TRES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO

"1998 Año de los Derechos Humanos"
Santiago de Querétaro, Qro., 26 de septiembre de 1998.

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Atento a lo dispuesto por los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comunicamos que la Quincuagésima Segunda Legislatura, en Junta Preparatoria celebrada el día de hoy, eligió Mesa Directiva que presidirá los trabajos del 27 de septiembre al 31 de octubre del año en curso, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente: Dip. Martín Rubén Galicia Medina

Vicepresidente: Dip. Ramón Soto Reséndiz

1er. Secretario: Dip. prof. Fidel Flores Salazar

2o. Secretario: Dip. lic. Jesús Martínez Gómez

1o. Secretario suplente: Dip. lic. Francisco Borbolla Alegría

2o. Secretario suplente: Dip. lae. Ma. del Carmen Quintanar Jurado.

Lo que comunicamos para los fines legales conducentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Carlos Sánchez Ferrusca
Presidente
Dr. Salvador Rubio Valdez
Vicepresidente
C. Esteban Luján Vega
Dip. primer secretario
Ing. Fernando Zamora Gama
Segundo diputado secretario

"1998 Año de los Derechos Humanos"
Santiago de Querétaro, Qro., 24 de septiembre de 1998.

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Atento a lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Constitución Política local, en relación con los numerales 33 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comunicamos que con esta fecha han quedado clausurados los trabajos de la Comisión Permanente de esta Quincuagésima Segunda Legislatura, correspondiente al segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional.

Lo que comunicamos para los fines legales conducentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mvz. Eduardo T. Nava Bolaños
Presidente
Lic. Jorge García Quiroz
Vicepresidente
Lic. José Luis Zepahua Hernández
Primer secretario
C. Martín Mendoza Villa
Segundo secretario

"1998 Año de los Derechos Humanos"
Santiago de Querétaro, Qro., 27 de septiembre de 1998.

C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 y 31 de la Constitución Política local, 33 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comunicamos que la Quincuagésima Segunda Legislatura, el día de hoy 27 de septiembre del año en curso, inauguró los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.

Lo que comunicamos para los fines legales conducentes, reiterándole las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
C. Martín Rubén Galicia Medina
Presidente
C. Ramón Soto Reséndiz
Vicepresidente
Prof. Fidel Flores Salazar
Primer secretario
Lic. Jesús Martín Gómez
Segundo secretario

Es imprescindible adecuar nuestro actual marco legal de protección al consumidor, por lo que hace a servicios adicionales dentro de los contratos principales, a fin de brindar la seguridad jurídica y equidad necesarias en la prestación de servicios al consumidor. Asimismo es conveniente introducir garantías y prerrogativas al consumidor, al efecto de que manifieste de manera expresa su consentimiento sobre los servicios adicionales y especiales que pudiere adquirir por conducto y medio del servicio básico.

Exposición de Motivos

El artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, nos dice que el contrato de adhesión es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio.

Esta misma opinión reviste una modalidad especial, cuando se sostiene que el contrato de adhesión en prestación de servicios, a diferencia del civil supone una desigualdad jurídica de las partes contratantes, es decir, hablar en estos términos significa que el proveedor se encuentra en ventaja respecto de su consumidor, ya que puede imponer a éste las cláusulas del convenio, no dejando al particular la posibilidad jurídica de discutirlas.

En tales condiciones pensamos que se destruye la finalidad misma del contrato, pues si las dos voluntades que en él deben intervenir no contribuyen a su formación, sino que sólo una de ellas lo impone y la otra se limita a aceptarlo por no tener la posibilidad jurídica de discutirlo, entonces no existe la bilateralidad de voluntades esenciales del acto contractual, pudiendo, entonces, decirse que:

Hace siglos el servicio de transporte de personas o cosas, estaba al arbitrio de las partes y (éstas) podían discutir las condiciones en que se debía prestar; hoy las necesidades sociales no permiten esa libertad, pues la vida del Estado, del gobierno mismo, depende en gran medida de la facilidad en las comunicaciones sobre su territorio, el servicio que originalmente era privado, evolucionó a público.

La naturaleza jurídica del contrato de adhesión es propia y se trata de un acto que requiere como elementos de existencia, no sólo el consentimiento y el objeto, sino que lleva un elemento más: la voluntad del Estado, pero no en la forma de una sanción que otorgan las leyes generales, permanentes y abstractas, y que se ponen en movimiento por actos de los particulares; no, la voluntad del Estado interviene como elemento esencial y definitivo, pues autoriza conforme a la ley, a los particulares, para que proporcionen el servicio público que entraña todo guión administrativo.

Tal como hoy se presenta, no puede faltar ninguno de estos elementos personales; se requiere la aprobación del Estado al proveedor; la intervención del Estado no se agota con el hecho de dar esa autorización sino que, una vez completa la relación entre proveedor y usuario, permanece la autoridad vigilando, cuidando que se observen los términos del guión, evitando se causen daños al interés social e interviniendo para exigir su cumplimiento, motu proprio, sin necesidad de solicitud de parte interesada; la voluntad del Estado es alfa y omega en estos actos, el Estado da esas normas para alcanzar un fin concreto: la satisfacción de las necesidades públicas. El Estado quiere que en forma detallada, minuciosa y clara, se establezca una serie de cláusulas para lograr esa meta.

Es por ello que pretendemos incrementar un beneficio justo y sustentable para acreditar la vigilancia y rectoría que el Estado tiene como obligación, en los servicios prestados al consumidor, y con ello establecer mecanismos que permitan que el contrato de adhesión sí sea un proceso garante para la prestación de servicios públicos y particulares observando éstos cláusulas que conlleven cumplimiento y satisfacción por parte del proveedor y consumidor.

Nuestra doctrina tradicional y clásica nos dice que son elementos accidentales aquellos que no preceden a la formación del contrato, se deducen por las partes, y atañen no a su validez, sino a su eficacia. Puede ser constituido si las partes le dan ese alcance al hacer depender la existencia del contrato, de ese elemento..

De acuerdo con esta cláusula proponemos para su efecto establecer una estrategia que asegure y garantice la voluntad del consumidor al determinar qué servicios adicionales y especiales son de su preferencia o si nada más requiere el servicio básico por parte del proveedor.

Conocemos muchas de las causas por las cuales el usuario rehusa estos servicios adicionales o especiales, entre ellas encontramos:

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 71, fracción I, de nuestra Carta Magna, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto de Adiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor

ARTICULO UNICO.- Se adiciona los artículos 86 bis, 86 ter y 86 quater, de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:

Capítulo X

De los contratos de adhesión

Artículo 86 Bis.-

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 1998.

 

DE REFORMAS A LA FRACCION VIIIDEL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE SILVA MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

 Los suscritos diputados a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta H. Cámara, la presente iniciativa que adiciona una fracción VIII, al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con base en la siguiente:

Exposición de motivos

Considerando lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su numeral 2.3.6, donde señala que:

Por ello, se hace prioritario el apoyo para impulsar su crecimiento, ya que es además, una rama que genera más de 3 millones de empleos directos. El Plan Nacional de Desarrollo contempla el apoyo para este tipo de actividad, y por lo tanto, coincidimos en tal apreciación.

Sin embargo, el autotransporte público de carga sufre en la actualidad uno de los problemas financieros más severos del que se tenga memoria. Esta crisis del sector se debe a la descapitalización originada por los efectos de la crisis de 1994.

En ese año, se tenían contratados prestamos en dólares, los cuales se obtuvieron con la finalidad de renovar la flota vehicular; sin embargo, al modificarse el tipo de cambio, los montos de deuda se incrementaron, rebasando las expectativas de pago. Por otro lado, si consideramos que la infraestructura carretera es insegura y cara, vemos que los costos del sector se elevan todavía más.

Es necesario decir que el autotransporte público de carga estaba exento del pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta el año de 1989. Pero en la Ley Vigente para el año de 1990, se deroga esta exención, contemplada en el artículo 8, fracción IV. Esa reforma estableció en ese momento, una tarifa diferenciada por tipos de marca y unidad, según el modelo, dando un golpe económico muy severo a este sector.

Este impuesto es distintivo y discriminatorio, toda vez que estos vehículos se utilizan similarmente a máquinas de trabajo. Entonces, si argumentáramos que debemos sostenerlo, tendríamos que generalizarlo, para aplicarlo a bienes similares como las máquinas, las herramientas, y otros de naturaleza análoga. Sin embargo, sería inaceptable, en virtud de que esta situación generaría una doble tributación, porque establece un gravamen adicional, en comparación con los demás sectores productivos. Como podemos observar, este gravamen puede descapitalizar a este sector, lo cual no coincide con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Consideremos la analogía que existe entre estos vehículos y los que esta Ley exenta por considerarlos instrumentos de trabajo, como los denominados tractores no agrícolas tipo quinta rueda, las embarcaciones dedicadas al transporte mercante o pesca comercial y las aeronaves con capacidad de más de 20 pasajeros destinadas al aerotransporte al público en general.

Como podemos analizar, esta situación puede incidir en la desaparición de este servicio, con el consecuente deterioro de la economía nacional, dada la importancia que este sector tiene en el traslado de la carga urbana y federal.

Por las razones anteriormente expuestas se presenta el siguiente

Proyecto de decreto

ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción VIII del artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

Artículo 8.- No se pagará el impuesto, en los términos de este Capítulo, por la tenencia o uso de los siguientes vehículos:

I.- ..................................................................................................

II.- .................................................................................................

III.- ................................................................................................

IV.- ................................................................................................

V.- ..................................................................................................

VI.- .................................................................................................

VII.- .................................................................................................

VIII.- Los de transporte público cuando requieran concesión o permiso federal para operar.

 Transitorios

UNICO.- La presente reforma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1999. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados

Partido de la Revolución Democrática

Atentamente
Dip. Jorge Silva Morales (rúbrica)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 1998.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE PROPONE REFORMAR EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO BENITO MIRON LINCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de reforma al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente:

Exposición de motivos

Es la vida el patrimonio más valioso que tiene la humanidad. El grado de civilización de las sociedades es directamente proporcional al respeto que en ellas se tiene por la vida. Ningún ser humano puede tener el derecho de disponer de la vida de un semejante. La vida es un bien que no tiene precio ni dueño, ningún hombre o mujer, institución o poder del Estado tiene el derecho de interrumpir ese fluido vital que deviene de un milenario proceso o de un origen divino, según la concepción del mundo que cada quien tenga. Es por eso que nuestros Códigos Penales señalan que comente el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, es pues, el bien jurídico más valioso que el orden normativo debe proteger en cualquier Estado en esta etapa de la humanidad.

El valor de la vida radica en sí misma independientemente del sujeto en que se manifieste y de su conducta exterior, objeto de la norma jurídica. La pena de muerte es pues un homicidio cometido por el Estado, cuya inmoralidad no es atenuada por su legalización.

Es cierto que el Estado debe garantizar a su población la seguridad de sus bienes y la integridad y tranquilidad de las personas, castigando a quienes con su conducta lesionan los legítimos intereses de los demás y es por ello que en nuestros Códigos se señalan gravísimas penas como son la privación de la libertad por muy largos periodos, que en los casos más graves, ocasionan que el delincuente difícilmente recobre su libertad. E1 rigor de una condena tal, es para nosotros insuperable, ese es el límite que el Estado no puede transgredir, moralmente es imposible que el Estado aspire a aumentar el rigor de las penas hasta el punto de disponer de la vida humana.

Es la pena de muerte una terrible herencia a través de la cual la sociedad y el Estado moderno retroceden con cada ejecución a la Edad de las Tinieblas, a los tiempos aquellos en que los hebreos imponían la pena de muerte en los casos de idolatría, homicidio, sodomía o incesto; en que las instituciones Dracón y Licurgo la imponían a los condenados en las celdas durante la noche; a los tiempos inmemoriales de la Ley del Talión que rigió en casi todos los pueblos de Oriente; a la época del sistema personalista introducido por los germanos en el que el poder jurisdiccional quedaba delegado a los propios individuos, eran los tiempos de la "venganza de sangre".

La pena de muerte, desde sus orígenes hasta nuestros días, revela la confusión entre la venganza y la justicia. El hecho de que ahora sea el Estado moderno quien en forma exclusiva imponga la pena de muerte, sólo significa que es el Estado el que consuma la venganza y no los familiares de la víctima. Sólo la venganza explica la existencia de tan inhumano castigo. En efecto, la ineficacia de tal medida ha quedado demostrada con el aumento en los índices delictivos en los países donde se aplica y allí tal medida pone de manifiesto que los efectos inhibitorios con los que se pretende justificar son inexistentes.

En México no es el incremento del rigor de las penas a niveles moralmente inadmisibles, la solución para que decrezca el índice delictivo. Para ese propósito resultaría ser mucho más eficaz terminar absolutamente y de raíz con la corrupción y la impunidad. En efecto, el delincuente sabe que en nuestro país, por graves que sean las penas, se pueden evadir cuando se tienen los recursos necesarios para sobornar a los funcionarios públicos encargados de la procuración, impartición y administración de la justicia o cuando se pertenece a verdaderas redes del crimen organizado, fortalecidas por la participación en ellas de influyentes magnates o funcionarios públicos de los más altos niveles del gobierno.

Cuando en nuestro país exista la certeza de que quien cometa un delito será ineludiblemente castigado, aunque posea enormes riquezas y goce de relaciones en los más altos círculos del poder, cuando nuestra ciudadanía esté absolutamente convencida de que ningún funcionario público recibirá un soborno para dejar en libertad a ningún delincuente, entonces bajarán los índices delictivos; la certeza de la sanción para quien delinca es la fórmula que producirá los efectos inhibitorios que se desean y no el homicidio de Estado. El atender y solucionar de fondo los grandes problemas sociales y económicos como el desempleo, la miseria, la desnutrición, la pésima educación que proporciona el Estado y la muy mala y carísima que ofrecen las escuelas y universidades privadas, el enmendar el camino y avanzar hacia una justa distribución de la riqueza, el invertir los recursos de la Hacienda Pública para combatir, aquí sí con todo rigor, la extrema pobreza en que viven más de 40 millones de mexicanos, esto es lo que va a producir efectos inhibitorios respecto de la comisión de delitos y no la pena de muerte.

Por otra parte, en nuestro país la división de poderes aún no es una realidad, la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo ha quedado en tela de juicio en diversas y sonadas ocasiones y la transición a la democracia apenas se inicia y su futuro es incierto. En estas circunstancias, la pena de muerte quizá podría convertirse en un instrumento "metaconstitucionalmente" en manos del Ejecutivo; podría ser una sanción impuesta no a los delincuentes más peligrosos sino a aquellos que no tuvieran los recursos suficientes para sobornar a los funcionarios públicos o para sufragar los gastos de una costosa y bien planeada fuga, o ser aplicada con criterios selectivos, como sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1976, en que, según Amnistía Internacional, había 582 personas condenadas a la pena de muerte, de ellas 300 eran negros, 260 blancos, 13 chicanos, 8 indios y 1 puertorriqueño, lo que evidencia que dicha medida se aplicó más a la minoría negra que a la inmensa mayoría blanca. Por ello es que debemos comenzar por consolidar los pequeños avances democráticos y adelantar en ese camino, por obtener la real e indiscutible división de Poderes y por desaparecer de la faz de nuestro territorio la corrupción y la impunidad, antes de poder siquiera pensar en la cruel pena de muerte.

Cabe señalar que aún cuando en nuestros Códigos Penales no se establece la pena de muerte, con excepción del Código de Justicia Militar, el último párrafo del artículo 22 constitucional la previene como sanción al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar; en consecuencia bastaría una reforma a los Códigos Penales para que presenciáramos en nuestro país el morboso espectáculo de las ejecuciones y tal reforma podría consumarse por simple mayoría de votos de los legisladores, toda vez que dicha pena ya se encuentra prevista en la Constitución, si no fuera así, se requeriría la reforma constitucional respectiva y, por tanto, el voto de las dos terceras partes de los legisladores. Es por eso que, aun cuando el texto constitucional respectivo no se aplica y en consecuencia es inútil, constituye la espada de Damócles pendiente de la cabeza de la moral social.

Vale señalar que todas las consideraciones vertidas con antelación justifican sobradamente el enérgico rechazo al homicidio de Estado, aun tratándose de seres humanos que hubiesen en realidad cometido un delito, pero ¿qué podríamos añadir para el caso de que un inocente fuese condenado a la pena de muerte por un delito que no cometió?; Walter McMillan, trabajador maderero afroamericano de 52 años de edad, fue condenado a la pena de muerte en 1998, acusado de haber matado a balazos a una mujer blanca en el condado de Monroe en el estado de Alabama. 6 años después de su arresto el caso fue sobreseído. En su declaración a la Comisión Judicial del Senado, McMillan relata:

Seguramente muchos inocentes no tuvieron la oportunidad de demostrar su inocencia; sencillamente la pena de muerte es una terrible, inmoral, inhumana e ineficaz sanción, además de ser irreparable e irreversible. Es por ello que coincido plenamente con Amnistía Internacional de los Derechos del Hombre, en su objetivo de que se legisle para que se proscriba la pena de muerte en todos los países que forman parte del concierto mundial.

Finalmente, debo señalar la contradicción que existe entre el último párrafo del artículo constitucional en cuestión que previene la pena de muerte; y el primero del mismo precepto que establece:

Por todo lo anterior, y en ejercicio de las facultades que me otorga la representación ciudadana que ostento, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al H. Congreso de la Unión la presente

 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente dice:

Título Primero

Capítulo 1

De las Garantías Individuales

Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109, ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada o el de aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

Transitorios

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, pido:

UNICO. Se tenga por presentada la Iniciativa de Reforma al Artículo 22 de la Constitución Política Mexicana, contenida en este documento, en los términos propuestos y, con fundamento en el artículo 71, fracción II constitucional y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne como corresponde para su dictamen a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constituciones y de Derechos Humanos de esta Cámara.

Atentamente

Dip. Benito Mirón Lince

México, DF, Palacio Legislativo, septiembre de 1998.

DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION

 CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
PRESENTE

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, a fin de solicitar la cancelación del permiso que le fuera concedido por el H. Congreso de la Unión, al C. Fernando Gómez Trujillo, para prestar sus servicios como asistente de Beneficios Federales, dentro del territorio nacional, al gobierno de los Estados Unidos de América, teniendo como lugar de trabajo el consulado general de ese país en Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior, me permito anexar copia de la carta del interesado en que solicita se realice el trámite correspondiente.

Agradezco a Uds. su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 12 de octubre de 1998.

 Por acuerdo del C. Secretario
El director general de Gobierno
Sergio Orozco Aceves

 
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, a fin de solicitar se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios a los gobiernos extranjeros que se mencionan:

Gabriela Sparrowe Pons; puesto: contador; lugar de trabajo: delegación de la Comisión Europea en México.

Ingeborg Sainz Carrillo; secretaria; delegación de la Comisión Europea en México.

Andrea Martínez Ampudia; adjunta al servicio de documentación e información; delegación de la Comisión Europea en México.

Javier Espino Rauda; chofer-ordenanza; embajada de España en México.

María del Carmen Flores Vázquez; empleada de servicio; embajada de España en México.

Rosa Mónica Guadarrama Santacruz; secretaria administrativa; embajada de España en México.

María del Rocío Guerra Ordóñez; secretaria social del embajador; embajada de España en México.

Juan Guevara Reyes; bibliotecario y chofer; embajada de España en México.

María Guadalupe Huerta Osorio; auxiliar administrativo; embajada de España en México.

Ignacio Linares Zavala; subalterno; embajada de España en México.

Martha Nieves Bertha Martínez Villagómez; secretaria de coordinador; embajada de España en México.

Martha Guadalupe Martínez Villagómez; auxiliar de becas; embajada de España en México.

Erasmo Salvador Ornelas Guido; ordenanza-chofer; embajada de España en México.

Lilián Ramírez Rojas; auxiliar administrativo; embajada de España en México.

Susana Sil Avilés; administradora; embajada de España en México.

Avel Valdivia Toscano; empleado de servicio; embajada de España en México.

Trinidad Vázquez Juárez; cocinera; embajada de España en México.

Hortencia Vélez Vega; empleada de servicio; embajada de España en México.

Rafael Avila Rosales; ordenanza-conductor; embajada de España en México.

Efrén Hernández Contreras; auxiliar administrativo; embajada de España en México.

Luz Mendoza López; empleada de servicio; embajada de España en México.

Claudia Elizabeth Niño Zierlein; auxiliar administrativo; embajada de España en México.

José de Jesús Sánchez Pérez; conductor; embajada de España en México.

Luis Bastida Avila; ingeniero en telecomunicaciones; consulado general de los Estados Unidos de América en Tijuana, BC.

Víctor Manuel Ochoa Bujanda; personal de limpieza; consulado general de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 13 de octubre de 1998.

Por acuerdo del C. Secretario
El director general de Gobierno
Sergio Orozco Aceves
 
 

DOS COMUNICACIONES, POR LAS QUE SE INFORMA DE CAMBIOS EN LA INTEGRACION DE COMISIONES

Palacio Legislativo, México, DF, 16 de octubre de 1998.

Dip. Felipe de Jesús Preciado Coronado
Presidente de la Mesa Directiva
PRESENTE

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34, 27, incisos b y d; y 45, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la Sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el dip. José de Jesús Martín del Campo, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, donde solicita cambios en comisiones, lo anterior para que se le dé el trámite correspondiente.

Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico

Palacio Legislativo, México, DF, a 16 de octubre de 1998.

Dip. Felipe de Jesús Preciado Coronado
Presidente de la Mesa Directiva
PRESENTE

Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 34, 27, incisos b y d; y 45, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 21, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos quinto y noveno del Acuerdo Parlamentario relativo a las Sesiones, Integración del Orden del Día, los Debates y las Votaciones de la Cámara de Diputados, aprobado en la Sesión efectuada el día 6 de noviembre de 1997, adjunto a la presente podrá encontrar el siguiente documento signado por el dip. Francisco José Paoli Bolio, subcoordinador del grupo parlamentario del PAN, donde solicita cambios en comisiones, lo anterior para que se le dé el trámite correspondiente.

Atentamente
Lic. Enrique León Martínez
Secretario técnico

DE LA COMISION DE TURISMO

A su onceava sesión plenaria, que se llevará a cabo el martes 20 de octubre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales de este Palacio Legislativo.

Orden del Día

 
DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de trabajo con funcionarios de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, el martes 20 de octubre, a las 17 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel de este Palacio Legislativo.

El objeto de dicha reunión será realizar el análisis general de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1997, en lo relativo al sector Abasto Social y Fomento Industrial.

A dicha reunión de trabajo, también han sido invitadas las Comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio, y Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios.

Atentamente
Dip. Ricardo García Sainz
Presidente

DE LA SUBCOMISION DE PATRIMONIO DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

A su reunión de trabajo del miércoles 21 de octubre de 1998, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.

Orden del día

DE LA COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO

A su séptima reunion ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 21 de octubre de 1998, a las 9 horas, en el salón Leona Vicario, ubicado en la planta baja del edificio H de este Palacio Legislativo.

Proyecto de Orden del Día

Atentamente
Dip. Rubén A. Fernández Aceves
Presidente

 "1997-2006: Primera Década Internacional para la Erradicación de la Pobreza"
 

DE LA COMISION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA

A su reunión de trabajo con funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Turismo y Gobernación, el miércoles 21 de octubre, a las 10 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel, de este Palacio Legislativo.

El objeto de dicha reunión será realizar el análisis general de los resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1997, en lo relativo al sector Relaciones Exteriores y Turismo. A dicha reunión de trabajo también han sido invitadas las Comisiones de Relaciones Exteriores, Turismo, Asuntos Fronterizos y Gobernación y Puntos Constitucionales.

Atentamente
Dip. Ricardo García Sainz
Presidente
 

DE LA COMISION DE DESARROLLO REGIONAL Y APOYO A LA PRODUCCION

A su cuarta reunión ordinaria de este periodo de sesiones, que se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre, a las 17:15 horas, en el salón Presidentes, ubicado en el edificio H, segundo nivel, de esta Cámara de Diputados. En esta reunión se contará con la presencia de los directores de diferentes Secretarías:

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