cerca del 35 por ciento en 1995. La creciente inserción de la mujer en la actividad económica, como parte del proceso de modernización y expresión de las recurrentes crisis económicas, ha incrementado sus aportaciones monetarias dirigidas a satisfacer las necesidades de consumo básico en los hogares. Empero, la legislación en materia laboral aún es inequitativa. Esta iniciativa pretende modificar ordenamientos de la Ley Federal del Trabajo que se refieren a la solicitud de la empleada a transferir días de preparto a días de posparto, siempre y cuando no sea un trabajo de riesgo, la condición física de la embarazada lo permita y se cuente con la certificación médica correspondiente. Si por causa de un parto anticipado la madre trabajadora dejare de disfrutar de su periodo de descanso preparto, podrá transferirlo al periodo posparto. Esta iniciativa está pendiente por dictaminarse.

Destaca también la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, encaminada a que en la aplicación de los exámenes médicos a que se someten los trabajadores a fin de comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad infecto-contagiosa o incurable y que están previstos en los reglamentos interiores y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, se exceptúen las pruebas de detección del VIH/SIDA cuyo examen, en todo caso deberá ser voluntario, informado y confidencial. En esta propuesta de reforma también se contempla la prohibición a los patrones de negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, embarazo, discapacidad física o padecimiento, cuando se acredite la capacidad de estos para realizar las tareas que se requieren y no se ponga en peligro ni la vida del trabajador, ni las de sus compañeros de trabajo.

Otra iniciativa es la de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley General de Salud (1998), con el propósito de evitar influencias perturbadoras o nocivas para el desarrollo armónico de la niñez y juventud, fomentando los contenidos educativos, culturales y de orientación social, y evitando la transmisión de mensajes publicitarios cuyo contenido difunda el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco.

En mayo de 1998 fueron reformados los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, reconociéndose la figura de la adopción plena. Mediante estas reformas, se establece un sistema mixto para quienes deseen crear un vínculo jurídico que exclusivamente ligue al adoptante y al adoptado, bajo la adopción simple; mientras que otras personas pueden optar por una integración jurídica completa a través de la adopción plena y conseguir que el adoptado ocupe un lugar de verdadera filiación, reconociéndosele su parentesco con los ascendientes, descendientes y parientes colaterales del adoptante. Son susceptibles de ser adoptados bajo la forma plena los menores expósitos, los abandonados por más de seis meses, los hijos del cónyuge y aquellos que hayan sido entregados por el padre o la madre a una institución de asistencia, pública o privada. En los casos de adopción plena se levanta un acta de nacimiento en los mismos términos que la que se expide para los hijos consanguíneos, determinándose que a partir de su expedición no se publicará ni se expedirá ninguna constancia que revele el origen del adoptado, ni su condición de tal, salvo mandato judicial en otro sentido. La institución del registro civil, por su parte, debe abstenerse de proporcionar información acerca de los antecedentes de la familia original del adoptado.

Además, se han presentado iniciativas que actualmente son analizadas por las Comisiones Parlamentarias, destacando las que buscan dar mayor protección a los grupos vulnerables de la sociedad, con un total de 32. De esta manera, se ha promovido la mejora en las condiciones de vida de la población indígena, las personas con discapacidad, las víctimas de delito, los menores de edad, la juventud, las personas de la tercera edad, y las personas infectadas con el VIH/SIDA así como sus familiares.

Con la finalidad de promover mejores condiciones de vida de las mujeres, se han presentado en la Cámara de Diputados un total de 10 iniciativas.

La categoría de asistencia social recoge un total de 6 iniciativas dirigidas, principalmente, a incentivar la donación y distribución de productos alimenticios entre la población que vive en condiciones de pobreza.

En materia de migración, se aprobó en el Congreso una iniciativa enfocada a dar mayor protección a los derechos humanos de los extranjeros que radican en el país y a combatir el tráfico de seres humanos, y está en proceso de dictamen una iniciativa de ley para la protección de las personas desplazadas internamente.

En lo concerniente a marco legislativo que promueva un desarrollo sustentable de 1994 a 1998 se presentaron 25 iniciativas.

La promoción de la participación de la sociedad es fundamental para el desarrollo de cualquier nación. En este sentido, se han presentado 8 iniciativas encaminadas a abrir espacios para la participación de la sociedad civil en la planeación del desarrollo, en el proceso democrático, en la economía y en el desarrollo social.

Los compromisos de El Cairo y la movilización de recursos en México

Es facultad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión autorizar anualmente el presupuesto de egresos para el Gobierno Federal; de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Planeación, el presupuesto debe servir para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, que se elabora cada seis años, y con los programas sectoriales y especiales que se derivan del mismo.

El principal programa sectorial mexicano en materia de población y desarrollo es el Programa Nacional de Población 1995-2000; además, se han publicado el Programa Nacional de la Mujer, Alianza para la Igualdad, 1995-2000 y el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1995-2000.

El gobierno federal está obligado a rendir un informe de avances sobre la ejecución de cada uno de estos programas, en forma anual, y a proponer a la Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto de egresos sustentado en los programas de trabajo anuales que deben ser diseñados para cumplir las metas de los programas sectoriales.

Con esta información la Cámara de Diputados aprueba anualmente el presupuesto de egresos, que respecto de las dependencias de la administración pública federal a las que corresponde la coordinación o ejecución de los programas sectoriales relacionados con la población y el desarrollo, ha registrado el siguiente comportamiento:

En la Declaración de El Cairo sobre la Población y el Desarrollo, correspondiente a la Conferencia Internacional de Parlamentarios, se estableció en el inciso 1.12 un llamamiento a los parlamentarios de todos los países a fin de que se aprueben disposiciones presupuestarias para aumentar los recursos financieros asignados a la puesta en práctica de políticas y programas de población y aprueben legislación en apoyo de esas disposiciones.

Algunos de los aspectos específicos que se abordaron en aquella ocasión fueron: por un lado, la distribución más beneficiosa de los recursos con vertientes tales como la descentralización, la participación comunitaria, la focalización y el aumento de la capacidad a escala nacional; y, por otro, la transferencia de los mismos de los renglones dedicados a gastos de defensa.

Por su parte, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, resalta la importancia de la asignación de recursos con un enfoque especial en el desarrollo humano, que se traduce en diferentes categorías sectoriales: el mejorar las condiciones de la mujer, la salud y la educación (especialmente de los grupos en condiciones de mayor rezago), el generar empleos, atender problemas ambientales, frenar la tasa de crecimiento de la demanda de servicios sociales y el movilizar la acción comunitaria.

Con estos compromisos asumidos, y con la plena convicción de que las acciones públicas deben enfocarse al desarrollo del capital humano, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 1999 presenta las siguientes características: del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de este año, el 59.8 por ciento del gasto programable corresponde a la política social en contraste con el 1.61 por ciento asignado para gastos de Defensa Nacional. Si bien esta distribución del gasto favorece el desarrollo social, los recursos nacionales resultan insuficientes, tomando en consideración las restricciones que la caída de los precios del petróleo han impuesto en los ingresos públicos, y considerando las desigualdades regionales y el elevado porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza.

Asimismo, dentro del total del gasto social se observa una complementariedad en las estrategias para el desarrollo; el 53.3 por ciento está destinado a las acciones amplias (como educación y salud), el 6.5 por ciento al combate a la pobreza y el 40.2 por ciento a otros programas de apoyo a grupos vulnerables y regiones con alto grado de marginación.

En lo que respecta al gasto por sector, las cifras son las siguientes:

- Educación, $181,300 millones de pesos

- Salud y Seguridad Social, $168,060 millones de pesos

- Desarrollo Social, $13,097 millones de pesos

Las directrices que determinan el presupuesto de educación son tres: ampliar la cobertura para lograr la equidad en el acceso; elevar la calidad y reforzar la descentralización de los servicios a los gobiernos locales. Ya que, constitucionalmente, la oferta educación básica es una obligación del Estado, la cobertura de los servicios se ha adecuado a la evolución demográfica del país. De esta manera, como resultado de la disminución en las tasas de crecimiento poblacional, el número de niños y jóvenes en edad de cursar este nivel tiende a estabilizarse y a decrecer en años subsecuentes. Bajo este enfoque, el énfasis de expansión de los servicios estará dado en los niveles preescolar y secundaria, ya que la demanda de educación primaria se atiende prácticamente en su totalidad desde hace algunos años. Y no obstante, esto no significa que todos los menores asistan a la escuela y que su desempeño sea el idóneo. Es por eso que a la oferta de servicio se agregan estrategias focalizadas para satisfacer aquellos factores que obstaculizan la educación de los menores de la población en condiciones de marginación. Con este objetivo, se ofrecen becas a los niños y niñas que asistan a la escuela; se les da apoyo nutricional; y se da seguimiento a su estado de salud.

Cabe mencionar que en lo que respecta al gasto aprobado en materia de salud se debe observar que este sector es el más adelantado en el proceso de descentralización. Por lo demás, el presupuesto que fue autorizado en este renglón para el ejercicio fiscal de 1999 compromete al gobierno federal a dar atención al 96.9 por ciento de la población. En este sentido, existe el compromiso del gobierno que, en la concurrencia de gasto de los tres órdenes de gobierno, el énfasis estará dado en acciones preventivas y en las regiones de mayor rezago, con un enfoque subsidiario hacia los sectores más desprotegidos. Esto responde a la adecuación del sector a la transición demográfica y epidemiológica del país que presenta la coexistencia de enfermedades infecto-contagiosas con las crónico-degenerativas. Merecen especial atención las estrategias para brindar servicios básicos de salud a las poblaciones rurales dispersas, dadas por el Programa de Ampliación de Cobertura y el IMSS-Solidaridad, ya que debido a las condiciones materiales de vida y a la dispersión de las localidades más pobres es donde se presenta el perfil epidemiológico más atrasado.

En materia de desarrollo social, el combate a la pobreza extrema está articulado en tres estrategias: el desarrollo del capital humano, la generación de oportunidades de ingreso y el desarrollo del capital físico. Además, del gasto destinado a las estrategias focalizadas para el desarrollo social y productivo en regiones de pobreza, el total asignado suma $4,077,600,000 distribuido principalmente en cuatro fondos: el Fondo para el Desarrollo Productivo (que es el de mayor recursos); el Fondo para Impulsar el Desarrollo Regional Sustentable; el Fondo para Atender a Grupos Prioritarios; y el Fondo de Coinversión Social y Desarrollo Comunitario.

Asimismo, los parlamentarios mexicanos estamos convencidos de la necesidad de continuar los procesos de descentralización y promoción de los gobiernos locales y, principalmente, de los municipales. Es con este objetivo que, del total del gasto en los siguientes sectores: educación, salud, seguridad social, desarrollo social, agricultura, ganadería, desarrollo rural y medio ambiente, el 50 por ciento es ejercido por el gobierno federal, 49 por ciento es gasto federal descentralizado y cerca del 1 por ciento está dedicado a estrategias de focalización. Esta transferencia de recursos sirve de apoyo a los recursos estatales y municipales.

Por otra parte, en lo que respecta a las asignaciones presupuestales en materia de los programas sectoriales de Población y de la Mujer, en el ejercicio fiscal de 1999 se vio reflejada la restricción presupuestal que está viviendo el país debida, principalmente, a la caída de los precios internacionales del petróleo. De esta manera, en términos nominales el gasto para la ejecución del Programa Nacional de Población cayó en 3.18 puntos porcentuales, mientras que los recursos del Programa Nacional de la Mujer se vieron disminuidos en 13.32 por ciento.

Finalmente, la cooperación del Sistema Operacional de las Naciones Unidas con Representación en México, de acuerdo al monto de los presupuestos aprobados y en ejecución a julio de 1998, cercano a los $24,000 millones de dólares, refleja el siguiente comportamiento:

- Desarrollo social, 15.4%

- Educación, 0.008%

- Infraestructura, 1.14%

- Medio ambiente, 1.49%

- Planificación, políticas y asuntos de desarrollo en general, 3.7%

- Asistencia humanitaria y organización de operaciones en caso de desastres, 0.03%

- Población, 0.007%

- Salud, 1.33%

Debe apuntarse que la mayor parte de los recursos provenientes de la cooperación internacional, por lo menos durante 1998, fueron destinados a la apertura de líneas de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional. Estos recursos representan casi el 70 por ciento de esta cooperación internacional.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, FNUAP, ha comprometido a México recursos por $3.5 millones de dólares, destinados a financiar un total de 25 proyectos cuya duración oscila entre 1997 y el año 2001, dirigidos principalmente a los sectores de desarrollo social, salud y población, de acuerdo con la clasificación oficial del Sistema de Naciones Unidas. La mayor parte de estos proyectos están destinados a entidades federativas y municipios de alta y muy alta marginación, en donde se registran los rezagos demográficos más importantes, expresados sobre todo en la intensidad y la incidencia de la pobreza.

El Programa de País de FNUAP para México atiende debidamente las necesidades mexicanas, y la contraparte del Fondo, el Conapo, juega un papel muy importante en la definición de las prioridades a las que se destinan los recursos.

Sin embargo, en México el Parlamento no tiene competencia para participar en la definición y negociación del Programa de País y, en general, de ningún renglón de la cooperación internacional, a menos que se trate de la contratación de deuda pública.

 

 

 

 
 

DE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL, SOBRE SIMULACRO DE EVACUACION

En el marco de los trabajos desarrollados para que la H. Cámara de Diputados cuente con un Programa Interno de Protección Civil, el 21 de enero último se desarrolló un simulacro de evacuación, bajo los auspicios de la Comisión de Protección Civil y la Dirección de Protección Civil, dependiente de la Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Oficialía Mayor.

Un simulacro de evacuación o repliegue, es la culminación de una serie de actividades de diagnóstico, planeación, organización, capacitación e instrumentación, tendiente a varios propósitos, a saber, evaluar la capacidad de respuesta de una organización ante alguna eventualidad; evaluar la calidad de diseño de los planes de contingencia aplicables; y detectar condiciones existentes que pudieran incidir en la seguridad de un grupo humano que desarrolla labores en un inmueble, o bien, de las personas que acuden al mismo en busca de servicios.

Así, el simulacro mencionado, que es el primero de una serie que demuestra los avances en el desarrollo del Programa de Protección Civil de la Cámara, tuvo como escenario el restaurante Los Cristales, del Palacio Legislativo, e incluyó la ocurrencia de un sismo de 4.5 grados en la escala de Richter, y el encadenamiento posterior de un conato de incendio.

Su objetivo fue el de activar los sistemas de emergencia bajo situaciones controladas, a efecto de conocer los alcances de los mecanismos de respuesta con que se cuenta en las instalaciones del Palacio Legislativo, con que ante una eventualidad se dispondría, a efecto de actuar con conocimiento de causa en una contingencia real, fomentando también en los usuarios en general, la adopción de conductas y actitudes de auto-protección, encaminadas al fomento de la cultura de protección civil.

Al inicio del simulacro, el responsable de turno del restaurante, dio la señal de alertamiento, a la cual los brigadistas procedieron a colocarse los equipos de seguridad e identificación, y a conducir a las personas presentes a una zona de seguridad interna; dado que la evaluación física del inmueble arrojó como resultado la existencia de un conato de incendio en el área de cocina, se les condujo a un punto de reunión externo al local.

Hicieron entonces acto de presencia los bomberos de la H. Cámara, quienes procedieron a combatir y controlar el fuego, así como a rescatar a un usuario herido (simulado), mismo que fue entregado a los servicios médicos para su atención.

Una vez controlado el fuego, se realizó una evaluación de las condiciones físicas del inmueble, al término de la cual, y en razón de que el mismo ofrecía condiciones de seguridad para el restablecimiento de las labores, se procedió a la reincorporación de las personas y a la vuelta a la normalidad.

Dicho catálogo de acciones, de conformidad con el supuesto de diseño del simulacro, se desarrolló en 12 minutos, habiendo participado 165 usuarios y 60 trabajadores, entre los que se cuentan los brigadistas; se contó con el apoyo de 12 elementos de seguridad de la Cámara, 15 bomberos y 2 paramédicos, encabezados por el Director General de Resguardo y Seguridad, lic. Luis Alarcón Martínez.

El simulacro fue presenciado desde un punto externo, por la dip. Noemí Guzmán Lagunes, Presidenta de la Comisión de Protección Civil, e intervinieron en el mismo, como usuarios del restaurant, el dip. Martín Matamoros Castillo, secretario de la propia Comisión, y personal de asesoría de la misma, quienes coincidieron en apuntar que la movilización se desarrolló de manera satisfactoria y ordenada.

El subsecuente desarrollo de este programa de actividades, prevé la realización de simulacros en el CENDI de la Cámara, así como en el edificio D, para continuar posteriormente con otros espacios del Palacio legislativo, hasta culminar con el Salón del Pleno.

La oportunidad es propicia para extender nuevamente una cordial invitación al personal de la Cámara, a efecto de que participe en estas actividades, para cuyo efecto están a su disposición las extensiones 1515 de la Comisión de Protección Civil y 2029 de la Dirección de Protección Civil, donde se les ofrecerá la información que sobre el particular requieran.

Palacio Legislativo de San Lázaro
3 de febrero de 1999

Dip. Noemí Guzmán Lagunes
Presidenta

 

 
 

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Convocatorias 

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DE LA COMISION DE CORRECCION DE ESTILO

A su reunión de trabajo del miércoles 3 de febrero, a las 12 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Presentación del cuarto número de la revista Moción.

3. Presentación de los textos: "Sabiduría Popular, libro de refranes; Inscríbase con Letras de Oro..."

4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. América Soto López
Presidenta

DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

A su sesión ordinaria del miércoles 10 de febrero, a las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

3. Informe de la Presidencia.

4. Avances sobre los dictámenes de las iniciativas turnadas.

5. Avances sobre la iniciativa de Ley de Fomento Industrial.

6. Clausura.

Atentamente
Dip. Juan Bueno Torio
Presidente

 

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Diplomado 

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DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS, RELATIVA AL DIPLOMADO DE DERECHO PARLAMENTARIO

A todos los alumnos del Diplomado en Derecho Parlamentario (diputados, funcionarios de Cámara, secretarios técnicos, asesores y asistentes) se les comunica que:

Del 1 al 4 de febrero deberán presentarse en las oficinas del Instituto de Investigaciones Legislativas, ubicadas en el edificio B, planta baja, cubículo 15, para llenar las fichas de inscripción y recoger el calendario de pagos del diplomado.

Cabe señalarse que aquel que durante este periodo no se presente, se entenderá que no se inscribirá en este curso, por lo que se le dará su lugar a otra persona interesada.
 

CALENDARIO DE PAGOS DEL DIPLOMADO EN DERECHO PARLAMENTARIO

Asimismo, se les comunica que los depósitos tendrán que ser efectuados en cualquiera de las cuentas siguientes:

 A nombre de la Universidad Iberoamericana, AC.

Una vez que hayan efectuado el pago correspondiente, deberán entregar, en sobre cerrado y etiquetado con el nombre del alumno, la copia de la ficha de depósito con el sello de recepción del banco, al Francisco Palomino Ortega, secretario técnico de este Instituto, en el despacho ubicado en el edificio B, planta baja, cubículo 15, de esta H. Cámara de Diputados, a más tardar un día antes de que empiece el módulo correspondiente.
 

RESULTADOS

Evaluación

A todas las personas que realizaron el examen de clasificación del Diplomado en Derecho Parlamentario y a los demás interesados:

Por este conducto me permito comunicarles la forma en que fueron seleccionados los cincuenta alumnos que tendrán la posibilidad de cursar el Diplomado en Derecho Parlamentario que tanto este Instituto como el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana realizaremos conjuntamente.

Se decidió que todos los legisladores federales o locales, así como los altos funcionarios del Congreso Federal (de directores generales en adelante), tuvieran derecho a pase automático, ya que este diplomado fue ideado para incidir precisamente en este grupo político.

Tanto secretarios técnicos como asesores, asistentes y demás funcionarios de Cámara, tuvieron que realizar un examen de clasificación para obtener el derecho a inscripción. En su oportunidad se les facilitó una guía bibliográfica de estudios, que a continuación detallo, con los autores que ambas instituciones consideramos idóneos como antecedentes obligados para este grado, versando el examen sobre estos conocimientos:

-García Maynez, E. (1986). Introducción al estudio del derecho. México: Porrúa. + I Parte Caps. V-VII + IV Parte Caps. XXVIII-XXXI

-Hamilton, A., Madison, J. y Jay, J. (1994). El Federalista. México: Fondo de Cultura Económica. + Caps. XLVII-LXVI.

-Rabasa, E. y Caballero, G. (1997). Mexicano: Esta es tu Constitución. México: Miguel Angel Porrúa-Cámara de Diputados. +Título Tercero, Capítulo Segundo. Del Poder Legislativo.

-Sartori, G. (1996). Ingeniería constitucional comparada. México: FCE. II Parte.

-Tosi, S. (1996). Derecho parlamentario. México: Miguel Angel Porrúa-Cámara de Diputados. + Capítulo Segundo.

El examen consistió en 65 preguntas y fue realizado por los mecanismos de opción múltiple, verdadero y falso o llenado de espacios con una o dos palabras.

La forma de evaluación fue la siguiente: se consideró que el aspirante que lograra obtener un mínimo de 65 de calificación estaba aprobado. Esta cifra se justifica en el sentido de que, como cada módulo del diplomado debe ser aprobado con un mínimo de 70, consideramos conveniente darle oportunidad a aquellos que estuvieran cinco puntos debajo de este criterio.

Como el resultado fue que únicamente 26 de los 115 candidatos aprobaron el examen -que en la tabla aparecen con la leyenda "Examen Suficiente"-, se decidió que para el resto de los aspirantes, se considerara la siguiente ponderación: 75 por ciento del examen, el cual fue calificado sobre 60 y no 65 puntos; 12.5 puntos adicionales si son titulados, 8.5 si son pasantes, 5 si no han concluido los estudios y 0 si no tienen estudios profesionales; 2.5 puntos adicionales si pertenecen al Congreso; 5 si tienen posgrados previos y 5 si tienen experiencia legislativa anterior a esta Legislatura, lo cual da un total de cien puntos.

Los porcentajes fueron calculados con base en los siguientes argumentos:

1) Se decidió darle preponderancia al examen sobre cualquier otro rubro a consideración, por lo que este se ponderó como el 75 por ciento de la calificación final.

2) Se decidió que el otro rubro importante a tomar en cuenta fuera el del grado académico, sobre todo porque la Universidad Iberoamericana insistió mucho en que prefería titulados sobre pasantes. Fue por esto que se dio 12.5 puntos a quien estuviera titulado y 8.75 a quien fuera pasante.

3) Debido a que únicamente 5 de los aspirantes no pertenecían a Cámara y cuatro de ellos tuvieron un examen sobresaliente -el mejor examen con 52 puntos fue el de una aspirante externa al Poder Legislativo-, se le dieron a este rubro sólo 2.5 puntos del total. Cabe hacer la aclaración que en el tríptico se especificó que era Capacitación Interna para el Congreso de la Unión, sin embargo, a la gente externa que señalaba su interés en llevar este curso, se le indicó que únicamente sería admitido si hacía un examen lo suficientemente bueno como para destacar del resto de los demás, aspecto que todos cumplieron.

4) Del currículum de cada persona, y en aras de objetividad -se entiende que su evaluación forzosamente involucra apreciaciones subjetivas o de aspectos muy específicos que escapan a una valoración cuantitativa y uniforme- únicamente fueron tomados en cuenta dos aspectos: el primero es que tuvieran en su haber otros grados (tales como dos o más licenciaturas o contar con algún diplomado, maestría o doctorado), lo que equivaldría a 5 puntos y el que tuvieran experiencia previa a esta Legislatura, otros 5 puntos. La razón por la cual se decidió contemplar como rubros el de grados previos, fue por la gran cantidad de candidatos que contaban ya con estos cursos y por la necesidad de saber si ya tenían la experiencia de haber egresado de otros grados posteriores a la licenciatura, debido a que la exigencia académica para este diplomado será importante. La razón por la que se decidió contemplar el rubro de experiencia legislativa previa fue porque consideramos importante que este personal transmita sus experiencias al resto del grupo, de forma tal, que cada vez vaya consolidándose este ideal nunca aterrizado del Servicio Público Legislativo.

Los cálculos fueron realizados en Excel 5.0 bajo la siguiente fórmula:

=SI (B4>=65*65/100,"Examen Suficiente", SUMA (B4*75/60,SI(C4="Titulado", 12.5, SI (C4="Pasante", 8.75,SI (C4="Estudios No Concluidos",5,0))), SI (D4="Sí",2.5,0), SI(E4="Sí",5,0),SI (F4="Sí",5,0)))

con corrimiento hacia las demás celdas (celda por aspirante).

De donde: la columna B son los puntos del examen calificado sobre 65 aciertos; la C señala el grado académico de la persona; la D si pertenecen al Congreso o no; la E si cuentan con posgrados previos en su haber; y la F si cuentan con experiencia legislativa anterior a la LVII Legislatura.

La tabla de calificaciones definitivas se muestra a continuación. Cabe señalarles que son 49 y no 50 lugares los admitidos, ya que como ustedes verán en la hoja de cálculo siguiente, la máxima calificación total admitida fue de 67.5 puntos, la calificación siguiente era de 66.25 puntos, pero ésta cubre el rango de 9 personas, por lo que se decidió que, para no privilegiar a ninguna de ellas, el cupo se limitara a 49 lugares.

Sin embargo, en dado caso de que algún diputado o alguna de las personas aprobadas decidiera no inscribirse al diplomado, se hará un segundo examen exclusivamente a estas nueve personas, con el objeto de establecer quienes de ellos son los aspirantes elegidos para estar dentro de este diplomado.

Para cualquier aclaración al respecto sobre los puntos obtenidos en el examen o su ponderación, favor de dirigirse al suscrito a la extensión 3127.

Sin otro particular de momento y esperando haber aclarado las dudas respecto a la forma de evaluación del examen de clasificación para el Diplomado en Derecho Parlamentario, quedo a sus órdenes.

Atentamente
Francisco Palomino Ortega
Secretario técnico