Gaceta Parlamentaria, año I, número 144, lunes 26 de octubre de 1998  
QUE REFORMA EL PARRAFO SEXTO Y SE ADICIONAN LOS PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO DEL ARTICULO 4 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA C. DIPUTADA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados firmantes de la LVII Legislatura, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, esta iniciativa de reforma constitucional que reforma y adiciona el artículo 4.

Exposición de motivos

La Constitución es el ordenamiento supremo que da sustento a nuestro Estado de Derecho y proporciona las pautas para un desarrollo democrático y una convivencia justa que anhelamos los mexicanos. El perfeccionamiento de nuestro Estado de Derecho exige que en la vida cotidiana los mexicanos tengamos la certeza de que el ejercicio de nuestros derechos y libertades nos conduzca a una convivencia civilizada, armónica y pacífica, sustentada en la plena vigencia de nuestra Constitución Política.

En este contexto, resulta imperativo proteger a uno de los sectores sociales que tiene gran importancia en el desarrollo del México moderno: los niños, niñas y adolescentes. Tomando en cuenta que es a ellos a quienes corresponderá enfrentar el país que hoy construimos, es menester garantizarles los elementos necesarios para que crezcan en las convicciones de participación democrática e igualdad de oportunidades, a través de un efectivo goce y disfrute de los derechos que otorga a toda persona la Ley Fundamental.

Es de suma importancia tomar en cuenta que la función reformativa de la Constitución no debe quedar al arbitrio de los órganos estatales a los que se atribuye la facultad respectiva, sino que tiene que estar encauzada por factores de diferente tipo que justifiquen, bajo diversos aspectos, sus resultados positivos.

Toda reforma a la Constitución debe tener una justa causa, un motivo y un fin que respondan a los imperativos sociales que la reclaman.

En esta tesitura, para una verdadera y efectiva legitimación en la reforma, deben existir objetivos que la justifiquen, estableciendo las bases o principios de un mejoramiento o perfeccionamiento social o proporcionar las reglas según las cuales pueda solucionarse satisfactoria y eficazmente un problema que afecte al pueblo o subsanar una necesidad pública. Resulta de un valor positivo tomar en cuenta la participación de los sectores público y privado que de manera directa se enfrentan y tienen contacto con la problemática que en la vida diaria afecta a los niños, niñas y adolescentes.

La presente iniciativa tiene como objetivo promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los menores en las distintas etapas de su desarrollo, con estrategias que garanticen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Además, es conveniente hacer el señalamiento de que la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, fue ratificada por el Senado de nuestro país el 31 de julio de 1990 y promulgada el 25 de enero de 1991.

Lo anterior se refuerza con la idea de que México, siendo un país con una tradición jurídica de vanguardia en cuanto al aspecto social de su Constitución tiene que incorporar en su ley fundamental una disposición integral de protección a los niños, niñas y adolescentes. Es innegable que en el mundo globalizado en que hoy vivimos se requiere contar con una disposición jurídica que no separe los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales. Precisamente, lo que se busca en la iniciativa, es un enfoque integral de los derechos de los menores.

Resulta claro que el texto actual del artículo 4° en lo relativo a menores, incluye la protección a éstos, pero lo que se pretende es reforzar dicha disposición al hacer extensiva al Estado y a la sociedad, la obligación de velar por dicha protección. El Estado, como expresión máxima de la organización jurídica política del país, debe ser confirmado como el principal garante del sano desarrollo de los menores, ofreciendo a estos canales efectivos para el disfrute y ejercicio de sus derechos.

Respecto a la sociedad, ésta debe estar plenamente comprometida con el privilegio que deben tener los menores, en cuanto a las expectativas de un desarrollo equilibrado en México. De esta manera se contribuirá en la tarea diaria, de sociedad y gobierno a una mayor participación y concientización sobre la relevancia fundamental de este sector en el acontecer nacional.

Por otro lado, se plantea establecer un listado de derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como mecanismos de protección para el ejercicio de los mismos. Sobre esta disposición es imprescindible anotar que no obstante que nuestra Carta Fundamental otorga garantías individuales a todas las personas, el hecho de que se contemple expresamente respecto de los menores, atiende a su calidad de sector vulnerable y por ende, digno de protegerse de manera especial. Consideramos que el régimen de garantías individuales en México no se afectaría en absoluto sino por el contrario, se reforzaría.

La distinción entre niños, niñas estriba en que en el entorno social, existen diferencias marginales de carácter cultural que limitan de alguna manera la igualdad de oportunidad por tratarse del género femenino. Lo que aquí se busca es patentizar de manera expresa la igualdad fundamental de todo niño o niña, independientemente del sexo y de la aptitud física que ello pudiera significar.

Como consecución lógica, la ley secundaria definirá y establecerá los criterios y lineamientos jurídicos bajo los cuales se canalizarán los resultados concretos de esta iniciativa. En dicha ley de carácter federal, se perfeccionaría el marco jurídico de los menores.

En el contexto de la reforma constitucional, se parte de la concepción del menor de acuerdo a la convención de los Derechos del Niño de 1989, que define en su artículo primero: "Se entiende por niño, todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo cuando las leyes nacionales establezcan que alcanzaron antes la mayoría de edad"

Por lo anterior nos permitimos proponer a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo sexto y se adicionan los párrafos séptimo y octavo del artículo 4 constitucional para quedar como sigue:

Artículo. 4.- Es obligación de los padres, del Estado y de la sociedad, el preservar y proteger los derechos de los niños y niñas con la finalidad de garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos para la protección de los niños y niñas y regulará las instituciones encargadas de la protección al menor.

Son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes: la protección contra toda forma de discriminación; a formar parte de una familia, a la libertad de opinión, conciencia, religión y de asociación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre desde su nacimiento, y a obtener una nacionalidad y preservar su identidad. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, privación ilegal de su libertad, secuestro, venta, tráfico, trata, abuso sexual, explotación laboral y trabajos riesgosos, así como de cualquier otra forma de explotación. Tendrán derecho a la salud, a una alimentación equilibrada, educación, cultura, recreación y seguridad social. Los niños, niñas y adolescentes mental o físicamente impedidos tienen derecho a recibir cuidados, educación y adiestramiento especial destinados a lograr su autosuficiencia e integración a la sociedad. Los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas tienen derecho a su propia vida cultural, y emplear su propio idioma.

Gozarán también de las demás garantías consagradas en la Constitución las leyes y los tratados internacionales ratificados por México. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento de los derechos aquí mencionados y la sanción correspondiente a los infractores.

México, DF, a 27 de octubre de 1998.
Dip. Angélica de la Peña Gómez.
 

DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOBRE INFORMACION OBLIGATORIA DEL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS LEGISLADORES, A CARGO DEL C. DIPUTADO JUAN JOSE GARCIA DE ALBA BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

 Exposición de Motivos

La existencia de un verdadero derecho a la información es esencial para enriquecer el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática. Es un derecho que contribuye a mejorar la formación de una conciencia ciudadana y contribuye a que la sociedad esté más enterada y sea más analítica.

La sociedad moderna requiere de un cierto número de garantías que le aseguren que la información que recibe de los medios de comunicación masiva sea objetiva, completa, imparcial y confiable, ya que a partir de ella, la sociedad habrá de tomar una serie de datos para la toma decisiones tales como la selección de un objeto para el uso o el consumo hasta para la elección de sus gobernantes.

La información que la sociedad exige y debe conocer incluye a la información política, cuyo conocimiento resulta imprescindible para formar la opinión. Los funcionarios públicos deben estar conscientes de que deben actuar y tomar decisiones dando la cara al público.

Tomando en consideración que la actuación de los legisladores federales ante el Congreso de la Unión constituye un hecho de trascendencia pública, la ciudadanía tiene el derecho de conocer los detalles sobre nuestra buena o mala actuación, a fin de que en el futuro nos siga depositando su confianza, o en su caso considere otras opciones. Es decir, se tiene derecho a conocer los detalles sobre nuestras eventuales omisiones que en el fondo provocan graves perjuicios a los intereses públicos fundamentales de nuestra nación.

Por otra parte, para el caso de que en el futuro llegare a proceder la figura de la reelección de los legisladores, los electores requerirán necesariamente de aquellos elementos informativos que les permitan tomar la decisión sobre refrendamos o no su apoyo.

Es necesario que la sociedad cuente con un panorama informativo amplio sobre el desenvolvimiento del trabajo legislativo de cada uno de los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a fin de valorar de manera clara la relación costo-beneficio de nuestra actuación, con el objeto de estar en aptitud de demandar a los legisladores el correcto cumplimiento de su función de representación.

No hay que olvidar que el cargo de legisladores federales se lo debemos primordialmente a los ciudadanos que votaron por nosotros, del mismo modo somos representantes de todos los mexicanos hayan votado o no por nosotros. Es importante recordar que el pueblo nos envía a esta Soberanía para que lo representemos y actuemos en su beneficio, sin embargo se ha vuelto práctica indebida que los electores de las distintas demarcaciones no saben de la actuación de sus representantes una vez que han llegado al Congreso de la Unión.

El derecho a la información como derecho público colectivo constituye una garantía individual consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al imponer al Estado la obligación de asegurar a todos los integrantes de la sociedad la recepción de información de cualquier tipo de manera oportuna, objetiva y plural.

El 6 de diciembre de 1977, fue publicada una reforma constitucional por virtud de la cual se agregó una última parte al artículo 6, habiendo quedado como sigue:

"El derecho a la información será garantizado por el Estado". A fin de garantizar el acceso a la información de manera efectiva, el Estado tiene el ineludible deber de cumplir con su función informadora, razón por la cual esta obligación no debe ni puede estar sujeta a la voluntad de quien debe informar, sino que debe derivar de un mandato legal expreso que ordene y en consecuencia garantice la obligatoriedad y la continuidad de la información.

Por lo que se refiere a la actuación del Ejecutivo federal, el artículo 69 constitucional establece de manera expresa la obligación que tiene el Presidente de la República de informar anualmente y por escrito ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la administración pública federal.

Por lo que al Poder Legislativo federal se refiere, lo que hoy en día se informa de manera voluntaria en los medios de comunicación masiva sobre el trabajo del Congreso no es suficiente, ya que al no informarse del desempeño de cada legislador, podría decirse que la información que por ahora recibe la sociedad es incompleta o parcial, es decir resulta insuficiente. La ciudadanía definitivamente desconoce la manera en que sus representantes realizan el trabajo legislativo que les ha sido encomendado, en otras palabras, el pueblo de México no sabe si asistimos o no a los trabajos de la Cámara, no conoce el sentido del voto de cada uno de sus representantes en el Congreso respecto de los diversos proyectos de ley o de reformas a las leyes federales que se ventilan en el Congreso, con frecuencia tampoco conoce si sus representantes han promovido alguna iniciativa de reforma o de ley, es decir los electores ignoran los principales asuntos en los que cada uno de sus representantes interviene.

Considerando que aun cuando la sociedad tiene el derecho a conocer los detalles sobre las actividades que realizan sus representantes, no existe ninguna disposición constitucional o legal alguna que obligue al Congreso a informar a la ciudadanía sobre las actividades en el ejercicio de sus funciones de cada legislador en lo particular.

La ciudadanía al no tener conocimiento preciso de todos estos detalles no tiene elementos de juicio para exigirnos la responsabilidad moral o política que en su caso corresponda.

En el anterior orden de ideas, toda vez que la soberanía nacional reside original y esencialmente en el pueblo, dimanando cualquier poder público de éste, en términos del artículo 39 de la Constitución de nuestra nación, hoy día la ciudadanía carece de información de primera fuente sobre la actuación de nosotros como legisladores, a fin de que tome las decisiones que correspondan, o en su caso nos exija la responsabilidad política procedente por nuestras eventuales omisiones por negligencia, en términos del primer párrafo del artículo 108 y cuarto párrafo del artículo 109, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El hecho de que algunos legisladores informemos aisladamente a la ciudadanía de los Distritos que nos ha elegido como sus representantes, no significa que las Cámaras no puedan y no deban informar por separado sobre el desempeño de cada legislador en lo individual ante el Congreso. Lo anterior se fundamenta en el artículo 8 de la Constitución que obliga al Estado a garantizar el acceso a la información, en relación con los artículos 49 y 50 de nuestra Carta Magna que considera al Poder Legislativo Federal como parte integrante del Estado, razón por la cual interpretando el verdadero espíritu de los artículos, al ser el Estado el principal obligado a garantizar a la sociedad el efectivo ejercicio del derecho a la información, las Cámaras de Diputados y de Senadores como integrantes de nuestra República, están obligadas a informar al pueblo mexicano sobre los detalles fundamentales que resuman los aspectos fundamentales del desempeño de cada uno de los legisladores en el Congreso.

Por otra parte, aun cuando con fundamento en el primer párrafo del artículo 61 y en el sexto párrafo del artículo 110 de la Constitución, nuestras opiniones o el sentido de nuestros votos en los diversos asuntos en que intervenimos en el ejercicio de nuestras funciones son inatacables, la ciudadanía finalmente tiene el derecho de saber los detalles y los motivos de nuestra posición, actuación y proceder en los asuntos en que intervenimos en el Congreso, para los efectos del artículo 39 constitucional.

Hoy en día la información se difunde de manera sorprendente gracias a la modernización de los medios de comunicación, los cuales deberían ser aprovechados por nuestro Congreso, a fin de refrendar el compromiso insoslayable de informar a la sociedad de manera detallada sobre nuestra actuación que desarrollamos cada uno de nosotros en lo particular en el ejercicio de nuestras funciones. La composición plural de nuestro Congreso así lo demanda.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de que la sociedad conozca sobre nuestro desempeño en lo particular como legisladores se refiere, la sociedad requiere que el Estado instrumente lo necesario para el efectivo ejercicio del derecho a la información por parte de la sociedad. La sociedad tiene derecho a conocer sobre nuestra actuación oficial en lo individual ante el Congreso con veracidad, objetividad y oportunidad, a través de los medios de comunicación masiva.

Como medida concreta se propone que los secretarios, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, estén obligados a proporcionar de manera periódica a los medios de comunicación masiva, la información estadística de cada legislador en lo particular relacionada con los porcentajes de su asistencia a las sesiones del pleno o a las reuniones de comisiones, el número y temas de las iniciativas que promueva, así como el sentido de su voto en Comisiones o en el Pleno respecto de iniciativas de ley o de reformas a leyes federales.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que nos otorga el artículo 71, fracción I, de nuestra Carta Magna, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman el inciso O, del artículo 29 y el inciso O del artículo 72, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 29.- ...

O) Publicar en el Diario Oficial de la Federación, en los distintos medios de comunicación masiva de cada una de las distintas entidades federativas de las que sea representante cada uno de los diputados de que se trate, así como a los distintos medios de comunicación masiva de cobertura nacional, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se clausure cada uno de los periodos ordinarios de sesiones, la información detallada sobre la actuación de cada diputado en lo individual ante el Congreso, debiendo contener cuando menos:

a) El nombre de cada diputado.

b) Su filiación partidista.

c) Las Comisiones a las que se encuentre adscrito.

d) Los datos estadísticos de asistencias e inasistencias a las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados, así como a las reuniones de las Comisiones a las que se encuentre adscrito.

e) Las iniciativas que haya promovido con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las distintas propuestas que presente ante el pleno de la Cámara;

f) el sentido del voto emitido tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados, como en las comisiones en que participe, respecto de las distintas propuestas e iniciativas de ley, de reforma o de adición a las leyes federales.

g) En su caso, la información adicional que determine la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados.

Artículo 72.- ...

O) Publicar en el Diario Oficial de la Federación, en los distintos medios de comunicación masiva de cada una de las distintas entidades federativas de las que sea representante cada uno de los senadores de que se trate, así como a los distintos medios de comunicación masiva de cobertura nacional, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se clausure cada uno de los periodos ordinarios de sesiones, la información detallada sobre la actuación de cada senador en lo individual ante el Congreso, debiendo contener cuando menos:

a) El nombre de cada senador.

b) Su filiación partidista.

c) Las Comisiones a las que se encuentre adscrito.

d) Los datos estadísticos de asistencias e inasistencias a las sesiones del Pleno de la Cámara de Senadores, así como a las reuniones de las Comisiones a las que se encuentre adscrito.

e) Las iniciativas que haya promovido con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las distintas propuestas que presente ante el pleno de la Cámara.

f) El sentido del voto emitido tanto en el pleno de la Cámara de Diputados, como en las comisiones en que participe, respecto de las distintas propuestas e iniciativas de ley, de reforma o de adición a las leyes federales.

g) En su caso, la información adicional que determine la Gran Comisión de la Cámara de Senadores.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan el inciso P, del artículo 29 y el inciso P del artículo 72, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 29.- ...

P) Las demás que les confiere esta Ley, o se deriven de sus Reglamentos o de otras disposiciones emanadas de la Cámara.

Artículo 72.- ...

P) Las demás que les confieren esta Ley y los Reglamentos o deriven de otras disposiciones o acuerdos emanados de la Cámara.

Transitorio

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a los veintidós días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Dip. Juan José García de Alba (rúbrica)

 

CON PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE REALICE UNA SESION SOLEMNE DE CONGRESO GENERAL, PARA RECIBIR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FRANCESA, JACQUES CHIRAC, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA

Con motivo de la visita de Estado a nuestro país, que durante el mes de noviembre de este año realizará el señor Jacques Chirac, Presidente de la República Francesa, y en virtud de que ha manifestado su deseo de dirigir un mensaje a los legisladores mexicanos, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Proyecto de Decreto

UNICO.- Realícese una Sesión Solemne de Congreso General, para recibir al señor Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, la cual tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a las doce horas.

H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 23 de octubre de 1998.

Por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política: Dip. Arturo Núñez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (rúbrica); dip. Carlos Medina Plascencia, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbrica); dip. Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (rúbrica); dip. Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (rúbrica); dip. Jorge Emilio González Martínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 85, 201, 203, 205 Y 208 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, ASI COMO LOS ARTICULOS 8 Y 16 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS, QUE ENVIA A ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Exposición de motivos

Con la finalidad de lograr mejores condiciones para el desarrollo de los menores, es menester adecuar el marco jurídico a las circunstancias que se viven en la actualidad. La experiencia reciente nos muestra que existen grupos dedicados a las actividades de lo que el común conoce como "pornografía y prostitución infantil", ello ocurre no sólo en nuestro país, incluso se ha dado noticia acerca de que material distribuido en el extranjero procede de México.

Entendemos que la disminución y extinción de este tipo de delincuencia exige un esfuerzo continuo y en el que participen instituciones públicas, privadas y ciudadanos en general, sólo así las conductas que atacan uno de los aspectos más sensibles de nuestra estructura social como son los menores, podrán ser erradicadas.

México firmó en 1989 con otros Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, misma que fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 19 de junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio del mismo año, que entre otros aspectos señala que en las medidas de órganos legislativos se atenderá como consideración primordial el interés superior del niño, igualmente se establece que ningún niño será objeto de ataques ilegales a su honra o a su reputación, así como que se adoptarán las medidas legislativas necesarias para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

Un importante compromiso adoptado por el medio referido fue la protección del niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales para impedir la incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual; su explotación en la prostitución u otras prácticas sexuales; así como su explotación en espectáculos o materiales pornográficos.

La iniciativa que hoy se somete al Honorable Congreso de la Unión por el digno conducto de Ustedes, forma parte de ese esfuerzo, está basada en la necesidad de implementar acciones especificas para proteger a los menores.

Otro de los aspectos considerados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la aprobación de esta Iniciativa radica en que en los últimos meses no sólo en el Distrito Federal sino también en algunos estados de la República se ha conocido a través de los medios de comunicación una preocupante realidad: ya no son sólo delitos cometidos contra menores, sino una participación cada vez más frecuente de menores de edad en la comisión de ilícitos así como también su utilización en delitos que degradan su concepción de los valores.

Internacionalmente también se ha dado noticia de ello, en el Informe de fecha 7 de febrero de 1997 presentado a la Organización de las Naciones Unidas por la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se refirió un caso en Acapulco sobre una gran red de producción y distribución de pornografía infantil con ganancias de 500 mil dólares al año, así como acerca de la existencia en México de lugares de espectáculos de explotación sexual infantil.

En octubre de 1996 se presentó con carácter provisional el informe mencionado y en él se da cuenta como una de las causas de expansión de este fenómeno, la consideración del niño como un factor de producción o una inversión, involucrándose no sólo aficionados sino grupos muy bien organizados que suelen estar implicados en otras actividades delictivas. En él se informa también de los graves y profundos efectos físicos y mentales que la explotación provoca a los menores, afectando todos los aspectos de su personalidad; los menores explotados padecen desde la insalubridad, hacinamiento, carencia de toda atención médica, depresión, pérdida de la autoestima, percepción distorsionada de la actividad sexual, sentimientos de pérdida, sacrificio, culpa, dificultades para aprender, hasta la automutilación y tendencias suicidas.

En efecto, es deber fundamental tomar conciencia acerca de los impactos de la explotación de menores, que suponen en primer lugar la pérdida de su infancia y dignidad, y en ocasiones hasta de su futuro. En el ámbito de la salud de los menores se tienen efectos cuyas consecuencias son de más fácil mesura, así, el VIH, considerado a la vez como causa y consecuencia de la explotación sexual de los niños, infecciones diversas, cáncer cervical, embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, significan para ellos no sólo la pérdida de la vida, en ocasiones implican la de la familia, la dignidad y las oportunidades, el rechazo y la discriminación social. Son en extremo graves las repercusiones físicas y psicológicas con que se ven afectados los menores explotados: los años que debieran ser para su formación, testimonian el despojo de la infancia y el esparcimiento, privaciones que llevan a la pérdida de la confianza en los adultos y a la probabilidad de convertirse a su vez en explotadores, además de las ya mencionadas consecuencias de pérdida de la autoestima y traumas como la depresión, agresión, violencia, falta de autocontrol, automutilación e incluso el suicidio, a cuya erradicación pretende contribuir la Iniciativa que se somete a esa Soberanía.

Constituyeron también aspectos de consideración, el desarrollo tecnológico y comercial así como el cada vez más fácil acceso al material pornográfico, lo cual aunado a lo anteriormente mencionado nos ha llevado a plantear medidas concretas de carácter legislativo. En efecto, los elementos mencionados incidieron en el contenido de la Iniciativa que se somete a la consideración del Congreso de la Unión, a fin de que se sancionen de una manera más considerable las conductas delictivas que atenten contra la integridad moral de los menores de edad, ello en la convicción de que el marco jurídico debe favorecer el desarrollo de mejores condiciones de vida, incluyendo el importantísimo aspecto ético, que beneficiando individual y comunitariamente a los menores, redundará en la sociedad conjunta.

El incremento de las sanciones privativas de libertad y pecuniarias obedece al énfasis que se estima debe darse cuando se trata de ilícitos que atentan contra la integridad de los menores, provocando profundos problemas físicos, de desarrollo, psicológicos y aún de índole social, se busca reafirmar la reprobación de la sociedad y su intolerancia hacia dichos actos al mismo tiempo que la conciencia de la importancia primordial y decisiva de los menores para el desarrollo futuro y el bienestar de la sociedad.

Así, en la adecuación de los supuestos contenidos en el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, uno de los principales aspectos es el incremento de la sanción para el caso de la comisión de actos corruptores, planteándose en esta línea pase de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a una sanción de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil días multa cuando los actos corruptores sean la prostitución o el homosexualismo o tengan contenido sexual; y para el caso de la inducción a la ebriedad, al consumo de narcóticos o a la comisión de hechos delictivos, la sanción sería de cuatro a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Particularmente se estimó adecuado diferenciar diversos supuestos de comisión del delito en razón de la diversa naturaleza de los hechos que los constituyen, así reconociendo que en todos los casos se afecta el desarrollo y la integridad de las víctimas y se pone en serio peligro su salud, en la primera fracción del artículo 201 se contemplarían como se ha mencionado las conductas de corrupción de contenido sexual, en la segunda de ellas se sancionarían las relacionadas con la obligación o inducción a la ebriedad, al consumo de narcóticos o a la comisión de delitos, dejando en la fracción final las relativas a la obligación o inducción a la práctica de la mendicidad, y señalando como se ha dicho, penas diferenciadas para cada una de ellas.

Se destaca también el planteamiento para que las penas se aumenten hasta en una cuarta parte cuando el delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada. En virtud de que las circunstancias de vida actuales obligan a un gran número de padres a dejar a sus hijos al cuidado de extraños en establecimientos o con personas ajenas al núcleo familiar, la previsión de estos supuestos fue considerada como un elemento de tranquilidad que contribuirá a la protección de los menores frente a los peligros de abusos o explotación a que están expuestos. La misma línea sigue el planteamiento de las reformas a los artículos 205 y 208, relativos el primero a las conductas de promover, facilitar, conseguir o entregar a una persona para que ejerza la prostitución, para las cuales se aumentaría la pena y en lugar de imponerse de dos a nueve años de prisión y de cien a quinientos días multa, con la reforma serían de cinco a diez años de prisión y de cien a mil días multa. Para el segundo de los preceptos, que trata de la explotación de un menor de edad por medio del comercio carnal, se aplicarían de ocho a doce años de prisión y de cien a mil días multa para quien encubra, concierte o permita dicho comercio, en lugar de la sanción actual que va de los seis a los diez años de prisión y de los diez a veinte días multa.

También fundamental es la propuesta para el establecimiento de dos tipos penales del delito no considerados en las disposiciones vigentes y que asumidos en la comúnmente denominada pornografía infantil permitirán sancionar severamente por una parte y con una pena de diez a doce años de prisión y de quinientos hasta tres mil días multa, los casos en que los actos corruptores de contenido sexual, de prostitución u homosexualismo en que participen uno o más menores, sean fiados, grabados o impresos en cualquier medio con fines de lucro, lo que se aplicaría a quienes fabriquen, produzcan, vendan, arrienden, almacenen, transporten, distribuyan o difundan dichas grabaciones o impresiones de actos corruptores; en ambos casos, la punibilidad depende de la realización de las conductas con fines de lucro, ello obedece a que la corrupción de menores en estos supuestos adquiere una dimensión mayor, al darle un fin económico a su degradación. Se ubicarían en estas hipótesis aquéllos que hacen de la corrupción de menores un negocio altamente redituable, por ello se plantea que el mínimo de la sanción sea el máximo del tipo general previsto en la fracción Y del artículo 201 del ordenamiento penal, en correspondencia a la necesidad y obligación de sancionar severamente a quienes por los beneficios económicos que obtienen no sólo afectan a los menores como víctimas sino que ponen en peligro a los menores en general en cuanto potenciales usuarios del material pornográfico, afectando así gravemente a los componentes más vulnerables de nuestra sociedad. Igualmente se permitiría la sanción de quienes por medio de una asociación delictuosa cometan estos delitos con prisión de doce a quince años y de mil a cinco mil días multa, como la respuesta a la actividad de organizaciones que incluso rebasan fronteras, que emplean redes organizadas y cohesionadas y que suelen estar involucradas con otras actividades delictivas como el secuestro y el tráfico de drogas.

Aunado a lo anterior se encuentra la propuesta de reformar el artículo 203 del Código referido, correspondiente al aumento de sanción y la privación de los derechos sobre bienes de los menores así como de la patria potestad sobre descendientes, para prever que dicho aumento sea de los mínimos y máximos de la sanción que corresponda sea diferenciado, y comprender ahora los supuestos en que el autor del delito tenga relación de parentesco con el menor o ejerza sobre él la tutela, ello como la contrapartida a la consideración primordial del interés superior del menor, motivada en igual medida por la exigencia de reforzar el inmediato y alto deber de los familiares en la formación y protección de los menores, como lo prevé la Convención antes mencionada así como también en la privación que de su familia sufre el menor por hechos como los de la especie, careciendo del elemento estabilizador que ésta representa para su desarrollo en tanto núcleo primario de su formación.

En el mismo contexto, es planteada la reforma al artículo 85 del propio Código Penal y a los artículos 8° y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a efecto de que quiénes sean sentenciados por los delitos de corrupción de menores contemplados en los artículos 201 y 205, así como por el de la explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208, ambos del Código Penal, no tengan la posibilidad de alcanzar la libertad preparatoria, la preliberación ni la remisión de la pena. El otorgamiento de los beneficios mencionados está negado actualmente para los casos como los delitos contra la salud, la violación, el secuestro y el robo a casa habitación con violencia en las personas, a los delincuentes habituales así como a los que hubieren incurrido en segunda reincidencia, negativa que toma en cuenta factores varios como el impacto social de esos delitos y los efectos que producen a sus víctimas, por lo que al tiempo que se objetiva la intención de evitar que quien hace del delito una forma de vida se le faciliten las posibilidades para incurrir en nuevos delitos, se consideró la necesidad de una mayor protección para quienes por condición natural presentan mayor vulnerabilidad a los múltiples efectos de un abuso, de modo que la corrupción de los menores mediante actos sexuales o la inducción a adicciones o a la mendicidad al afectar gravemente los cimientos de la sociedad misma, requiere de acciones que con carácter ejemplar y mayor eficacia la inhiban y en caso de que se presenten, su sanción revista la severidad que procure evitar la comisión de nuevos delitos e impida a los responsables alcanzar la libertad antes de cumplir la condena que le sea impuesta a través de los beneficios penitenciarios previstos por la ley penal. Aunado a ello, para los últimos artículos mencionados, se plantean las modificaciones pertinentes para que la remisión a los tipos penales del delito que se excepcionan sea a los artículos que en efecto corresponde, así los relativos a los delitos contra la salud, violación y plagio o secuestro.

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 42, fracción VlII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el articulo 10, fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, por el digno conducto de Ustedes, se somete a la consideración del Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 85, 201, 203, 205 y 208 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la Republica en materia de fuero federal, asi como los artículos 8 y 16 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados
 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 85, 201, 203, 205, primer párrafo, y 208 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:

"Artículo 85.- La libertad preparatoria no se concederá a los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en materia de narcóticos previstos en los artículos 194 y 196 Bis; por corrupción de menores, previstos en el artículo 201 y 205; por explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal, previsto en el artículo 208; por delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265 en relación con el artículo 266 Bis, fracción I; por el delito de plagio y secuestro previsto por el artículo 366 con excepción de lo previsto en la fracción VI de dicho artículo, en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación, conforme a lo previsto en el artículo 367 en relación con los artículos 372 y 381 Bis, de este código, así como a los habituales y a quienes hubieran incurrido en segunda reincidencia.

...

Artículo 201.- Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años de edad:

I. Mediante actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, o lo obligue o induzca a cualquiera de ellos; o lo obligue o induzca a la prostitución o al homosexualismo, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil días multa;

II. Obligándolo o induciéndolo a la ebriedad, al consumo de narcóticos o a cometer hechos constitutivos de cualquier delito, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.

III. Obligándolo o induciéndolo a la práctica de la mendicidad, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.

Cuando los actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, de prostitución o de homosexualismo en que participen uno o más menores, sean fijados, grabados o impresos, en cualquier medio con fines de lucro la pena será de diez a catorce años de prisión y de quinientos a tres mil días multa, al que fije, grabe o imprima y al que realice los actos mencionados con el menor. La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro fabrique, produzca, venda, arriende, almacene, transporte, distribuya o difunda el material.

Se impondrá prisión de catorce a dieciocho años y de mil a cinco mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien por sí, a través de terceros o a nombre de otros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa constituida con el propósito de realizar o que realice cualquiera de las actividades delictivas a que se refiere este artículo.

Si además de los delitos previstos en este capítulo resultase cometido otro, se aplicarán las reglas de acumulación.

Se equiparará a la corrupción de menores y se sancionará con las mismas penas a quien cometa los actos a que se refiere este artículo respecto de quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho.

Las penas previstas en este artículo se aumentarán hasta en una cuarta parte en su mínimo y máximo cuando el delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.

Artículo 203.- Cuando el delincuente tenga parentesco con el menor, ejerza la tutela sobre él, o sea su padrastro o madrastra, las penas de prisión que señalan los artículos anteriores de este capítulo, se aumentarán:

I. En una mitad para el supuesto de la fracción I del artículo 201 anterior;

II. En un tanto igual para el supuesto del artículo 202 anterior; y

III. En una tercera parte para los demás supuestos del artículo 201 anterior;

En todos los casos el reo será privado de todo derecho a los bienes del ofendido y de la patria potestad sobre sus descendientes.

...

Artículo 205.- Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del país, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de cien a mil días multa.

...

Artículo 208.- Cuando la persona cuyo cuerpo sea explotado por medio del comercio carnal, sea menor de edad, se aplicará al que encubra, concierte o permita dicho comercio, pena de ocho a doce años de prisión y de cien a mil días multa.
 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 8 y 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

"Artículo 8.- ....

I. a V. .....

No se concederán las medidas de tratamiento preliberacional establecidas en las fracciones IV y V de este artículo, a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes y psicotrópicos previstos en las fracciones I a IV del artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica, por los delitos de corrupción de menores previstos en los artículos 201 y 205, por el delito de explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal previsto en el artículo 208, por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265, en relación a los artículos 266 fracción I y 266 bis fracciones I, II y IV, por el delito de plagio o secuestro previsto en el artículo 366, por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el artículo 367, en relación con los artículos 372 y 381 bis, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Artículo 16.- ...

...

...

...

...

No se concederá la remisión parcial de la pena a los sentenciados por los delitos contra la salud en materia de estupefacientes y psicotrópicos previstos en las fracciones I a IV del artículo 194, salvo que se trate de individuos en los que concurran evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica; por los delitos de corrupción de menores previstos en los artículos 201 y 205; por el delito de explotación del cuerpo de un menor de edad por medio del comercio carnal previsto en el artículo 208; por el delito de violación previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 265, en relación a los artículos 266 fracción I y 266 bis fracciones I, II y IV; por el delito de plagio o secuestro previsto en el artículo 366; por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación conforme a lo previsto en el articulo 367, en relación con los artículos 372 y 381 bis, del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal." Transitorios

ARTICULO UNICO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, a quince de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
Por la Mesa Directiva: Dip. Jesús Galván Muñoz, Presidente (rúbrica); dip. Pablo de Anda Márquez, secretario (rúbrica); dip. José Luis Benítez Gil, secretario.