Informes
DEL DIPUTADO JOAQUIN MONTAÑO YAMUNI, PRESIDENTE DE LA COMISION DE GANADERIA, SOBRE SU PARTICIPACION EN LA VIII REUNION DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, CELEBRADA EN SAO PAULO, BRASIL, LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DE 1998
En cumplimiento a la normatividad sobre las comisiones que al extranjero realizan los diputados miembros de esta legislatura, por este conducto presento el informe correspondiente a mi asistencia y participación, como representante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en la VIII Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano, celebrada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, los días 16 y 17 de julio.
Primero.- Previa revisión a la temática a tratar en la citada reunión, se apreció que ésta no incluía uno de los aspectos de mayor importancia para los productores agropecuarios de nuestro país, como lo es el efecto negativo que tiene el Tratado de Libre Comercio en el ámbito de política gubernamental, salvaguardas así como la falta de un tratamiento equitativo para el desarrollo y consolidación de los sectores productivos, motivo por el cual procedí a solicitar el que se incluyera en el esquema de análisis de la citada reunión el caso de México.
Segundo.- Mi participación concreta versó sobre el Análisis del sector Agropecuario en Latinoamérica, específicamente en México, mediante una exposición sobre las causas que impactan al sector, los efectos de la descapitalización y, por último, las propuestas de solución. (Anexo).
Tercero.- Sobre los temas aludidos, la Comisión del Parlamento Latinoamericano, aprobó por unanimidad la Resolución núm. 3, mediante la cual se solidariza con el interés de los legisladores y productores mexicanos a fin de que se realice una evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia agropecuaria. (Anexo).
Cuarto.- Se aprobó incluir en el temario de la próxima reunión el tema La comercialización de los productos agropecuarios en el marco de la Organización Mundial de Comercio, cuyo objetivo es el de establecer políticas nacionales que promuevan un comercio internacional justo y la defensa de los productores nacionales de los países en desarrollo en la región. Es importante destacar en este sentido, que el informe preliminar de la 25a. Conferencia Regional de la FAO para América Latina señala la importancia que tendrá para el comercio agrícola la próxima ronda de negociaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio y la necesidad impostergable de que ésta se inicie antes de fines de 1999, enfatizando que la inclusión de la agricultura en la llamada Ronda del Milenio.
Consecuentemente, la asistencia a esta octava reunión internacional sirvió para denunciar el estado económico-social de los productores en nuestro país, dado el actual modelo agropecuario del gobierno.
Como legisladores nos enfrentamos a un vacío de perspectiva, el cual debemos inducir con verdadero compromiso, dentro de nuestra función legislativa.
VIII Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Acta
En la ciudad de San Pablo, el dieciséis de julio de 1998, se reúne la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. A la hora nueve y treinta minutos se abre la sesión.
Preside: Senador Reinaldo Gargano (Uruguay).
Vicepresidenta: Senadora Beatriz Paredes Rangel (México).
Asisten: Senador Osvaldo R. Sala (Argentina).
Diputado Oscar Campos Chavarría (Costa Rica).
Diputado Guido Vargas Artavia (Costa Rica).
Diputado Rafael Angel Villalta Loaiza (Costa Rica).
Diputado Arturo G. De la Cruz (Guatemala).
Senador Raúl Juárez Valencia (México).
Senador Juan José Quirino Salas (México).
Diputado Joaquín Montaño Yamuni (México).
H. Legislador Pablo Quintero Luna (Panamá).
Senador Basilio Nikiphoroff (Paraguay)
Diputado Bernardino Ayala (Uruguay).
Diputado Jorge Coll (Uruguay).
Diputado Oswaldo Russo (Venezuela).
Se propone al diputado Jorge Coll como Secretario Redactor. Se aprueba por unanimidad.
Se dispone que como consecuencia de no haber podido asistir por razones de fuerza mayor algunos de los miembros informantes, suprimir del temario a considerar el Punto 2, referente a Recursos Hídricos en América Latina.
La Comisión pasa a considerar la primera parte del Punto 1 del orden del día: Informe del diputado Heber Samalvides, de Perú, sobre:
Desarrollo del Sector Pesquero
Detalles de captura
Grado de integración
Consumo interno
Exportación
Recursos especies y nivel de exportación
Eficiencia de controles.
En ausencia del diputado Samalvides, se da lectura al informe que remitiera a la Presidencia de la Comisión.
Se continúa con la segunda parte del Punto 1, referente a:
Se debate sobre los informes de referencia y la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca del Parlamento Latinoamericano acuerda dirigirse a las Comisiones correspondientes de los Parlamentos miembros (Agricultura, Ganadería y Pesca y Relaciones Internacionales), con el fin de solicitar que se procese a la brevedad posible la ratificación del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias.
Este Acuerdo está disponible para la firma desde el 4 de diciembre de 1995, en la sede de las Naciones Unidas.
Sobre los puntos aludidos la Comisión resuelve:
Resolución Núm. 1
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca acuerda dirigirse a las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca de los Parlamentos miembros, a los efectos de que propicien ante los respectivos gobiernos el desarrollo de las siguientes políticas coordinadas a nivel regional o subregional.
2. Articulación de las políticas de defensa de los recursos pesqueros frente a la intromisión de flotas depredadoras ajenas a la región.
(Aprobado por unanimidad)
Resolución Núm. 2
Sobre el embargo atunero
Los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano exhortan al Congreso de los Estados Unidos de América del Norte, para que (se) retiren todo tipo de sanciones y consecuencias negativas, derivadas del embargo atunero a México, lo que redundará en que a la brevedad posible se normalice el aprovechamiento y comercialización del atún por parte del sector pesquero mexicano.
(Aprobada por unanimidad)
La Comisión pasa a considerar el informe del diputado Bernardino Ayala sobre: Situación del trabajador y la población rural en América Latina. Modelo de desarrollo agrícola y los temas de migración y la pobreza.
En el debate a que dio lugar la exposición de referencia, la delegación mexicana propuso la siguiente resolución.
Resolución Núm. 3
Tratado de Libre Comercio (TLC/América del Norte)
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano se solidariza con el interés de los legisladores y productores mexicanos, a efecto de que se realice una evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia agropecuaria, a efectos de garantizar la aplicación de medidas y salvaguardas que aseguren un tratamiento equitativo que favorezca el desarrollo y consolidación de los sectores productivos de cada país.
(Aprobada por unanimidad)
Se aprueba el siguiente temario para la próxima reunión:
Tema I: "La comercialización de los productos agropecuarios en el marco de la OMC. Elaboración de propuestas a elevar a nuestros Parlamentos a fin de establecer políticas nacionales que promuevan un comercio internacional justo y la defensa de las producciones nacionales de nuestros países en desarrollo." Expositor: (México).
Tema 2: "La evolución de la política de subsidios a nivel de EU, Canadá y Unión Europea y su relación con los acuerdos de la OMC." Expositor: Alfredo Jiménez (asesor del Parlamento Latinoamericano).
Tema 3: "La industria alimenticia a partir de la pesca." Expositor: Osvaldo R. Sala (Argentina).
Tema 4: "Recursos hídricos en América Latina." Expositor: Especialista de FAO.
Sin más temas que tratar, a la hora diecisiete, del día diecisiete de julio de 1998, se levanta la sesión.
San Pablo, Sala de Comisiones, 17 de julio de 1998.
Senador Reinaldo Gargano (Uruguay), senadora Beatriz Paredes Rangel, vicepresidenta (México), dip. Jorge Coll (Uruguay), sen. Osvaldo R. Sala (Argentina), dip. Oscar Campos Chavarría (Costa Rica), dip. Guido Vargas Artavia (Costa Rica), dip. Rafael Angel Villalta Loaiza (Costa Rica), dip. Arturo G. de la Cruz (Guatemala), sen. Raúl Juárez Valencia (México), sen. Juan José Quirino Salas (México), dip. Joaquín Montaño Yamuni (México), legislador Pablo Quintero Luna (Panamá), sen. Basilio Nikiphoroff (Paraguay), dip. Bernardino Ayala (Uruguay), dip. Oswaldo Russo (Venezuela).
Análisis del sector agropecuario en Latinoamérica: caso México
Introducción
A cuatro años de distancia de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la evaluación de éste muestra claros signos de deterioro de la economía agrícola de México, donde se advierte descapitalización del productor agrícola, un creciente nivel de desempleo y emigración campesina, y una Balanza Comercial Agropecuaria que muestra un déficit anual creciente y crónico.
Este proceso de distorsión de la economía agrícola en México ha provocado una marcada y fuerte polarización de los dos tipos de agricultura que se practican actualmente, una agricultura de Subsistencia de escasa o nula tecnología, con predios menores o iguales a 30 hectáreas, que ocupa el 76 por ciento del área total cultivada, que produce el 70 por ciento del valor de la producción agrícola y otra agricultura comercial, tecnificada, con predios mayores a 50 hectáreas, que ocupa el 24 por ciento del área total cultivada que produce el 30 por ciento del valor de la producción agrícola.
VII Censo Agrícola y Ganadero
Causas y Efectos
De acuerdo a lo previsto al momento de la firma del TLCAN, las políticas internas para el agro mexicano serían de dos tipos:
2) Mecanismos para que los no capaces de competir se reconviertan gradualmente y su afectación por el Tratado fuera menguada.
Así también, de acuerdo a cifras presentadas por el VII Censo Agrícola y Ganadero, el parque de maquinaria agrícola existente es de ciento noventa mil doscientos tractores con una antigüedad promedio de trece años, lo que representa un déficit aproximado de sesenta y ocho mil unidades para cubrir las necesidades de reposición y ampliación.
Reorientación de la política agrícola
Ante este panorama nos encontramos frente a la inaplazable necesidad de promover, por un lado, la reorientación de la Política Agrícola interna de México y, por el otro, la revisión de los Términos de Intercambio Comercial Agropecuarios pactados en el TLCAN.
Política Agrícola
Revisión de la Política Agrícola Global, con el propósito de reorientarla hacia una Política Agrícola (Comercial y Subsistencial), ya que cada una de ellas responde a condiciones naturales, tecnológicas y de mercado diferentes y los factores económicos internos y externos impactan de distinta forma.
Esto implica ofrecer tratamientos diferentes a necesidades diferentes, ya que mientras la agricultura comercial se enfrenta a un círculo globalizado y a condiciones de competitividad muy estrictas, la agricultura tradicional o de subsistencia se enfrenta a la problemática que representa sobrevivir o perecer.
Revisión de Precios y Subsidios y su efectividad como instrumentos de política agrícola buscando dar un mayor margen de maniobra al productor agrícola nacional, ante los vaivenes del mercado internacional y ante una competencia desigual con productores internacionales que reciben importantes apoyos del gobierno de su país, para enfrentar competitivamente los factores externos que afectan a la agricultura y al agricultor.
Los subsidios a la producción agrícola en México se ubican (igual que han ocurrido históricamente) en los niveles más bajos respecto a los que otorgan en otras naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluyendo a las de economías emergentes, como Polonia, Hungría y República Checa.
De acuerdo a datos de un estudio elaborado por la Organización (Agricultura Policies in OECD Countries de 1997), los subsidios equivalentes al productor (PSE) en México fueron de 23 dólares por hectárea en 1996, mientras que en Estados Unidos de la OCDE, llegándose a observar países con apoyos hasta de 12 mil dólares (Japón) y 13 mil dólares (Suiza).
Adicionalmente, en países como Estados Unidos, (se) tienen establecidos programas de Apoyo al Productor como el de Precios Objetivo (Target Price): Precio de Comercialización (Loan Rate), que son préstamos con garantía en especie sobre la base de un precio; el Programa de Retiro de Tierra Cultivadas; los pagos por Desastres; la Asistencia a Insumos; Apoyo a la Investigación y Extensionismos, Almacenes en Fincas; Servicios de Información, entre otros.
El costo de estos programas para el gobierno de Estados Unidos, es de 22 mil 700 millones de dólares como promedio anual en el periodo de 1988-1993, de los cuales, los subsidios totales como proporción del valor unitario de los productos agrícolas son considerables:
Trigo (38.7%). Arroz (44.1%), Maíz (21.6%), Sorgo (24%) Soya (6.9%).
Esta gran cantidad de subsidios que ha estado recibiendo ya no sólo en Estados Unidos, sino la de otros países, ha provocado fuertes distorsiones en el mercado mundial de granos, cuyo valor generalmente no refleja sus niveles reales, debido al mercado intervencionista de los gobiernos para proteger la actividad agrícola y a los productores, contraviniendo de esa manera las reglas del libre comercio que establecen las disciplinas del GATT (hoy Organización Mundial de Comercio).
Durante mucho tiempo el GATT luchó por incorporar a la agricultura a su cuerpo de reglas y avanzar en su liberación, y no fue sino hasta diciembre de 1993 que, en la Ronda de Uruguay, se logró un acuerdo sobre agricultura cuyos resultados fueron menores a las expectativas, con compromisos limitados y graduales frente a las medidas profesionales y de apoyo a la producción ligadas con el precio y la protección cuantitativa directa: cuotas aranceles, subsidios, ayuda financiera, que corresponden al estamento de "Apoyos Ambares" y se dejó amplio espacio para medir indirectas y políticas de apoyo sectorial ("Apoyos Verdes"), entre los que se encuentran los apoyos desconectados de la producción, comercialización interna, infraestructura y servicios, servicios de información.
En el marco de estos acuerdos, los países se comprometen a reducir sus apoyos al agro en un periodo determinado, en el caso de los "Apoyos Ambar", deberá reducirse en un 20 por ciento para los países desarrollados (antes del año 2001), en tanto que los apoyos del tipo verde no tuvieron ninguna clase de reducción debido a que tienen un efecto mínimo e indirecto sobre el comercio internacional.
La medida global de ayuda a la que tiene derecho la agricultura mexicana en el marco del Acuerdo del GATT, es de 28,7 millones de pesos (en términos reales correspondientes a 1991), es decir, apoyos de la estrategia "Ambar" y, consecuentemente, limitado para los que corresponden a las del tipo "Verde".
En las negociaciones del TLCAN, los arreglos agrícolas entre México, Estados Unidos y Canadá se sujetan a lo acordado en el GATT, definiendo así un marco internacional para la agricultura que, si bien establece medidas para reducir los apoyos globales que se le han estado otorgando y de esa manera avanzar en su liberación como sector en el comercio internacional, reconoce paralelamente a los gobiernos participantes, la facultad para continuar canalizando programas importantes de ayuda que beneficien el ingreso de los productores y su nivel de capitalización.
El gobierno de México no ha otorgado los recursos suficientes para mejorar las condiciones de producción y la calidad de vida de la mayoría de los agricultores. Los apoyos han sido muy inferiores a lo establecido en los convenios internacionales, a las necesidades de la rentabilidad del agro, y carentes de continuidad tornándose cada vez más crítica la posición de las autoridades en relación al sector, bajo el argumento de que éste ya no debe ser subsidiado en virtud a las reglas internacionales prohibitivas y va contra el espíritu de libre mercado. Esto no es correcto, porque ni lo prohiben las reglas del GATT, ni la agricultura de ningún país del mundo se encuentra regida de manera absoluta por las fuerzas libres del mercado.
De esta manera, el gobierno mexicano prácticamente retiró los apoyos a los precios agrícolas (categoría Ambar), que actualmente ocupan una proposición insignificante del presupuesto agrícola, limitándose a destinar recursos del tipo verde, como Procampo (8 mil 500 millones de pesos), Alianza para el Campo, (mil 599 millones de pesos), Infraestructura Hidroagrícola (2 mil 419 millones de pesos), Comercialización ( mil 560 millones de pesos), Investigación (519 millones de pesos), y Seguro Agrícola (mil 638 millones de pesos).
Estos programas, si bien son importantes y cumplen una función en el desarrollo del Sector Agrícola, distan mucho de ser el soporte que realmente necesite la agricultura para mantener un adecuado nivel de rentabilidad y garantizar a los productores márgenes razonables y capitalización a mediano y largo plazo que les permita enfrentar con mayor éxito la competencia exterior al retirar los apoyos a los precios. El gobierno se olvida que la economía mexicana es inflacionaria, y el sector agrícola forma parte y se encuentra fundamentalmente vinculado a la misma, por lo que la producción de agricultores se realiza bajo condiciones de conocimiento permanente de los precios de insumo, maquinaria, crédito y diversos servicios que impactan inevitablemente las inversiones del sector.
De todo ello se deriva una política que sujeta a la agricultura mexicana a producir bajos costos internos y en medio de una economía inestable y a vender sus cosechas con base en parámetros externos que son regularmente establecidos por potencias con economías sólidas.
De lo anterior se desprende la urgente necesidad de reorientar la política agrícola, reconociendo que los precios deben de contar con un apoyo continuo mientras exista una economía de su desarrollo y la que México tiene, y más aún, en la medida que este tipo de apoyos se continúen observado en los países con los que se está compitiendo.
No se debe ser más liberal que los propios apóstoles de liberalismo (Estados Unidos), especialmente en el caso del sector agrícola donde aún prevalecen con fuerza y seguirán prevaleciendo por mucho tiempo más las prácticas contrarias de liberalismo, es decir, el proteccionismo y el intervencionismo estatal.
Diputado Joaquín Montaño Yamuni, Presidente de la Comisión de Ganadería, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de México.
1. Introducción
La actividad agropecuaria en México representa en gran parte el motor de la economía en la mayoría de las regiones del país. El gobierno, a través del Ejecutivo federal, ha reconocido el gran atraso en que está sumido el campo mexicano. Se ha repetido en múltiples ocasiones que el país tiene 40 millones de pobres y que de éstos, 22 millones viven en el campo, en extrema pobreza.
Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, el problema tiende a agravarse dando la impresión de que los programas de fomento y apoyos gubernamentales o son inadecuados o son insuficientes.
México es poseedor de grandes y ricos recursos naturales que indican una paradoja por la situación económica por la que actualmente pasa el país: La peor crisis económica de su historia. La manipulación de la política cambiaria de su moneda, el alejamiento del estado en materia de apoyos y subsidios, la apertura indiscriminada comercial, la nula ingeniería financiera y los constantes vaivenes de la macroeconomía, han impactado al sector agropecuario en forma muy negativa.
Sin embargo, el agricultor y el ganadero siguen allí, produciendo sin crédito y con un mercado cada vez más difícil. El reto es claro: revertir la tendencia de mayor descapitalización y rezago. El objetivo es difícil y complejo por los diversos intereses internacionales y el estrecho margen presupuestal fiscal.
La idea es compartir con esta comisión del Parlatino las diversas opciones y propuestas de los integrantes de la misma.
4. Propuestas de Solución
Humanizar la Economía
Legislativa
Fomentar las economías regionales, con la descentralización del Poder Ejecutivo federal en la toma de decisiones a través del fortalecimiento municipal.
Implementar un marco legal que establezca en materia de planeación, administración y ejecución la actividad agropecuaria que permita otorgar en el largo plazo, certidumbre, objetividad y rentabilidad a los productores y agropecuarios.
Dip. Joaquín Montaño Yamuni
Presidente de la Comisión de Ganadería
