Comunicaciones
DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA, SOBRE LA CONVOCATORIA PARA OCUPAR LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE FINANZAS PUBLICAS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política informa:
PRIMERO.- Con base en la convocatoria realizada por esta Comisión para ocupar la Dirección de la Unidad de Finanzas Públicas de esta H. Cámara, el pasado 15 de mayo de 1998 se cerró el plazo legal para recibir la documentación de los interesados en ocupar dicha dirección. En estos términos, se registraron 37 aspirantes al cargo antes señalado, quienes son:
Adolfo del Castillo Martínez, Eduardo Leonel Pagaza Robles, Cristina Amaya, Rubén Espinosa Cerda, Francisco Hernández y Puente, Saúl Vasco Sánchez, David Martínez Aguilar, Francisco Venegas Martínez, Rubén René Acosta Vázquez, Salvador Romero Hernández, Darío Unda Hernández, Miguel Kolteniuk Figueroa, Eduardo Noriega Alvarez, Carlos Norberto Valero Flores, Raúl Orive Fuentes, Luis Alberto Vásquez Meléndez, Francisco Javier Canizal B., Rafael Augusto Gutiérrez Barrón, Angel Romero Juárez, Roberto Michel Padilla, Héctor Bernardo Paredes Mora, José Antonio Romero Gardoqui, Víctor Javier Ampudia Orozco, José G. Vergara Barragán, Guillermo Pérez Pérez, Bernardino Arana Aguilar, Héctor Lidio Castillo Mejía, Filiberto Cipriano Marín, Jael Elizabeth Castillo Gutiérrez, Francisco Antonio Bolaños Buendía, Rafael G. Huerta Veytia, Roque Vicente Hernández Mercado, Jesús A. Grajales Siegenthaler, Gildardo López Tijerina, Jorge Casas Comadurán, Ana Catalina Mayoral Noriega y Gustavo E. Varela Ruiz.
SEGUNDO.- Con base en el artículo 9°, fracción III, del Acuerdo Parlamentario para la Creación de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, donde señala que en el nombramiento del Director, "el jurado establecerá las características del concurso, analizará las postulaciones recibidas y emitirá un dictamen de una terna de aspirantes", el jurado sostuvo una reunión previa el día de hoy a las 10 horas en las instalaciones de esta Comisión. Acordó que para el dictamen final los aspirantes deberán hacer entrega de un proyecto de funcionamiento y conformación de la Unidad de Finanzas Públicas. Dicho documento no podrá ser mayor de cuatro cuartillas tamaño carta, y deberá ser entregado en esta Comisión, a más tardar el día 21 de mayo a las 19 horas en ocho copias.
Los documentos se recibirán en el domicilio sito en av. Congreso de la Unión núm. 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, México, Distrito Federal, 2o. nivel, edificio A, Palacio Legislativo de San Lázaro. Teléfonos 422-5014, 628-1300, exts. 8014, 2249 y 2238 (fax).
Palacio Legislativo, México, DF, 18 de mayo de 1998
DEL DIPUTADO JUAN CRUZ MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE VIVIENDA, DONDE PRESENTA AL MINISTRO JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PROBLEMATICA DE LOS DEUDORES DE LA BANCA POR CREDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA A NIVEL NACIONAL
Palacio Legislativo a 15 de mayo de 1998
Señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
PRESENTE
Atentamente me dirijo a Usted, para anexarle y hacerle formal entrega del "Documento que contiene las consideraciones sobre la problemática de los Deudores de la Banca por Créditos Hipotecarios de Vivienda a nivel Nacional", que he formulado en mi carácter de Presidente de la Comisión de Vivienda de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, y en atención a la solicitud de organizaciones ciudadanas y personas físicas que nos han hecho múltiples planteamientos y han demandado nuestra intervención.
Por la trascendencia de este asunto, es mi firme propósito y tengo la confianza de que merecerán su atención, en el fallo que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación emita en su oportunidad.
Sin otro particular aprovecho para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Dip. Juan Cruz Martínez
Presidente
Documento que contiene las consideraciones sobre la problemática de los Deudores de la Banca por Créditos Hipotecarios de Vivienda a Nivel Nacional
En mi carácter de Presidente de la Comisión de Vivienda de la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, me permito hacer un conjunto de consideraciones en torno de la capitalización de intereses "Anatocismo" en los créditos hipotecarios y las repercusiones concretas que esto ha traído en un conjunto muy importante de deudores que están padeciendo esta disposición crediticia.
Por las funciones propias de mi cargo, me he permitido recibir una gran cantidad de misivas y de visitas de deudores hipotecarios, que me han planteado su desesperación y angustia al no poder cubrir, como fuera su intención, las obligaciones contraídas con la Banca. Es indiscutible que los miles de mexicanos que están en esta situación demandan una solución justa a su problema.
En esta tónica de una solución justa y expedita, es que me permito hacer a usted, de manera respetuosa, las siguientes consideraciones:
Consideraciones Jurídicas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver sobre la contradicción de tesis sustentadas por dos tribunales colegiados de diferentes circuitos.
Particularmente, el problema a resolver se deriva de la interpretación que sobre diferentes normas jurídicas han realizado nuestros tribunales para el efecto de determinar si es legal o no el que las Instituciones Nacionales de Crédito estén en posibilidad de capitalizar intereses; o bien, que dicha capitalización no es legal.
Las Instituciones Nacionales de Crédito rigen su actividad fundamentalmente por la Ley de Instituciones de Crédito y, en lo no previsto por dicho ordenamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Instituciones de Crédito, rige la Legislación Mercantil; los usos y prácticas bancarias y mercantiles; el Código Civil para el Distrito Federal y por el Código Fiscal de la Federación.
Para la realización de sus operaciones activas el artículo 65 de la ley de Instituciones de Crédito obliga a que
"para el otorgamiento de sus financiamientos, las Instituciones de Crédito deberán estimar la viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de los acreditados, y la calificación administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías que, en su caso, fueren necesarias. Los montos, plazos, regímenes de amortización y en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deberán tener una relación adecuada con los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de los acreditados".
De la transcripción del artículo anterior se desprende claramente la obligación por parte de las Instituciones de Banca Múltiple de analizar, previo al otorgamiento de un financiamiento, la viabilidad económica de dichos proyectos.
Ahora bien, es un hecho que las Instituciones de Crédito otorgaron financiamientos sin cumplir con los requisitos que el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito establece.
De igual forma las condiciones económicas del país, en lo general y de los acreditados en particular, a partir de la crisis económica generada en diciembre de 1994, trajo como consecuencia que muchos de los acreditados se encontraran en la imposibilidad económica y jurídica de cubrir sus créditos, máxime que las tasas de interés se elevaron a niveles insospechados, por lo que millones de mexicanos se encuentran impedidos para el cumplimiento de sus obligaciones.
Particularmente en lo que a los créditos hipotecarios se refiere, las personas que obtuvieron dichos créditos y otorgan como garantía real para el cumplimiento del mismo su vivienda, corren el riesgo de perderla, toda vez que por cuestiones inflacionarias y la capitalización de intereses, el monto de los créditos originalmente pactados se han elevado enormemente, con lo que se genera un grave conflicto social.
A mayor abundamiento, en lo referente a los créditos hipotecarios lo mismo se regulan en términos de lo dispuesto por el Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia federal y el artículo 2397 del ordenamiento antes citado establece:
"las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y produzcan intereses",
por lo que cualquier compromiso entre las partes que contravengan lo dispuesto por el artículo antes citado esta afectado de nulidad y no produce consecuencias jurídicas de ninguna índole.
Asimismo el artículo 363 del Código de Comercio establece:
"los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos".
De esta disposición se desprende que para que pueda existir la capitalización de intereses se requiere el acuerdo de voluntades de las partes que intervienen en la celebración del contrato, sin embargo, lo que sistemáticamente ha ocurrido es que las Instituciones de Banca Múltiple, como si se tratara de contratos de adhesión, fuerzan a los particulares a aceptar sin discusión alguna las cláusulas del contrato, con lo que necesariamente se ven afectados en sus intereses.
Es principio jurídico universalmente aceptado que nadie está obligado a lo imposible, por lo que sí las condiciones económicas del país variaron en forma por demás abrupta y dichas variaciones no son imputables a los deudores, sino a los encargados de la conducción de la política económica, no deben ser los particulares quienes resientan estas consecuencias.
Consideraciones Económicas y Sociales
A poco más de tres años del comienzo de la crisis financiera, millones de mexicanos que acudieron a los bancos privatizados para obtener crédito a fin de adquirir bienes duraderos o una vivienda aun padecen las secuelas de lo que fue uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia reciente.
Muchos perdieron su patrimonio, otros, los más afortunados, tuvieron que redoblar sus esfuerzos para hacer frente a obligaciones financieras que con frecuencia triplicaban a las que habían contratado originalmente.
Las preguntas hasta hoy día siguen siendo quién o quiénes fueron los responsables de esta catástrofe social y qué debemos hacer para que no se repita. Consideramos que la responsabilidad recae en primer término en las autoridades hacendarias que diseñaron y pusieron en marcha el proceso de privatización bancaria sin haber tomado las previsiones necesarias para evitar el manejo irresponsable de los recursos crediticios de la Nación. Pero en la medida que no disponemos de mecanismos jurídicos para que estos funcionarios públicos rindan cuentas, está más allá de nuestras posibilidades la adopción de cualquier acción de deslinde directo de responsabilidades. Sin embargo, podemos pugnar porque los nuevos ordenamientos que regularán las actividades crediticias sean los más justos y transparentes posibles, de manera que la relación entre los bancos y el público sea equitativa.
La controversia sobre si es legal o no el cobro de intereses sobre intereses es un ejemplo de lo mucho que resta por hacer para superar la secuela devastadora que dejó la crisis financiera. La decisión unilateral que tomaron los bancos en 1992 de incluir una cláusula que les permitía cobrar a sus clientes intereses sobre intereses fue una anomalía tanto por su forma como por su contenido. La Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor debieron tomar cartas en el asunto para mediar entre los intereses de los bancos y el de los usuarios del crédito. Pero como existía un vacío legal en el país que sólo ahora empieza a subsanarse, la situación se dejó correr y los bancos, que estaban organizados prácticamente como cártel, se aprovecharon indebidamente de la situación sacando provecho a costa de sus clientes.
Como lo ha documentado la Securities Auction Comission, que efectúan un seguimiento permanente de las actividades crediticias de los bancos, el problema central no era tanto si era legal la capitalización de intereses, sino cómo administraban los bancos dicha capitalización. Como está fielmente documentado, los bancos empezaron a efectuar una administración leonina de las carteras de crédito a partir de mediados de 1992, cuando vieron afectada su rentabilidad y se pusieron de manifiesto las precarias condiciones sobre las que se había concebido la privatización bancaria. En su afán de recuperar su rentabilidad sesgaron a su favor la relación contractual con sus clientes bajo una metodología que recuerda el principio de las tiendas de raya durante los días negros del Porfiriato.
Habiéndose elevado las tasas de interés, los bancos computaban los pagos de sus clientes en orden inverso al que aplicaban los bancos cuando ellos son los deudores, es decir, los pagos que recibían primero los destinaban a cargos accesorios, luego a cargos moratorios, en tercer lugar a intereses financieros y sólo finalmente al pago del principal. De este modo, pese a que la mayoría de los deudores de la banca estaba haciendo un esfuerzo inaudito por cumplir con sus obligaciones, las alzas de las tasas de interés pero especialmente el procedimiento leonino e ilegal de administración de las carteras de crédito, los orilló a la insolvencia.
En suma, puede argumentarse que la capitalización de intereses es una práctica generalizada en el mundo, pero la gran diferencia con México es que en otros países está estrictamente fiscalizada para evitar abusos. En nuestro país, además del carácter unilateral de la decisión para capitalizar los intereses, lo que en sí invalida dichas cláusulas, no existió una supervisión de los procedimientos que aplicaron los bancos para administrar las carteras por lo que se configuraron claramente casos de fraude y abuso de confianza que recaen sobre personas fácilmente identificables, que estaban conscientes de lo que hacían.
Nuestra demanda es por lo tanto que se efectúe una revisión integral de la conducta de los bancos en el rubro de la administración de crédito, haciendo hincapié en las siguientes cuestiones:
a) La unilateralidad de los bancos al introducir cláusulas para capitalizar los intereses, sin que mediara la participación de instancias que supuestamente protegen los derechos de los consumidores;
b) La omisión en cuanto al seguimiento de las relaciones contractuales entre bancos y usuarios del crédito y;
c) Configuración de prácticas fraudulentas a la hora de acreditar los pagos efectuados de los clientes de los bancos para que estos se vieran rebasados en su capacidad de pago y atados a los bancos por crecientes obligaciones.
Ministro Presidente:
Como se advierte, se trata de un asunto nada simple que tiene antecedentes muy graves en los cuales diversas instancias que supuestamente debían velar por el bienestar económico de la población, se abstuvieron de intervenir, con lo cual se agravó el problema. Ahora es imperiosa una respuesta integral que permita que la fuerza de la ley se extienda hacia los reductos o recovecos en los cuales se ampararon individuos que aprovecharon el poco interés que existía entonces por el respeto a la Ley.
Tomando como base estas consideraciones nos parece que el fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe tomar muy en cuenta que existen elementos probados de orden legal que están en contra de esta grave irregularidad en el manejo de los créditos hipotecarios, pero a más de esto, nos parece que debemos tener presente el enorme daño que se ha causado a miles de mexicanos que obrando de buena fe y con el objeto de dotar de mejores condiciones de vida a su familia, están en peligro de perder de manera definitiva su patrimonio.
Atentamente
Dip. Juan Cruz Martínez
Presidente de la Comisión de Vivienda
Actas
DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
Acta de la sesión ordinaria del 19 de marzo de 1998
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, acuden al Palacio Legislativo los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial a la sesión ordinaria de trabajo, de conformidad a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria del 15 de marzo de mil novecientos noventa y ocho, para el desahogo del siguiente orden del día:
I. Lista de asistencia
Estando presentes los CC. diputados: Juan Bueno Torio, Gerardo Buganza Salmerón, Pedro Salcedo García, José Luis Bárcena Trejo, Jaime Enrique Basáñez Trevethan, Fernando Castro Suárez, Ana Lila Ceballos Trujeque, José Luis Enríquez González, Arturo Jairo García Quintanar, Sergio Marcelino George Cruz, Lombardo Guajardo Guajardo, Octavio Hernández Calzada, José Antonio Herrán Cabrera, Adoración Martínez Torres, Raúl Monjarás Hernández, Fernando Ortega Herrera, Sabino Padilla Medina, César Agustín Pineda Castillo, Aarón Quiroz Jiménez, Luis Rojas Chávez y Mauricio Rossell Abitia.
Se comprueba el quórum y se procede a tratar el siguiente punto del orden del día.
II. Lectura y aprobación del acta anterior
El Presidente de la Comisión, diputado Juan Bueno Torio, solicita al secretario diputado Pedro Salcedo García dé lectura al acta de la sesión anterior, que se somete a la consideración de los asistentes aprobándose ésta en todos su términos.
III. Evaluación del Foro Acciones Legislativas en Apoyo al Programa de Industrialización
El diputado Juan Bueno agradece la asistencia de los diputados al Foro y en especial a los que tuvieron participación en las diferentes mesas de trabajo, asimismo se informa que el Foro contó con la asistencia de más de 500 personas y un total de 161 ponencias de diversos organismos empresariales, académicos, del sector público y a título personal, que aportarán elementos importantes para promover las acciones legislativas que requiere el desarrollo de la planta industrial.
Se da a conocer que la edición de las memorias del Foro está por terminarse, por lo que en cuanto se tengan los ejemplares se les hará llegar a cada uno de los diputados, así como a los ponentes y asistentes.
El Presidente señala que como resultado del Foro se ha logrado una vinculación importante con el sector industrial, y manifiesta la intención de diversos organismos para tener reuniones con esta Comisión.
Se acepta la propuesta del diputado George Cruz para que en la próxima sesión ordinaria se presente una breve exposición por el doctor John Rhoads, respecto al financiamiento a la mediana empresa.
El Presidente indica que a la Subcomisión de Política Industrial le corresponderá realizar el estudio y proyecto de dictamen a la iniciativa de reformas a la Ley de Cámaras Empresariales a coordinarse con la Comisión de Comercio por ser un asunto turnado a comisiones unidas.
Los diputados Arturo Jairo García Quintanar y Pedro Salcedo García, informan que su participación en el Seminario sobre el Funcionamiento y Operación del Poder Legislativo, organizado por Concamin, versó sobre la composición y ámbito de acción de la Comisión. Asimismo, señalaron que resultó grato comprobar que los organismos empresariales tienen gran interés en mantener una comunicación dinámica con el Poder Legislativo, por lo que les invitaron fortalecer los vínculos para superar los problemas que afectan al sector industrial.
IV. Asuntos generales
El diputado Juan Bueno informó que en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política no existe acuerdo hasta el momento para la realización de viajes tanto nacionales como internacionales para la asistencia a los diversos foros que sean invitados los diputados.
La diputada Ana Lila Ceballos Trujeque notifica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió información incompleta respecto a la solicitud realizada por el Presidente de la Comisión y el grupo de diputados que asistieron a sus instalaciones, respecto a la desincorporación y concesión de bienes nacionales, por lo que se acuerda que se solicite la información detallada y se señala que este tipo de solicitudes sean realizadas por conducto del Presidente para que se dé el cauce previsto en el Reglamento.
Respecto a la integración de subcomisiones no se establece ningún acuerdo al respecto.
V. Clausura
Habiéndose agotado los temas en cartera, el diputado Juan Bueno Torio da por concluida la reunión agradeciendo la presencia de los diputados.
Dip. Juan Bueno Torio, Presidente; dip. Gerardo Buganza Salmerón, secretario, dip. Pedro Salcedo García, secretario.
Convocatorias
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
La reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Población yDesarrollo y de Relaciones Exteriores, programada para el martes 19 de mayo, a la que asistirá el licenciado Fernando Solís Cámara, subsecretario de Población yServicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, así como el licenciado Horacio Bernal Fernández, director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, para intercambiar opiniones en torno al voto de ciudadanos mexicanos residentes en el exterior, se llevará a cabo el lunes 25 de mayo, a las 11 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde), ubicado en el segundo nivel del edificio A.
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
La reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Población yDesarrollo y de Relaciones Exteriores, programada para el miércoles 20 de mayo, a la que asistirá el maestro José Woldenberg K., Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para intercambiar opiniones en torno al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior, se llevará a cabo el martes 26 de mayo, a las 11 horas, en el salón Legisladores de la República (salónVerde), ubicado en el segundo nivel del edificio A.
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
La LVII Legislatura del Congreso de la Unión, a través de su Instituto de Investigaciones Legislativas
Convoca al
Primer Concurso de Tesis Profesionales sobre Transición Democrática y Partidos Políticos en México, 1998
Objetivo
Con el fin de promover el desarrollo de investigaciones profesionales sobre los temas relacionados con el estudio de la realidad política de nuestro momento y asimismo con objeto de fomentar la titulación con base en trabajos y reflexiones novedosas y serias que contribuyan al análisis de los nuevos escenarios que el país enfrenta se convoca al Primer Concurso de Tesis Profesionales sobre Transición Democrática y/o Partidos Políticos.
Bases
1. Podrán participar en el certamen todos los trabajos de tesis de licenciatura de estudiantes mexicanos o residentes en el país, pasantes o titulados egresados de cualquier institución de educación superior mexicana, que hayan sido elaborados entre el 1o. de julio de 1997 y el 30 de junio de 1998.
2. Los trabajos podrán ser individuales o realizados por equipos que no excedan tres personas.
Temas
- Transición Política.
- Estudios Comparativos sobre Partidos Políticos.
- Partidos Políticos Mexicanos.
- Procesos de Democratización en México.
- Reforma del Estado.
- Cultura Política Mexicana.
- Prospectiva Política y Parlamentaria.
- Economía y Política.
Condiciones
1. Los trabajos deberán entregarse bajo seudónimo. El título del trabajo presentado se anotará en la carátula de un sobre cerrado que contendrá los datos completos de los concursantes (nombre, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico e institución de procedencia).
2. Deberán entregarse tres ejemplares del trabajo en cuya portada solamente aparecerá el título y el seudónimo, no deberá señalarse el nombre de la institución de procedencia.
3. Todos los trabajos deberán enviarse al Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, edificio B planta baja, en av. Congreso de la Unión s/n, col. El Parque, Venustiano Carranza, CP 15969, México, DF, con atención a la licenciada Irma Eréndira Sandoval o entregarse directamente en el domicilio señalado antes del 30 de junio de 1998.
Jurado
Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por:
- Diversos especialistas de la ciencia política, el derecho y las relaciones internacionales.
- Catedráticos e investigadores de instituciones de educación superior.
- La mesa directiva del Instituto de Investigaciones Legislativas.
- El equipo editorial de la revista Quórum.
El fallo del jurado será por mayoría de votos, siendo éste inapelable y definitivo. Se podrá declarar desierto cualquier premio, e igualmente se podrán otorgar reconocimientos especiales a los trabajos que así lo ameriten.
Premios
El trabajo que obtenga el primer lugar se hará acreedor a $ 30,000.00 y merecerá su publicación por el Instituto de Investigaciones Legislativas.
El segundo premio obtendrá: $ 20,000.00 y el reconocimiento del Instituto que valorará en el futuro su probable publicación.
Las menciones honoríficas o especiales merecerán un reconocimiento oficial del Instituto de Investigaciones Legislativas que les será entregado en la ceremonia general de premiación.
Para más información o mayores precisiones comunicarse al: 542 30 62 y 6 28 14 21 ext: 3133 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: irmaeren@servidor.unam.mx con la lic. Irma Eréndira Sandoval, Coordinadora de Investigaciones del Instituto de Investigaciones Legislativas.
