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Orden del Día

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SESION DEL JUEVES 8 DE ABRIL DE 1999. INICIO 10 HORAS

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Primera Legislatura.

De los Congresos de los estados de Baja California, Guanajuato y Jalisco.

De la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Cambio de integrantes de Comisión).

Iniciativas de ciudadanos diputados

De reformas al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del C. Dip. Jorge Alejandro Jiménez Taboada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

De reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del C. Dip. Ramón María Nava González, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De reformas a diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del C. Dip. Pablo Gutiérrez Jiménez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo, de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. (Votación).

Minutas

Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos licenciada Adriana Novelo y Quintana, ingeniero Juan Bautista Morales Doria, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, senador Ernesto Navarro González, senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, maestra en ciencias María Julia Carabias Lillo y licenciada María Teresa Franco y González Salas, para aceptar y usar las condecoraciones conferidas por el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión).

Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano embajador Salvador Campos Icardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Fénix, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Helénica. (Turno a Comisión).

Excitativa

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del C. Dip. Juan José García de Alba Bustamante, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Proposiciones

Con Punto de Acuerdo sobre la integración de una Comisión Especial, encargada de vigilar el presunto desvío de recursos federales, en el proceso electoral del estado de Nayarit, a cargo del C. Dip. Luis Fernando González Corona, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del Procurador General de la República, para que informe sobre el caso de Mario Villanueva, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Dictamen a discusión

De la Comisión de Relaciones Exteriores con Proyecto de Decreto que concede autorización al Ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 18 de abril de 1999, a efecto de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y asista a la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).

Agenda Política

Comentarios sobre el 80 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.

Comentarios sobre el próximo nombramiento del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, a cargo del C. Dip. Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Deliberativo).

Comentarios sobre la situación del Sistema Bancario Nacional, a cargo del C. Dip. Alfonso Ramírez Cuellar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Deliberativo).
 
 

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Comunicaciones

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DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PRIMERA LEGISLATURA

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
PRESENTES

Recinto Legislativo, a 18 de marzo de 1999.

Por este conducto, nos permitimos remitir el punto de acuerdo presentado por el diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática y aprobado por el Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, en la sesión celebrada el día de hoy, lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Punto de Acuerdo

Primero.- Que esta H. Asamblea Legislativa, en defensa del sector eléctrico se manifieste públicamente en contra de la propuesta de privatizar el sector eléctrico y en defensa de éste recurso estratégico.

Segundo.- Que se haga un llamado a la H. Cámara de Diputados, para que por su conducto se celebre una consulta nacional, en donde se den a conocer las diferentes opiniones que tienen los trabajadores del sector eléctrico, sindicatos, universidades, centros de investigación, empresas públicas y privadas, partidos políticos y ciudadanos interesados en la problemática, en relación con la propuesta realizada el 2 de febrero del año en curso, por el Ejecutivo Federal para la reforma del sector eléctrico.

Reiteramos a ustedes nuestra consideración atenta y distinguida.

Por la Mesa Directiva
Dip. Rigoberto Fidencio Nieto López

Secretario
Dip. Margarita Saldaña Hernández
Secretaria
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF.

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada por la Comisión Permanente de esta H. XVI Legislatura del Congreso del estado de Baja California, se acordó solicitar a esa H. Cámara, derogue el decreto de Ley que modifica la Ley Federal de Derechos. (Se anexa Punto de Acuerdo).

Sin otro particular de momento, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California., a 15 de marzo de 1999.

La Comisión Permanente
Lic. Jaime Jiménez Mercado

Presidente
C. Juan Manuel Molina Rodríguez
Secretario

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 27, fracción I y 28, fracción I de la Constitución Política del estado de Baja California, así como del artículo 114 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a nombre de los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Turismo me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de acuerdo económico al tenor de la presente

Exposición de motivos

En las modificaciones a la Ley Federal de Derechos para 1999 aprobada por el Honorable Congreso de la Unión el pasado mes de diciembre, se autorizó el cobro de un Derecho para la internación de extranjeros (DNI), con el propósito de financiar la modernización. de los mecanismos y procedimientos de vigilancia y registro migratorio, así como agilizar la entrada de viajeros internacionales a nuestro país, recomendándose además que los recursos que deriven de dicho derecho sean utilizados también para la promoción turística de México.

Considerada una práctica vigente en varios países, el cobro de la forma de la estancia migratoria o de visa consular de turista en nuestro país entrará en vigor el primero de julio de este año y se aplicará a viajeros internacionales extranjeros de cualquier país que ingresen a México por vía aérea, marítima y terrestre, por la obtención del permiso migratorio de turista, visitante de negocios o transmigrantes, así lo establece el Diario Oficial de la Federación publicado el jueves 31 de diciembre de 1998.

De acuerdo a: la interpretación del cobro del derecho para la internación de extranjeros por parte de la Secretaría de Turismo Federal, serán considerados para este pago todo aquel que ingrese al país por la vía aérea; por la vía marítima a quien permanezca en el territorio nacional por más de 72 horas y por la vía terrestre a los viajeros que rebasen los limites del kilómetro 26 de la zona fronteriza norte y sur pudiéndose otorgar visas para múltiples entradas con un solo cobro, no siendo sujetos del derecho los viajeros internacionales por cruce fronterizo.

De acuerdo con datos proporcionados por el Banco de México, en 1996 el número de viajeros internacionales que ingresaron al país por la zona fronteriza de Baja California fue de 27.5 millones de personas.

De llegarse a concretar el pago de este derecho en la forma en que ha sido tan genéricamente planteado, las principales zonas turísticas impactadas del norte de nuestro estado en virtud de que rebasan los limites de kilómetros establecidos, serán el Municipio de Playas de Rosarito, Ensenada y la delegación de San Felipe, Municipio de Mexicali.

Dadas las características de los turistas que nos visitan particularmente del estado de California, solo por citar un ejemplo en el corredor Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada donde se cuenta con alrededor de 547 establecimientos que ofrecen productos y servicios a los visitantes turistas y excursionistas, estos se verán afectados en su economía al direccionar el comprador una parte de su gasto al pago del derecho de internación que se propone sea del equivalente a los 15 dólares.

En el mismo caso se encontraría San Felipe en su oferta de 218 establecimientos comerciales los cuales también verán reducido el gasto del turista o excursionista extranjero.

No debemos perder de vista: que el cruce de extranjeros por las 6 garitas del estado de Baja California ha disminuido y en el mejor de los casos ha tenido mínimos incrementos dado que de acuerdo con datos del servicio de inmigración y naturalización de los estados Unidos, en 1989 se registraron 36?853,514 cruces, en 1997 descendieron a 29?441,423 para llegar a 29?624,993 el año pasado, se considera que al haber un cobro extra será un importante decisor del turista extranjero el visitar cualquier destino de Baja California y aún más internarse a más de 26 kilómetros con el consecuente cobro en su caso del peaje carretero.

Debe quedar claro que no está a discusión el cobro de este derecho en el sentido estricto de que se trata -como ya se dijo-, de una práctica vigente en varios países incluyendo a nuestro vecino Estados Unidos con el propósito de obtener recursos destinados al mismo sector, lo cuestionable de esta medida lo genera la ambigüedad producto de lo genérico con lo que se establece en la Ley Federal de Derechos sin considerar realidades regionales como la que se presenta en nuestro Estado y sin que se haya presentado la reglamentación correspondiente a menos de cuatro meses de que entre en vigor el cobro del multicitado derecho.

Es el caso por ejemplo que en el decreto que modifica la Ley Federal de Derechos se establece que serán sujetos del cobro los "Visitantes Hombres de Negocios" definición que no aparece en las que establece el artículo 42 de la Ley General de Población ni en su reglamento.

Cabe destacar que aunado a la afectación que ha representado a la afluencia de turistas el grave clima de inseguridad personal y patrimonial que se vive en nuestro estado y la magnitud de la imagen negativa que esto ha traído a nuestra entidad, esta medida de recaudación fiscal de no considerar las particularidades de nuestra región en cuanto al monto del cobro y la adecuada instrumentación de medidas para obtenerlo, estará muy lejos de incentivar a los extranjeros a viajar a nuestro estado provocando una reacción adversa en nuestro desarrollo turístico, afectando seriamente los logros que se han obtenido mediante la promoción para mantener en ascenso esta importante actividad económica.

En un país como el nuestro donde día a día nos esforzamos por hacer de la democracia el mejor instrumento de convivencia, se hace necesario que este tipo de medidas se den a partir de acuerdos nacionales que considerando las particularidades de las regiones, legitimen las iniciativas que inciden directamente en el desarrollo de cada entidad.

Es por lo anterior que sometemos a la consideración de la H. Asamblea la siguiente:

Iniciativa de Acuerdo Económico

PRIMERO.- Que el H. Congreso del estado de Baja California solicite al H. Congreso de la Unión derogue el decreto de Ley que modifica la Ley Federal de Derechos.

SEGUNDO.- Que ésta Comisión Permanente envíe una copia del presente acuerdo a cada uno de los Ayuntamientos del Estado con el propósito de exhortarlos a que se sumen y hagan pública su posición respecto del impacto del cobro de este derecho.

En virtud de la urgente resolución que se requiere con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del estado de Baja California, así como por lo dispuesto por el artículo 126 del la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, solicitamos de esta soberanía la dispensa de trámite sobre la presente iniciativa.

Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Turismo de la XVI Legislatura del Congreso del estado de Baja California.:

Dip. Antonio Cano Jiménez, dip. Guillermo Aguilar Kayten, dip. Edgar Fernández Bustamante, dip. Miguel Delfín Castro.
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada por la Comisión Permanente de la H. XVI Legislatura del Congreso del estado de Baja California, se acordó solicitar a esa H. Cámara, retomen y asuman su responsabilidad en la determinación e intervención para el establecimiento de precios y tarifas en el servicio telefónico (Se anexa Punto de Acuerdo).

Sin otro particular de momento, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, Baja California., a 16 de marzo de 1999.

Dip. Jaime Jiménez Mercado
Presidente

Dip. Juan Manuel Molina Rodríguez
Secretario
 

Dip. Jaime Jiménez Mercado
Presidente de la Comisión Permanente
PRESENTE

Compañeros Diputados de esta Comisión Permanente:

La comunicación es la base fundamental que ha permitido el desarrollo de las ciudades bajacalifornianas, misma que hace posible una interlocución indirecta, inmediata, eficiente y práctica.

Por la comunicación millones de horas hombre y bastantes recursos económicos son aprovechados e invertidos con optimización.

El pasado 10 y hoy 11 de marzo de 1999, se informa públicamente sobre el alza de las tarifas del servicio telefónico de larga distancia en un 14.16 por ciento, generándose un alza periódica del 4.07 por ciento en el servicio local hasta completar un 12 por ciento durante 1999, está última implica los cargos de instalación, renta mensual básica y comercial así como el servicio medido, exceptuándose el cargo por instalación de una línea comercial que no quedará repercutido.

Se afirma que sucesivamente a partir de julio y en octubre del presente año ocurrirán más aumentos debidos a los ajustes inflacionarios prevenidos.

También se dice por conducto del Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones: "que se garantizará que los aumentos programados se mantendrán y estarán muy por debajo de la inflación estimada para 1999 y los próximos tres años".

Se manifiesta que: "con la aplicación de esta fórmula de precios tope a Telmex y su filial Telnor, la tarifa ponderada habrá de reducirse a lo largo del periodo de 1999-2002, 16.1 por ciento en términos reales".

Por lo expuesto públicamente se deduce que el aumento de tarifas del servicio de teléfonos se debe a la promoción de Telnor debido a la pérdida de 450 millones de dólares en su empresa. Asimismo provoca la ruptura del acuerdo firmado por Telnor; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con los Diputados Federales, mismo que convenía la estabilidad de las tarifas del servicio medido de telefonía.

Es importante destacar que en dicho acuerdo de estabilidad de precios del servicio medido, Telnor, bajo una acción de certeza para un servicio mediante en el cual se conociese al detalle los costos del servicio medido, se comprometió para 1999 a expedir a los usuarios del servicio telefónico el detalle de llamadas en este rubro, sin que hasta la fecha exista el cumplimiento de este compromiso que brindaría certidumbre a los usuarios de los costos del servicio medido.

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es trascendental y necesaria la existencia de un régimen de garantías a los usuarios del servicio telefónico, es toral también el conocimiento y el saber respecto del detalle de llamadas por el servicio medido.

Dicho todo lo anterior, cabe reflexionar y advertir que los propósitos y objetivos de la concesión del servicio de telefonía que en antaño era administrado y suministrado por organismos dependientes de la Federación, se hicieron consistir en esa imperiosa necesidad por desarrollar la competencia del sector privado en este sector de servicios, misma que generaría la disminución de costos por el servicio y valga la redundancia, un servicio de más y mejor calidad en beneficio de los usuarios.

De las manifestaciones informadas y recabadas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se advierte la falta de razonabilidad y necesidad del alza de tarifas telefónicas, mismas que no deben y debieron hacerse sustentar en las ineficiencias administrativas de las empresas encomendadas a la prestación de este servicio que son altamente redituables y que si bien en cierto, el servicio de telefonía proporcionado por Telnor no es de los considerados básicos para nuestra sociedad, si constituye uno de los principales servicios desarrolladores de la economía mexicana, aunado a otros también indispensables y necesarios.

Las acciones y medidas para el alza de las tarifas por el servicio telefónico, representan decisiones que debieron consultarse a la luz del estado económico que guarda la población, del derecho de los usuarios para contar con servicios de calidad, del cumplimiento o incumplimiento a los acuerdos celebrados en materia de telefonía, así como del impacto que dicha medida provocará en los usuarios de este servicio. En dicho sentido, el Gobierno Federal, debió prever la necesidad real de esta medida para que una vez justificada a plenitud, no quedarán dudas de la legitima necesidad y de la misma.

Bajo este contexto, miles de familias, comercios, empresas e industrias de todo el país y en lo particular de Baja California, deberán ajustar aún más sus presupuestos, seguir sin conocer el detalle de llamadas en latente contravención y desprotección al consumidor del servicio de telefonía, para limitarse a una nueva situación que no favorece nuestra economía, los derechos del usuario, ni el desarrollo de esta sociedad, golpeada por la inestabilidad de precios.

Señoras y señores, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, desacredita la justificación sobre el alza de las tarifas del servicio concesionado de teléfonos, dado que es precisamente al Gobierno Federal a quien le compete velar por propiciar que los ciudadanos de la República cuenten con servicios cuyas tarifas estén avaladas por las autoridades federales encargadas de aprobar dichos precios.

Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León Presidente de la República Mexicana, no es válido que por conducto de las instituciones a su cargo como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones se desentiendan de las condiciones esenciales y básicas para la prestación del servicio de telefonía ¿dónde queda pues el compromiso con el saneamiento de la economía de los mexicanos? ¿dónde está el sentido de la solidaridad y de la conciencia en el estado que guarda nuestra población? ¿qué nos espera y depara próximamente las reformas constitucionales que se están promoviendo en materia del servicio de energía eléctrica en cuyo contexto no se explican y detallan las reglas legales, ordinarias y reglamentarias que explican y dan forma a la prestación de servicios?.

Por lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, así como por lo dispuesto por el artículo l14 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, sometemos a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente Iniciativa de:

ACUERDO ECONOMICO

PRIMERO.- Que esta Comisión Permanente gire atento oficio al Ciudadano Presidente de México doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o, en su caso, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, informen a esta Soberanía, sobre la justificación y razonabilidad del alza en las tarifas del servicio telefónico, así como un informe de los gastos de operación y funcionamiento del servicio de teléfonos que acredite la necesidad del alza de precios tarifarios.

SEGUNDO.- Que esta Comisión Permanente, envíe el presente Acuerdo al Congreso de la Unión, solicitando que retomen y asuman su responsabilidad en la determinación e intervención para el establecimiento de precios y tarifas en el servicio telefónico.

En virtud de las prácticas parlamentarias desarrolladas por esta Soberanía para la dispensa de trámite de las Iniciativas de Acuerdo Económico y con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, así como en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, solicitamos de esta Presidencia se sirva someter a votación de la Comisión Permanente la dispensa de trámite sobre la presente Iniciativa.

Dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez García, a los 11 días de marzo de 1999.

Atentamente
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF
PRESENTE

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento de la manera más atenta, que en Sesión de Periodo Extraordinario llevada a cabo por la H. XVI Legislatura del estado de Baja California, celebrada el día 12 del presente mes de marzo, la Comisión de Hacienda y Administración presentó Dictamen No. 72 en cuyo punto Resolutivo No. 1 solicita lo siguiente:

Se realicen las gestiones necesarias ante el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de lograr que todo tipo de donativos en especie que realicen organizaciones, fundaciones o personas físicas del extranjero y que sean a favor de los Pueblos Indios de México, puedan ingresar al país con el aval del Gobierno del estado de Baja California.

Con las gracias por su atención al presente le reiteramos como siempre, nuestra distinguida consideración.

Atentamente
Mexicali, BC, marzo 16 de 1999.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Jaime Jiménez Mercado
Presidente

C. Juan Manuel Molina Rodríguez
Secretario
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF
PRESENTE

Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento de la manera más atenta, que en Sesión de Período Extraordinario llevada a cabo por la H. XVI Legislatura del estado de Baja California, celebrada el día 12 del presente mes de marzo, la Comisión de Hacienda y Administración presentó Dictamen No. 73 en cuyo punto Resolutivo No. 1 se aprueba se envíe atento comunicado en el cual se manifieste que en materia de Coordinación Fiscal, esta XVI Legislatura considera necesario replantear el monto de las Participaciones federales a los Estados y Municipios y que los conceptos de la Ley de Coordinación Fiscal se clarifiquen para no ofender la Soberanía de los Estados y su obligación de responder a las demandas de sus habitantes, motivo por el cual solicitamos que ese Congreso convoque a las Legislaturas de todos los Estados y del Distrito Federal, a una reunión de análisis sobre la Ley de Coordinación Fiscal por ser de importancia nacional.

Con las gracias por su atención al presente les reiteramos como siempre nuestra distinguida consideración.

Atentamente
Mexicali, BC, marzo 16 de 1999.
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lic. Jaime Jiménez Mercado
Presidente

C. Juan Manuel Molina Rodríguez
Secretario
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF

Me permito anexar al presente el acuerdo junto con su dictamen, aprobado por esta Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, en sesión de Diputación Permanente, celebrada en esta fecha, relativo al apoyo del acuerdo legislativo del estado de Campeche, para que se considere la inscripción del nombre del Jurista y Legislador Campechano Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, en los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., 9 de marzo de 1999.

La Presidenta de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado
Dip. Martha Lucía Micher Camarena
 

Acuerdo

La diputación permanente de la H. Quincuagésima Séptima Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato, acuerda:

Unico.- El H. Congreso del estado de Guanajuato, se adhiere al acuerdo expedido por el Congreso del estado de Campeche de fecha 3 de diciembre de 1998, a efecto de que la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión se sirva considerar la inscripción del nombre del jurista y legislador campechano Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, en los muros del salón de sesiones de su sede legislativa.

Guanajuato, Gto., 9 de marzo de 1999.

Martha Lucía Micher Camarena
Presidenta

Rubén García Farías
Secretario
 
 

C. Presidenta de la Diputación Permanente
PRESENTE

A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen la solicitud del H. Congreso del estado de Campeche por el que aprobó un punto de acuerdo a efecto de exhortar respetuosamente a las legislaturas de todas las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para brindar su apoyo al acuerdo expedido por el Congreso el 3 de diciembre de 1998, a efecto de que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se sirva considerar la inscripción del nombre de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, en los muros del salón de sesiones, de su sede legislativa, al conmemorarse el bicentenario de su natalicio.

Analizada la solicitud de referencia, nos permitimos formular las siguientes:

Consideraciones

Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, nació en Yucatán en el año de 1799, fue diputado al Primer Congreso General 1822-1823, pidió la independencia de Tabasco respecto de Yucatán y la abolición de pensiones y encomiendas a los descendientes de los conquistadores; defendió las ideas republicanas, liberales y federalistas y se opuso a Iturbide, por lo que fue encarcelado cuando éste disolvió el Congreso. Una vez en libertad pasó a Puebla y se dedicó a imprimir folletos. Fue diputado al Congreso Constituyente de 1823-1824, como miembro de la Comisión de la Constitución fue uno de los redactores de la Carta Magna de 1824. Fue diputado federal de 1827 a 1828 y senador por Yucatán de 1829 a 1830, de 1831 a 1832 y de 1833 a 1834. Estuvo en la cárcel por su oposición al golpe de estado de Anastasio Bustamante. A su regreso apoyó la gestión reformista de Valentín Gómez Farías. Encabezó la comisión redactora de la Constitución de Yucatán en 1840.

Fue Ministro plenipotenciario de México en Sudamérica. En 1843 formó parte del Consejo de Gobierno, Secretario de Relaciones Exteriores e Interiores en diversos periodos entre 1844 y 1846 en los gabinetes de Antonio López de Santa Anna, José Joaquín de Herrera, Valentín Gómez Farías y Mariano Salas. Como diputado federal en 1845 se opuso a la firma del Tratado de Guadalupe - Hidalgo, por el que México cedió más de la mitad del territorio a Estados Unidos. Falleció en la ciudad de México en el año de 1849.

Sin embargo la principal obra de este jurista y político campechano fue el proyecto de Constitución Yucateca de 1840, su obra significó uno de los más grandes adelantos que en materia de Derecho Constitucional ha experimentado el régimen jurídico mexicano.

Manuel Crecencio García Rejón y Alcalá juzgo conveniente y hasta indispensable la inserción de varios preceptos que instituyeran diversas garantías individuales, consignando por primera vez en México como tal la libertad religiosa y reglamentando los derechos y prerrogativas que el ciudadano que es aprehendido debe tener.

Más lo que verdaderamente constituyó un progreso en el Derecho Público Mexicano, fue la creación del medio controlador o conservador del régimen constitucional o amparo, como él mismo lo llamó, ejercido o desempeñado por el Poder Judicial, con la ventaja de que dicho control se hacía extensivo a todo acto anticonstitucional.

Los lineamientos generales esenciales del Juicio de Amparo establecidos por las Constituciones de 1857 y 1917 se encuentran en la obra de Manuel Crecencio García Rejón y Alcalá.

El principio básico sobre el que descansa la procedencia del Juicio de Amparo, esto es, el relativo a la instancia de parte agraviada, así como el de relatividad de las sentencias, se encuentran consagrados en el Proyecto de Ley Fundamental del estado de Yucatán.

Las ideas centrales contenidas en el Proyecto de Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá se adoptaron en la Constitución yucateca del 31 de marzo de 1841.

La diputada y diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales coinciden con los argumentos de los solicitantes en el sentido de que por sus notables méritos y brillantes aportaciones al campo del Derecho Constitucional es procedente distinguir la memoria de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, inscribiéndose su nombre en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dada cuenta que, además de ser un justo reconocimiento a sus aportaciones a la ciencia jurídica mexicana, conlleva una orientación cívica.

Por lo expuesto, los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, estimamos procedente apoyar la solicitud del estado de Campeche, ya que constituye un justo reconocimiento a la labor jurídica y política del creador del Juicio de Amparo; por lo que, sometemos a la consideración de la H. Asamblea, la aprobación del siguiente:

ACUERDO

Unico.- El H. Congreso del estado de Guanajuato, se adhiere al acuerdo expedido por el Congreso del estado de Campeche de fecha 3 de diciembre de 1998, a efecto de que la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión se sirva considerar la inscripción del nombre del jurista y legislador campechano Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, en los muros del salón de sesiones de su sede legislativa.

Guanajuato, Gto., 2 de marzo de 1999.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales: José Gerardo de los Cobos Silva, Presidente; María Elena Cano Ayala, secretaria; Armando Gómez Luviano, vocal; José Abén González Herrera, vocal; Francisco Javier Chico Goerne Cobián, vocal; Jesús Paz Gómez, vocal; Isidoro Arellano Varela, vocal.
 
 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF

El Honorable Congreso del estado libre y soberano de Jalisco, en sesión ordinaria de fecha 11 de los corrientes, aprobó el acuerdo económico No. 366/99, a iniciativa del diputado Salvador Arellano Guzmán, acordándose en el mismo, manifestar la inconformidad de esta Legislatura Jalisciense ante las autoridades federales responsables por la campaña difamatoria, denigrante, intimidatoria y persecutoria iniciada en esta Entidad, para el decomiso de los vehículos extranjeros que circulan en el Estado, y turnar atenta comunicación a esa alta representación popular, como tengo el honor de hacerlo por mi conducto y por instrucción de esta Soberanía, para que se dé una solución definitiva de inmediato al problema de los poseedores de vehículos extranjeros y solicitarles que dichas autoridades se abstengan de realizar toda acción de decomiso y de mal información.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo y reiterarles las seguridades de nuestra consideración y respeto.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jal., 12 de marzo de 1999.

Lic. María Carmela Chávez Galindo
Oficial Mayor
 
 

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Iniciativas

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DE REFORMAS AL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL C. DIP. JORGE ALEJANDRO JIMENEZ TABOADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía y Aurora Bazán López, diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de motivos

Vincular las nociones de control y Constitución supone concebir a ésta, no sólo como un conjunto de normas jurídicas de máxima jerarquía que regulan la organización del Estado y las relaciones básicas de éste con los ciudadanos, sino también, como el orden en el que el poder se legitima, y cuya función política es poner límites jurídicos a su ejercicio. De esta manera, las limitaciones que se fijen, deberán precisarse en normas, y los controles derivados de las mismas los realizarán órganos determinados. A estos últimos les corresponderá actualizar dichos límites, aunque para ello resulte necesario precisar los mecanismos para que lo lleven a cabo.

De esta manera, en el Estado constitucional el poder está, o al menos debe estar limitado; la Constitución y el derecho positivo configuran al poder como poder juridificado, legitimado y justificado, esto es, sometido al derecho que lo organiza y lo limita.

No es concebible, pues, la Constitución de un Estado democrático de derecho, si no descansa en la existencia de controles, de forma tal que el equilibrio de poderes que caracterizan al Estado democrático se asienten, no sólo en una compleja trama de limitaciones que singulariza a dicha forma política, sino en la existencia de diversos controles a través de los cuales esas limitaciones se hacen efectivas.

En ese sentido, limitación y control se presentan como dos términos inseparables en cuanto que el segundo garantiza la actualidad del primero. Por consiguiente, cuando nos referimos al poder limitado hablamos, también de poder controlado.

El Congreso, concebido como la encarnación de la soberanía nacional, encauzamiento de la voz popular y sustento del sistema democrático, ocupa un espacio central en el sistema político constitucional, sistema que lo individualiza como el único órgano representativo de la voluntad nacional, y que como tal, a él se le deposita la facultad supervisora de la política gubernamental, tal y como hasta ahora lo ha venido haciendo uno de sus órganos en esta Cámara de Diputados, me refiero a la Contaduría Mayor de Hacienda.

Pero la fiscalización de la política gubernamental, alcanza otras esferas, sin limitarse específicamente a las de carácter económico. Es así, como requiere de la creación de órganos que se encarguen de vigilar el cumplimiento de las políticas que el gobierno adopta en otros campos, igual o incluso más importantes que el económico, en asuntos cuya resolución o abordamiento requerirán de ser aclarados para que a la Nación no se le prive del Derecho de conocer realmente los acontecimientos sociales y políticos que suceden, ni se le oculte la verdad del adecuado o inadecuado funcionamiento de las políticas públicas.

La inspección y vigilancia, en este sentido, debe ser considerada como una práctica sana para evaluar los alcances obtenidos; de no hacerlo podríamos perder de vista lo que se ha hecho e incluso incurrir en retrocesos graves, en detrimento de las condiciones sociales de los ciudadanos de nuestro país.

Por ello, la creación de organismos encargados de fiscalizar la actividad política desarrollada por quienes la llevan a cabo, resulta un ejercicio recomendable para nuestro sistema democrático. Evaluar los avances alcanzados para poder así programar, lo que falta por atender o remediar es, por consiguiente, imperativo para nuestro desarrollo político y democrático.

Actualmente los lineamientos que el propio artículo 93 de la Constitución Política establece para llevar a cabo las prácticas anteriormente descritas, son insuficientes. El trabajo desarrollado por los organismos de fiscalización política que actualmente existen, no solo en la Cámara de Diputados, sino por el Congreso en general, se han visto frenados por el serio inconveniente de que dicho precepto no ha sido reformado; en síntesis, tal ordenamiento ha sido rebasado por el desarrollo de las condiciones políticas prevalecientes y merece y debe ser reformado, pues en la actualidad, en lugar de contribuir al desarrollo político, lo obstaculiza.

Igual trato merece, como consecuencia lógica, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de regular la estructura y funcionamiento de éste en los términos del artículo 70 de la Constitución General de la República, pues hasta ahora, los únicos organismos establecidos para vigilar las labores de los rubros o sectores de los que se ocupan, son las Comisiones Ordinarias, dejando para otro tipo de acontecimientos a las Comisiones Investigadoras. Dediquemos pues a estas Comisiones nuestra atención.

En el texto de esta Ley a este tipo de Comisiones, se les equipara con el funcionamiento de las demás, variando únicamente en su definición, constituyendo sin duda alguna, un grave y lamentable error. La finalidad de este último tipo de Comisiones varía en mucho de las Comisiones Ordinarias, pues su finalidad ni es controlar a la Cámara y fungir entonces como órgano de Gobierno, ni dictaminar las iniciativas que les fueron turnadas por la Mesa Directiva de la propia Cámara respectiva, ni mucho menos son de carácter permanente. Están diseñadas sólo para ocuparse de determinados asuntos específicos que resultan de interés para el adecuado orden y mantenimiento de nuestras instituciones sociales.

Hasta ahora, luego de que por una ardua labor parlamentaria se lograra la creación de algunas Comisiones de este tipo, su trabajo se ha visto entorpecido, en primer término, porque cuando requieren la comparecencia de ex-funcionarios públicos que bajo su encargo han realizado o permitido, por mala fe o por negligencia, actos ilícitos o de sospechosa legalidad materia de la investigación, éstos maliciosamente escapan a las comparecencias escudándose, fundamentalmente, en el argumento de que no comparecen porque dejaron de ser funcionarios públicos; y en segundo, en la imposibilidad misma, derivada de la redacción del actual artículo 93 Constitucional, de que personas ajenas a la realización directa e inmediata de los actos investigados, pero que cuentan con elementos suficientes para esclarecer las investigaciones, pudieran colaborar con las Comisiones de Investigación, privándose con ello de valiosos e importantes elementos para la consecución de las investigaciones.

Ante ese problema, consideramos que además de una reforma constitucional, debe reformarse en consecuencia, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para permitirle a estas Comisiones, el que puedan requerir la comparecencia de ex-funcionarios públicos que presumiblemente resulten responsables de los actos ilícitos que se les imputen, así como contar con una organización más viable que facilite desde su creación, la difusión de sus trabajos y de los resultados alcanzados.

La fiscalización no coactiva de estas instituciones, demuestra apertura y claridad en el trabajo de las diversas fuerzas parlamentarias. Si con ello se aclaran manejos turbios o se dilucidan administraciones correctas y apegadas a derecho, con ella consolidaremos nuestro sistema democrático vigente.

Al respecto, debemos considerar la experiencia que otros países han experimentado respecto de este tipo de innovaciones, trayendo consigo resultados óptimos y adecuados para las instituciones democráticas, pues lejos de que se manipule la información y los resultados de las investigaciones, se ha constatado un notorio y evidente avance democrático con la participación de los diversos sectores sociales que resultan involucrados.

Finalmente, con la reforma propuesta, no se persigue obtener un medio para revanchismos políticos ni de atacar a una sola fuerza política con presencia en las esferas gubernamentales, pues los órganos de fiscalización vigilarían a cualquier organismo político con presencia y representación políticas.

La veracidad y transparencia en el manejo de las políticas públicas, independientemente de quién sea el que las encabece y orqueste, justifican la adecuada regulación de los trabajos y atribuciones de las Comisiones de Investigación.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

DECRETO

Mediante el cual se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se deroga el artículo 52 y se adiciona una Sección Primera al Capítulo Quinto del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, denominado "De las Comisiones Investigadoras", junto con los artículos 58 A, 58 B, 58 C, 58 D, 58 E, 58 F, 58 G, 58 H, 58 I y 58 J que la integran.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93.- ...

Cualquiera de las Cámaras, o sus Comisiones, podrán citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los Jefes de los Departamentos Administrativos, a los directores y a los administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, a los que hayan desempeñado con anterioridad cargos públicos y que en la actualidad ya no los ocupen o estén ocupando otro, así como a todos aquellos que sin ocupar cargos en la administración pública centralizada o descentralizada, para que informen o aporten elementos cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Las Cámaras de Diputados y de Senadores, a pedido de una quinta parte de sus miembros o por acuerdo de cuando menos dos de sus Comisiones ordinarias, integrarán comisiones que tendrán la facultad de investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados, de empresas de participación estatal mayoritaria, así como sobre cualquier asunto de interés público de competencia federal. Los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones, que en su caso se emitan, se harán del conocimiento del Pleno de la Cámara respectiva, del Ejecutivo Federal y aún del Ministerio Público Federal, cuando se desprenda la posible comisión de delitos contra la Federación, para que adopten las medidas y ejerciten las acciones que fueren procedentes.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 52 y se adiciona una Sección Primera al Capítulo Quinto del Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, denominado "De las Comisiones Investigadoras", junto con los artículos 58 A, 58 B, 58 C, 58 D, 58 E, 58 F, 58 G, 58 H, 58 I, y 58 J, para quedar como sigue:

Artículo 52.- Se deroga.

SECCION PRIMERA.
De las Comisiones Investigadoras

Artículo 58 A.- Son comisiones investigadoras las que se integran para tratar los asuntos a que se refiere el párrafo final del artículo 93 de la Constitución General de la República.

Artículo 58 B.- Para la integración de las Comisiones Investigadoras, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, deberá cuidar que en aquellas estén representados todos los grupos parlamentarios.

Artículo 58 C.- La presidencia de las comisiones investigadoras será permanente y recaerá en un diputado del Grupo Parlamentario por cuya iniciativa se haya propuesto su creación, o de alguno de los diputados integrantes de las Comisión Ordinaria que también hayan propuesto su creación, siempre que no sea el Presidente cualquiera de ellas.

Artículo 58 D.- El Presidente de las Comisiones investigadoras, una vez instaladas estas, después de señalados los integrantes de la Junta Directiva y una vez integrado el cuerpo de apoyo técnico de las mismas, deberá de presentar a la Comisión de que se trate, un plan de trabajo que contendrá las líneas de investigación sobre las cuales versará el desarrollo del trabajo de la Comisión. Una vez aprobado éste, podrán seguirse nuevas líneas de investigación, independientemente de que se refieran o no a los hechos que motivaron la creación de la Comisión, siempre que estas redunden en beneficio del interés público.

Las Comisiones investigadoras serán dotadas de todos aquellos recursos humanos y materiales necesarios, a efecto de cumplir con sus fines de manera adecuada por todo el tiempo que resulte pertinente para agotar las líneas de investigación acordadas, al término de las cuales deberán rendir un informe detallado de su correcta utilización, pretendan o no se prorrogue su funcionamiento.

Artículo 58 E.- Las resoluciones que adopten las Comisiones deberán ser adoptadas por mayoría de sus integrantes, teniendo en todo caso voto de calidad el Presidente de las mismas.

Artículo 58 F.- El Presidente de las comisiones de Investigación, a petición de cuando menos dos de sus integrantes de distintos Grupos Parlamentarios, requerirá en cualquier tiempo, hasta antes de rendirse el informe definitivo al Pleno, la comparecencia de las personas a las que se refiere el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución, ante la comisión de que se trate, a efecto de cumplir con los fines para los que haya sido creada; bajo los mismos términos deberán reunirse con toda persona interesada que pueda aportar elementos, documentos o informes, que puedan resultar relevantes para el adecuado desempeño de su funciones.

Las comparecencias o reuniones, a que se refiere el párrafo anterior, serán obligatorias e improrrogables, salvo en el caso de que el compareciente acredite la imposibilidad para acudir ante la Comisión, o los diputados promoventes de las mismas retiren por causa justificada su propuesta, circunstancias que deberán ser valoradas por la Comisión, a efecto de diferirlas o cancelarlas definitivamente.

El reglamento establecerá las medidas de apremio que podrán ser adoptadas por las comisiones de investigación para hacer cumplir sus determinaciones; sin perjuicio de acudir en queja ante el superior jerárquico del servidor público de que se trate o ante el Presidente de la República, a fin de que se sancione al empleado federal que se resista a comparecer o incurra en rebeldía.

Artículo 58 G.- Una vez tomado el acuerdo para la celebración de las comparecencias o reuniones a las que se refiere el artículo anterior y el formato a que estas se sujetarán, las mismas se verificarán conforme a las siguientes bases:

I.- La citación a los comparecientes, sean servidores públicos o no, deberá ser realizada, a petición del Presidente de la Comisión, por conducto del Oficial Mayor con cuando menos diez días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión respectiva, quien será responsable de su debido desahogo, la citación deberá contener una relación sucinta de los hechos que la motivan;

II.- Las reuniones respectivas serán públicas y transmitidas, según la disponibilidad de tiempo, por los medios de difusión propios del Congreso de la Unión, siempre que no se trate de asuntos que por su naturaleza puedan afectar la seguridad nacional, la dignidad de las personas, entorpecer el desarrollo de las investigaciones o interferir con una averiguación previa en trámite, en cuyo caso todos aquellos que hayan estado presentes durante la celebración deberán guardar la debida discreción, de lo contrario se harán responsables de las sanciones o a la reparación del daño que hubieren causado;

III.- Los comparecientes podrán se asistidos durante el desarrollo de las reuniones por hasta tres personas de su confianza, sin que estas puedan intervenir o responder directamente los cuestionamientos formulados por los por los legisladores participantes;

IV.- Los comparecientes serán protestados para conducirse con verdad y se les hará saber las penas en que incurran los falsos declarantes, en términos de las disposiciones penales aplicables; hecho lo cual, en tratándose de los casos de excepción a que se refiere la fracción II anterior, y una vez concluida la reunión, se levantará un acta circunstanciada, misma que deberá ser ratificada y firmada por quienes hayan intervenido; y

V.- Sólo por razones supervenientes que lo justifiquen plenamente, podrá ser citada nuevamente una persona que ya haya comparecido ante la comisión respectiva.

Artículo 58 H.- Al concluir las actividades de las Comisiones, deberán presentar un informe detallado de las actividades realizadas por las mismas, y de resultar procedente, formulará las recomendaciones o denuncias que correspondan.

El informe a que se refiere el párrafo anterior, deberá discutirse en el pleno de la Cámara, y si derivado de la discusión existiesen votos particulares, éstos se agregaran al informe. El informe que incluya los votos particulares de los grupos parlamentarios, deberá publicarse en el Diario de los Debates.

Artículo 58 I.- Cuando alguno de los integrantes de las comisiones a que se refiere esta sección demuestre parcialidad en relación al asunto que se investiga y tenga interés personal en el mismo o trate de obstaculizar sus trabajos, podrá se removido por acuerdo de la Comisión.

Para ello, el Presidente de la Comisión investigadora informará a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la remoción del o de los diputados, para que ésta a su vez notifique al grupo parlamentario al que pertenecen y éste designe a los que ocupen su lugar. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a que hubiere lugar.

Artículo 58 J.- En todo lo no previsto en esta Sección, se aplicarán las disposiciones previstas por esta Ley para la integración y trabajo de las Comisiones Ordinarias.

Transitorio

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de abril de 1999.

Dip. Jorge Emilio González Martínez, dip. Verónica Velasco Rodríguez, dip. Alejandro Jiménez Toboada, dip. Gloria Lavara Mejía, dip. Aurora Bazán López.
 
 

DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A CARGO DEL C. DIP. RAMON MARIA NAVA GONZALEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Ramón María Nava González, Diputado de la LVII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los diputados de la misma Legislatura que al calce de nuestros nombres firmamos la presente, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71-ll Y 122-A-I, ambos de la Constitución Política de la República así como en las demás normas que con dichos preceptos se relacionan, venimos a promover la Iniciativa de Reforma a la Ley Aduanera y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado por las siguientes razones y;

Consideraciones

No obstante que desde el 3 de mayo de 1990, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que establece el Programa de Importación Temporal para la producción de artículos de exportación, y con el que el Gobierno Mexicano instrumentó su política en beneficio de la industria mexicana, al otorgar a las empresas exportadoras domiciliadas en el país, el beneficio de acceso preferencial a los mercados de América del Norte para promover el desarrollo de éstas y...

No obstante que esa política fue ratificada por el Ejecutivo Federal en su Decreto de fecha 13 de noviembre de 1998, mediante diez considerandos en los que motiva las reformas al Programa de Importación Temporal para producir artículos de exportación en los cuales señaló, entre otras cosas, que era necesario adecuar aspectos del Programa de Importación Temporal para la exportación a que se refiere el Tratado de Libre comercio de América del Norte y el Tratado de la organización Mundial del comercio a fin de mantener los mayores beneficios posibles a la comunidad exportadora, así como asegurar la continuidad del programa, enfatizando que las disposiciones de los tratados internacionales en comento, presentan la ventaja de crear incentivos para una mayor integración de insumos y maquinarias de origen nacional en la producción de exportación y que, debía reconocerse que la proveeduría no norteamericana de insumos y maquinarias era crítica para ciertas industrias que requerían contar con condiciones arancelarias competitivas para abastecerse de insumos y maquinaria no norteamericana...

No obstante todo lo anterior, los esfuerzos de las empresas mexicanas y la determinación señalada del gobierno de México, han estado muy lejos de producir el crecimiento de la industria nacional por la vía de las importaciones temporales, como lo exponemos en los siguientes ejemplos, relativos por una parte, a la industria maquiladora nacional y, por otra, a las Empresas de Comercio Exterior Promotoras de Exportaciones (ECEX).

1. Por lo que se refiere a la industria maquiladora nacional, datos estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), registran que en el curso de los últimos dieciocho años, en cada uno de ellos, han sido las empresas extranjeras radicadas fuera del territorio nacional las que han asumido el carácter de proveedores mayoritarios de insumos y maquinaria para los procesos productivos de la industria maquiladora hasta por un 98 por ciento de la demanda, mientras que nuestras empresas apenas han participado en un 2 por ciento de ese mercado, lo que significa por una parte, un desperdicio de miles de millones de dólares y por otra, una pérdida también millonaria de todo lo que México ha invertido en viajes, honorarios de cabilderos, sueldos de funcionarios, gastos de publicidad y tiempo etc. Tomamos como ejemplo a la industria maquiladora ya que es una de las que con mayor énfasis hacen referencia nuestros gobernantes para destacar el desarrollo de sus entidades, ocultando por ignorancia o mala fe, esa pérdida de recursos y ese desperdicio de ingresos mencionados provenientes de la disfuncionalidad de nuestra legislación aduanera y fiscal resultante del divorcio entre las políticas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y las políticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La primera, responsable de los Programas de Promoción Sectorial que establecen condiciones competitivas de abasto de insumos y maquinaria para la industria exportadora con la finalidad de propiciar una mayor integración nacional de insumos para desarrollo de las exportaciones no petroleras. La segunda, responsable de proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo, con la participación de los grupos sociales interesados, quienes en realidad parece que han sido ignorados e incluso discriminados.

2. Por lo que se refiere a las Empresas de Comercio Exterior Promotoras de Exportaciones (ECEX) hace escasos 18 meses, el 11 de abril de 1997, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto para su establecimiento a fin de cumplimentar el Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 en materia de comercio exterior aduciendo que el mismo dispone la simplificación a los mecanismos de apoyo a las exportaciones, afirmando que la Ley Aduanera en vigor desde el primero de abril de 1996, prevé su existencia por lo que era necesario establecer sus características y los beneficios que le serían otorgados a fin de fortalecer y complementar el Programa de Empresas de Comercio Exterior.

En tal virtud, la mayor parte de las empresas ECEX funcionaron en el mercado de las artesanías, asegurando con ello el trabajo permanente a una industria de identidad tan mexicana, actuando bajo un marco legal derivado de la normativa general existente en la Ley Aduanera y su reglamento, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación. Desgraciadamente esta normativa desfasó los propósitos del Ejecutivo Federal, derivados del Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 y consecuentemente produjo resultados, no deseados al incrementar los precios de sus productos en la exportación como resultado de aplicar a los mismos el Impuesto al Valor Agregado. Este gravamen desvirtúa la concepción y proyección establecida en el multicitado Plan Nacional de Desarrollo por lo que una acción ordenadora de la congruencia entre lo proyectado y la realidad, debe calar con el bisturí jurídico a extirpar los tumores de la disfuncionalidad y la ineficacia, para promover el desarrollo del país. En abono de lo afirmado baste referir que la diferencia entre los países del llamado primer mundo y los países del llamado mundo en desarrollo, último este, al que México pertenece. En los primeros se programa con responsabilidad y se ejecuta con disciplina en los términos proyectados, mientras que en los segundos, se proyecta con sentido de la circunstancia de un presente fugaz y la ejecución se realiza sin disciplina ni sujeción a proyectos.

Advirtiendo tales resultados lesivos a nuestros propósitos de crecimiento, buscamos las causas que pudieran explicar los comportamientos del comercio, con el propósito de corregirlas, encontrando disfuncionalidad en la normativa congruente con los propósitos del gobierno, lo que redunda en una falta de trato adecuado entre las empresas nacionales y las extranjeras, en perjuicio de las mexicanas, como también en una falta de percepción y sensibilidad a lo que ocurre en el comercio y el trato que se le brinda a nuestras empresas. Un ejemplo más lo expone con evidencia: durante mucho tiempo los puertos estadounidenses del Pacífico y el de Corpus Christi en el Atlántico, fueron las puertas de entrada del comercio asiático hacia los Estados Unidos de Norte América.

Esta situación comenzó a cambiar al resultarle a las empresas transportadoras más eficiente el trato recibido en puertos mexicanos del Pacífico, como los de Topolobampo, Guaymas, Ensenada, etc. Así, las mercancías llegaban a territorio mexicano en simple tránsito inmediato hacia los Estados Unidos por meras razones de costo. Por desgracia, nuestras autoridades fiscales se dieron cuenta de que dicha actividad les podía reportar un ingreso y gravaron en cuentas de garantía dicho movimiento generando inmediatamente un costo de oportunidad que puede neutralizar las ventajas de que México se convierta en un prestador de servicios en beneficio de nuestro sistema de comunicación y de los empleos que éste genera. La normativa actual cancela el beneficio del proyecto de comunicación ferroviaria entre el Pacífico y el Atlántico a través del Itsmo de Tehuantepec.

Por lo tanto razones de economía, de justicia y equidad nos inducen a proponer en esta iniciativa las modificaciones a los artículos: 86-A en su primer párrafo y en su fracción II, 105, 108, y 112 de la Ley Aduanera. La modificación a los artículos: 16 y 29 fracción I y fracción VI de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la adición de dos artículos en el capítulo VI de la misma que quedarían registrados como 31-A y 31-B. I

Bajo los motivos expuestos, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a esta Honorable cámara de Diputados la siguiente:
 

Iniciativa de Decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona el artículo 86-A de la Ley Aduanera en sus primero y último párrafo y se modifica la fracción II del mismo precepto, para quedar como sigue:

ARTICULO 86 -A.- Estarán obligados a garantizar mediante depósitos en las cuentas aduaneras de garantía o en algunas de las formas establecidas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación quienes:

I...

II. Efectúen el tránsito interno o internacional de mercancías, por un monto igual a las contribuciones y cuotas compensatorias que se determinan provisionalmente en el pedimento, o las que correspondan tomando en cuenta el valor de transacción de mercancías idénticas o similares conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a las importaciones temporales que efectúen las maquiladoras y empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, siempre que las mercancías se encuentren previstas en los programas respectivos.

Cuando se cancele la garantía, el importador en su caso, podrá recuperar las cantidades depositadas, con los rendimientos que se hayan generado a partir de la fecha en que se haya efectuado su depósito y hasta que se autorice su cancelación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifican los artículos 105, 108 y 112 de la Ley Aduanera y 16 y 29 fracción I y VI de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 105.- La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal sólo podrán ser objeto de enajenación o transferencia a las maquiladoras, empresas con programas de exportación autorizados por Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y empresas de comercio exterior que cuenten con registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establece el reglamento.

Artículo 108.-

...

I.

II.

III.

En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de comercio y Fomento Industrial se considerarán efectuadas en importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante con la emisión de la factura por parte de éste.

Artículo 112.-

....

I. Cuando tengan la factura expedida por otra empresa maquiladora o con programa de exportación autorizado por SECOFI, que vaya a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración, reparación o realizar el retorno de dichas mercancías.

II.

....

Artículo 16.- Tratándose de transportación internacional se considera que únicamente se presta el 25 por ciento del servicio en territorio nacional. La transportación a las poblaciones mexicanas ubicadas en la franja fronteriza de 20 kms. paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país gozará del mismo tratamiento.

Artículo 29.- Las personas físicas o morales residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0 por ciento al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

Para los efectos de esta Ley se considera exportación de bienes o servicios:

I. La que tenga el carácter de definitiva, en los términos de la Ley Aduanera. Asimismo cuando un residente en territorio nacional haga entrega de mercancía a través del régimen de depósito fiscal par que su extracción del territorio nacional la realicen: maquiladoras de exportación, empresas de comercio exterior, empresas con programa de importación temporal para producir artículos de exportación aprobado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y residentes en el extranjero.

II.

III.

IV.

V.

VI.- La transportación internacional de personas, prestada por residentes en el país por la parte del servicio que en los términos del penúltimo párrafo del artículo 16 no se considera prestada en territorio nacional.

VII.

....

ARTICULO TERCERO.- Se adicionan dos artículos a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que pasarán a formar parte de la misma en el capítulo VI, como artículos 31-A y 31-B para quedar como sigue:

Artículo 31-A.- Las personas residentes en el país que enajenen bienes sujetos al régimen de importación temporal en los términos de la Ley Aduanera, a empresas de comercio exterior o aquellas catalogadas como maquiladoras de exportación, deberán entregar copia del pedimento de importación que ampara dichos bienes a la empresa a la cual le sean enajenados, en el momento en que se efectúe la enajenación respectiva, de conformidad con el artículo 11 de la Ley.

Artículo 31-B.- Los proveedores nacionales de las empresas de comercio exterior y de las maquiladoras de exportación, podrán aplicar la tasa del 0 por ciento en las enajenaciones de bienes que realicen a dichos contribuyentes, siempre que éstos cumplan con los siguientes requisitos:

I. Realicen el trámite de la importación temporal por conducto de agente o apoderado aduanal, sin que sea necesaria la presentación física de las mercancías ante la autoridad aduanera.

II. Efectúen el trámite de la importación temporal dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que hubieren adquirido las mercancías de que se trate, debiendo entregar una copia del pedimento respectivo a su proveedor.

Para los efectos de este artículo se podrá incluir en un solo pedimento de importación temporal, todas las operaciones de un mismo proveedor, pudiendo descargarlo en los pedimentos de exportación que se presenten ante la aduana de despacho de las mercancías.

Las empresas de comercio exterior o las maquiladoras de exportación podrán aplicar la tasa del 0 por ciento, siempre que entreguen a sus proveedores copia de la documentación oficial que les expidan las autoridades competentes que las acrediten como tales, a fin de que estos anoten en los comprobantes que expidan el número de registro de la empresa de comercio exterior o maquiladora de exportación.

Transitorios

UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., 23 de marzo de 1999.

Dip. Ramón María Nava González. (rúbrica)
 
 
 

DE REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, A CARGO DEL C. DIP. PABLO GUTIERREZ JIMENEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

C. Presidente de la mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

Los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II: del Reglamento Interior del Congreso General, presentamos la siguiente Iniciativa de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión con base en la siguiente:

Exposición de motivos

Desde hace algunos años, se ha extendido la preocupación de los ciudadanos y del poder público por los problemas relativos a la conservación del medio ambiente.

Los fenómenos naturales se convierten en calamidades cuando causan muertes, lesiones o daños en los bienes y sistemas ecológicos. Los efectos de las calamidades naturales sobre los asentamientos humanos tienen particular importancia, pues la probabilidad de tales efectos parece intensificarse como consecuencia del mayor desarrollo de asentamientos en zonas potencialmente peligrosas.

Por otro lado, la satisfacción de las necesidades materiales de la población supone una transformación de los recursos naturales y, con frecuencia, una alteración del medio ambiente. El agotamiento de los recursos naturales a causa de una mala explotación, la desaparición, en ocasiones irreversibles, de la gran cantidad de especies de la flora y la fauna y la degradación de aquellos espacios naturales poco alterados hasta el momento por la acción humana, han motivado que la inquietud de la comunidad científica y ONG?s se convierta en uno de los retos más preocupantes para el común de la población: el cuidado y preservación del medio ambiente.

En México, la preocupación por el cuidado del medio ambiente y el manejo de los recursos naturales, se remonta a los años cuarenta con la Ley de Conservación del Suelo y Agua, mientras que los esfuerzos por reducir los efectos nocivos sobre el ambiente datan de los años setenta con la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.

A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque integral al reformarse la Constitución del país para crear nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y administrativas de la política de protección ecológica.

La agenda ambiental de México ubica como problema central del país la degradación de los recursos naturales por sobreexplotación, por falta de previsión, por desconocimiento, por necesidad, porque las políticas públicas o los mercados incentivan las producciones no diversificadas y no sustentables.

Durante la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río, México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Diversidad Biológica; asimismo, aprobó el Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable o Agenda 21, que constituye un marco de acción en diversos aspectos de la vida económica y social relacionados con el concepto de sustentabilidad, el cual es el más importante en el plano internacional de este siglo en materia de mejoramiento ambiental, con miras a iniciar un desarrollo sustentable.

Entre otros compromisos que ha asumido el país está la Convención de Lucha Contra la Desertificación (CCD), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la Comisión de Cooperación de Ambiente y Desarrollo (CCAD) para Centroamérica.

Por su participación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) México debe cumplir compromisos ambientales, particularmente en lo que se refiere a protección ambiental y aprovechamiento de los recursos naturales a través de la integración de políticas ambientales en todas las ramas de actividad económica y reforzar la aplicación de la ley ambiental.

No obstante los logros alcanzados, consideramos que todavía hay mucho que realizar en esta materia para que el patrimonio biológico, que da el carácter de megadiverso, a nuestro país, siga siendo uno de los más importantes del mundo y para que el deterioro ambiental no vaya en desmedro de la calidad de vida de la población.

La sociedad actual demanda, cada vez con mayor rigor, información detallada sobre temas ecológicos que le permitan conocer los impactos negativos y las acciones positivas que la sociedad genera y que repercuten de forma directa en los seres vivos y el medio ambiente, pues desde parques hasta playas, desde los mantos acuíferos hasta el aire, nuestro planeta está siendo seriamente afectado por acciones humanas contraproducentes.

Una vía de contribuir para alcanzar una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras la constituye la formación de una cultura ecológica que fomente un respeto de hombres y mujeres a la naturaleza de la que forman parte, mediante la utilización racional de los diversos recursos naturales con los que México cuenta y no ha sabido disfrutar. Un medio para alcanzar este objetivo es aprovechando la influencia de los medios masivos de comunicación.

Los nuevos medios de comunicación vía satélite globalizan e impulsan la competencia en el mercado mundial y difunden el conocimiento y la información a todo el planeta, llegando a regiones hasta ahora inaccesibles, propiciando una mayor accesibilidad e interacción entre fuentes de información y usuarios. Para efectos del cuidado ambiental, estas ventajas tecnológicas podrían ser de invaluable utilidad para acrecentar y difundir la conciencia ecológica.

No obstante, este tipo de medios no son de acceso universal, se restringen a un determinado número de población, de ahí nuestra preocupación por buscar incidir en el grueso de la sociedad a través de los medios de comunicación masivos. Como lo son la radio y la televisión.

Lo que llamamos propiamente información de masas se desarrolla con la aparición de la radiofonía. El periódico excluye al analfabeta, mientras que la locución de la radio llega también a los que no saben leer ni escribir. La radio elimina las distancias y añade un nuevo elemento: una voz fácil de difundir en los hogares.

El impacto que causa la televisión es mayúsculo comparado con otros medios de comunicación. Antes de la televisión, el mundo y sus acontecimientos se relataban; actualmente, se nos muestran y el relato está prácticamente en función de las imágenes que aparecen en la pantalla. La televisión implica ver desde lejos, llevar ante los ojos de los espectadores cosas que pueden suceder en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia.

La radio y la televisión se encuentran presentes en casi todo el país, ya que cubren 97 por ciento del territorio nacional y 80 por ciento de la población. Para el año de 1998 estaban en operación 1371 estaciones de radio concesionadas y permisionadas, las cuales operaban en amplitud modulada, frecuencia modulada y onda corta. (IV Informe de Gobierno. México, 1998 ).

En 1998, se registran 580 estaciones, de las cuales el 23 por ciento correspondía a estaciones de televisión por cable. De acuerdo con la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares de 1996, el 85 por ciento de las viviendas del país contaban con al menos un televisor y 1.8 por ciento del total nacional tenían antena parabólica.

En la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria, está en función de la imagen. La televisión nos permite verlo todo sin tener que movernos; lo visible llega a casa, prácticamente gratis, desde cualquier lugar nos muestra imágenes de cosas reales.

La televisión no es sólo un instrumento de comunicación, es también paideía, un instrumento antropogenético, un medium que genera un nuevo tipo de ser humano.

Nuestros niños ven la televisión durante horas antes de aprender a leer y escribir.

El niño atiende lo que está viendo y lo absorbe. La televisión es la primera escuela del niño. Este recibe una impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. El niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, y es por ese hecho que el adulto responde a estímulos audiovisuales.

Debemos aprovechar el impacto que causan los medios masivos de comunicación para mejorar el estado de cosas preexistentes, y que a través de éstos se contribuya a la formación de una opinión pública más informada sobre ideas y cultura, sobre todo en lo referente a la cultura ecológica.

Por ello proponemos incluir en la Ley Federal de Radio y Televisión disposiciones que promuevan una cultura ecológica que fomente el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, utilizando los tiempos oficiales de transmisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa de Decreto que modifica los artículos 5, 10 fracción II, 59, 59 bis, 77, 81 y 91 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 5.- La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán

I.. IV

V. Promover una cultura ecológica que fomente el cuidado y preservación del medio ambiente y la biodiversidad.

Artículo 10.- Compete a la Secretaría de Gobernación: II.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población infantil propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de los valores nacionales, fomenten una cultura ecológica y el conocimiento de la comunidad internacional. Así mismo, promoverán el interés científico, artístico y social de los niños, al proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo. Artículo 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, ecológicos y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión

Artículo 59 bis.- La programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de Radio v Televisión deberá:

I...V

VI.- Promover una cultura ecológica que fomente el cuidado y preservación del medio ambiente y la biodiversidad.

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta Ley.

Artículo 77.- Las transmisiones de radio y televisión como medio de orientación para la población del país, incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, ecológico, deportivo y otros asuntos de interés general nacionales o internacionales

Artículo 81.- Las escuelas radiofónicas constituyen un sistema de estaciones emisoras y receptoras especiales para los fines de extensión de la educación pública, en los aspectos de difusión cultural, instrucción técnica. industrial, agrícola, ecológica, alfabetización y orientación social.

Artículo 91.- El Consejo Nacional de Radio y Televisión tendrá las siguientes atribuciones:

I .. III

IV.- Elevar el nivel moral, cultural, artístico, social y la conciencia ecológica de las transmisiones;

V ... VI

Artículos Transitorios

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D F a de Marzo de 1999.
 
 

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Minutas

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PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS LICENCIADA ADRIANA NOVELO Y QUINTANA, INGENIERO JUAN BAUTISTA MORALES DORIA, INGENIERO CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, SENADOR ERNESTO NAVARRO GONZALEZ, SENADORA MARIA DE LOS ANGELES MORENO URIEGAS, MAESTRA EN CIENCIAS MARIA JULIA CARABIAS LILLO Y LICENCIADA MARIA TERESA FRANCO Y GONZALEZ SALAS, PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES CONFERIDAS POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
PRESENTE

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos licenciada Adriana Novelo y Quintana, ingeniero Juan Bautista Morales Doria, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, senador Ernesto Navarro González, senadora María de los Angeles Moreno Uriegas, maestra en ciencias María Julia Carabias Lillo y licenciada María Teresa Franco y González Salas, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de la República Francesa.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 6 de abril de 1999.

Sen. Graciela Larios Rivas
Secretaria

Sen. Tarcisio Rodríguez Martínez
Secretario
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana licenciada Adriana Novelo y Quintana, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano

ingeniero Juan Bautista Morales Doria, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano

ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano senador Ernesto Navarro González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana María de los Angeles Moreno Uriegas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana maestra en ciencias María Julia Carabias Lillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana licenciada María Teresa Franco y González Salas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 6 de abril de 1999.

Sen. Juan Antonio García Villa
Presidente

Sen. Graciela Larios Rivas
Secretaria

Sen. Tarcisio Rodríguez Martínez
Secretario
 
 

PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO EMBAJADOR SALVADOR CAMPOS ICARDO, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL FENIX, EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HELENICA.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados

PRESENTE

Para los efectos legales correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano embajador Salvador Campos Icardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Fénix, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Helénica.

Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 6 de abril de 1999.

Sen. Graciela Larios Rivas
Secretaria

Sen. Tarcisio Rodríguez Martínez
Secretario
 

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano embajador Salvador Campos Icardo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Fénix, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República Helénica.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 6 de abril de 1999.

Sen. Juan Antonio García Villa
Presidente

Sen. Graciela Larios Rivas
Secretaria

Sen. Tarcisio Rodríguez Martínez
Secretario
 
 

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Excitativas

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A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

CC. Secretarios de la H. Cámara De Diputados
PRESENTE

Con fecha 1 de diciembre de 1998, fue presentada ante el Pleno de esta H. Cámara de diputados, la iniciativa de Decreto de Reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley Aduanera, la cual una vez leída, fue turnada a la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se proceda a elaborar el dictamen respectivo, quienes suscribimos la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin que emita el Dictamen respecto de la iniciativa mencionada .

Sin otro particular y en espera de que se dé curso a nuestra petición, quedamos de Ustedes.

Atentamente

Dip. Juan José García de Alba Bustamante
Dip. José Sada Zambrano (rúbricas)
 
 

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Proposiciones

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CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA INTEGRACION DE UNA COMISION ESPECIAL, ENCARGADA DE VIGILAR EL PRESUNTO DESVIO DE RECURSOS FEDERALES, EN EL PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS FERNANDO GONZALEZ CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Exposición de motivos

Los logros alcanzados con el consenso de los partidos políticos en materia de legislación e institucionalidad electoral, reflejan los mayores avances del proceso de democratización de la vida política del país. En particular, la reglamentación relativa al financiamiento público y privado de la vida política puede considerarse como uno de los capítulos más relevantes, en virtud de contribuir decisivamente al establecimiento de condiciones equitativas para la competencia política.

Sin embargo, son frecuentes las acusaciones provenientes de distintos sectores políticos y sociales en el sentido de que autoridades estatales violentan nuestro sistema jurídico, pues distraen indebidamente recursos públicos federales a favor de partidos políticos. En tal virtud, es responsabilidad de esta Cámara pugnar por contiendas electorales equitativas, en el ámbito de sus facultades constitucionales.

Nayarit constituye un caso que merece nuestra particular atención. Nayarit es la primera entidad de la República en la que el proceso electoral adopta una fisonomía inédita, pero además, por el hecho de que son muy frecuentes las quejas públicas sobre la utilización de recursos para fines electorales, recursos que presuntamente provienen del erario federal.

La Cámara de Diputados, a través de esta Comisión, no pretende intervenir en el proceso electoral propiamente dicho. No se propone crear una comisión de observación electoral en los términos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La competencia de esta Soberanía es de otro orden, y deriva de sus facultades constitucionales y legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos por el uso indebido de recursos federales. Esta facultad ha sido revisada por nuestro máximo tribunal con motivo de la controversia constitucional presentada por el estado de Tabasco contra actos de la Cámara de Diputados, en cuya resolución se establece expresamente lo siguiente:

" (...) si, como ya se demostró, la Cámara de Diputados es la competente para investigar el uso indebido de recursos federales para efectos de responsabilidad política, en términos del artículo 74 fracción V, en relación con el artículo 110, ambos de la Constitución General de la República, la legalidad del procedimiento que para ello haya seguido no puede ser analizado en una controversia constitucional por no significar una invasión de competencias "1

Compañeros: esta propuesta no es resultado de una simple presunción. Tenemos a la vista varios antecedentes que nos indican sobre riesgos derivados de no hacer nuestra parte en favor de garantizar condiciones de equidad en la competencia política. Recuérdese los problemas post-electorales en los estados de Campeche y Tabasco, que han generado un fuerte descrédito de las instituciones públicas. Las recientes elecciones del estado de Guerrero, son un nuevo llamado de alerta sobre los riesgos que corre la vida política del país si no se despliegan todos los recursos al alcance para garantizar el respeto pleno a las leyes.

A nosotros, como una de las Cámaras del Poder Legislativo Federal, no nos interesa quién gane las elecciones; pero debemos contribuir a evitar que el ganador sea aquel que reciba aportaciones o donativos procedentes de los recursos federales, porque eso afecta enormemente la convivencia entre los mexicanos.

Nuestra participación debe ser vista como una contribución para dar certeza sobre el funcionamiento imparcial y apartidista de las instituciones, pero sobre todo, garantizar a los ciudadanos que los recursos federales que corresponden a los estados no sean utilizados para fines electorales.

Honorable Asamblea: por tratarse de un asunto delicado, que dado el carácter federal de los recursos compete directamente a la Cámara de Diputados, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, quienes suscribimos, diputados federales de la LVII Legislatura, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo:

Punto de Acuerdo sobre la integración de una Comisión Especial encargada de vigilar el presunto desvío de recursos federales en el proceso electoral del estado de Nayarit.

UNICO: Con fundamento en la fracción V del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 42, 45 fracción II, 46 y 47 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en los artículos 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el Pleno de la H. Cámara de Diputados acuerda constituir una comisión especial integrada por dos diputados del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde Ecologista de México, encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral del estado de Nayarit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 1999

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia Constitucional 33/97, 28 de septiembre de 1998, pág. 174
 
 

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Dictámenes

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DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL CIUDADANO ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 1999, A EFECTO DE QUE REALICE UNA VISITA DE ESTADO A LA REPUBLICA DOMINICANA Y ASISTA A LA II REUNION CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE

Honorable Asamblea:

Como es de su conocimiento, a la Comisión de Relaciones Exteriores, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente del año segundo, sección segunda, número 976, que contiene la Minuta Proyecto de Decreto del Senado de la República, que concede permiso al Ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 14 al 18 de abril de 1999, a efecto de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y asista a la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe.

Esta Comisión, con fundamento en los Artículos 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, 43, 47, 48, 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General, 53, 85, 87, 89, 90, y 93 de su Reglamento Interior, se abocó al análisis y estudio de dicha solicitud, bajo los siguientes:

Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 1999, esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, recibió para sus efectos constitucionales en esta Soberanía, mediante oficio número 923 dirigido a los CC. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados, y suscrito por los Secretarios de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores, senador Tarcisio Rodríguez Martínez y senadora Acela Servín Murrieta, el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto que concede autorización al Ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 14 al 18 de abril de 1999, a efecto de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y asista a la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe; al que se anexa el Dictamen correspondiente, que emitieron las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Tercera; y de Gobernación, Primera; del Honorable Senado de la República.

Una vez recibido en el Pleno, se procedió a turnarse a la Comisión de Relaciones Exteriores, quien remitió copia del expediente respectivo a los integrantes de la misma, para que realizaran el estudio y análisis del mismo; previo acuerdo de la Mesa Directiva, se procedió a convocar a una reunión del Pleno de la Comisión, para emitir el dictamen correspondiente, que se efectuó el día miércoles 7 de abril, a las 11:30 horas.

En virtud del Acuerdo vigente que establece los criterios mediante los cuales se realizará el análisis, discusión y aprobación en su caso, de las visitas al extranjero del C. Presidente de la República, se procedió con fecha 30 de marzo a solicitar la información complementaria que nos fue proporcionada el mismo día y que oportunamente se les envió a los integrantes de esta Comisión.

Con fecha 31 de marzo, se formuló la invitación correspondiente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial, para que designaran y comisionaran a funcionarios de dichas dependencias, a efecto de que ampliaran la información proporcionada en la solicitud presentada por el Poder Ejecutivo Federal al Honorable Congreso de la Unión y los diputados contaran con un mayor número de elementos, para dictaminar la solicitud motivo del presente dictamen.

La reunión de trabajo con los funcionarios de las Dependencias citadas, para cumplimentar dicho Acuerdo, se realizó previamente al presente dictamen, en la que participaron por la Secretaría de Relaciones Exteriores: el Embajador Francisco del Río, Director General para América Latina y el Caribe; el licenciado Rafael Cervantes Villareal, Director General de Relaciones Económicas con América Latina y Asia Pacífico; el licenciado Marco Antonio Alcazar, Secretario Técnico de la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica y el Caribe; la licenciada Lourdes Saavedra Alvarez, Directora de Enlace con el Congreso y la Licenciada Ana Luz Margáin Garciadiego, Subdirectora de Enlace con la Cámara de Diputados; por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial participó: el licenciado José Barrera Flores, Director General de Organismos Americanos y del Caribe; y el licenciado Alberto Fonserrada Berumen, Director de Enlace con el Congreso; quienes ampliaron y dieron a conocer la información complementaria proporcionando datos ilustrativos sobre la Visita de Estado que pretende realizar el Ejecutivo Federal a la República Dominicana y asista a la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe; respondiendo a las preguntas formuladas por los CC. diputados, ampliando y sustentando la multicitada solicitud del ciudadano Presidente de la República, habiéndoles reiterado la voluntad de esta Cámara de Diputados, para que al término del viaje y a la brevedad posible, se presente un informe con los comentarios, acuerdos y alcances logrados, en virtud de que dicho proceso forma parte de los criterios que en la práctica se han venido paulatinamente instrumentando en esta Cámara de Diputados.

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que suscribimos el presente Dictamen, ratificamos las consideraciones expuestas por las Comisiones de Relaciones Exteriores Tercera y de Gobernación Primera, del Honorable Senado de la República, entre las que destacan que "pudieron disponer de mayores elementos de opinión para analizar la procedencia de la autorización solicitada, gracias a la información que nos proporcionaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que, a invitación de las directivas de ambas Comisiones dictaminadoras, asistieron a una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas", con lo que se establece una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, conociendo oportunamente las solicitudes de permiso y la documentación de referencia, para estar en posibilidad de analizar la pertinencia e importancia de los contactos que en forma directa establece el Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de sus viajes al exterior, garantizando de esta forma el ejercicio de las atribuciones que se le han conferido al Poder Legislativo, desarrollándose dentro de un marco de corresponsabilidad.

Cumplimentando con lo anterior, el Punto de Acuerdo suscrito por los diversos grupos parlamentarios con representatividad en esta Cámara de Diputados, aprobado por mayoría en la sesión plenaria ordinaria del día 14 de octubre de 1997 y en el cual se mandató a la Comisión de Relaciones Exteriores; para que diera a conocer al pleno de esta Soberanía, así como a la colegisladora, y al Ejecutivo Federal, los criterios con los que se realizará el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las visitas al extranjero del C. Presidente de la República en lo futuro, y los elementos mínimos necesarios que se requieren cumplimentar previa o conjuntamente, para dictaminar las solicitudes para autorizar las ausencias del territorio nacional, que presente el Ejecutivo Federal en lo sucesivo, en acatamiento del Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso".

Con base en estos antecedentes, nos permitimos someter al Pleno de esta Asamblea las siguientes:

Consideraciones

Reconocemos y priorizamos el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y culturales que nos unen con la República Dominicana, como parte de la estrategia de acercamiento con la región de Centroamérica y el Caribe, de la cual formamos parte; porque representa este país y los que la integran, una oportunidad para enfatizar nuestra tradicional vocación latinoamericana y diversificar relaciones exteriores.

En virtud de que la República Dominicana forma parte importante de los esquemas de integración de la Comunidad del Caribe, de la Asociación de Estados del Caribe, del Mercado Común Centroamericano y del Grupo de Río, y que ha estimulado el proceso integrador que actualmente se está llevando a cabo en esta zona, que se ha caracterizado por el excelente nivel de comunicación política y por una amplia gama de proyectos de cooperación económica, científica, técnica, cultural y educativa, que nos permite alcanzar estadios de respeto, admiración y de gran espíritu de colaboración y reciprocidad entre las naciones que la integramos, cuya identificación principal se da por nuestra historia y nuestra ubicación geográfica, teniendo por esta razón, una agenda política y económica con temas que nos son comunes y afines, que requieren de estrategias conjuntas para enfrentar los retos y las oportunidades que se presentan en este fin de siglo y en el advenimiento del próximo milenio.

En consecuencia, hemos considerado que el Ejecutivo debe de incrementar y fortalecer los nexos comerciales con la República Dominicana y el Caribe, y atender la invitación que le formuló el Doctor Leonel Fernández Reyna, para realizar una visita de Estado a esa nación, los días 14 y 15 de abril de 1999, así como participar en la Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, que se celebrará en la Ciudad de Santo Domingo del 16 al 18 del mismo mes y año.

Los vínculos directos con el Presidente de la República Dominicana, permitirán ampliar el diálogo en temas de interés para ambas naciones, e incrementar el nivel de los mecanismos bilaterales vigentes, como lo son la Comisión Mixta Intergubernamental, establecida en junio de 1997, que es un instrumento de diálogo y cooperación, en aspectos técnico y científicos, así como en temas relacionados con la educación y la cultura, los energéticos, el combate al narcotráfico y el desarrollo social y reforzar las posiciones comunes que México y la República Dominicana mantienen en diversos foros multilaterales.

Durante su visita se fomentarán las relaciones de amistad entre México la República Dominicana y podría ser aprovechada para explorar con empresarios dominicanos, áreas potenciales de mutuo beneficio y tener una reunión de trabajo con los miembros del Congreso Dominicano, además de sostener encuentros con otros actores políticos, personalidades del mundo cultural y líderes de opinión de ese país.

Nuestra participación en la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, a celebrarse los días 16 y 17 de abril del presente, tiene como objetivo mantener nuestra participación activa en este mecanismo, en el que México ha ocupado la Presidencia de su Consejo de Ministros de 1995 a 1996 y la Presidencia del Comité Especial de Turismo de 1996 a 1998, tiempo durante el cual impulsó un proyecto para establecer una zona de turismo sustentable del Caribe, ya que este sector constituye el de mayor dinamismo en los países de la región y en consecuencia contribuye de manera importante a su desarrollo.

Acudir a este importante foro de consulta y concertación regional, para contribuir entre otras cosas, a mantener el crecimiento y el desarrollo económico de la región, nos permitirá impulsar y evaluar el desempeño y los avances que ha tenido la Asociación de Estados del Caribe desde su creación en 1994, y establecer conjuntamente los lineamientos a futuro de este importante mecanismo multilateral, pero sobre todo, coordinar los objetivos de la próxima reunión cumbre de los países de América Latina y el Caribe, con la Unión Europea, que se celebrará el 28 y 29 de junio de este año en Río de Janeiro, Brasil, y que será copresidida por nuestro país.

En virtud de que en la agenda a desarrollar destaca el intercambio de puntos de vista, entre los líderes de los países que concurren a esta reunión y que se tiene previsto suscribir una declaración política y se pronuncien sobre temas tan importantes como globalización, fortalecimiento del multilateralismo, democracia y gobernabilidad, desarrollo socioeconómico y justicia social, vulnerabilidad de pequeñas economías, narcotráfico y crímenes relacionados, promoción de la identidad cultural y los efectos de la actual crisis financiera mundial y sus implicaciones globales y regionales, hemos considerado que de esta reunión deberán de salir propuestas para reformar el sistema financiero internacional y el restablecimiento de la estabilidad financiera mundial.

Por lo anteriormente expuesto reafirmamos nuestra convicción de que es mediante el diálogo, la concertación y el intercambio directo, continuo y sistemático al más alto nivel, como habremos de encontrar las fórmulas que nos permitan avanzar, incrementar y reforzar los contactos bilaterales y multilaterales, en los que deberán de observarse los principios normativos constitucionales de autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 de la Ley Orgánica del Congreso General y los correlativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, ha considerado manifestar al Pleno de esta Asamblea, que la Visita de Estado que realizará el Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la República Dominicana, así como su participación en la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, reafirma el interés del Poder Ejecutivo y el de esta Cámara de Diputados y del propio pueblo de México para mantener nuestras relaciones diplomáticas al más alto nivel con el Gobierno de la República Dominicana y con los líderes de los países que participarán en la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, motivo por el cual, nos permitimos poner a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede autorización al C. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 14 al 18 de abril de 1999, a efecto de que realice una visita de Estado a la República Dominicana y asista a la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal a 7 de abril de 1999.

Comisión de Relaciones Exteriores:

Dip. Alfredo Phillips Olmedo, Presidente, PRI, (rúbrica); dip. Javier Algara Cossío, secretario, PAN, (rúbrica); dip. J. Samuel Maldonado Bautista, secretario, PRD, (rúbrica); dip. Ignacio García de la Cadena, secretario, PRI, (rúbrica); dip. Carlos Froylán Camacho Alcazar, PAN, (rúbrica); dip. Juan Carlos Espina Von Roehrich, PAN, (rúbrica); dip. Francisca Haydeé García Acedo, PAN; dip. Juan Carlos Ruiz García, PAN, (rúbrica); dip. Jeffrey Max Jones Jones, PAN; dip. Julio Faesler Carlisle, PAN, (rúbrica); dip. Socorro Aubry Orozco, PRD, (rúbrica); dip. Lázaro Cárdenas Batel, PRD; dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, PRD, (rúbrica); dip.Carlos Antonio Heredia Zubieta, PRD, (rúbrica); dip. Porfirio Muñoz Ledo, PRD, (rúbrica); dip. Violeta Margarita Vázquez Osorno, PRD; dip. Orlando Arvizu Lara, PRI, (rúbrica); dip. Francisco García Castells, PRI, (rúbrica); dip. José Gascón Mercado, PRI, (rúbrica); dip. Lombardo V. Guajardo Guajardo, PRI, (rúbrica); dip. Carlos Jiménez Macías, PRI, (rúbrica); dip. Francisco Javier Morales Aceves, PRI, (rúbrica); dip. Ramón Mota Sánchez, PRI, (rúbrica); dip. Juan Manuel Parás González, PRI, (rúbrica); dip. Clarisa Catalina Torres Méndez, PRI, (rúbrica); dip. Sara Esthela Velázquez Sánchez, PRI, (rúbrica); dip. Alfredo Villegas Arreola, PRI, (rúbrica); dip. José Luis López López, PT, (rúbrica).
 
 

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Agenda Política

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SOBRE LA DESIGNACION DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, A CARGO DEL DIP. JUAN JOSE RODRIGUEZ PRATS

C. Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
PRESENTE

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura, dada la importancia de atender los asuntos que interesan al sector agrario de nuestro país, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Punto de acuerdo

UNICO: En virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria se ha quedado sin titular y de las iniciativas presentadas por el Partido Acción Nacional para que la materia agraria pase a ser competencia de los estados, esta Cámara de Diputados acuerda solicitar al Ejecutivo Federal no designar titular en dicha dependencia, dictaminar las iniciativas mencionadas y proceder a descentralizar esta materia por corresponder al ámbito de competencia de las entidades federativas.

México, Distrito Federal, 8 de abril de 1999.
 
 

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Actas

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DE LA COMISON DE MARINA, DE SU REUNION DEL MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 1998

Acta de la reunión de trabajo celebrada el día miércoles dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, correspondiente al ejercicio de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta minutos, del día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el salón F del Palacio Legislativo, estando reunidos los integrantes de la Comisión de Marina.

La secretaría da cuenta al C. Presidente, de la asistencia de quince integrantes de la Comisión, por lo que existe el quórum legal, se procede a la celebración de la reunión de trabajo.

La secretaría da lectura a la orden del día: lista de asistencia, lectura y en su caso aprobación del acta anterior, presentación de los nuevos integrantes de la Comisión, proyecto de viaje de trabajo a Sudamérica, asuntos generales y clausura de la reunión.

La presidencia solicita a la secretaría consulte a los integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, ya que ésta fue turnada a los integrantes en oficio número cero, cero, doscientos noventa y cinco, del trece de los corrientes.

La secretaría da cuenta a la presidencia que en votación económica se dispensa la lectura del acta anterior y se aprueba en todos sus términos.

La presidencia manifiesta que el siguiente punto del orden del día, es la presentación de los nuevos integrantes de la Comisión de Marina, se solicita a la secretaría dé lectura a los oficios girados por la Dirección General de Proceso Legislativo.

La secretaría da lectura a los oficios girados por la Dirección General de Proceso Legislativo: la Dirección General de Proceso Legislativo comunica a la presidencia de la Comisión que el diputado José Marco Antonio Olvera Acevedo sustituye al diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez, que el diputado José Carlos Cota Osuna sustituye al diputado Antonio Manríquez Guluarte, que el diputado Constancio Ríos Sánchez sustituye al diputado Rafael Sánchez Pérez y que el diputado Gustavo Espinosa Plata causa baja de la Comisión de Marina.

La presidencia da la bienvenida a los nuevos integrantes de la Comisión.

La presidencia manifiesta que la Comisión tiene un fondo sin ejercer, de ciento sesenta mil pesos y los rubros de gastos son conferencia, estudios de investigación, viajes de estudio nacional e internacional y ediciones; ese dinero, sino se ejerce, se pierde y lo llevan a otras comisiones, la mayoría ya han participado en los viajes de trabajo que ha realizado esta Comisión, por lo que ya tiene una idea de lo que hace una Marina de Guerra y saben que se han presentado nuevos problemas; que si nos encerramos en un mundo interno van a tener poca oportunidad de comparar lo que es una armada en otros países, principalmente relacionados con la lucha contra el narcotráfico, y ver qué legislación tienen sobre soberanía, vigilancia pesquera, etc. La propuesta es que se realice un viaje de trabajo a Perú y Colombia.

Que los secretarios trabajen en el oficio, que hagan una buena justificación para que autoricen el viaje de trabajo, en este viaje de acuerdo a la normatividad deben participar dos miembros del PRI uno del PAN y uno del PRD y se realizaría en enero. Una vez que esté aprobado, establecería contacto directo con los agregados navales de las embajadas de Perú y Colombia. El viaje sería de seis días: dos de viaje y dos en cada lugar. Se solicita a la secretaría consulte a los integrantes de la Comisión si se aprueba la propuesta de viaje de trabajo.

La secretaría da cuenta a la presidencia que en votación económica se aprueba la propuesta de viaje de trabajo.

La presidencia manifiesta que se pasa a asuntos generales.

La presidencia felicita al c. diputado Raúl Monjarás y a su Grupo Parlamentario por el excelente trabajo que ha presentado el cual se denomina "Propuesta de anteproyecto de análisis comparativo con otros paises", es un trabajo que si se hubiese tenido antes habría sido de gran utilidad, sugiere que sea leído y solicita al diputado Monjarás que explique cómo pretende que se lleve a cabo ya que todavía existen posibilidades de llevarlo a la práctica.

Se le concede la palabra al c. diputado Raúl Monjarás Hernández, quien manifiesta la intención de este documento titulado "Propuesta de anteproyecto de análisis comparativo con otros países" es tener una visión más integral de necesidades, definir y buscar proyectos que nos reditúen y se tenga más soberanía sin miras partidistas.

La presidencia manifiesta que se analice este documento, ya que en él se puede encontrar buenos argumentos para el viaje de trabajo.

Solicita y se le concede la palabra al c. diputado César Lonche Castellanos, quien manifiesta que tiene una propuesta de poder organizar visitas de estudiantes a algún puerto del país, para que puedan apreciar la magnitud de la riqueza del mar y lo que es la Armada de México, se integrarían a la visita diez alumnos de secundaria por cada diputado, el asunto sería coordinado por la Secretaría de Marina la cual daría las facilidades necesarias para que los estudiantes realizaran un recorrido por el mar. La presidencia expresa que sería conveniente que el c. Secretario de Marina invitara a la Comisión a un desayuno o comida, con el objeto de plantearle la petición, ya que ellos cuentan con camiones y pueden llevar a los jóvenes. Esta propuesta del diputado Lonche Castellanos es bien acogida, por lo que se solicita a la secretaría consulte a los integrantes de la Comisión con respecto a la autorización para que el suscrito gestione el asunto al c. Secretario de Marina.

La secretaría da cuenta a la presidencia que en votación económica se autoriza la propuesta.

La presidencia expresa que se recibió la excitativa que hizo el c. diputado Samuel Lara Villa, hace una invitación a resolver las propuestas que presentó sobre modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México y que fue turnada a las Comisiones de Seguridad Social, Defensa Nacional y Marina; por lo que solicitó a los miembros de la Subcomisión, que nombren un coordinador para que entren en contacto con las demás subcomisiones e investiguen al respecto.

Propone a los integrantes de la Comisión determinen quién será el coordinador de esta Subcomisión.

Se le concede la palabra al c. diputado Omar Alvarez Arronte, quien manifiesta que propone al c. diputado Constancio Ríos Sánchez, como coordinador de la Subcomisión que analizará las propuestas de modificación a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, la presidencia solicita a la secretaría consulte a los integrantes de la Comisión si se aprueba la propuesta citada.

La secretaría da cuenta a la presidencia que en votación económica se aprueba que el c. diputado Constancio Ríos Sánchez, sea el coordinador de la Subcomisión que analizará la propuesta de modificación a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, presentada por el c. diputado Samuel Lara Villa.

La secretaría da cuenta a la presidencia que no existen asuntos pendientes en cartera por desahogar.

La presidencia declara que se levanta la reunión de trabajo siendo las diez horas con treinta minutos y que se citará a los miembros de la Junta Directiva para definir la orden del día de la próxima reunión.

Dip. Omar Díaz González Roca
Presidente

Dip. Omar Alvarez Arronte
Secretario

Dip. César Lonche Castellanos
Secretario

Dip. Raúl Monjarás Hernández
Secretario (rúbricas)
 
 

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Convocatorias

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DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

A su desayuno-reunión de trabajo, el jueves 8 de abril de 1999, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Informe general de actividades de la Comisión.
2. Informe de las iniciativas de Ley.
3. Propuestas de plan de trabajo.
4. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Benito Mirón Lince
Presidente
 
 

DE LA COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS

A los integrantes de la Subcomisión revisora de las iniciativas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la reunión de trabajo el jueves 8 de abril de 1999, a las 17 horas, en el salón de Usos Múltiples del edificio D, primer piso.

Atentamente
Dip. arq. Angelina Muñoz Ferrnández
Presidenta
 
 

DE LA COMISION DE PESCA

A su novena reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 8 de abril de 1999, a las 18 horas, en el salón Presidentes del edificio H.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Iniciativa de reformas y adiciones al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Pesca.
4. Foros de consulta del sector pesca.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. José Antonio Estefan Garfias
Presidente
 
 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS

A la presentación del libro FOBAPROA-IPAB, el debate continúa, que se llevará a cabo el viernes 9 de abril de 1999, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República, de este Palacio Legislativo.

Comentaristas

Dip. Alberto Cifuentes Negrete
Mtra. Ifigenia Martínez de Navarrete
Dip. Eduardo Bernal Martínez

Autores

Bernardo Bátiz Vázquez
José Luis Calva
Felipe de Jesús Cantú
Manuel Cárdenas Fonseca
Charbel Jorge Estefan Chidiac
Dolores Padierna Luna
Francisco Palomino Ortega

Atentamente
Lic. Francisco Palomino Ortega
Secretario técnico
 
 

DE LA COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

La Comisión de Población y Desarrollo de la H. Cámara de Diputados, la Comisión de Población y Desarrollo del Senado y el Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo se complacen en invitar al Seminario Bicameral Violencia Doméstica y Masculinidad, Un enfoque Latinoamericano que se llevará a cabo el miércoles 14 de abril de 1999, en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del H. Senado, Donceles 14-PB, col. Centro, de las 10 a las 14 horas.

Programa

Inauguración

* Senadora Ma. de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Gran Comisión del Senado de la República.
* Doctor Hernán Sanhueza, Coordinador Ejecutivo del grupo parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo.
* Doctor Rainer Rosenbaum, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México.
* Senador Sami David David, Secretario de la Gran Comisión y Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República.
* Diputado Rubén Alfonso Fernández Aceves, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados.
* Lic. Blanca Ruth Esponda, Coordinadora de Equidad en la Comisión Nacional de la Mujer.

Primera Sesión de Trabajo * Violencia Doméstica y Derechos Humanos, doctora Rocío Villanueva, Perú
* Marco Legislativo Internacional, senadora Piedad Córdoba de Castro, Colombia
* Programa Nacional contra la Violencia, licenciada Guadalupe Gómez Maganda, México Segunda Sesión de Trabajo * Masculinidad y Violencia, licenciado Eduardo Liendro, México
* Equidad, Género y Violencia Doméstica, diputada Elsa Patria Jiménez Flores
* La Experiencia Latinoamericana, diputada Nidia Diana Martínez Piti, Cuba, diputado Omar Cabezas Lacayo, Nicaragua, Diputada Anunziata Valdez, Ecuador

Atentamente
Dip. Rubén Fernández Aceves
Presidente
 
 

DEL COMITE DE ASUNTOS INTERNACIONALES

A la Conferencia Industrialización y Comercio Exterior del Siglo XXI, que dictará el embajador Mauricio de María y Campos, el miércoles 14 de abril de 1999, a las 18 horas, en la Biblioteca del H. Congreso de la Unión, ubicada en Tacuba núm. 29, Centro Histórico.

Sinopsis

El conferencista, Subsecretario de Fomento Industrial durante el sexenio 1982-1988 y más tarde, Director General de la ONUDI -Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial- (1993-97), examinará la problemática que enfrenta la industria manufacturera y, particularmente, la Pequeña y Mediana Empresa en el nuevo entorno de regionalización, -el TLC- y la globalización.

Al mismo tiempo, propondrá unos lineamientos básicos de política que deberá contener un proyecto nacional de industrialización para el cambio de siglo, que a partir de nuestros propios recursos y de flujos complementarios del exterior, permita recuperar un desarrollo autosostenido de largo plazo, satisfacer las necesidades básicas de la población y construir una industria internacionalmente competitiva en un marco de interdependencia mundial.
 
 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS A SU SEGUNDO CONCURSO DE TESIS PROFESIONALES SOBRE TRANSICION DEMOCRATICA Y TEMATICAS PARLAMENTARIAS DE MEXICO, 1999

Objetivo

Con el fin de dar continuidad a nuestra tradicional promoción de investigaciones profesionales sobre los temas relacionados con el estudio de la realidad política de nuestro momento, y de la misma forma fomentar la titulación con base en trabajos y reflexiones novedosas y serias que contribuyan al análisis de los nuevos escenarios que el país enfrenta se convoca a nuestro Segundo Concurso de Tesis Profesionales sobre Transición Democrática y Temáticas Parlamentarias.

Bases

1. Podrán participar en el certamen todos los trabajos de tesis de grado a nivel de maestría y doctorado de estudiantes mexicanos o residentes en el país, titulados en cualquier institución de educación superior mexicana, que hayan sido elaborados hasta antes de mayo de 1999.

2. Los trabajos podrán ser individuales o realizados por equipos que no excedan tres personas.
3. Los trabajos deberán ser inéditos.
4. El fallo del jurado será inapelable.
5. Se podrá declarar desierto cualquier lugar.
6. Se podrán otorgar menciones honoríficas a los trabajos que así lo ameriten.
7. El cierre de esta convocatoria es el 30 de junio de 1999.

Temas

- Transición Política
- Partidos Políticos Mexicanos
- Procesos de Democratización en México
- Reforma del Estado
- Parlamentarismo y Presidencialismo
- Prospectiva Política y Parlamentaria
- Economía y Política
- Políticas Públicas
- Análisis de iniciativas de Ley
- Reformas Parlamentarias

Condiciones 1. Los trabajos deberán entregarse bajo seudónimo.

2. En un sobre cerrado se adjuntarán los datos completos de los concursantes (nombre real, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico e institución de procedencia). Este sobre será rotulado únicamente con el título del trabajo y el seudónimo utilizado para el concurso.

3. Deberán entregarse dos ejemplares del trabajo en cuya portada solamente aparecerá el título y el seudónimo, no deberá señalarse el nombre de la institución de procedencia.

4. Todos los trabajos deberán enviarse al Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, edificio B planta baja en av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, Venustiano Carranza, CP 15969, México DF, con atención a la lic. Irma Eréndira Sandoval o entregarse directamente en el domicilio señalado antes del 30 de junio de 1999.

Jurado

Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por:

- Diversos especialistas de la ciencia política, el derecho y áreas afines.
- Catedráticos e investigadores de instituciones de educación superior.
- La mesa directiva del Instituto de Investigaciones Legislativas. Premios

Primer Lugar: 20,000.00 y edición por el Instituto de Investigaciones Legislativas.

Segundo Lugar: 15,000.00 y publicación en la revista Quórum.

Tercer Lugar: 10,000.00 y reconocimiento del Instituto de Investigaciones Legislativas.

Para más información o mayores precisiones comunicarse con la lic. Irma Eréndira Sandoval, Coordinadora de Investigaciones al 6 28 14 21 con fax: 542 30 62 y dirección electrónica: irmaeren@servidor.unam. mx