Gaceta Parlamentaria, año I, número 136, miércoles 14 de octubre de 1998  
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, A CARGO DEL C. DIP. GUILLERMO SANTIN CASTAÑEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. PRESENTADA ANTE EL PLENO EL MARTES 13 DE OCTUBRE DE 1998

 El suscrito, diputado federal a la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto, someto a la consideración de este órgano legislativo, la siguiente:

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 22, establece: "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

"No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso de enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no se acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

"Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar".

Debo precisar que, conforme al Diccionario de la Lengua Española, el significado del verbo "plagiar" es inequívoco: (Del latín plagiare ) tr. Entre los antiguos romanos, comprar a un hombre libre, sabiendo que lo era y retenerlo en servidumbre, o utilizar un siervo ajeno como si fuera propio. // 2. Fig. Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. // 3. Amér. Apoderarse de una persona para obtener rescate por su libertad. De la palabra "secuestrar", tenemos al caso la siguiente definición: (Del lat. secuestrare) . Retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines. //. Contra algunas erróneas aseveraciones que alegan lo contrario, la pena de muerte para el delito de plagio o secuestro, se encuentra vigente en nuestra máxima legislación.

La vigencia y aplicabilidad del artículo 22 de nuestro máximo ordenamiento se demuestra, sin lugar a dudas, en la redacción, también vigente, de su artículo14, que establece:

"A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...". Lo anterior significa que el Estado debe garantizar a cualesquiera individuo señalado como presunto responsable de la comisión de delitos, la existencia de un proceso legal que derive en una sentencia firme pronunciada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca la pena que corresponda al delito cometido.

En el Diario de los Debates del Constituyente de 1917, la Comisión Dictaminadora sostuvo:

"La vida de una sociedad implica el respeto de todos los asociados hacia el mantenimiento permanente de las condiciones necesarias para la coexistencia de los derechos del hombre. Mientras el individuo se limite a procurar la satisfacción de todos sus deseos sin menoscabar el derecho que los demás tienen para hacer lo mismo, nadie puede intervenir en su conducta; pero desde el momento que, por una agresión al derecho de otro, perturba esas condiciones de coexistencia, el interés del agraviado y la sociedad se unen para justificar que se limite la actividad del culpable en cuanto sea necesario para prevenir nuevas agresiones, la extensión de este derecho de castigo que tiene la sociedad está determinada por el carácter y la naturaleza de los asociados, y puede llegar hasta la aplicación de la pena de muerte si sólo con esta medida puede quedar garantizada la seguridad social.

"Que la Humanidad no ha alcanzado el grado de perfección necesario para considerarse inútil la pena de muerte, lo prueba el hecho de que la mayor parte de los países donde ha llegado a abolirse, ha sido necesario restablecerla poco tiempo después. Los partidarios y abolicionistas de la pena capital concuerdan en un punto: que desaparecerá esta pena con el progreso de la razón, la dulcificación de las costumbres y el desarrollo de la reforma penitenciaria".

En sus orígenes, la aplicación de la pena capital se justificaba sólo en el impulso de la defensa o de la venganza pública, como la consecuencia de un ataque injustificado. Actualmente la filosofía de la pena de muerte ha mutado para constituirse en un instrumento extremo con que cuenta el Estado para coadyuvar a preservar la estabilidad social mediante la supresión definitiva de quienes la han agraviado y victimizado de manera profunda e irracional, con desprecio pleno de los valores fundamentales que le dan cohesión y sustento.

La privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, es sin duda alguna uno de los delitos más graves que contempla nuestra legislación penal por el daño que se causa a la sociedad en una de las más execrables expresiones del delito provocadas por la inusitada escalada de violencia y crimen que todos, de alguna manera, hemos sufrido en los últimos años.

Es un delito complejo que priva a las personas de su libertad, la cual es uno de los bienes jurídicos más importantes tutelados por el Estado, pues pone en peligro la integridad del individuo e incluso su vida, agrede en lo más íntimo y de manera permanente e indeleble a la víctima y a la familia y lesiona el patrimonio a veces no sólo familiar sino también el de los amigos, ya que se ven forzados a realizar sacrificios superiores a sus fuerzas para salvar a sus seres queridos.

Los traumas y lesiones psicológicas que deja el secuestro en las víctimas directas y en sus allegados, son indelebles y se suman, quizá de manera más importante, al agravio mismo de la privación de la libertad y la afectación económica. Un secuestrado es destruido por completo en su personalidad, su confianza, su seguridad, en su autoestima y amor por la propia vida.

Es un delito que lesiona a toda la sociedad y abusa de las bondades que brinda el actual marco jurídico penal cuya generosidad beneficia a estos transgresores de la ley.

Hemos caído en un estado de casi total indefensión frente a los plagiarios: los individuos y grupos más execrables de nuestras comunidades.

Es un delito que supera las proporciones porque reúne, como elementos de su constitución todas las agravantes que el derecho penal del mundo civilizado ha establecido para fundamentar la aplicación inexorable de las mayores penas, estos son: premeditación, alevosía y ventaja.

Es tal la peligrosidad de estos delincuentes que no existe la posibilidad de que la sociedad y el aparato de procuración y administración de justicia les pueda obligar a resarcir en forma proporcional el calibre de sus fechorías.

Los graves casos que a partir de hace ya algunos años la sociedad mexicana ha presenciando y en los cuales no sólo se secuestra sino que se tortura, mutila, y en ocasiones se priva de la vida a las víctimas del secuestro, nos remiten a etapas de violencia que debieran ya estar superadas; sin embargo, nuestra legislación no se encuentra acorde a este modus operandi violento y totalmente deshumanizado de los secuestradores.

Como ciudadano, como cabeza de familia, como legislador, estimo que todo el país se encuentra indignado y dispuesto a hacer frente común contra estos delincuentes con los castigos necesarios que puedan ser realmente ejemplares y disuasivos, nunca indiscriminados, para frenar esta ola de atentados contra la tranquilidad de nuestros hogares, contra la integridad y la paz de nuestros seres queridos, y contra la tranquilidad ciudadana.

No podemos continuar viviendo atemorizados elevando permanentemente nuestras quejas a las autoridades por cada atropello de que somos objeto por quienes quebrantan la ley con tanta facilidad e impunidad.

Tenemos que reaccionar contra los malhechores con toda la energía y rigor que nos permiten nuestras leyes. Con todo el poder y la fuerza del Estado para corregir y evitar estas desviaciones; con toda la voluntad jurídica y política para extirparlas. No debemos tener contemplaciones con la gangrena; nunca la precaria situación económica general, o particular de nadie, -adelantándome a la simplista justificación de algunos- podrá explicar o justificar el que se secuestre, con sofisticadas técnicas, logística y armamento, se mutile, se aterrorice a seres indefensos. No existe justificación alguna para las organizaciones criminales que han hecho de este delito una de las más redituables industrias del hampa, y de la flexibilidad y benevolencia de las leyes el bastión de su impunidad.

Y no tenemos que ir muy lejos. No tenemos mucho que inventar, no tenemos mucho que dilucidar. Este es un debate que se inició en nuestro país hace casi siglo y medio.

En la Carta Magna de 1857 se analizaron todos los aspectos de este delito y en 1917, después de un amplio debate de varios días en el cual tomaron parte los más preclaros talentos que en su carácter de Constituyentes participaron en los foros de Querétaro, se plasmó el castigo ejemplar que merecen los plagiarios.

No es el momento de entrar en un debate sobre la conveniencia o inconveniencia de la pena de muerte. No es éste el tema a discusión. Lo que queremos es erradicar la práctica del secuestro como un delito de moda, como un negocio de los más lucrativos para los que lo practican y como una actividad que mucha gente considera protegida y auspiciada por algunos despreciables elementos de la propia autoridad. Necesitamos acabar con el disimulo, con la lenidad, con la consideración y el respeto de que parecen gozar quienes no guardan el más elemental respeto para la sociedad en que viven.

El Constituyente de 1917 en México, con gran talento, ante la gravedad de los casos señalados como delitos en los cuales no hay rehabilitación potencial de quienes los cometen, resolvió, en el artículo 22 de nuestra Constitución Política, expresar su repudio a la pena de muerte en general, pero señaló las excepciones fundamentales en que se deberá aplicar: al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.

Necesitamos volver al espíritu del Constituyente. Necesitamos poner en práctica la intención del legislador. No deben existir contemplaciones para quienes tienen como modus vivendi, el destruirnos. Que no haya impunidad para los mutiladores, para los asesinos consumados, para los plagiarios que hacen mofa de nuestras normas y se ríen del castigo que nunca reciben.

Nadie, ni el ciudadano en particular, ni la sociedad, busca la venganza como respuesta al delito, pero sí espera que la autoridad actúe con más severidad contra estos delincuentes y se les aplique todo el rigor de la ley.

La respuesta que la sociedad espera ante esta agresión, muy grave, del secuestro es que el Estado aplique la pena de muerte, respetando por supuesto, todas las garantías al debido juicio legal y el acceso a los medios de defensa que la propia ley establece.

Justicia clama la sociedad y justicia debemos darle sus legisladores. Lo contrario es faltar a nuestro compromiso. Por ello debemos legislar en este sentido.

No podemos de ninguna manera avalar, defender, asegurar el derecho a la vida de quienes por su parte han violentado, de manera premeditada, planeada y fríamente ejecutada, el derecho de la sociedad y las familias a vivir en paz y de los individuos a su libertad y a su vida; que no han respetado ellos mismos ni otorgado a la vida más valor que su codicia por el dinero fácil; que no han reconocido ningún derecho humano a sus víctimas, y que, por el contrario han demostrado cada vez más reiteradamente su profundo desprecio por los valores más altos de la humanidad y demostrando también que las actuales leyes no les merecen el menor respeto ni les producen temor alguno, llevándolos a delinquir una y otra vez, aprovechando precisamente las fallas de nuestro sistema de impartición de justicia y la bondad de nuestras leyes.

En virtud de todo lo anterior, y en ejercicio de las facultades que me otorga la representación ciudadana que ostento, seguro de responder a las legítimas inquietudes de un gran porcentaje de la ciudadanía y a su convicción de que los más inhumanos y bestiales actos que pueda cometer un individuo son los de mutilar, de privar de la libertad, de la vida, a otro ser humano, sólo por el afán de obtener un beneficio económico, son del todo injustificables y merecen la máxima de las penas que establece nuestro Orden Constitucional, es que con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Honorable Congreso de la Unión, la presente:

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código penal para el distrito federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 24, numerales 1 al 7; y 366 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:

Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son:

1. La Pena de Muerte

2. Prisión

3. Tratamiento en libertad, semilibertad, y trabajo a favor de la comunidad.

4. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito de consumir estupefacientes o psicotrópicos.

5. Confinamiento.

6. Prohibición de ir a lugar determinado.

7. Sanción pecuniaria.

8. a 18 ... (Sin modificaciones)

Artículo 366.- Al que prive de la libertad a otro, o coadyuve voluntariamente, de cualquier forma, para ello, o en la guarda o administración de los bienes obtenidos o exija el rescate por la libertad de la víctima o el cobro del pago por la liberación de la víctima, se le aplicará:

I. De diez a cuarenta años de prisión y de cien a quinientos días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:

a) Obtener rescate;

b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, o

c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra.

II. De quince a cuarenta años de prisión y de doscientos a setecientos cincuenta días multa, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en la fracción anterior concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;

b) Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

c) Que se realice con violencia, o

d) Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia se encuentre, en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad.

III.- La pena de muerte, cuando en la privación de la libertad concurran las siguientes características: a) Que la víctima fallezca durante su captura, su retención o al momento de la entrega del rescate, o posteriormente, si permanece en poder de sus captores.

b) Que el o los captores mutilen de cualquier forma a su víctima.

c) Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo;

d) Que el autor sea plenamente identificado como el jefe o líder del grupo de secuestradores, en su caso, responsable de la planeación de todos los eventos que se presenten durante la privación de la libertad a la víctima desde su captura hasta su liberación o muerte, en su caso.

Si espontáneamente se libera al secuestrado dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere la fracción I de este artículo y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias previstas en las fracciones II y III, la pena será de uno a cuatro años y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

En los demás casos en que espontáneamente se libere al secuestrado, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere la fracción I anterior, las penas de prisión aplicables serán hasta de tres a diez años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.

La autoridad, al recuperar en forma total o parcial el rescate pagado, lo restituirá al o a los afectados.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un capítulo I, denominado "De la Pena de Muerte", con un artículo 24-Bis, corriéndose en su orden y numeración los actuales capítulos I al XI, que pasarán a ser II al XII, respectivamente, del Título Segundo del Libro Primero del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, para quedar como sigue:

Capítulo I
De la pena de privación de la vida

Artículo 24-Bis.- La pena de privación de la vida consiste en la provocación de la muerte del responsable de la comisión del delito tipificado en el artículo 366 de este Código y se cumplirá mediante el procedimiento que establezca el reglamento respectivo, ajustándose a la resolución judicial correspondiente.

Transitorios

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo federal, en ejercicio de su competencia, deberá expedir la reglamentación necesaria para la ejecución de la pena capital a que se refieren el numeral 1 del artículo 24 y el artículo 366 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, en un término no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Atentamente
Diputado Federal Guillermo Santín Castañeda

 

QUE ADICIONA Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y LEY FEDERAL DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

Jorge Emilio González Martínez, Aurora Bazán López, Jorge Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía, Miguel Angel Garza Vázquez y Verónica Velasco Rodríguez, diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Salud, y de Radio, Televisión y Cinematografía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

Exposición de motivos

Los riesgos por el consumo de productos que se encuentran en el mercado y que deterioran nuestro organismo son ampliamente subestimados por el público, e incluso por muchas de las autoridades responsables de la protección y promoción de la salud pública. Esta es una de las razones por las que los productos como el tabaco, las bebidas alcohólicas y demás productos nocivos son tan disponibles, demostrándose con ello la indulgencia de las políticas públicas hacia ellos.

Algunos estudios de mercadotecnia han demostrado que los niños y jóvenes son los principales elementos del mercado cautivo y por tanto los mejores consumidores.

En las campañas publicitarias lo mismo da vender un juguete que dulces o incluso productos altamente nocivos para la salud.

La publicidad les ofrece un modelo determinado a seguir, modelo que es fabricado ex profeso para que les parezca lo suficientemente atractivo como para inducirlos a pertenecer a él, a formar parte de él, por eso se imponen modas y hábitos de consumo; así, los jóvenes y niños son inducidos a consumir productos que en muchas ocasiones dañan gravemente su salud, y al que les resulta difícil escapar, consumo en el que sólo resultan beneficiados los dueños de las empresas que los producen, arriesgando y exponiendo con ello la salud de miles de mexicanos. Si no fuera cierto lo anterior, ¿cómo se explica que las empresas que venden productos dañinos para la salud inviertan fuertes cantidades de dinero para promover su publicidad y de esta manera convenzan a los consumidores a que se sumen al mundo publicitario y de consumo que promueven?

A los consumidores se les convence sutilmente de que si consume un producto determinado, pueden alcanzar ciertas esferas de poder, adoptar una imagen de seriedad o de intelectualidad, o incluso, de sensualidad, pero siempre basado en campañas publicitarias. El exceso de éstas ha cambiado algunos hábitos de consumo; no sólo se consumen más alimentos de los denominados "chatarra", sino muchos otros que no siempre son los mejores para una buena alimentación.

Hasta hoy, ha quedado sin regulación expresa la publicidad de una serie de productos dañinos para la población anunciándose indiscriminadamente sin que se prevea alguna medida que tienda a controlar este fenómeno, por eso resulta necesario promover e impulsar algunas reformas legislativas para proteger la salud y regular la publicidad tanto de bebidas como de alimentos que no siempre son los más benéficos para los consumidores, y que al contrario, les producen desde daños mínimos hasta graves trastornos en su salud, sobre todo, cuando se sabe que con el consumo reiterado de estos productos, el daño es progresivo y en un futuro seguramente irreversible.

El elevado índice de desnutrición que la población mexicana padece, se debe no sólo a la falta de recursos para adquirir productos que sean benéficos para su salud, sino sobre todo a la desinformación y a la publicidad constante que acecha a los consumidores. Se promueven alimentos "chatarra" sin beneficio aparente en materia nutricional ni económica, pues el elevado costo comparado con otras opciones que tenemos, hace que esas alternativas, poco saludables, resulten más atractivas que aquellas que no se promueve en el mercado.

Una de las industrias más prósperas en México y en el mundo, es la refresquera, que junto con las industrias de envases, azúcar, vidrio, plásticos, la automotriz, de refrigeradores y comunicación, constituyen una importante cadena productiva.

Así, en la actualidad, existen 230 plantas embotelladoras en el territorio nacional para atender cerca de un millón de puntos de venta dentro del país; los canales de comercialización de esta industria son principalmente abarrotes, misceláneas y hogares donde se concentra cerca del 75 por ciento de las ventas. En México, las ventas anuales son cerca de 12 mil millones de litros de refrescos, siendo nuestro país el segundo mercado más grande del mundo, tan sólo por debajo del de los Estados Unidos de América.

Después de varios análisis que se les practicó a los refrescos de cola, se ha podido demostrar que los refrescos, especialmente los de cola, presentan un PH que resulta muy ácido para el esmalte de los dientes, provocando su desmineralización, además de servir como potencial cariogénico, y a largo plazo, tras de un consumo reiterado, puede provocar problemas de descalcificación y osteoporosis.

Se encontraron también excesos de carbonatos y de carbohidratos, que tienen la capacidad de erosionar los tejidos dentales y los hace factores altamente cariogénicos.

Por otro lado, el consumo de cafeína derivado del consumo de refrescos de cola, es superior al derivado del consumo de café; ese exceso en el consumo de cafeína produce alteraciones en el sistema nervioso central, y especialmente, en el músculo cardíaco, produce también diuresis, relajación del músculo liso e incremento en las secreciones gástricas. Aunado a esto, su consumo en exceso puede causar nerviosismo, irritabilidad, arritmias cardíacas, problemas estomacales y empeoran a aquellos que padecen de úlcera péptica.

Los azúcares que contiene, al ser complejos, son de difícil asimilación para el organismo, y su consumo excesivo puede producir problemas de caries y de obesidad.

Otros estudios, realizados por la Facultad de Odontología de la UNAM, coinciden con los ya mencionados, concluyendo que los refrescos presentan un alto grado de acidez, y que al entrar en contacto con los dientes provoca la desmineralización del esmalte de éstos, y también simultáneamente, promueve el metabolismo bacteriano de los carbohidratos presentes en el refresco.

Otro de los productos que también causan malestares a la salud, son los derivados de la industria tabacalera: el tabaco y sus derivados.

Anualmente se fuman cerca de 6 mil millones de cigarros en el mundo; en los países desarrollados el consumo anual de cigarros descendió de 2 mil 800 por adulto a principios de la década de los ochentas a 2 mil 400 a principios de la actual década. En los países en desarrollo, que cubren tres cuartas partes de la población mundial, el consumo por adulto se elevó de 1400 cigarros por año a 1500, y aún se espera un incremento de 1.7 por ciento por año.

Actualmente se producen alrededor de 3 millones de muertes al año derivadas del consumo del tabaco en el mundo, de las cuales una tercera parte ocurre en los países en desarrollo.

Si la tendencia actual persiste, la mortandad por esta causa será aproximadamente de 10 millones anualmente en 30 o 40 años, ocurriendo ésta en un 70 por ciento en los países en desarrollo.

Los hechos hablan por sí solos. Cada 10 segundos una persona muere a causa del tabaco; de mantenerse las actuales tendencias, significaría un fracaso tomar una seria acción preventiva que resultará en la muerte innecesaria y prematura de 100 millones de personas cada diez años antes de la década de 2030 o quizá antes.

Los riesgos de fumar son considerablemente más elevados de lo que se cree, especialmente cuando se comienza a fumar durante la adolescencia. Los fumadores persistentes tienen un 50 por ciento de posibilidades de morir a consecuencia del cigarro. Fumar, de hecho, ha sido considerado como el más grande y prevenible factor de muerte prematura, incapacidad y enfermedades.

El Partido Verde Ecologista de México no puede ignorar la realidad de una grave crisis en la salud pública que aqueja al grueso de la población mexicana sin que se adopten compromisos y acciones serias.

Las consecuencias negativas en la salud por fumar no son tan inmediatas como sucede con otras substancias peligrosas. Existe una demora de 30 a 40 años entre la relación de fumar y la muerte, eso hace que los riesgos del uso del tabaco sean subestimados por el público e incluso por muchas de las autoridades responsables de la protección y promoción de la salud pública.

Las compañías de tabaco han sido muy exitosas al promover el hecho de fumar como una señal de la creciente independencia e igualdad de las mujeres, pero esa igualdad se expondrá sólo en las tasas de mortalidad. La combinación de la creciente permisibilidad y la moderna publicidad juegan un papel importante en reclutar niños y adolescentes en el consumo del tabaco.

La presente iniciativa pretende evitar que el consumo de productos dañinos para la salud siga como hasta ahora, con campañas publicitarias que induzcan al público a su consumo indiscriminado, sin advertirle de los posibles efectos que tendrían en la salud, y sobre todo, que al utilizarse imágenes de personajes, situaciones o estilos de vida determinados, trate de inducirse a jóvenes o a niños para el consumo de esos productos que ineludiblemente los lleve al deterioro acelerado de su salud e incluso a la muerte.

Por ello, no debe seguirse permitiendo que las actividades deportivas sean asociadas directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, o de alimentos que puedan resultar dañinos para la salud de la población; y en tal sentido sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

Decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 301; se reforma la fracción IV del artículo 308 y se adiciona ese mismo artículo, ambos de la Ley General de Salud; y se reforman los artículos 63, 68, así como la fracción XV del artículo 101, se adiciona un párrafo tercero y se reforma el actual párrafo tercero para convertirse en cuarto, del artículo 106, de la Ley Federal de Radio y Televisión

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el artículo 301; se reforma la fracción IV del artículo 308 y se adiciona ese mismo artículo, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 301.- Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, el tabaco o de alimentos y bebidas que puedan ser nocivos para la salud; así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

Se entenderán como nocivos para la salud, aquellos alimentos o bebidas que deterioren o contribuyan a acelerar el deterioro natural, total o parcial, de los sistemas, aparatos, tejidos u órganos del ser humano.

Artículo 308.- La publicidad de bebidas alcohólicas, del tabaco o de alimentos y bebidas nocivos para la salud, deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. No podrá asociarse ni emplear imperativos que induzcan al consumo de estos productos, directa o indirectamente, con actividades artísticas, recreativas, deportivas, del hogar o del trabajo;

V. ...

VI. ...

VII. ...

...

...

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 63, 68 y la fracción XV del artículo 101; se adiciona un párrafo tercero y se reforma el actual párrafo tercero para convertirse en cuarto, del artículo 106, de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, inducción o apología de la violencia o del crimen; se prohibe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.

Artículo 68.- Las difusoras comerciales, al realizar la publicidad de bebidas alcohólicas, de tabaco o de alimentos y bebidas que puedan resultar nocivas para la salud, de conformidad con lo dispuesto por la dependencia respectiva, deberán abstenerse de toda exageración y combinarla o alternarla con propaganda de educación higiénica y de mejoramiento de nutrición popular. En la difusión de esta clase de publicidad no podrán emplearse menores de edad; tampoco podrán ingerirse real o aparentemente frente al público, los productos que se anuncian.

Asimismo la publicidad a la que se refiere el párrafo anterior no deberá ser transmitida de forma tal que el consumo de los productos anunciados se asocie directa o indirectamente con la realización, participación o asistencia a cualquier tipo de actividad deportiva.

Artículo 101.- Constituyen infracciones a la presente ley:

I. ...

II. ...

...

XV. Contravenir lo dispuesto por cualesquiera de las fracciones del artículo 67 de esta Ley;

...

...

Artículo 106.- ... ... La reincidencia de la violación a cualquiera de las fracciones I, II, IX, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, XIX, XX y XXII del artículo 101 de esta Ley, será sancionada con una multa equivalente al doble del valor fijado en la primera, y de continuar con ese mismo tipo de prácticas, se aplicará la sanción prevista en el artículo 31 de esta Ley.

En los demás casos, la sanción se aplicará en consideración a la gravedad de la falta y a la capacidad económica del infractor.

Transitorio

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de octubre de 1998.

Diputados Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Miguel Angel Garza Vázquez (rúbrica), Aurora Bazán López (rúbrica), Alejandro Jiménez Taboada, Gloria Lavara Mejía (rúbrica).

 

DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 170, FRACCION II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, A CARGO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

Las diputadas y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General, presentamos la siguiente Iniciativa de reformas para adicionar a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 170, fracción II, y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, artículo 28.

Exposición de motivos

A un día que se cumplan cuarenta y cinco años de haber sido reconocido, el 16 de octubre de 1953, el derecho de la mujer a la actuación política a través del voto activo, las diputadas panistas reiteramos la preocupación de nuestro Partido por la situación de la mujer asalariada al presentar esta Iniciativa que apoya a las madres trabajadoras en el periodo de preparto y posparto.

A través del tiempo, los derechos de la mujer han ido evolucionando paulatinamente hasta el reconocimiento de algunos de sus derechos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país y en nuestra Constitución Política y sus leyes reglamentarias.

Específicamente en materia laboral, se contempla la disposición contenida en el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo. Si bien se advierte con claridad que el o la legislador/a ha tenido en mente a la mujer, su condición natural -en las funciones de reproducción- y los condicionamientos sociales -en el papel que desempeña en el núcleo familiar- han derivado en una discriminación de su participación en la vida productiva.

En los hechos, la participación económica femenina se ha incrementado sustancialmente en los últimos veinte años, pasando de una tasa de participación económica del 17.6 por ciento en 1970 y cerca del 35 por ciento en 1995. La creciente inserción de la mujer en la actividad económica, como parte del proceso de modernización y expresión de las recurrentes crisis económicas, ha incrementado sus aportaciones monetarias dirigidas a satisfacer las necesidades de consumo básico en los hogares.

Según datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), una de cada tres unidades domésticas del país recibían, por lo menos, en 1992 la contribución de una mujer. Más aún, en uno de cada seis hogares la aportación principal proviene de un miembro femenino. A su vez, en uno de cada diez hogares la mujer es la única perceptora de ingresos monetarios. Estos datos reflejan, en cierta medida, el cambio en la composición de las funciones masculinas y femeninas tradicionales del hogar, con el desplazamiento de la figura del hombre como único proveedor.

No obstante, la participación económica de las mujeres no ha estado acompañada de modificaciones profundas en la división del trabajo, de forma que permita garantizar la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en la realización del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, ni en la legislación laboral de manera que responda a las necesidades de la mujer de contar con condiciones de trabajo iguales a las del varón y que, al mismo tiempo, la proteja en los aspectos relativos a su maternidad y en la atención a sus hijos.

Como se sabe, generalmente la mujer cumple al menos una doble jornada. De los 11 431 484 mujeres que componen la Población Económicamente Activa (PEA), el 85 por ciento además de que trabaja, hace quehaceres domésticos y el 60.2 por ciento de este grupo tiene hijos.

Asimismo, de la Encuesta Nacional de Empleo de 1995 obtenemos las horas promedio trabajadas en funciones extradomésticas y domésticas. En promedio, los hombres dedican al trabajo fuera del hogar 39.9 horas a la semana, mientras que las mujeres invierten en él un promedio de 32.7 horas. Esta situación es contraria cuando se considera el trabajo doméstico: los hombres invierten un promedio semanal de 11.9 horas en contraste con 28.4 horas que ocupan las mujeres. En resumen, si acumulamos las horas promedio trabajadas en los dos ámbitos obtenemos que las mujeres trabajan entre 5 y 11 horas más que los hombres en promedio por semana.

Otro factor que funciona como agente de discriminación es la feminización de algunas ocupaciones y ramas de actividad, como la maquila, servicios personales y domésticos, comercio mayorista y minorista, caracterizados por desiguales salarios, escasas oportunidades de ascenso y capacitación y, en su gran mayoría, sin algún tipo de prestación social.

En lo relacionado a la posición en el trabajo, las diferencias son considerables. Del total de la población ocupada el 54.3 por ciento de las mujeres son asalariadas, frente a un 49.3 por ciento de los hombres; el 22.3 por ciento de las primeras trabajan por su cuenta mientras que los varones conforman el 26.8 por ciento; y, el 18.2 por ciento son trabajadoras no remuneradas, contra un 10.5 por ciento de los trabajadores. En 1991, el 74 por ciento de las mujeres asalariadas percibía hasta 2 salarios mínimos, en tanto que sólo el 54 por ciento de los hombres se encontraba en ese nivel de ingreso.

No obstante, la lucha por los derechos de la mujer se ha hecho evidente en innumerables propuestas en múltiples sectores. En materia de empleo, la mujer que trabaja ha ido superando los esquemas históricamente impuestos por su condición de género, que desconocían su capacidad creadora, su inteligencia, sus virtudes y su capacidad para responder como esposa y madre en el hogar y como trabajadora, en el ámbito laboral, de manera tal que se promueve su desempeño como un medio de realización humana. Hasta ahora se han promovido algunas leyes e iniciativas que la benefician, sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes.

En el año de 1997, los partidos políticos suscribimos el acuerdo Avancemos un Trecho, en el cual dos de los cinco compromisos asumidos por las partes se refieren al apoyo a la mujer trabajadora. El primero aborda el conflicto que las madres trabajadoras tienen con relación al cuidado de sus hijos e hijas, y el segundo pugna por impulsar la no discriminación por sus funciones reproductivas en el trabajo.

Posteriormente, en el Parlamento de Mujeres celebrado en el mes de marzo, en la mesa de trabajo "La Ley Federal del Trabajo, Nueva Ley del Seguro Social y Ley del ISSSTE, en lo que concierne a la Mujer", se abordaron los aspectos que limitan la participación de la mujer en circunstancias de equidad en el universo del trabajo para el desarrollo de México. Los principales temas que se comentaron fueron: hostigamiento sexual, discriminación por género implícita en la ley como el examen de ingravidez para obtener y conservar el trabajo, la necesidad de liberar a la mujer trabajadora como única responsable del hogar y de los hijos, el promover los derechos laborales de la mujer, la adecuación de guarderías que cubran las necesidades reales, la licencia paterna para el varón trabajador, así como la posibilidad que la mujer trabajadora inscriba a su cónyuge o concubino en las prestaciones médicas.

De esta manera, algunos de los asuntos en cuanto a la legislación laboral siguen pendientes a pesar que en diversos foros y, en particular, en este honorable recinto, ya se han presentado propuestas concretas. El 13 de diciembre de 1996 la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la LVI Legislatura, presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Trabajo para mejorar la situación de las mujeres asalariadas que a la fecha no ha sido dictaminada. Esta propuesta contempla lo siguiente:

* Prohibir la discriminación laboral por razón de estado civil o por el hecho de ser madre.

* Prohibir que se exija el certificado de ingravidez para la obtención de empleo.

* Prohibir que se coaccione a la mujer para que renuncie cuando esté embarazada o por el cuidado de hijos menores.

* Exigir el pago de una indemnización en caso de hostigamiento sexual.

* Exigir que se retribuya con igual salario al que se paga a otros por igual trabajo.

* Exigir capacitación y adiestramiento en número semejante a hombres y mujeres.

* Que la terminología de protección materna pase a protección de la familia para que tanto la madre como el padre asuman responsabilidad común en relación con sus hijos menores.

* Mejorar la condición de la trabajadora embarazada o que se encuentre en periodo de lactancia, entre otras.

El día de hoy, las diputadas y los diputados de la LVII Legislatura presentamos otra propuesta a favor de las mujeres trabajadoras, en lo que se refiere a aspectos relacionados con la maternidad. Por características biológicas, la mujer desempeña un papel preponderante en la reproducción de la sociedad por lo que la ésta como tal no puede desentenderse de este proceso.

En la legislación laboral vigente se contempla el apoyo a la mujer en los aspectos relacionados con su maternidad, otorgándole un periodo pre y postparto de seis semanas, respectivamente, con percepción íntegra de su salario. No obstante, en los casos que la mujer embarazada presenta buenas condiciones de salud puede trabajar, incluso, hasta un día antes del alumbramiento sin perjuicio de ella ni del producto, con el respaldo médico institucional. Hasta ahora, esto se ha logrado a través de la negociación informal entre empleador/a y trabajadora, permitiéndole transferir los días laborados de pre parto para ampliar el periodo después del evento. Para dar certidumbre a esta situación, se presenta una iniciativa de reformas para convertir este tipo de arreglo informal en disposiciones legales en el marco jurídico laboral correspondiente.

Según los especialistas en el área, el que la madre trabajadora pueda cuidar y gozar de su hijo o hija durante un periodo más extenso, contribuye a que el momento de separación no sea tan traumático. Por otra parte, la afectividad y la buena relación que se establece entre madre e hijo o hija en sus primeros meses de vida coadyuvan a un mejor desarrollo emocional de ambos. En lo que respecta a la madre trabajadora, este hecho incide en una reinserción laboral en mejores condiciones; mientras que por parte del recién nacido esta proximidad se refleja en una mayor seguridad para su desarrollo futuro. Para dar certidumbre a esta situación, se presenta una iniciativa de reformas para convertir este tipo de arreglo informal en disposiciones legales en el marco jurídico laboral correspondiente.

En adición a lo anterior, se pretende reponer el tiempo que por causa de un parto anticipado la madre trabajadora dejare de disfrutar de su periodo de descanso preparto, transfiriéndolo al periodo postparto, toda vez que el producto de un parto anticipado, requiere de mayor cuidado y vigilancia materna por su misma naturaleza. Asimismo, se busca homogeneizar en las dos leyes en materia laboral el periodo de preparto y postparto con el fin de garantizar las mismas condiciones a las madres trabajadoras en el cuidado de su salud y del producto.

Por lo tanto proponemos el siguiente:

Proyecto con Iniciativa de Decreto que Reforma los artículos 170, en la fracción II de la Ley Federal del Trabajo, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

ARTICULO PRIMERO.- Reforma al Título Quinto "Trabajo de las Mujeres".

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto. A solicitud de la trabajadora, y bajo su responsabilidad, podrá transferirse hasta las seis semanas anteriores al parto para disfrutarlas después de éste, siempre y cuando no sea un trabajo de riesgo, la condición física de la embarazada lo permita y se cuente con la certificación médica correspondiente. Si por causa de un parto anticipado la madre trabajadora dejare de disfrutar de su periodo de descanso preparto, podrá transferirlo al periodo posparto.

III ...

IV ...

V ...

VI ...

VII ...

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional

Reformas al Título Segundo Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares

Capítulo II

Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de seis semanas de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otras seis después del mismo. A solicitud de la trabajadora, y bajo su responsabilidad, podrá transferirse hasta seis semanas anteriores al parto para disfrutarlas después de éste, siempre y cuando no sea un trabajo de riesgo, la condición física de la embarazada lo permita y se cuente con la certificación médica correspondiente. Si por causa de un parto anticipado la madre trabajadora dejare de disfrutar de su periodo de descanso preparto, podrá transferirlo al periodo posparto. Durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para amamantar a sus hijos.

Transitorios

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de octubre de 1998.

Suscriben las diputadas Federales: Patricia Espinosa Torres, Soledad Baltazar Segura, Ma. del Carmen Corral Romero, Ma. Elena Cruz Muñoz, Margarita Chávez Murguía, Ma. del Carmen Díaz Amador, Ma. Antonia Durán López, Elodia Gutiérrez Estrada, Rocío Morgan Franco, Ma. Gloria Ocampo Aranda, Margarita Pérez Gavilán Torres, Sandra Lucía Segura Rangel, Ma. del Pilar Valdés y González Salas, Leticia Villegas Nava, Beatriz Zavala Peniche.

Suscriben los Diputados Federales: Marco Antonio Adame Castillo, Martín Contreras Rivera, José Angel Frausto Ortiz, Gustavo Espinosa Plata, José Armando Jasso Silva, Raúl Monjarás Hernández, José Jesús Montejo Blanco, Javier Paz Zarza, Abelardo Perales Meléndez, Sergio Antonio Salazar Salazar, José de Jesús Torres León, Héctor Flavio Valdez García, Francisco Vera González, Gustavo A. Vicencio Acevedo.

 

Por acuerdo del Consejo Nacional de Protección Civil, adoptado el 11 de agosto de 1990, México se adhirió a dicha estrategia mundial, procurando desde entonces, cumplir a cabalidad con el compromiso asumido en el seno de las Naciones Unidas. Atentamente Atentamente Dip. Manuel Hernández Gómez Presidente 10:30-11:00 Segunda ronda de intervenciones de diputados de los grupos parlamentarios PAN, PRD, PRI y respuestas del director general de la Comisión Nacional del Agua. (5 minutos para cada intervención y cada respuesta) 11 :00-11:10 Receso             Ing. Guillermo Guerrero Villalobos 11:40-11:45 Cierre y clausura de la reunión a cargo del dip. Jesús Higuera Laura, Presidente de la Comisión. Atentamente Dip. dr. Santiago Padilla Arriaga Presidente Atentamente Dip. Fidel Herrera Beltrán Presidente   Atentamente Dip. Alberto Curi Naime Presidente   Atentamente Ing. Noé González Lira Secretario técnico                5. Asuntos generales. Atentamente Dip. Enrique Bautista Villegas Presidente   Las ponencias voluntarias se presentarán en las mesas de trabajo. A partir de ellas se generarán propuestas a ser discutidas en la plenaria al final de los trabajos del foro. Las ponencias se presentarán por escrito en un máximo de diez cuartillas, acompañadas de un resumen de dos cuartillas, debiendo ser enviadas a la Comisión de Bosques y Selvas o de Ecología y Medio Ambiente, vía fax, diez días antes de la realización del foro. Quienes tengan la posibilidad, podrán entregar su ponencia en un disquete de 3.5" en procesador de textos . El tiempo máximo de exposición para los ponentes será de 10 minutos. El producto final del foro será un documento propositivo, que, a manera de memoria, se entregará al Legislativo y al Ejecutivo, para su atención correspondiente.