Gaceta Parlamentaria, año I, número 151, jueves 5 de noviembre de 1998
INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DEL LIBRO Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA LEY ADUANERA

 Los que suscriben, diputados a la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Ley General del Libro, así como reformas y adiciones a diversas disposiciones en materia fiscal, con el fin de fomentar la lectura y la cultura del libro, con base en la siguiente.

Exposición de motivos

En la herencia del conocimiento y la evolución del pensamiento los libros representan un patrimonio del más alto valor. Significan la memoria individual y colectiva que prevalece, la memoria de la vida.

El papel insustituible del libro en la política cultural, como instrumento privilegiado para la educación, para la transmisión y la difusión de la cultura, para el desarrollo de la identidad nacional y la formación universal, obliga a reforzar la capacidad de leer y de escribir de toda la población.

Pero si el libro es un bien cultural, cuya distribución perfila la cultura de una sociedad, también es un bien económico. Desde hace algunos años el costo de los libros se ha incrementado, constituyendo un factor para restringir la demanda de los mismos por parte de la población.

La industria mexicana del libro se ha estancado, en consonancia con la mayor parte de la economía nacional. En los años cincuenta, el tiraje promedio de los autores mexicanos conocidos era de 3 mil ejemplares para 30 millones de mexicanos. En 1996, con 90 millones de mexicanos, se tiraron menos de 2 mil ejemplares, es decir, esperándose un aumento en libros debido al crecimiento demográfico del país, éstos disminuyeron en cantidad. Las estadísticas muestran claramente el descenso de la industria editorial, en un 60 por ciento en 1996, un 80 por ciento con respecto al 95; de cada cien empresas registradas en 1987, actualmente sólo quedan 10, es decir, un 90 por ciento menos.

Es claro que la demanda del libro está en relación directa con el desarrollo económico de los países, si vemos el consumo en libros por habitante. Anualmente, en Estados Unidos asciende a 89 dólares, en Alemania 102, Austria 95 y Dinamarca 92. Si los mexicanos como indica la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) leen 2.8 volúmenes al año, el consumo per cápita sería de 8 dólares, lo que resulta patético.1

En México, se producen diariamente 12 nuevos libros. En el mundo se publican 4 mil libros diarios, tomando en cuenta esta cifra el mexicano lee poco. En 1997 de los 93 millones de mexicanos alrededor de 79 millones no asistieron a una biblioteca el año anterior, de los cuales 39 millones están alfabetizados y se encuentran dentro de la edad productiva. La consulta del estudiantado a las más de 12 mil bibliotecas del país (según cifras del INEGI) en promedio son de 20 veces al año. Para Gabriel Zaid, el costo de mantenimiento de un libro en una biblioteca va de 47 a 110 dólares, lo cual nos hace reflexionar sobre la necesidad de dar un mayor impulso a la asistencia de bibliotecas públicas del país. 2

Aunado a lo anterior, existe un problema grave de rezago educativo, con un 9.8 por ciento de población analfabeta (IV Informe de Gobierno) y un promedio nacional de escolaridad de 7.5 años para 1997 (Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000). En México hay un potencial de sólo 15 millones de lectores, el resto de la gente no lee.

En este orden de ideas, tenemos por un lado, un número reducido de lectores por el rezago educativo y por la falta de costumbre hacia la lectura, y por el otro lado, bibliotecas con acervos no actualizados ni con todos los ejemplares que salen al mercado. Lo cual muestra que no es posible la existencia de un pueblo lector sin medidas destinadas a resarcir este rezago y a fomentar la lectura dentro de la población instruida, garantizando el acceso de la población mexicana al libro, como factor fundamental para transmitir el conocimiento, difundir la propia cultura y la universal, así como un medio para fomentar la investigación social, técnica y científica.

En 1970, Efraín González Morfín decía (que) es una exigencia de justicia social hacer accesible a los mexicanos, no sólo la enseñanza básica, sino también los grados superiores de la cultura. "Si educar es actualizar capacidades de perfeccionamiento humano, en la inteligencia, en la voluntad, en el corazón y en la conducta".3

Sealtiel Alatriste, escritor y editor, señala: "En una industria muy débil, con muy pocos lectores y compradores. Un sistema bibliotecario muy débil en términos de acervo, sistemas de compras y reposición, y un mercado del libro secuestrado ... con crisis o sin crisis es un mercado débil y con muchas situaciones que lo ponen en peligro. Hay que decir también que en la falta de lectores incide la política educativa de la lectura, que ha sido muy débil también en los últimos años". 4

Por otro lado, Octavio Paz nos dijo: "Los escritores mexicanos trabajamos en condiciones particularmente desventajosas: nuestra industria editorial es raquítica, las ediciones son ridículas por lo que se refiere al número de ejemplares, y aun así penetran muy difícilmente en un público que no lee y no lee porque no se le ha inculcado en los hogares ni en las escuelas, el amor a la lectura. La indiferencia ante el libro en los pueblos hispánicos se convierte entre nosotros en una suerte de horror. Para la mayoría de nuestros compatriotas leer un libro es una excentricidad, una curiosidad sicológica que colinda con la patología". 5

Precisamente este tipo de factores, entre otros, son los que nos motivaron a buscar algunas alternativas para resarcir el rezago de lectores y de libros en las bibliotecas, como a perfilar medidas que estimulen tanto a los creadores como a los actores involucrados en la cadena productiva del libro para disminuir los precios de los mismos.

La promoción del libro se configura, así, como fin prioritario de la política cultural de Estado. Todas las medidas de fomento del libro, por ello, deben estar estrechamente ligadas entre sí por ser imposible alentar la actividad creadora del autor, sin desarrollar coordinadamente la producción y la distribución del libro, y al mismo tiempo crear y fomentar el hábito de la lectura.

Muchos países ya cuentan con una Ley del Libro y la Lectura. En los de habla hispana: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Perú y la República Dominicana. El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, patrocinado por la Unesco, tiene un modelo de ley tipo. En 1971, México firmó el acuerdo de adhesión con los demás países latinoamericanos para el "Desarrollo del Libro y la Lectura".

Recordemos que en la legislatura pasada el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó en 1997 una Iniciativa de Ley del Libro, donde se abordaban aspectos fundamentales para el fomento del libro y la lectura, junto con algunas disposiciones fiscales para apoyar a los actores de la cadena productiva del libro. Sin embargo, dicha iniciativa no fue dictaminada. Este hecho derivó en revisar nuevamente los diversos proyectos de Ley del Libro, así como capitalizar las diversas propuestas presentadas en el Foro Ciudadano para la Creación del Anteproyecto de la Ley Federal del Libro, que organizó la Comisión de Cultura de esta LVII Legislatura, los días 7 y 8 de febrero de 1998. Sumadas a estas acciones, contamos con la buena disposición de los representantes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, quienes colaboraron en parte importante del proyecto.

En este sentido, la presente iniciativa es producto de acciones e intereses conjuntos que ven en la Ley General del Libro, el vehículo para dar un paso sólido hacia la accesibilidad y fomento de la lectura. Tenemos la convicción de que, definitivamente, el libro es un medio importante de la cultura en el mundo y es uno de los pilares básicos en los que se asienta el desarrollo de las sociedades modernas.

En este reconocimiento, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presenta una Ley General del Libro y una serie de reformas y adiciones en materia fiscal, que establecen los estímulos y los apoyos otorgados a toda la cadena productiva editora de libros.

El contenido de la Ley General del Libro consta de 18 artículos, distribuidos en cinco capítulos, además de contener dos artículos transitorios. El capítulo primero se constituye por disposiciones generales, donde se define esta ley como de interés público y las competencias de la misma; los conceptos que integran el entorno del libro, así como las garantías constitucionales de expresión y de imprenta.

El capítulo segundo establece las actividades de las autoridades educativas a nivel federal, estatal y municipal en el fomento a la lectura y en garantizar que las bibliotecas cuenten con todos los ejemplares de libros publicados en México y en el extranjero.

En el capítulo tercero, se provee lo necesario para la creación del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, los integrantes del mismo, su patrimonio, facultades y funciones, forma de sesionar, estructura profesional y la creación de Consejos de Fomento del Libro y la Lectura en las entidades federativas, en los términos del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

El capítulo cuarto trata las sanciones y el capítulo quinto es sobre disposiciones adicionales, donde alude al apoyo por parte del Ejecutivo federal para las políticas y estrategias encaminadas a promover e incrementar el libro, en sus diversas etapas y, la lectura.

Por otra parte, para lograr una mejor eficacia a la tarea del fomento del libro se hace necesario estimular la producción del libro otorgando algunas prerrogativas fiscales dirigidas a los actores de la cadena productiva del libro, en la consideración de que éstas estimularán la disminución del costo de los libros para incidir efectivamente en el fomento al libro y la lectura. Es así que las reformas y adiciones en las leyes del Impuesto al Activo, Ley de Impuesto Sobre la Renta, Ley de Impuesto al valor Agregado y Ley de Aduana versan hacia ese objetivo.

La adición de una fracción VII al artículo 6 de la Ley del Impuesto al Activo tiene como objetivo exentar de dicho impuesto las actividades de edición, prestación de servicios editoriales, impresión o encuadernación y/o distribución y enajenación de libros.

Las reformas al artículo 13, en su fracción IV, y al artículo 77, fracción XXX, inciso b, y el artículo 143, en su fracción IV, se dirigen a reducir el 50 por ciento a los contribuyentes (personas físicas y morales) dedicados exclusivamente a la edición, producción, impresión, encuadernación, distribución y enajenación de libros y a la prestación de servicios editoriales; y hasta por el 20 por ciento del monto de reinversión de utilidades del ejercicio fiscal correspondiente, siempre que se reinvierta el 100 por ciento de las utilidades obtenidas en dicho ejercicio.

La adición de una fracción V al artículo 13, y una fracción V, al artículo 143 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, busca la reducción de dicho impuesto hasta por el 50 por ciento del monto correspondiente a la importación de insumos, maquinaria, equipo y/o refacciones exclusivamente relacionadas con la actividad editorial.

La reforma al artículo 9, en su fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se encamina a la eliminación de exención para enajenación de libros y, la adición de un inciso i, en la fracción I, del artículo 2-A, y una fracción IX, del artículo 25 de la misma ley tienen como objetivo la implementación de tasa del 0 por ciento para la enajenación de libros y materiales complementarios para la edición, producción, servicios editoriales, impresión, encuadernación y distribución de libros. Se busca, además, exentar del IVA a las importaciones de libros y demás publicaciones a través de la adición de una fracción IX, en el artículo 25.

Con el fin de que los libros, fotografías, películas, grabados y otros elementos reproducibles, insumos, maquinaria, equipo, partes y refaccionarias para la edición y encuadernación de libros no paguen impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo, siempre y cuando se compruebe que dichos elementos o actividades se encuentren directamente vinculados a la producción de libros, se adiciona una fracción XVII al artículo 61 de la Ley Aduanera.

Estamos convencidos que de ser aprobada esta iniciativa vendrá a contribuir a fomentar la lectura y a fortalecer un bien cultural y económico: el libro. Por ello los legisladores de Acción Nacional en ésta LVII Legislatura sometemos a consideración de esta H. Asamblea la presente

Iniciativa de proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General del Libro y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Activo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley Aduanera

ARTICULO PRIMERO.- Se crea la Ley General del Libro para quedar como sigue.

LEY GENERAL DEL LIBRO

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente ley es de orden e interés público, tiene como finalidad regular en todo el territorio nacional las siguientes actividades:

I. Promover la lectura;

II. Apoyar a las bibliotecas públicas;

III. Apoyar a los autores mexicanos de libros;

IV. Apoyar a los editores y libreros mexicanos;

V. Fomentar la producción y la calidad del libro mexicano y coediciones mexicanas;

VI. Apoyar la distribución y difusión del libro y coediciones mexicanas a nivel nacional e internacional.

Artículo 2.- Las actividades a que se refiere el artículo anterior se rigen por la presente ley, así como por lo dispuesto en el Código de Comercio y por las Leyes Mercantiles vigentes en el país, por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Activo. Sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley General de Educación y sus respectivos reglamentos y la Ley General de Bibliotecas.

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

Libro: Toda publicación unitaria no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impreso en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprende también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conforme conjuntamente con el libro un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente.

Libro Mexicano: el editado y producido en México, sin importar la nacionalidad del autor.

Coediciones mexicanas: las ediciones de libros acordadas en un convenio documentado entre empresas editoras mexicanas y con similares extranjeras, respecto de un libro cuyo proceso total o parcial de producción, según el caso, se realice en México y se catalogue con ISBN nacional.

Autor: la persona que realiza alguna obra de manera parcial o total, destinada a ser difundida en forma de libro o como parte integrante de éste. También se considera como autor, sin perjuicio de los requisitos establecidos en la legislación vigente, al traductor respecto de su traducción, al compilador y a quien extracta o adapta obras originales, así como al ilustrador y al fotógrafo respecto de sus correspondientes trabajos.

Autor nacional: el autor de nacionalidad mexicana y el autor extranjero legalmente domiciliado en México.

Editor de libro: la persona física o moral, económica y legalmente responsable de la edición de un libro, que elige o concibe la obra y la realiza por cuenta propia o encarga a terceros los procesos para su transformación en libro y que es titular de los correspondientes derechos patrimoniales de autor, cuyos ingresos anuales provengan cuando menos de un noventa por ciento de su actividad editorial.

Servicios editoriales: los prestados por personas físicas o morales legalmente domiciliadas en el territorio nacional, dedicadas a las tareas denominadas de "preprensa" de libros mexicanos y coediciones mexicanas, consistentes en la corrección y revisión de textos, la composición tipográfica, diseño o diagramación mecánica o electrónica de los mismos, la fotomecánica y la formación de los libros o de sus páginas, cuyos ingresos anuales provengan cuando menos de un noventa por ciento de su actividad editorial.

Impresores y encuadernadores: las personas físicas o morales domiciliadas legalmente en el territorio nacional, dedicadas a las artes gráficas y que posean la infraestructura industrial y los medios necesarios para la impresión y encuadernación de libros cuyos ingresos anuales provengan cuando menos en un noventa por ciento de las referidas actividades.

Distribuidores: las personas físicas o morales legalmente domiciliadas en el territorio nacional, cuyos ingresos provenientes de la comercialización de libros al mayoreo, representen cuando menos el noventa por ciento del total de sus ingresos anuales.

Librerías: los establecimientos comerciales, propiedad de personas físicas o morales, cuyos ingresos provenientes de la venta de libros al público en general representen cuando menos el noventa por ciento del total de sus ingresos anuales.

Artículo 4.- Las garantías constitucionales de expresión y de imprenta, implícitas en las libertades de edición, impresión y distribución de libros y de sus complementos no podrán ser restringidas ni obstaculizadas, salvo por resolución judicial que haya causado ejecutoria.

Artículo 5- Ninguna autoridad federal, estatal o municipal podrá prohibir la promoción, creación, edición, producción, distribución y difusión del libro, salvo cuando así lo disponga expresamente una sentencia judicial que haya causado ejecutoria.

Capítulo II
De las Autoridades Educativas

Artículo 6.- A las autoridades educativas a nivel federal, estatal y municipal corresponde:

I. Formar lectores durante la educación primaria que sepan acudir a una biblioteca, escoger un libro, leerlo, cuidarlo, escribir un resumen y devolverlo, así como consultar un diccionario y un directorio telefónico;

II. Garantizar la lectura de todos los libros publicados en México en la Biblioteca Nacional, Biblioteca de México y Biblioteca del Congreso de la Unión, así como en las bibliotecas centrales estatales y en los archivos de la Dirección General del Derecho de Autor y el ISBN, a través de la compra y donación que realice el Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, de treinta y seis ejemplares de todos los libros editados en México y de todos los libros de autor mexicano publicados en el extranjero.

Para tales efectos los editores venderán cada libro de edición o coedición mexicana con un 20 por ciento de descuento;

III. Ofrecer 30 ejemplares de todos los libros de autor mexicano publicados en México o en el extranjero, a todos los lectores de otros países a través de una red mexicana de bibliotecas en el extranjero o de bibliotecas extranjeras especialmente interesadas en los autores mexicanos, distribuidos en los cinco continentes, cuya compra y donación la realizará el Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

Para tales efectos los editores venderán cada libro de edición o coedición mexicana con un 20 por ciento de descuento; y

IV. Organizar un concurso anual, a nivel nacional, de comprensión de lectura, el cual deberá aplicarse a los alumnos de educación básica

Capítulo III
Del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura

Artículo 7.- Se crea el Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con los integrantes referidos en el artículo siguiente

Artículo 8.- El Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura se integra por:

I. El Secretario de Educación Pública como presidente o quien éste nombre;

II. Un representante de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV. El Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

V. El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;

VI. El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana;

VII. El Presidente de la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, AC;

VIII. Un representante de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC;

IX. El Presidente de la Asociación de Libreros Mexicanos, AC;

X. Un representante de la Red Nacional de Bibliotecas;

XI. Un representante de la Asociación Nacional del Libro, AC.

Artículo 9.- El patrimonio del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, se integrará con: a) Presupuesto anual que se le autorice dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública;

b) Bienes destinados o utilizados por la Secretaría de Educación Pública;

c) Ingresos derivados de su propia actividad; y

d) Donaciones y legados.

Artículo 10.- El Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura deberá coordinarse con las instituciones responsables para el cumplimiento de las siguientes facultades: I. La creación y reforzamiento de los hábitos de la lectura;

II. La promoción de las exportaciones de libros mexicanos y de coediciones mexicanas;

III. La organización de ferias locales, regionales, nacionales e internacionales del libro, fijas o itinerantes, así como apoyar a los editores de libros para su participación en ferias internacionales;

IV. La organización de actividades y cursos de capacitación, vinculados al trabajo editorial, gráfico, librero y bibliotecario;

V. El desarrollo de planes de cooperación internacional en el campo de la lectura y del libro;

VI. El desarrollo de sistemas integrales de información sobre el libro, su distribución, la lectura y los derechos de autor, así como crear una base de datos que contemple: catálogos y directorios colectivos de autores, obras, editoriales, industria gráfica, bibliotecas y librerías mexicanas, disponible para la consulta en red desde cualquier país; VII. El impulso de un sistema electrónico de consulta y conservación del patrimonio literario para la Red Nacional de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, desde los códices indígenas hasta los libros del siglo XIX. Los libros del siglo XX se irán incorporando al sistema, a medida que pasen al dominio público;

VIII. El apoyo a las instituciones que promuevan la formación profesional y la capacitación de quienes laboren en la cadena productiva y distributiva del libro mexicano y coediciones mexicanas;

IX. El apoyo a las actividades en defensa de los derechos del autor, el traductor y del editor, dentro y fuera del territorio nacional;

X. La capacitación de los profesionales de la educación en las ciencias relacionadas con el libro y la industria editorial, así como a los profesionales de los centros de documentación e información; y

XI. Las demás que estime necesarias.

Artículo 11.- Son obligaciones del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura las siguientes: I. La difusión y promoción del libro y la lectura en actividades que no constituyan publicidad de empresas o libros específicos;

II. La adquisición de los libros y coediciones mexicanas para el deposito legal de las bibliotecas, así como para los fines de elaboración de catálogos bibliográficos, de acuerdo con lo que establece la fracción II y III del artículo seis;

III. El fomento y financiamiento de las traducciones de autores mexicanos a idiomas extranjeros y a lenguas indígenas de México o de estos últimos al idioma español;

IV. La promoción y realización de campañas y adopción de medidas destinadas a evitar las reproducciones no autorizadas de libros;

V. El otorgamiento de premios y estímulos para los editores y correctores de libros mexicanos y coediciones mexicanas que se publiquen sin una sola errata; así como premios para los libros mejor escritos, los mejor traducidos y los de mejores índices y cuidados editoriales, entre otros conceptos que sugiera el Consejo;

VI. La promoción y fomento de la creación de todo género literario, mediante la organización de concursos, otorgamiento de becas y premios, así como la realización de talleres literarios y otros mecanismos de estímulos a los creadores.

VII. Servir de consulta y conciliación en todos los asuntos concernientes a la política editorial y a su ejecución, evaluación, actualización y promoción de la cultura del libro; y

VIII. Las demás que estime necesarias.

Artículo 12.- El Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura sesionará como mínimo tres veces al año, en la fecha que fije su reglamento y sobre los asuntos que el mismo establezca.

Artículo 13.- El quórum para celebrar la sesión deberá ser de cuando menos el 50 por ciento más uno de sus miembros, para que las decisiones sean válidas deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros presentes, salvo aquellos casos en que se requiera mayoría calificada según su reglamento.

Artículo 14.- El reglamento interno del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura señalará la forma en que se celebrarán las sesiones.

Artículo 15.- El Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura contará con la estructura profesional necesaria para su desarrollo, según se mencione en su reglamento.

Artículo 16.- En las entidades federativas se formarán Consejos de Fomento del Libro y la Lectura, en los términos del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

Capítulo IV
Sanciones

Artículo 17.- En lo conducente se aplicaran las sanciones de la Ley General de Educación, Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Capítulo V
Disposiciones Adicionales

Artículo 18.- El Ejecutivo federal pondrá en práctica las políticas y estrategias encaminadas a promover e incrementar la creación, edición, producción, distribución, difusión, venta y exportación del libro mexicano y de las coediciones mexicanas y a asegurar su presencia en las ferias nacionales e internacionales

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 13, fracción IV; 77, fracción XXX, inciso b, y 143, fracción IV; además se adiciona una fracción V al artículo 13 y una fracción V al artículo 143 de la Ley del Impuesto al Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 13 ...

I al III...

IV. 50 por ciento, si los contribuyentes están dedicados exclusivamente a la edición, producción, impresión, encuadernación, distribución y enajenación de libros, así como a la prestación de servicios editoriales; y hasta por el 20 por ciento del monto de la reinversión de utilidades del ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se reinvierta el 100 por ciento de las utilidades obtenidas en dicho ejercicio. Cuando no se dediquen exclusivamente a estas actividades, calcularán la reducción correspondiente sobre el monto del impuesto que corresponda a los ingresos por las actividades mencionadas en el párrafo anterior en los términos del Reglamento de esta Ley.

...

V. Hasta por el 50 por ciento del monto correspondiente a la importación de insumos, maquinaria, equipo y/o refacciones exclusivamente relacionados con la actividad editorial.

Artículo 77... I al XXIX...

XXX.-....

....

a)...

b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del 20 por ciento del capital social de la persona moral que efectúa los pagos.

c)...

XXI a XXXII...

...

...

...

Artículo 143 ... I a III ...

IV.- 50 por ciento, si los contribuyentes están dedicados exclusivamente a la edición, producción, impresión, encuadernación, distribución y enajenación de libros, así como a la prestación de servicios editoriales; y hasta por el 20 por ciento del monto de la reinversión de utilidades del ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se reinvierta el 100 por ciento de las utilidades obtenidas en dicho ejercicio. Cuando no se dediquen exclusivamente a estas actividades, calcularán la reducción correspondiente sobre el monto del impuesto que corresponda a los ingresos por las actividades mencionadas en el párrafo anterior en los términos del Reglamento de esta Ley.

Para efectos de este artículo, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades antes mencionadas, aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90 por ciento de sus ingresos totales.

V. Hasta por el 50 por ciento del monto correspondiente a la importación de insumos, maquinaria, equipo y/o refacciones exclusivamente relacionados con la actividad editorial.

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el artículo 9 en su fracción III; se adiciona un inciso i a la fracción I y una fracción V, ambos del artículo 2-A, así como una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2-A ...

I...

a - h) ...

i) Libros, entendiéndose por libro toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes y fascículos. Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente.

...

              II a IV ... V. La edición, producción, servicios editoriales, impresión, Encuadernación y distribución de libros.

...

Artículo 9 ... I a II ...

III.- Periódicos y revistas, así como el derecho para usar y explotar una obra, que realice su autor.

IV a VIII ...

Artículo 25 ... I a VIII ...

IX. Las de libros.

ARTICULO CUARTO.- Se adiciona la fracción VII al artículo 6 de la Ley del Impuesto al Activo para quedar como sigue:

Artículo 6 ...

I a VI ...

VII.- Las personas físicas o morales dedicadas a la edición, prestación de servicios editoriales, impresión, encuadernación y/o distribución de libros, así como a las librerías; cuyos ingresos anuales provengan, cuando menos en un 90 por ciento, de las actividades mencionadas.

...

...

...

ARTICULO QUINTO.- Se adiciona una fracción XVII al artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 61 ...

I a XVI ...

XVII.- Los libros, fotografías, películas, grabados y otros elementos reproducibles, insumos, maquinaria, equipo, partes y refacciones para la edición, impresión y encuadernación de libros siempre y cuando se compruebe a la autoridad fiscal que dichos elementos se encuentren directa y exclusivamente vinculados a la producción de libros.

ARTICULO SEXTO.-

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
 

Artículo Segundo.- En el término de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedirse el reglamento de la Ley General del Libro, que se crea en el artículo primero de este decreto.

Citas:

(1)Margarita Villanueva, Ramírez. Exposición de motivos de la iniciativa de la Ley del Libro, LVI Legislatura, grupo parlamentario Partido Acción Nacional. 1997

(2) Idem.

(3) Idem.

(4) Espinoza, Pablo. CANIEM, "La industria papelera en México, cien por ciento protegida por el gobierno", en: La Jornada, 30 de abril de 1995, p.25.

(6) La Jornada del 6 de enero de 1993.

México, DF, a 29 de octubre de 1998.
 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Beatriz Zavala Peniche

Dip. Javier Algara Cossío

 

DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DE LA C. DIP. MARIA DEL SOCORRO AUBRY OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados pertenecientes al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social cuyo decreto de expedición fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

Exposición de motivos

La seguridad social es un instrumento de justicia y equidad al servicio de la población trabajadora. Es la coronación de un esfuerzo sostenido del Estado mexicano por hacer realidad los derechos sociales plasmados en el artículo 123 de nuestra Constitución Política. Tiene por objeto garantizar el acceso a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión al trabajador en caso de presentarse alguna eventualidad que lo deje imposibilitado para el trabajo o que disfrutará al final de su vida productiva.

El legislador justificó la creación del Seguro Social, entre otras razones que fueron expuestas en la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en 1942 al Congreso de la Unión, por el hecho de que diversos factores económicos, sociales y políticos propiciaban que las capas más necesitadas de la población mexicana vivieran en condiciones permanentes de insatisfacción de sus necesidades apremiantes e insalubridad en los lugares de trabajo. Ello provocaba un bajo rendimiento, minaba la capacidad productiva de los individuos y deterioraba su calidad de vida. Así, la medida de carácter central para contrarrestar esos factores de perjuicio social no era otra cosa que elevar el poder adquisitivo de los sectores empobrecidos, a fin de ponerlos en condiciones de satisfacer esas necesidades. Concluía el autor de la iniciativa que "por esta razón fundamental, la implantación del Seguro Social representa una cuestión de primera importancia en México, pues... coloca al obrero en posibilidad, mediante tal sistema, de recibir diversos servicios y prestaciones en los casos de enfermedad, de vejez, de invalidez, y de los demás riesgos" a que están expuestos hombres y mujeres en el trabajo1. La creación del Seguro Social en 1943, fue el punto de partida para la conformación de uno de los sistemas de seguridad social más importantes de América Latina, como sin duda lo es el mexicano.

La legislación actual considera cinco ramos de aseguramiento para quienes se acogen a la Ley del Seguro Social, vigente desde el 1 de julio de 1997: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Los cinco ramos configuran una vasta red de protección social construida a lo largo de 55 años para beneficio de millones de asalariados del campo y la ciudad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, pilar de la política social, ha hecho posible la protección integral del trabajador, mejorar su eficiencia productiva y elevar su calidad de vida y la de su familia. Los servicios y beneficios que ofrece, día a día se extienden a más ciudadanos pese a las dificultades financieras que ha tenido que afrontar en épocas de crisis económica.

Consolidar las instituciones de seguridad social y preservar los principios que le dieron vida no ha sido sencillo. A lo largo de estas cinco décadas y media, la legislación ha tenido avances importantes como el tránsito del seguro social a un concepto de seguridad social amplio que permitió que un mayor número de mexicanos accediera a sus beneficios en forma integral. Pero también ha sufrido retrocesos significativos que se verán reflejados en la marcha de las mismas instituciones y en las expectativas de mejoría futura de sus beneficiarios.

Por su importancia y el impacto social que tiene, es conveniente atender uno de los efectos más nocivos de los recientes cambios al régimen de pensiones del IMSS. Como antecedente, en 1992 fue creado por iniciativa del Ejecutivo Federal el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con el que se introdujeron en la ley conceptos y fines que entonces le eran ajenos a la seguridad social, al establecer un seguro complementario de capitalización individual administrado por instituciones de crédito. Posteriormente, en 1995 se produjo una franca ruptura con los principios que sustentaron el modelo público, solidario y redistributivo puesto en duda con el SAR. En ese año el carácter solidario de los fondos de pensiones del IMSS fue trastocado de raíz al incorporar en la ley un sistema privado de pensiones de capitalización individual de beneficios inciertos, modificando sustantivamente el régimen financiero del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Los recursos de los fondos de pensiones fueron entregados para su administración a entidades financieras privadas y se pasó de tajo, por cuanto hace a éstos, de la seguridad social al negocio de los seguros privados.

La reforma obedeció a un propósito deliberado de sustituir la responsabilidad pública en la generación del bienestar colectivo de los trabajadores por la intervención del mercado no sólo en el régimen de pensiones sino en los cinco ramos de aseguramiento. Esta reforma profunda se realizó en un contexto de cambio estructural y en sintonía con las políticas económicas privatizantes que han tenido un alto costo social en los países donde se han implantado. La justificación fue garantizar la viabilidad financiera del Instituto y el cumplimiento futuro de las obligaciones contraídas con los cotizantes. Con la reforma se indujo el ahorro forzoso de 12.6 millones de trabajadores con que cuenta hoy el modelo de las Afore y se espera fortalecer, por esta vía, el ahorro interno como palanca de desarrollo.

De conjunto, el impacto de aquellas reformas en el nivel de vida de los derechohabientes del IMSS y en la economía del país no se verá de inmediato, más allá de la reducción de las cuotas obrero-patronales y de la constatación del floreciente negocio de las Afore y las compañías de seguros privados. Los beneficios económicos esperados con la reforma de 1995: la fortaleza financiera del instituto; La mejoría en la calidad, eficiencia y calidez de los servicios médicos que presta; la incorporación de un número creciente de ciudadanos a los seguros y prestaciones que ofrece y la garantía de una vejez digna para los futuros pensionados y jubilados no dejarán de ser una gran duda por mucho tiempo. E1 nuevo régimen de pensiones madurará en 25 años y hasta entonces podremos verificar la certeza de las ventajas ofrecidas hace 4 años.

En tanto eso ocurre los contribuyentes pagarán el costo fiscal de la transición de un régimen a otro por un largo periodo de tiempo. Lo que si se ha podido constatar es que el alto costo fiscal de la reforma a la seguridad social ha sido mayor al estimado por sus autores: de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica para 1998, el costo fiscal total acumulado es de 1.47 por ciento del Producto Interno Bruto. No obstante, el gobierno federal ha tenido que recurrir al Banco Mundial para soportar el gasto financiero del seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS, lo que pone en entredicho el nuevo régimen financiero de este seguro.

La reforma de 1995 pretendía, también, sentar los cimientos para un sistema de pensiones más equitativo al modificar la base de cálculo, el régimen financiero y los criterios para incrementar el monto de éstas, no obstante haber aumentado el tiempo de espera para el disfrute de una pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez de 500 a 1250 semanas. Empero, y esta es la motivación de nuestra iniciativa, dejó sin resolver la situación de 1 millón 200 mil jubilados y pensionados existentes al momento de producirse la reforma, 90 por ciento de los cuales percibían un salario mínimo general del Distrito Federal como pensión. El supuesto beneficio del nuevo régimen de pensiones, como el incremento de su monto conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, no le fue aplicado a este sector. Las pensiones que reciben en la actualidad continúan atadas a los incrementos al salario mínimo.

A ese numeroso grupo de la sociedad, que contribuyó con su trabajo al desarrollo del país y al engrandecimiento de la seguridad social, simplemente se le dejó en el olvido, al convertirlo en un pasivo incómodo de la transición de un régimen de pensiones a otro. Para los autores de la iniciativa fue más importante considerar los supuestos beneficios para los potenciales ahorradores que para quienes ya habían consumido su vida laboral y contribuido a generar la riqueza del país. En las mismas circunstancias quedaron quienes se acogen a la ley anterior si desean disfrutar de una pensión por riesgos de trabajo, cesantía en edad avanzada y vejez.

Para estos pensionados la garantía del Estado para cubrir sus pensiones, no se traduce en la seguridad de mejoría futura ni de justicia social: sus ingresos seguirán siendo insuficientes para proporcionarles una vida decorosa.

A tres años de haberse aprobado la reforma, la situación de los pensionados con el régimen anterior ha empeorado llegando, incluso, a límites dramáticos que los legisladores estamos obligados a revertir. De acuerdo al IV Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, son ya 1 millón 711 mil 293 pensionados del IMSS amparados en la ley anterior. El monto que recibe el 90 por ciento de esos jubilados, de acuerdo a nuestras estimaciones, es de 918.58 pesos mensuales, es decir, 1.01 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal. Nadie puede aspirar a tener una vejez digna con ese ingreso tan bajo. La situación de las viudas es aún peor, en virtud de que la pensión que reciben es equivalente al noventa por ciento de la que recibía el asegurado fallecido.

Para tener una idea más precisa del drama en que viven los pensionados del IMSS, de conformidad con nuestros cálculos, que coinciden con las cifras oficiales, baste recordar que al mes de septiembre de este año el deterioro del salario mínimo con respecto a la inflación, si se toma como referencia 1977, ha sido del 71 por ciento y de alrededor de 21 por ciento desde 1994. En pesos de enero de 1998, esta remuneración equivalía a 92 pesos con 31 centavos diarios de hace 21 años y a 32 pesos con 91 centavos a inicios del presente sexenio. La situación de los pensionados se agravará aún más en 1998, habida cuenta de que el incremento aplicado a las pensiones fue del 14.2 por ciento y la inflación, en el mejor de los casos será del 16 por ciento, lo que provocará una nueva caída real en el monto de las pensiones en cerca de 2 puntos porcentuales.

Asimismo, diversas investigaciones universitarias dedicadas al análisis del poder adquisitivo en relación a los productos básicos, han demostrado que en los últimos 11 años, la canasta obrera indispensable se ha incrementado mil 574 por ciento, mientras que el salario mínimo ha subido apenas 367 por ciento en el mismo lapso. El costo de dicha canasta pasó de 6.86 pesos en diciembre de 1987 a 114.82 pesos al 15 de abril de 1998. Es decir, la inmensa mayoría de los pensionados del IMSS ni siquiera recibe lo suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias de sobrevivencia. Por lo demás, la canasta obrera indispensable no incluye vivienda, vestido, calzado, agua, energía eléctrica, gas, transporte o jabón.

Si nos atenemos a su nivel de ingresos, estos pensionados no alcanzan a superar la franja de la pobreza, ubicándose en la mayoría de los casos en el ejército de pobres extremos.

Todo lo anterior ha llevado a los legisladores que suscribimos esta iniciativa, a concluir que es urgente reformar la Ley del Seguro Social para beneficio de quienes se pensionaron con la ley que fue derogada y de las viudas de los actuales y futuros pensionados. Ello es posible si convenimos que hacerlo sería un acto de justicia social que reclaman la sociedad y los propios afectados.

De esta manera, una vez puesta en vigor la reforma que presentamos, la pensión de viudez será igual al cien por ciento de la que le hubiera correspondido al asegurado en caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto en el nuevo o el anterior régimen.

Para los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley del Seguro Social que, de acuerdo al transitorio Undécimo, decidieran acogerse al régimen de la ley anterior, la pensión de vejez o cesantía en edad avanzada, no podrá ser menor a 2 veces el salario mínimo general para el Distrito Federal. En virtud de que con este cambio se modifica el monto de las pensiones por riesgos de trabajo, por seguridad jurídica se hacen las precisiones necesarias. Las pensiones por riesgos de trabajo, vejez o cesantía en edad avanzada y viudez otorgadas bajo el régimen derogado, serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor.

En esta misma línea de reformas, las pensiones de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales en curso de pago, que señala el articulo Duodécimo transitorio, no podrán ser inferiores a 2 veces el salario mínimo general para el Distrito Federal. Consecuentes con la búsqueda de equidad, las pensiones en curso de pago por riesgos de trabajo, invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada y viudez, serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Conscientes de que las reformas y adiciones descritas tendrán un impacto en las finanzas públicas, proponemos que el incremento de la pensión mínima sea gradual, hasta alcanzar un monto de 2 veces el salario mínimo general, como cuantía mínima en el año 2000. Así los diputados tendremos la oportunidad de hacer las previsiones presupuestales necesarias en los años subsecuentes.

Legislar en favor de los sectores más desprotegidos es un compromiso adquirido con la sociedad a quien representamos. Es el momento de hacer justicia para quien más la reclaman. Es la oportunidad de pagar la deuda social con los jubilados y pensionados.

Por lo antes expuesto, se propone el siguiente:

Proyecto de decreto

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 131 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 131.- La pensión de viudez será igual al cien por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado en caso de invalidez o de la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan los transitorios Undécimo y Duodécimo de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Undécimo.- Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o riesgos de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece la presente Ley.

Si la decisión es acogerse al régimen de la ley que se deroga, la pensión de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrá ser inferior a 1.5 veces el salario mínimo general que rija para el Distrito Federal. Dicho monto deberá incrementarse a 2 veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, a partir del 1° de enero del año 2000.

Asimismo, la pensión de viudez será igual al cien por ciento de la pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, que el pensionado fallecido disfrutaba, o de la que le hubiere correspondido al asegurado en caso de invalidez.

La pensión que se otorgue en caso de incapacidad permanente total, será siempre superior a la que le corresponda al asegurado por invalidez, comprendidas las asignaciones familiares y la ayuda asistencial.

Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, a la viuda se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquel. La misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la asegurada. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida.

Las pensiones por riesgos de trabajo, vejez o cesantía en edad avanzada y viudez otorgadas bajo el régimen que se deroga, serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Duodécimo.- Estarán a cargo del gobierno federal las pensiones que se encuentren en curso de pago, así como las prestaciones o pensiones de aquellos sujetos que se encuentren en periodo de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la Ley que se deroga.

Las pensiones en curso de pago, se cubrirán conforme a lo siguiente: las de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que en su caso correspondan, no podrán ser inferiores a 1.5 veces el salario mínimo general que rija para el Distrito Federal. Dicho monto deberá incrementarse a 2 veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, a partir del 1 de enero del año 2000.

Asimismo, la pensión de viudez será igual al cien por ciento de la pensión de invalidez, de vejez o de cesantía en edad avanzada, que el pensionado fallecido disfrutaba.

Las pensiones en curso de pago por riesgos de trabajo, invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada y viudez, serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Artículos Transitorios

Artículo Unico.- E1 presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 1999.

Solicito a la presidencia, turne la presente iniciativa a la Comisión de Seguridad Social.

Diputados Roselia Margarita Barajas Olea, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Flores Carrasco y César Agustín Pineda Castillo.

Notas: (1) Exposición de motivos de la iniciativa de Ley del Seguro Social, presentada por Manuel Avila Camacho al Congreso de la Unión el 18 de diciembre de 1942, Diario de los Debates, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, página 12.