Comunicaciones
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
La Paz, BCS, a 15 de abril de 1998.
Año de la minería y de heroica defensa de Baja California Sur.
CC. Diputados secretarios
H. Cámara de Diputados
PRESENTE
El pleno de la octava Legislatura del estado de Baja California Sur, en sesión ordinaria del 2 del presente mes y año, aprobó un punto de acuerdo, que en su parte sustancial se refiere a la solicitud de intervención del C. Presidente de Los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a efecto de que se modifique el acuerdo publicado con fecha 10 de junio de 1997, en el Diario Oficial de la Federación, para incorporar al régimen facultativo del Seguro Social a todas las personas que cursen estudios de nivel medio en planteles públicos oficiales del Sistema Educativo Nacional y que no cuenten con la misma o similar protección de Seguridad Social.
Asimismo y en cumplimiento al segundo punto de acuerdo de referencia, enviamos a esa Honorable Representación Popular los documentos que sustentan el acuerdo de referencia, a fin de que si lo consideran pertinente se someta a consideración del Pleno de su Legislatura y en su oportunidad nos remita el resultado de su valoración.
Agradecemos anticipadamente la atención que se otorgue al presente acuerdo, que de ser apoyado en sus términos, enviaremos al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León.
Sin otro Particular, aprovechamos la oportunidad de enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Dip. lic. César de J. Ortega Salgado
Presidente
Dip. Jesús Redona Murillo
Secretario
Comisiones Unidas de la Familia y la Asistencia Pública y de Asuntos Educativos y de la Juventud
En sesión pública ordinaria de fecha 31 de marzo de 1998, se turnó a las Comisiones Unidas de la Familia y la Asistencia Pública y de Asuntos Educativos y de la Juventud, para su estudio y dictamen, la Iniciativa de Acuerdo Económico presentada por los CC. dip. lic. Domingo Valentín Castro Burgoín, dip. Reyes Barrón Bustamante y dip. lic. Ma. Juana Hernández Paularena, para que esta Soberanía Popular en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de nuestra Ley Suprema, solicite al C. Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, su intervención a fin de que se modifique el acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 1987, a efecto de que sean incorporados al régimen facultativo del Seguro Social a todas las personas que cursen estudios de nivel medio en planteles públicos oficiales del Sistema Educativo Nacional y que no cuenten con la misma o similar protección por parte de cualquiera otra institución de seguridad social; por lo que con fundamento en los artículos 113, 114 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, nos permitimos formular el presente dictamen, de acuerdo a los antecedentes y considerandos siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- El C. dip. lic. Domingo Valentín Castro Burgoín, Presidente de la Gran Comisión de este H. Congreso del estado, en uso de las facultades que le confiere la Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo, durante la sesión pública ordinaria del pasado 31 de marzo del año en curso, hizo uso de la tribuna para exponer una serie de consideraciones y fundamentar la propuesta de Iniciativa de Acuerdo Económico, que suscribieron también los CC. diputados Reyes Barrón Bustamante y lic. María Juana Hernández Paularena, misma que una vez desahogado el trámite establecido en el artículo 105 del mismo ordenamiento fue aceptada por unanimidad y turnada en sus términos por parte de la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, a las suscritas Comisiones.
Segundo.- Esta Iniciativa de Acuerdo Económico señala que en diversas reuniones sostenidas por la Representación Popular del H. Congreso del estado con la Asociación Estatal de Padres de Familia, (ésta) ha manifestado su preocupación por la situación de indefensión social en la que se encuentra un importante sector de la población escolar, por lo que ha acudido a los órganos de gobierno del Congreso y a las Comisiones Permanentes respectivas, con objeto de que se busquen los canales adecuados para que los alumnos de nivel medio tengan las mismas prestaciones que se otorgan a alumnos de nivel preparatoria y profesional.
Tercero.- Efectivamente, como se señala en el Acuerdo emitido por el entonces Presidente de la República, con fecha 10 de junio de 1987, se dio un avance sustantivo dentro del derecho a la salud al ampliar el gobierno federal la cobertura de la seguridad social, y garantizar un mínimo razonable de calidad para todos los habitantes del país, con lo que se ha venido mejorando el nivel de salud de la población, propiamente de la estudiantil de los niveles medio superior y superior, que cursan sus estudios en planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional que requerían de una adecuada protección a su salud, y que fueron beneficiados con esta medida institucional por constituir esta parte de la población, uno de los cimientos del progreso del país.
CONSIDERANDOS
Primero.- Estas Comisiones Dictaminadoras son coincidentes con lo señalado por los CC. diputados que han promovido la Iniciativa motivo del dictamen, en el sentido de que la salud es un derecho consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud agregando en este postulado constitucional que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de éste precepto.
En este precepto Constitucional, también se establece la obligación que tienen los padres de familia de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental, y se confieren al Congreso de la Unión facultades para dictar leyes sobre salubridad general en la República.
Segundo.- Que tal como se menciona en uno de los considerandos de la Iniciativa propuesta la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo IV Constitucional en su artículo 24 señala que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 1) de atención médica; 2) de salud pública y 3) de asistencia social, con los cuales se atiende a la población. De igual forma esta Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud, define las bases para el acceso a los mismos y establece la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Tercero.- Que como se afirma por parte de los legisladores que han promovido esta Iniciativa, dentro de las instituciones nacionales de seguridad social, por el volumen de renglones que atienden y por su número de asegurados y beneficiarios destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social, que representa dignamente los esfuerzos del gobierno para protección de la población mayoritaria del país. Asimismo, la composición tripartita del Instituto, integrada por representantes obreros y patronales bajo la rectoría del representante gubernamental garantiza el otorgar prestaciones de seguridad social en el campo de las actividades productivas en general, con mayor vigor a los trabajadores sin olvidar a sus causahabientes.
Cuarto.- Que éstas Comisiones están de acuerdo en la argumentación en cuanto a que el problema de desempleo imposibilita a muchos padres ser asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social y cumplir con la obligación que les consagra el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto numerosas familias que padecen el problema del desempleo y el subempleo, que sobreviven también en la economía informal, con grandes esfuerzos tienen hijos en el nivel medio escolar por lo que requieren de una atención más consecuente por parte del Estado Mexicano. Por ello es procedente y necesario incorporar a las medidas protectoras de salud a éstos jóvenes estudiantes a fin de coadyuvar a un desarrollo integral de la familia y dar así cumplimiento al derecho a la protección de la salud.
Quinto.- Que también es innegable la preocupación a nivel nacional como estatal, para que los gobernados tengan derecho al bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. De ahí que cada día se deben de buscar los mecanismos adecuados, para dar fiel cumplimiento a este derecho, sin negar que actualmente la cobertura de salud es amplia. Sin embargo, tal como se afirma en la iniciativa lamentablemente, no se cubre a los estudiantes de nivel medio que estudian en planteles públicos oficiales y que carecen de protección institucional y de recursos económicos para lograrla en el sector privado.
Sexto.- De esta manera, es indudable que con un esfuerzo adicional por los órganos encargados de administrar la salud, numerosos jóvenes estudiantes del nivel de secundaria podrían salvar sus vidas con una atención médica oportuna en la etapa de la adolescencia que garantice la salud física y mental de estos jóvenes estudiantes. Efectivamente, coincidimos en que de ser atendida esta solicitud (por) el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República, al modificar el acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo de fecha 10 de junio de 1987, y con ello incorporar dentro de las prestaciones que consagra éste a los estudiantes del nivel medio que adolezcan de ésta protección, se completaría plenamente éste rubro del derecho a la salud y quedaría consignado este hecho como un acto histórico de vital trascendencia que será recordado por todos los mexicanos y valorado ampliamente por la comunidad internacional.
Por todo lo anteriormente expuesto las suscritas Comisiones Unidas se permiten solicitar a los diputados integrantes de esta Honorable Asamblea su voto aprobatorio a la siguiente Iniciativa de Acuerdo Económico, bajo los siguientes postulados:
Primero.- Se remita en todos sus términos la Iniciativa de Acuerdo Económico al C. Presidente de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a efecto de solicitarle su intervención a fin de que se modifique el Acuerdo publicado en fecha 10 de junio de 1987, en el Diario Oficial de la Federación, para incorporar al régimen facultativo del Seguro Social a todas las personas que cursen estudios de nivel medio en planteles públicos oficiales del Sistema Educativo Nacional y que no cuenten con la misma o similar protección de seguridad social.
Segundo.- Se envíe el presente documento en todos sus términos a todos los Congresos de los estados del país y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con objeto de solicitarles su apoyo a esta respetuosa petición que se hace al C. doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Sala de Comisiones del Poder Legislativo. La Paz, Baja California Sur, a las dos días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho.
Comisión de la Familia y la Asistencia Pública:
Dip. Reyes Barrón Bustamante, Presidente;
Dip. Angel Salvador Ceseña Burgoín, secretario;
Dip. doctor Humberto Barrera Navarro, secretario.
Comisión de Asuntos Educativos y de la Juventud:
Dip. Ma. Juana Hernández Paularena, Presidenta;
Dip. Valente de Jesús Salgado Cota, secretario;
Dip. Fernando José Castanier Arriola, secretario.
PROPOSICION DE LA COMISION DE REGIMEN INTERNO Y CONCERTACION POLITICA
Palacio Legislativo, DF, a 24 de abril de 1998.
Dip. Pablo Sandoval Ramírez
Presidente de la Mesa Directiva
H.Cámara de Diputados
PRESENTE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica delCongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II, y a petición del coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le solicito sírvase hacer el trámite correspondiente, en atención a efectuar los siguientes cambios:
Que el diputado Alejandro Jiménez Taboada sustituya al diputado Miguel Angel Garza Vázquez, en el Comité de Administración.
Que la diputada Verónica Velasco Rodríguez sustituya al diputado Miguel Angel Garza Vázquez, en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Lic. Jorge Torres Castillo
Secretario Técnico
Iniciativas
DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 17, 71 Y 72 DE LA LEY AGRARIA, A CARGO DE LA DIPUTADA INDEPENDIENTE CAROLINA O´FARRIL TAPIA
La que suscribe, diputada independiente, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el pleno de esta Honorable Cámara la presente iniciativa de reforma de ley fundando nuestra presentación en las siguientes:
CONSIDERACIONES
El Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 define a la población rural como aquella que reside en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes y manifiesta que esa población tiene en general un acceso limitado a los servicios básicos y la mayoría vive en condiciones de pobreza y marginación, las cuales inciden principalmente en las mujeres, ya que, por ejemplo, éstas tiene que ir al río a lavar o bien a acarrear cubetas de agua de la toma comunitaria para poder cocinar. También van al monte a recoger la leña (Inegi, en el Censo de población de 1990, informa que el 60 por ciento de las comunidades utiliza la leña o carbón como combustible). La compra de alimentos la tienen que hacer casi a diario, ante la imposibilidad de almacenarla y refrigerarla, lo que implica caminar largas distancias hacia los mercados municipales, o bien esperar los pocos transportes, lo que implica gastos adicionales. Por si fuera poco, la molienda del maíz para hacer tortillas (alimento básico de la dieta rural), la realizan en el metate, lo que implica que las mujeres pasen hasta cuatro horas hincadas, o llevar el maíz al molino de nixtamal y pagar este servicio.
Aunque jurídicamente se le reconocen a la mujer los mismos derechos para tener acceso a la tierra, el capital y la tecnología, en la práctica esos derechos son impugnados por valores culturales que se reflejan también en las estrategias institucionales. Sólo el 15 por ciento de los posesionarios de tierras ejidales o comunales son mujeres.
Unas de las principales demandas de las mujeres del campo son generación de empleo y la necesidad de capacitación. Sin embargo, las políticas hacia la mujer rural en este sentido son atomizadas, sin planes de seguimiento ni de evaluación reales. En general, los recursos tanto de fomento a la organización de microempresas como de capacitación son raquíticos.
Una opción importante para la mujer rural ha sido constituir grupos a través de los cuales gestionar apoyos para impulsar proyectos productivos que garanticen un ingreso y una fuente de empleo para sus familias y por ende en beneficio de sus comunidades.
Las unidades agrícolas industriales para la mujer campesina (UAIM) han sido uno de los instrumentos principales de las mujeres campesinas en su organización para la producción.
En relación con la Nueva Ley Agraria (1992) se presenta un retroceso en cuanto al derecho patrimonial sobre la parcela familiar y sobre el carácter de obligatoriedad para que cada núcleo agrario asigne una porción de tierra para la constitución de la UAIM. Existe imprecisión, además, para el otorgamiento de certificados de derechos agrarios a las parcelas constituidas anteriormente a la vigencia de la nueva ley agraria.
Deben impulsarse acciones de defensa de los derechos de la mujer rural y su familia para la adecuación del texto de la Nueva Ley Agraria, de tal suerte que se especifiquen los derechos de la mujer rural en cuanto a:
a) la vigilancia del patrimonio familiar, para que el marido o concubinario ejidatario no venda o herede la parcela sin autorización de la esposa o concubina.
b) El otorgamiento de certificados de derechos agrarios a las parcelas constituidas como UAIM.
c) La permanencia del carácter de obligatoriedad para que los núcleos agrarios otorguen una porción de tierra y facilidades para la constitución de parcelas agroindustriales de la mujer rural y las unidades productivas para el desarrollo integral de la juventud.
La presente iniciativa ha sido previamente analizada por las organizaciones de la sociedad civil: Instituto de Cultura para la Prevención de la Violencia en la Familia PREVIO AC, Mujeres por la Salud, Mujeres por la Justicia y Mujeres por la Tranquilidad en el Hogar.
Por las razones expuestas y dejando establecido que la condición de las mujeres en el campo es de mayor vulnerabilidad que la de ninguna otra y la ley debe tomarlo en consideración a fin de lograr el objetivo de atención y asistencia sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 17, 71 Y 72 DE LA LEY AGRARIA
Artículo17.- Cuando no existan cónyuge ni concubina o concubinario, ni hijos menores de edad a quienes corresponda la herencia de los derechos del ejidatario sobre su parcela, el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos cuando fallezca. En dicha lista, podrá incluir a sus hijos mayores de edad, a sus ascendentes o a otras personas.
Artículo 71.- La asamblea debe reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de 14 años del núcleo de población. En esta unidad se deben integrar instalaciones destinadas primordialmente al servicio y la protección de la mujer campesina.
Artículo 72.- En cada ejido y comunidad deberá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la adolescencia y la juventud, procurando la equidad entre ambos géneros, en donde se realizarán actividades productivas, culturales, recreativas y de capacitación para el trabajo, para los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de 13 y menores de 24 años. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma. Los costos de operación de la unidad serán cubiertos con el apoyo de los ejidatarios y por los miembros del comité.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. 27 de abril de 1998.
Diputada independiente Carolina O'Farrill Tapia
DE REFORMAS AL ARTICULO 58 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL HURTADO ACOSTA, A NOMBRE DE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD
Gloria Lavara Mejía, Israel Hurtado Acosta y Jacaranda Pineda Chávez, diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
A partir de 1917 nuestro sistema político se ha venido perfeccionando. Sus postulados básicos: la efectividad del sufragio y la no reelección han inspirado la revisión sistemática de una legislación electoral que juzgamos avanzada pero que consideramos perfectible.
Con perseverancia se ha venido ampliando la participación cívica: se confirió el voto a la mujer y a la juventud, enriqueciéndose la vida política con su presencia digna, entusiasta y renovadora; se registra un acrecentado interés en los negocios públicos, se ha forjado una sólida conciencia colectiva para vigilar la pureza de la expresión de la voluntad popular.
Este avance político ha sido medio para que la Nación continúe avanzando hacia la consecución de sus fines. Mediante el afianzamiento de los métodos democráticos, se está alcanzando una estabilidad política, que nos está permitiendo consolidar la democracia y abre amplias posibilidades a la expresión legítima de la disidencia ideológica.
Nos proponemos llevar adelante la transformación social, para abrir amplios cauces al desenvolvimiento individual y colectivo, en un clima de confianza, de respeto a la ley y de concordia nacional.
Sabemos que la estabilidad política, indispensable para la eficacia de nuestras instituciones, no puede resultar del simple crecimiento económico, sino que debe sustentarse en la justicia social y en el incremento real de la participación política de los ciudadanos. La democracia sólo se concibe cuando existe una efectiva integración del pueblo en el ejercicio del poder y para que se mantenga viva la conciencia de la corresponsabilidad en la dirección y en la acción, para que cada ciudadano, grupo o partido sepa defender sus derechos y asumir sus obligaciones.
De ahí que una serie de reformas resultan necesarias para renovar instituciones y aportar mejores instrumentos de progreso; nos abocamos a proponer reformas a la Carta Fundamental para acelerar el desarrollo político que hasta ahora se ha venido dando.
Desarrollar el sistema político implica una continua revisión de todos los elementos que lo forman, a fin de incrementar su racionalidad y capacidad. Fundamenta a nuestras instituciones una filosofía democrática social y el proceso cívico debe permitir, en consecuencia, una cada vez mayor y más calificada participación de los ciudadanos en la orientación de las actividades gubernamentales, propiciar en todo momento una adecuada y eficiente representación popular, incorporar a las nuevas generaciones al ejercicio del poder público, facilitar la articulación de los intereses minoritarios, brindarles conductos para su expresión legítima y alcanzar resultados que correspondan efectivamente a las aspiraciones de las mayorías.
La evolución de nuestro marco jurídico hace de los jóvenes mayores de 18 años sujetos de numerosos derechos y obligaciones y por tanto debe concedérseles también el derecho a participar en la conformación de las grandes decisiones nacionales. La numerosa y entusiasta votación de los jóvenes en las pasadas elecciones federales, demostró la validez de la decisión tomada. Proponemos ahora que se abran las puertas a las nuevas generaciones para su mayor participación en el ejercicio del poder político.
Un análisis de las condiciones de existencia de la juventud contemporánea, de la información que posee, de su desempeño en los diversos aspectos de la vida social, en los sindicatos, en las asociaciones rurales, en las comunidades indígenas, en los grupos culturales y en los partidos políticos, permite concluir que a los 18 años los ciudadanos han adquirido ya experiencia en el manejo de intereses que trascienden los de la vida familiar.
Ya desde el Constituyente de 1917 hubo quienes se pronunciaron por la elegibilidad de jóvenes para ocupar cargos de elección popular, reconociendo el destacado papel que ellos ocuparon en el desarrollo de la conflagración armada que dio origen a nuestras actuales instituciones sociales. Hoy está en posibilidad de ser aprobada esta iniciativa por el Poder Legislativo, asociar a las nuevas generaciones a la representación nacional. Para ello se propone la modificación correspondiente al artículo 58 de la Constitución General de la República, a fin de reducir la edad para acceder al cargo de senador.
La posibilidad de compartir la responsabilidad del Poder Legislativo a más temprana edad, permitirá introducir en el estudio y debate de las normas de la República, el pensamiento y la inquietud de nuestra juventud acrecentándose con ello su papel histórico.
Para los partidos políticos, estas reformas constitucionales, de aprobarse, se traducirán en un importante estímulo para multiplicar la militancia de los jóvenes y contribuirán a fortalecer más aún sus cuadros y plataformas con las aptitudes, el optimismo y el sentido crítico que despliegan.
Por otro lado, reducir la edad mínima requerida para ingresar al Poder Legislativo, permitirá no sólo una mejor representación política, sino una más adecuada representación social.
Es el nuestro un país de población joven, más de un 40 por ciento es menor de 18 años; y cerca de un 50 por ciento es menor de 25 años, (lo) que en resumidas cuentas se reduce a que poco más del 60 por ciento de la población nacional no excede los 30 años.
Ampliar a los jóvenes la oportunidad de servir, es ratificar nuestra confianza en ellos como una realidad actuante. Su aportación constructiva y creadora resulta indispensable para labrar el presente y el futuro de México. Es también manifestación de nuestro compromiso de estimular mediante procedimientos democráticos el relevo de las generaciones en los puestos de mando de la sociedad, tanto en los campos de la cultura, la ciencia y de la economía, así como de la política. Nuestro sistema debe demostrar que cualquier joven pueda ser capaz, con esfuerzo, con vocación, con preparación y limpieza de miras de coadyuvar a la transformación del país.
Las reformas propuestas complementarán, si el Poder Revisor de la Constitución lo decreta, una mejor instrumentación de nuestra vida democrática. Corresponden al mismo propósito de ampliar la participación de los ciudadanos en la dirección de la Nación e implican, desde luego, mayores responsabilidades para nuestro gobierno, para las nuevas generaciones de ciudadanos y para los partidos políticos. El deseo de progreso que se manifiesta en todos los ámbitos del país, permite predecir que el perfeccionamiento de las normas sustentará un avance significativo en el mejoramiento de nuestra sociedad.
Por ello, respetuosa mente, los diputados Gloria Lavara Mejía, Israel Hurtado Acosta y Jacaranda Pineda Cháves, nos permitimos someter a esta H. Cámara de Diputados de la VII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
DECRETO mediante el cual se reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como signe:
Artículo 58.- Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de veinticinco años cumplidos el día de la elección.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiocho días del mes de abril de 1998.
Diputados de la Comisión de Asuntos de la Juventud:
Dip. Gloria Lavara Mejía,
Dip. Israel Hurtado Acosta,
Dip. Jacaranda Pineda Chávez.
DE REFORMAS AL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL HURTADO ACOSTA, A NOMBRE DE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD
Gloria Lavara Mejía, Lenia Batres Guadarrama, Israel Hurtado Acosta y Jacaranda Pineda Chávez, diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Un sistema que busca transformarse integralmente, para la consecución de la justicia colectiva, requiere como requisito indispensable de la identificación ininterrumpida del gobierno con la masa ciudadana. Requiere de una movilización general de los recursos humanos para la edificación social.
La Nación mexicana conoce un desarrollo que hunde sus raíces en un movimiento de masas, que repudió el esquema de un ilusorio avance económico, desligado de la participación política. Por eso nuestro sistema ha buscado sistemáticamente en todas sus etapas, acelerar el avance cívico, en la medida en que se lograra el avance social necesario para darle vida plena.
El Poder Legislativo se ha ganado la confianza y el respeto nacional, no por el número de sus integrantes, sino por la elevada forma en que ha sabido responder a la representación que en él se ha depositado. En la Cámara de Diputados tiene el pueblo un fiel vocero de sus inquietudes y sus esperanzas. La dignidad de esta asamblea y el respeto que le profesa la Nación se derivan esencialmente de su estricto acercamiento a los designios y manifestaciones de la voluntad popular. El sistema no ha dado oportunidad a que algunos sectores significativos de la opinión pública, en este caso, el de los jóvenes, enriquezcan con sus puntos de vista el debate parlamentario y contribuyan a perfeccionar los mecanismos de elaboración de las leyes.
La propuesta que ahora se presenta proyecta la necesidad de incorporar al medio político a aquéllos que con ideas innovadoras pueden participar en la Cámara de Diputados, representando al amplio sector de la población que cada día pareciera que se ve más relegada.
La propuesta responde a la evolución política, a la realidad del país y a la aspiración común de fortalecer los fundamentos de nuestra organización democrática. Constituye consecuencia natural del otorgamiento de la ciudadanía a los jóvenes a partir de los 18 años. Si la Nación les reconoció capacidad cívica a esa edad y les confirió el derecho a participar con sus votos en la conformación del destino general, cumple ahora allanarles el camino para acceder, a más temprana edad, al Congreso de la Unión.
De aprobarse la iniciativa no traerá sólo como consecuencia una modificación cuantitativa en relación con las oportunidades que se brindan a la juventud de ser electa para cargos de elección popular, sino fundamentalmente se trata de una modificación cualitativa que propiciará la incorporación al cuerpo legislativo de sus ideas, sus inquietudes, y su ánimo honesto de renovación, crítica y superación.
El diálogo nacional y la colaboración entre las generaciones, atributos que deben caracterizar nuestra convivencia en todos los niveles de la vida social, se verán fortalecidos en la medida en que evitemos que los jóvenes sean ajenos a la dirección de una sociedad en la que activamente participan con vigor y optimista entusiasmo.
Con su participación en el Poder Legislativo, los jóvenes dispondrán de los instrumentos jurídicos de acción para influir y orientar el perfil de las instituciones colectivas y participar en las decisiones políticas que determinan el rumbo de la sociedad. Nuestra propuesta, de ser aprobada, constituye una solución democrática y una oportuna respuesta a la justificada demanda de los jóvenes de ser cabalmente valorados y de contar con medios eficaces para contribuir al remodelamiento de la Nación.
Así pues, esta iniciativa tiene por objeto fundamental que la ciudadanía se adquiera plenamente a los 18 años, pero no solamente por lo que respecta al derecho de votar y ser votado, sino que, en este último caso, el ciudadano, por el sólo hecho de serlo pueda acceder a cualquier cargo de elección popular, teniendo derechos y obligaciones iguales que se le deben reconocer por su sola condición ciudadana. De otro modo estaríamos basándonos en criterios absolutamenta arbitrarios para fijar las edades a las cuales se puede acceder a cargos de elección popular, sin atender a criterio racional alguno.
Por ello en esta iniciativa, proponemos que cualquier ciudadano a los 18 años, pueda ser electo al cargo de Diputado Federal y respondemos así a las demandas que el sector juvenil de la sociedad nos hace para darles mayores espacios de participación política.
Por ello, respetuosamente, los diputados Gloria Lavara Mejía, Lenia Batres Guadarrama, Israel Hurtado Acosta y Jacaranda Pineda Chávez, nos permitimos someter a esta H. Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
DECRETO mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 55.-...
I.
II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;
III. ...
IV. ...
...
...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintiocho días del mes de abril de 1998.
Dip. Gloria Lavara Mejía,
Dip. Lenia Batres Guadarrama,
Dip. Israel Hurtado Acosta y Jacaranda Pineda Chávez
Agenda Política
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE ESTA CAMARA EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COORDINACION PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del H. Congreso de la Unión:
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se tenga a bien someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo fundamentado en las siguientes:
CONSIDERACIONES
A diferencia de lo que ocurre en la naturaleza en donde los procesos biológicos son cíclicos, los diferentes procesos productivos del hombre son lineales y altamente ineficientes, por lo que generan desechos en forma de emisiones al aire, descargas al agua o residuos de diferente índole. A éstos, se agrega la gran cantidad de materiales que aún poseyendo valor económico, se desecha propiciado por el consumismo que se presenta en las diversas actividades que desarrolla la sociedad.
El manejo de estos desechos constituye en la actualidad uno de los grandes desafíos para la sociedad, no sólo por el cambio de mentalidad que le implica para minimizarlos, sino también por los excesivos recursos presupuestarios y tecnológicos que demanda su recolección, acopio, tratamiento y disposición final, así como por los impactos sanitarios y ambientales asociados a su eliminación en forma inadecuada en lugares inapropiados por su alta vulnerabilidad.
La selección de los sitios para la instalación de rellenos sanitarios y de confinamientos controlados, constituye una seria preocupación social y exige que, no tan sólo se siga la normatividad en la materia para proteger al ambiente y la salud, sino que se consideren también otro tipo de intereses sociales y económicos.
Al mismo tiempo, debe considerarse la necesidad de alargar la vida media de los rellenos sanitarios y de los confinamientos controlados, evitando que se dispongan en ellos residuos que tengan valor económico al ser susceptibles de reuso, reciclaje y recuperación de su valor calórico, o que puedan ser sometidos a otro tipo de tratamientos que reduzcan su volumen y peligrosidad antes de disponer de ellos finalmente.
E1 reuso y el reciclaje de residuos de toda índole, (sólidos municipales, industriales peligrosos y no peligrosos), permitiría no tan sólo la creación de negocios y de empleos, sino también disminuiría la presión que se ejerce sobre los recursos naturales, por la extracción de materiales, generación y utilización de energía, y consumo de agua, al producir materiales primarios.
Lo expuesto lleva a plantear la conveniencia de adoptar un enfoque global respecto de la gestión de los residuos, que cubra los aspectos de minimización, seguridad en el manejo y correcta ubicación de los sitios en los que se disponga finalmente de ellos, lo cual demanda la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
En lo que respecta a los residuos sólidos municipales, es urgente detener la práctica ambientalmente inadecuada de disponer de ellos en tiraderos a cielo abierto en lugares de una alta vulnerabilidad ecológica desde la perspectiva de probabilidad de contaminación de cuerpos de abastecimiento de agua tanto subterráneos como superficiales, cuando la protección del recurso hidrológico es crítica para lograr un desarrollo sustentable. Además, el riesgo de incendios en los basureros a cielo abierto, conlleva también el riesgo de que estos se propaguen hacia los bosques vecinos, aparte de la exposición de la población a las emanaciones de humos, gases y malos olores. Por ello, la selección de los sitios para la disposición final de estos desechos, debe de realizarse siguiendo los criterios ecológicos y sanitarios planteados en la normatividad vigente.
Asimismo, en lo que se refiere a los residuos industriales peligrosos, se deben tener presentes los principios de la política ambiental que señalan como la principal prioridad la reducción de su generación, como segunda el reuso y reciclaje, como tercera su tratamiento y como última su confinamiento; procesos estos últimos que deberían realizarse tan cerca de las fuentes generadoras de los residuos como sea posible. Ello hace necesario desarrollar la infraestructura de manejo de este tipo de residuos en todo el país, de manera que se reduzcan las distancias en el transporte de los mismos hacia los sitios en los que recibirán tratamiento.
E1 análisis de las estadísticas relacionadas con la generación de residuos peligrosos indica un subregistro considerable, puesto que el número de generadores que lo manifiestan a las autoridades competentes es sumamente reducido, no llega a diez mil empresas cuando las que pertenecen a la industria de la transformación -y que en su mayoría genera estos residuos- es superior a cien mil. De ahí que se estime que gran parte de los residuos industriales peligrosos que están siendo generados no están recibiendo un tratamiento adecuado, con el consecuente riesgo para el ambiente y la salud de la población. Esto demanda programas activos de promoción e inducción para que todos los generadores lo manifiesten y den un manejo adecuado a sus residuos, lo cual podría ser incentivado si se desarrollaran actividades que facilitaran a las empresas la identificación de oportunidades para minimizarlos, con la participación de las instituciones académicas que forman especialistas en esta área.
De conformidad con lo reportado por la autoridad ambiental los rubros más contaminantes son: la industria química básica (con un 22 por ciento del total) y la petroquímica (11 por ciento); les siguen las industrias metal-mecánicas y de metales básicos (con 10 por ciento cada una), química secundaria (8 por ciento), electrónica y eléctrica (8 por ciento), alimentos (6 por ciento) y minerales no metálicos (5 por ciento). Por debajo de ese porcentaje, y en orden decreciente, están cueros y pieles, papel y celulosa, textiles, automotriz, plástico, caucho y goma y el sector farmacéutico.
Si estimamos que son alrededor de ocho millones de toneladas anuales de residuos peligrosos manifestados y que un volumen mucho mayor debe de estar siendo generado o se encuentra almacenado, se infiere que existe un amplio espacio de oportunidades para el desarrollo de servicios ambientales para su manejo adecuado.
Sin embargo, la infraestructura existente en México para el manejo de residuos peligrosos es muy limitada, insuficiente para procesar los varios millones de toneladas que genera cada año la industria. Las razones de este rezago radican en parte en el tiempo corto de maduración que ha tenido la política ambiental en esta materia, en la carencia de actividades de promoción industrial y en la falta de mecanismos imaginativos de financiamiento. Asimismo, ha influido en esta limitación la existencia de una oposición importante de ciertos grupos de opinión pública al establecimiento de infraestructura para el manejo de residuos peligrosos.
Los datos sobre la infraestructura de servicios para el manejo de los residuos peligrosos en México, desarrollada a partir de la publicación de las primeras disposiciones normativas en la materia en 1988, muestran que dicha infraestructura ha ido creciendo, pero a la fecha únicamente existen en el país dos sitios donde se procesan y confinan desechos peligrosos: uno se ubica en Mina, Nuevo León, y el otro en Hermosillo, Sonora, y se han cancelado proyectos en este sentido en el estado de México, Veracruz, Baja California y San Luis Potosí, por mencionar algunos. Por otra parte, al estudiar la distribución territorial de esta infraestructura, se identifica que hay entidades federativas que prácticamente no cuentan con ninguna o solamente con empresas encargadas del transporte y acopio de residuos. Es por esta última circunstancia, que es común que los residuos generados en una entidad reciban tratamiento en otra, y sería impensable que la infraestructura instalada se concibiera como de uso exclusivo para la entidad en la que se ubica, además de que esto sería contrario a las economías de escala que se requieren para recuperar las inversiones, sobre todo, en la operación de tecnologías avanzadas.
Dada la desproporción que guarda el volumen creciente de residuos peligrosos generados con las capacidades existentes de manejo, vigilancia y control, con frecuencia se observa una disposición clandestina en tiraderos municipales, barrancas, derechos de vía en carreteras, drenajes municipales o cuerpos de agua. Se estima que esta última opción es la que predomina, considerando que cerca del 90 por ciento de los residuos peligrosos adoptan estados líquidos, acuosos o semilíquidos, o bien, se solubilizan y/o mezclan en las descargas de aguas residuales.
Por otra parte, la sociedad en general demanda de parte de las autoridades la elaboración de un diagnóstico confiable de las áreas de menor riesgo para ubicar confinamientos, así como que se establezca un programa confiable de información pública que asesore a las poblaciones sobre su derecho a conocer los riesgos de vivir cerca de un confinamiento, y una estrategia de apoyo a la planta industrial para que reduzca su generación de desechos y reconvierta sus procesos.
Considerando lo anterior, es fundamental que el manejo de los residuos peligrosos en nuestro país responda a los retos que exige no solamente la atención a problemas emergentes que incluyan las demandas de la sociedad por un ambiente y una economía sanos, capaces de sostener niveles de bienestar creciente, sino que también oriente acciones integrales para el manejo de estos residuos, privilegiando el reciclaje y el tratamiento sobre el confinamiento.
En este orden de ideas, es preciso estimular una estrategia basada en sistemas integrales para el reciclaje, recuperación, tratamiento y confinamiento de residuos industriales, tal como la de los complejos industriales denominados Centros Integrales para el Manejo y Aprovechamiento de los Residuos Industriales (CIMARIS). La integración de procesos es la principal característica de un CIMARI, donde se conjugan opciones tecnológicas de manejo con el fin de optimizar los niveles de valorización de residuos a partir de sólidos criterios ambientales y de control de calidad total.
El desarrollo de una estrategia basada en estos criterios y posibilidades tecnológicas, aunada a una vigorosa línea de promoción e información a la comunidad, podría coadyuvar a la solución de un problema tan grave como el que se ha señalado anteriormente.
Dentro del marco jurídico, por los peligros que conlleva el manejo de los residuos, como por sus implicaciones económicas y sociales, se han establecido disposiciones legales (leyes, reglamentos y normas técnicas) y procedimientos administrativos (manifiestos, autorizaciones, permisos, licencia y registros), que definen las condiciones y restricciones que aplican a las diversas fases del ciclo de vida (recolección, almacenamiento, envasado y etiquetado, transporte, tratamiento y disposición final) de los residuos de acuerdo con que estos sean residuos sólidos municipales o que sean residuos especiales o peligrosos.
En lo que respecta a los residuos especiales y peligrosos, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, es la Semarnap, a través de dos de sus órganos desconcentrados, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría de Protección Ambiental (Profepa) la responsable de su regulación y control.
Al INE le corresponde elaborar la política y los ordenamientos legales para regular los residuos peligrosos, así como emitir las autorizaciones al respecto, con el apoyo de las delegaciones de la Semarnap. Por su parte, la Profepa y sus delegaciones, vigilan el cumplimiento de la legislación ambiental sobre dichos residuos.
Es importe además considerar como un instrumento muy poderoso la concertación para promover la participación y la corresponsabilidad social en la gestión ambiental, ya que ésta puede ampliar las capacidades y los alcances de la política, planes, programas y proyectos en materia de manejo de residuos peligrosos.
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que a la solución del problema que plantea la administración de los desechos, ayudaría enormemente un convenio entre el ejecutivo federal representado por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y las entidades federativas, mediante el cual se comprometerían ambas partes a establecer a la brevedad posible un plan estratégico para promover el manejo integral de los residuos y ubicar los sitios para la disposición final de éstos en lugares idóneos desde la perspectiva ambiental, social y económica.
Esta representación considera que no puede mantenerse al margen de este problema y aún cuando reconoce que la responsabilidad es de los ejecutivos, hace suya la preocupación social y trata de aportar una solución exhortando a este convenio y estando en la absoluta disponibilidad de comparecer en el mismo como testigo.
En consecuencia, los diputados firmantes proponemos se tome el siguiente punto de acuerdo:
PRIMERO: Esta representación nacional exhorta al Ejecutivo federal y los Ejecutivos de las entidades federativas, para que celebren un convenio de coordinación, que establezca compromisos que integren un plan estratégico para el manejo integral de los residuos además de ubicar los sitios destinados a su disposición final en lugares idóneos desde la perspectiva ambiental social y económica.
SEGUNDO: Se establezca una comisión integrada por representantes tanto del poder Ejecutivo, del Legislativo y de la comunidad, que brinde seguimiento a los compromisos establecidos en el citado convenio.
TERCERO: Se comunique el presente acuerdo a la H. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y a las legislaturas de las entidades federativas para invitarlos a sumarse a esta exhortación.
Suscriben diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
Informes
INFORME DE LA VISITA DE LA DELEGACION MEXICANA, INTEGRADA POR DIPUTADAS DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, A LA XI REUNION DE LA COMISION ESPECIAL DE LA MUJER DEL PARLATINO, CELEBRADA DEL 13 AL 16 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA
La LVII Legislatura de la Cámara de diputados y diputadas del H. Congreso de la Unión significa ya un parteaguas en el devenir histórico del Poder Legislativo en México. La nueva correlación de fuerzas ha impactado de manera sustancial en la transparencia con la que deben llevarse a cabo ciertas prácticas como es el caso de la denominada Diplomacia Parlamentaria, que durante mucho tiempo fue catalogada como un asunto de poca importancia para las tareas legislativas e incluso se le llegó a calificar despectivamente -y en ocasiones con cierta razón- como Turismo Parlamentario.
Hoy en día, las diputadas y diputados que integramos esta Legislatura tenemos el compromiso firme de modificar actitudes y transparentar las actividades que realizamos al frente de nuestros cargos de elección popular.
Nuestras visitas a los diversos foros, conferencias, reuniones y demás eventos de carácter parlamentario efectuados allende nuestras fronteras, deben ser entendidos por quienes, a nombre de los distintos grupos parlamentarios, asistan a ellos en su real dimensión; esto es, como oportunidades para estrechar lazos de amistad e intercambio de experiencias legislativas con otras/os parlamentarias/os del mundo.
Del 13 al 16 de abril de 1998, en la ciudad de La Habana, Cuba, tuvieron lugar dos reuniones de gran relevancia para las mujeres de América Latina y el Caribe, a saber: la XI Reunión de la Comisión de la Mujer del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), y el Encuentro Mundial de Solidaridad entre Mujeres.
Para asistir a dichos eventos, la delegación mexicana designada por esta Cámara de diputados (y diputadas) estuvo integrada por las siguientes Legisladoras: Dip. Ma. Elena Cruz Muñoz (PAN), Presidenta colegiada; dip. Luz del Carmen López Rivera (PRI), secretaria; dip. Enoé González Cabrera, representando a la dip. Sara Esthela Velázquez Sánchez, Presidenta colegiada y, finalmente, quien escribe, a nombre del PRD y encabezando la delegación en mi calidad de Presidenta colegiada.
Los dos ejes temáticos en torno a los cuales giraron tanto el Encuentro como la Reunión como bien lo marca la dip. Ma. Elena Cruz Muñoz en el informe que se anexa más adelante, fueron: El ejercicio del poder desde la perspectiva de género: Mujeres Parlamentarias con cargos gubernamentales; y, Violencia Intrafamiliar.
En términos generales puede decirse que en México estamos avanzando satisfactoriamente hacia la estructuración de una sociedad más equitativa, pese a que todavía son grandes las barreras a vencer para alcanzar las metas deseadas, sin embargo, durante el desahogo de las mesas de trabajo donde nuestra delegación transmitió y recogió diversas propuestas tendentes a apuntalar la igualdad de oportunidades para mujeres y varones como característica distintiva de las políticas públicas a nivel nacional y regional, en un futuro próximo, en los países de América Latina y el Caribe, fue posible percatarnos de la existencia de propuestas en las que todas las mujeres del hemisferio coincidimos.
Uno de esos ejemplos puede ser el hecho de que el propio Parlamento Centroamericano (Parlacen) -organismo de integración político-regional más importante de AL, conformado por diputadas/os de sus 5 países miembros: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, electos democráticamente-, recientemente haya tomado la decisión de impulsar la creación de los denominados Foros Políticos Nacionales de Mujeres, cuya misión (al igual que el Parlamento de Mujeres de México) será la realización de un análisis y la deliberación en torno de las acciones a impulsar por los gobiernos de dichos países, a fin de eliminar la discriminación de las mujeres en todas las esferas del quehacer humano, así como consolidar Planes Nacionales de Acción (que nuestro Parlamento de Mujeres de México denominó una Agenda Legislativa), para operativizar las políticas públicas para la promoción de la mujer y la equidad de género, dejando claro que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es fundamental no sólo para el equilibrio democrático de la región, sino también para su desarrollo económico.
Otro ejemplo de esto lo constituye el hecho de que las mujeres asistentes al evento estuvimos de acuerdo en destacar la importancia de que los órganos legislativos en consulta con los organismo gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, vistas como expresiones de la sociedad civil, que trabajan por la promoción de las mujeres, modifiquemos y emitamos leyes que eliminen los obstáculos que todavía impiden que nuestras sociedades alcancen la igualdad y la equidad de género. Esto, por supuesto, coincide totalmente con el objetivo primordial del Parlamento de Mujeres de México, así quedó de manifiesto en el conjunto de propuestas hechas por la diputada Enoé González Cabrera, que van desde la necesidad de legislar sobre el derecho a la no discriminación de la mujer en las distintas esferas de la vida de nuestro país, poniendo como caso específico la discriminación por gravidez hasta llegar a la legislación en materia de violencia intrafamiliar (consúltese ponencia anexa).
En este sentido, es menester que insistamos en que los órganos legislativos de AL y el Caribe aprobemos modificaciones a las normativas electorales de nuestros países, a fin de incorporar medidas de acción afirmativas que garanticen el acceso equitativo de las mujeres a las estructuras de poder y los puestos de decisión pública, que suponga, entre otros, cambios en los estatutos y las estructuras de los partidos políticos mediante la aplicación rigurosa de cuotas de mujeres, en posiciones elegibles para los cargos de elección y designación. Estas medidas, denominadas como Leyes de cuotas, serán necesarias en nuestro hemisferio, en tanto no alcancemos una verdadera madurez cultural y política que nos permita asumir que si las mujeres representamos por lo menos la mitad de la población en algunos de los países de la región, como es el caso de México, en consecuencia, deberíamos ocupar el mismo número de cargos públicos que los varones.
Quisiera referir aquí que la participación de la diputada Luz del Carmen López Rivera estuvo dedicada, de alguna manera, a transmitir la experiencia vivida por las legisladoras mexicanas durante la Realización del Parlamento de Mujeres de México, específicamente en lo tocante a la participación de la mujer en la política (consúltese ponencia anexa).
Por otra parte, existe la propuesta de fortalecer estos Foros Nacionales de Mujeres de Partidos Políticos, a efecto de impulsar el liderazgo de las mujeres y promover la concertación y la unión de esfuerzos para lograr las metas propuestas, especialmente la de promover la mayor incorporación de mujeres a los partidos políticos.
De igual manera, se propuso la creación del Foro Regional de Mujeres de Partidos Políticos en el que puedan intercambiarse experiencias y se fortalezca el poder de influencia y negociación de estas mujeres y se dé seguimiento al efectivo cumplimiento de las políticas y normas nacionales e internacionales en la materia.
En esta misma mesa sobre mujeres parlamentarias con cargos gubernamentales, o como muchas preferimos llamarle: Mujer y Poder, aportó reflexiones sumamente interesantes para el debate de la perspectiva de género y el ejercicio del poder público. Una de las principales reflexiones que hicimos fue la necesidad de que las mujeres que tenemos la posibilidad de acceder y participar de manera directa y activa en la toma de decisiones en la esfera de lo público -hasta hace algún tiempo considerada exclusiva de los hombres-, comencemos a modificar nuestra forma de conducirnos en dicha esfera, toda vez que ahora lo que nos está faltando es transitar hacia una feminización de la política, pues la mayoría de las veces, las mujeres estamos actuando bajo los mismos lineamientos masculinos de hacer política y de diseñar políticas públicas. Estamos frente a una necesidad imperiosa de introducir nuestra perspectiva (de género) al tratamiento de los graves problemas que como sociedad aun tenemos que enfrentar, a saber: la prostitución -incluyendo la cada vez creciente tendencia hacia la prostitución infantil-, la pornografía, la trata de blancas, la pobreza, la criminalidad y la violencia en contra de las mujeres, entre otros.
La segunda mesa de trabajo, coordinada en este caso por quien escribe, versó precisamente en torno al tema de la violencia en general, y a la violencia intrafamiliar en particular (consúltese ponencia anexa). En este sentido, quisiera solamente esbozar algunas de las ideas que se expresaron durante los trabajos de esta mesa. Por principio de cuentas, fue importante establecer criterios generales mediante los cuales se dejó ver que la violencia no solamente es física sino también puede ser emocional, psicológica y verbal. Asimismo, aun cuando al hablar de violencia intrafamiliar estamos acostumbradas/os a identificarla con las agresiones de los varones sobre las mujeres, también debemos cobrar conciencia de que la violencia también es ejercida por las mujeres (la mayor parte de las veces en contra de los menores de edad).
Frente a este panorama se llegó a la conclusión de que la atención al problema social de la violencia debe darse desde una perspectiva de género, es decir, desde una visión más amplia que involucre a hombres, mujeres y niñas/os en un proceso de reeducación donde exista también el derecho a la expresión de las necesidades, incluyendo las afectivas, de todos y cada uno de los miembros de la familia, para evitar así que las frustraciones, las presiones del trabajo, las difíciles condiciones de vida, entre otras cosas, puedan convertirse en detonadores de la violencia al interior de la familia y de la sociedad.
De las propuestas externadas en la mesa, destacan algunas tales como la de iniciar -como se ha hecho ya en Venezuela- una campaña de concientización, a través de los medios masivos de difusión, principalmente la Tv y la radio, de la real dimensión de la violencia en contra de las mujeres; en estas campañas se ha tenido mucho cuidado de que los contenidos no caigan en el error de hacer ver a las víctimas de la violencia como las culpables de la misma, de igual modo, se ha pretendido en todo momento sensibilizar tanto a mujeres como a hombres y niñas/os, de que todos tenemos derecho a no ser maltratadas/os, aun más, se está enseñando a la gente a aceptar su derecho a la ternura.
Otra propuesta importante que se hizo se refiere a la instrumentación de Redes en contra de la violencia, que pueden ir desde redes municipales, pasando por las redes nacionales, hasta llegar a la conformación de una Red Hemisférica en contra de la violencia hacia las mujeres.
Con este propósito, se nos hizo saber que el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), específicamente su oficina para América Latina y el Caribe, ha dado inicio a una campaña cuyo lema es "Una vida libre de violencia", mediante la cual se está organizando a las mujeres caribeñas de los países Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago entre otros, a fin de que se tomen medidas conjuntas para instrumentar acciones encaminadas a disminuir la criminalidad y la violencia en contra de las mujeres de esa región.
Finalmente, durante la realización del Encuentro de Solidaridad entre Mujeres y la XI Reunión de la Comisión de la Mujer del Parlatino, hubo algunos pronunciamientos políticos en torno a otros temas como el bloqueo que por más de treinta años el gobierno de Washington ha mantenido hacia la mayor de las Antillas: Cuba. En este sentido fue contundente la declaración de todas las delegaciones asistentes al evento, en el sentido de rechazo absoluto a dicho bloqueo. Por cuanto hace a México, se sabe que nuestra política hacia Cuba ha sido de solidaridad y de oposición a dicho bloqueo por considerarlo contrario a los principios de respeto a la soberanía de los pueblos, la libre autodeterminación y a los lineamientos del comercio internacional.
PONENCIAS
Intervención de la diputada Alma Vucovich Seele, en la reunión de la Comisión de la Mujer del Parlatino
La Habana, Cuba, abril de 1998.
Saludo con agrado la realización de este encuentro de mujeres legisladoras provenientes de los países miembros del Parlatino. Estoy cierta de que trabajando conjuntamente estos dos días, habremos de contribuir enormemente en el hasta hoy lento pero seguro camino de la concientización y sensibilización de las sociedades y de los gobiernos de nuestros países, de la necesidad de promover acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida, económicas, laborales, educativas y políticas en que vivimos miles de mujeres en nuestro hemisferio.
Como sabemos, desde el momento de su instalación, la Comisión Especial de la Mujer del Parlatino ha dejado clara su intención de impulsar el proceso de democratización de las sociedades de países del hemisferio. Para ello, se hizo necesario trabajar, primero, en la creación de una conciencia de género, que comience por reconocer las severas desigualdades que a nivel social, económico y político hemos venido viviendo las mujeres de los países latinoamericanos y del Caribe.
De igual manera, las integrantes de esta Comisión se dieron a la tarea de definir una Agenda Legislativa que comprenda la amplia gama de problemas que enfrentan las mujeres de la región, con el propósito de impulsar las adecuaciones a las legislaciones nacionales e internacionales, como es el caso de la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.
Hoy, toca a todas y cada una de nosotras, como integrantes de una de las instituciones sociales como son los Congresos o Parlamentos nacionales -que a la par de la escuela, las iglesias- debe asumir la responsabilidad de colocar la primera piedra sobre la cual habrá de iniciarse el proceso de construcción de una sociedad más democrática, tolerante, y equitativa, impulsar la democratización de estas sociedades. Para ello, la utilización de la perspectiva de género representa una herramienta indispensable en el diseño de leyes, programas gubernamentales y políticas públicas que garanticen la aplicación equitativa de la justicia y sitúen a hombres y mujeres en una situación de igualdad no solamente jurídica, sino también igualdad de acceso a las oportunidades de educación, trabajo y mejoramiento de vida.
En este sentido, considero relevante manifestar que las reformas impulsadas mediante nuestra actuación conjunta, en este caso desde nuestro muy particular campo de acción como es el parlamentarismo, deben apuntar a disminuir las desigualdades existentes aun en diversas esferas de la actividad humana por ejemplo en el ámbito laboral, donde a las mujeres se les paga menos que a los hombres por realizar el mismo trabajo, se estima que esta diferencia salarial gira alrededor de un 40 por ciento; o bien, en la política, donde el mayor número de puestos importantes están ocupados por varones, por ejemplo, a nivel internacional, sólo 6 de los 184 embajadores registrados ante la ONU, son mujeres. Asimismo, por cuanto hace a los cargos de representación popular, quisiera referir el caso de México -por ser el que más conozco, aunque sé que en otros países de América Latina y del Caribe sucede algo parecido-, donde se ha hecho necesario fijar, en las propias plataformas de acción de los diversos partidos políticos, un porcentaje mínimo a cubrir por mujeres, la llamada Ley de Cuotas, lo que dicho sea de paso, no tendría razón de ser en un país cuyo 52 por ciento de la población total somos precisamente las mujeres.
Por otra parte, como parlamentarias, debemos asumir también el compromiso histórico que este mundo plagado de constantes y vertiginosos cambios -en el que incluso muchos de los paradigmas o conceptos explicativos que antes definían cualquier tipo de relación entre los individuos, han experimentado sendas transformaciones-, para proporcionar una nueva dimensión a las relaciones sociales, específicamente a aquellas que tienen que ver con la cohabitación de los hombres y las mujeres.
Comencemos quizá por establecer claramente, desde la perspectiva de género, obviamente, que si bien es cierto que las mujeres y los hombres somos diferentes o distintos, ello no significa que seamos desiguales o merezcamos un trato distinto frente a las políticas gubernamentales.
Una de las características principales de los programas gubernamentales y las políticas públicas de muchos de los países llamados desarrollados, es que todos estos están permeados por el interés de llegar a la equidad, esto es, a erradicar las prácticas sexistas educativas y culturales, ya sea en el campo educativo, cultural o laboral. La Unión Europea por ejemplo, cuenta con enriquecedoras experiencias que dan cuenta del grado de madurez política con la que las eurodiputadas y los eurodiputados, han evaluado los costos económicos y sociales que podría traer consigo la permanencia de una cultura sexista, pues si a las mujeres no se les reconoce su derecho legítimo a educarse, a profesionalizarse o a prepararse para la política, ni a participar de manera más activa en la política, la sociedad en su conjunto resentirá tarde o temprano, los efectos nocivos para el desarrollo de las potencialidades económicas como nación.
No es suficiente decretar leyes que hablen de la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe una igualdad de oportunidades. Así como tampoco ayuda mucho crear instrumentos legales vanguardistas, desde la perspectiva de género, que transformen la esfera de lo público, si dichas transformaciones no van acompañadas de cambios en la manera de pensar, sentir y relacionarse respetuosamente en el ámbito privado. En otras palabras, no se puede cambiar la situación simplemente con una normatividad jurídica que consagre la igualdad entre hombres y mujeres, se necesitan medidas proactivas, afirmativas, que detecten y corrijan cualquier elemento discriminatorio en contra de las mujeres por causa del género.
Uno de estos temas, quizá el de mayor relevancia dado el número de personas que se ven involucradas en este, es el de la violencia al interior de la familia.
En el caso de México por ejemplo, me gustaría referir la reciente aprobación, por parte de nuestro Congreso, de un conjunto de reformas a diversas disposiciones en materia de violencia intrafamiliar, con lo cual se han sentado las bases legislativas sobre las que habrán de sustentarse las modernas políticas públicas capaces de responder a las demandas de la sociedad del próximo siglo y milenio en el sentido de que exista mayor apertura hacia la tolerancia, la equidad y la democratización de la toma de decisiones desde el ámbito mismo de la pareja, la familia y la colectividad.
Los aspectos de mayor relevancia que presentó esta Ley de Violencia Intrafamiliar, como se denomina ya a este conjunto de leyes reformadas, son, entre otros, la posibilidad de que se tipificara la violación dentro del matrimonio, se limitaran las facultades de los torturadores en el efecto de la corrección que se tiene hacia los menores, al tiempo que también se tipificara el asunto de la violencia intrafamiliar como abuso de poder al interior del núcleo familiar.
En este sentido, el espíritu de la Ley en contra de la violencia intrafamiliar es, a todas luces, poner un alto a la proliferación, cada día mayor por cierto, de acciones violentas que atentan contra los derechos humanos, particularmente de las mujeres, ya que en México, aproximadamente entre un 90 a un 95 por ciento de quien sufre cualquier tipo de agresión, son mujeres, y que estas agresiones se presentan por igual tanto en los hogares como en las instituciones públicas, convirtiendo el problema de la violencia en una red que atrapa a un gran número de personas, de ahí que deba vérsele como un problema público.
La importancia de la aprobación de una Iniciativa de Ley en contra de la violencia intrafamiliar no tiene nada que ver con un interés malsano de intervenir, en las relaciones de pareja o en el llamado espacio doméstico, sino con el afán de definir claramente el tipo de proyecto de nación que se requiere construir y heredar a las nuevas generaciones, contribuyendo en la creación de una sociedad cuyas relaciones se basen en la equidad, el respeto y, sobre todo, la tolerancia a la diferencia, sea esta de género, de pensamiento o de ideología.
La actual transformación de paradigmas tales como el de nación, requiere de una seria revisión de la manera en que se ejercen las relaciones de poder desde el ámbito familiar, desde las relaciones de pareja, desde la violencia cotidiana que es como una red en la que se encuentran atrapadas millones de mujeres y menores de edad en nuestro hemisferio.
Solamente así estaremos en posibilidad de detener toda la secuencia de maltrato, abuso de poder, negligencia, control y dominio hacia la mujer que si bien es cierto tiene sus inicios en los núcleos privados, llega hasta las instituciones del Estado y fomenta situaciones denigrantes donde las mujeres somos excluidas y discriminadas de los ámbitos académico, laboral, económico y político.
Los actos de violencia cometidos en contra de las mujeres por poner un ejemplo, representan un serio obstáculo para el desarrollo económico de nuestros países y en consecuencia de nuestra región.
Pensemos simplemente en el número de mujeres que por una actitud de prepotencia de los varones de su familia, como el padre o el esposo, no les ha sido permitido hasta ahora trabajar y producir para sí mismas y para las economías nacionales.
De igual manera imaginemos las enormes pérdidas de recursos que representa la incapacidad laboral que se tiene que otorgar a las mujeres que han sido víctimas de maltrato dentro de sus hogares, junto con las erogaciones presupuestales destinadas a la atención de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), algunos países de América Latina y el Caribe gastan alrededor del 20 por ciento de sus presupuestos de salud, en atención médica, por cuestiones en casos de emergencia producidos por actos de violencia.
En suma, la violencia intrafamiliar, representa actualmente uno de los más serios problemas a los que tenemos que hacer frente por igual todas y cada una de las mujeres de hemisferio, las que nos encontramos aquí reunidas y las que representamos. Esta es una lucha común y como tal exige de medidas conjuntas que apunten hacia su solución.
Aprovechemos que la Comisión Especial de la Mujer del Parlatino, que aglutina a parlamentarias de todos los países de la región se encuentra reunida también aquí, en La Habana para impulsar la creación de una Red Hemisférica en contra de la Violencia Intrafamiliar. Una red que libere a las víctimas de la violencia mediante la difusión en los países miembros del Parlatino de reformas legislativas tendientes a frenar la violencia al interior de la familia. Una red que cuente con la participación de todas las mujeres, las parlamentarias, las diplomáticas, las intelectuales, las periodistas, las artistas, las amas de casa, las mujeres de las ONG y en general todas las mujeres comprometidas con la reivindicación de nuestros derechos humanos, incluido el derecho a no ser maltratada.
Finalmente, considero pertinente insistir en que nuestro papel como parlamentarias, es contribuir a la revisión de la normatividad de nuestros países, en el afán de revisarla e identificar los elementos discriminatorios hacia las mujeres, e impulsar programas y acciones equitativas que poco a poco vayan acabando con los valores sexistas y estereotipados derivados del género.
Propongo que en el marco de esta Reunión surjan como nuestras las siguientes propuestas:
1. Difundir la necesidad de la creación de una Comisión de Equidad y Género en cada Congreso o Parlamento nacional de los países integrantes del Parlatino.
2. Defender y promover la identidad de género femenino, incluso desde el lenguaje, para lo cual debe comenzarse por crear una cultura incluyente que haga mención explícitamente a las mujeres, es el caso de las diputadas, las senadoras, etc.
3. El establecimiento de una Red Hemisférica de mujeres en contra de la violencia intrafamiliar que comenzaría por exhortar a los gobiernos de la región a adoptar leyes nacionales en contra este tipo de violencia.
4. Lanzar a nivel mundial, pequeñas cápsulas informativas en los medios de difusión, mensajes que nos unifiquen, dignifiquen y eleven. Vamos generando el cambio por generación espontánea, a partir de nuestras mentes que funcionan en forma colectiva.
5. Pugnar porque en la próxima reunión Cumbre de las Américas, a efectuarse este mes en Santiago de Chile, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países participantes, incluyan en la agenda de trabajo la problemática de las mujeres, como por ejemplo la feminización de la pobreza o la propia violencia intrafamiliar.
Que las mujeres nos llevemos fijo en nuestras mentes que ya es tiempo de que la problemática de la mujer sustituya las agendas de los hombres en primer término, no como hasta hoy, que siempre somos capítulo aparte.
Mujer, participación política y acceso a la toma de decisiones, ponencia presentada por la diputada Luz del Carmen López Rivera
Saludo con afecto y solidaridad a mis compañeras de lucha aquí presentes.
Resulta especialmente satisfactorio encontrarse con representantes de varios países, con los que nos identifican rasgos culturales, ideales y deseos de progreso, en esta XI Reunión de la Comisión de la Mujer del Parlamento Latinoamericano. Mujeres todas que acuden con energía y entusiasmo, con seriedad y responsabilidad, a defender sus puntos de vista y a externar cuáles son sus aspiraciones, inquietudes y demandas.
Con encuentros como el de hoy, donde se privilegia el diálogo abierto y la polémica democrática, se fortalece la lucha por borrar de nuestras sociedades todo vestigio de discriminación hacia la mujer.
Es necesario el análisis y la critica a las costumbres, a las normas jurídicas y a los modelos de desarrollo que nos limitan. Pero también es pertinente la autocrítica en torno a la cultura de desigualdad que contribuimos a reproducir las mujeres, en nuestro papel de transmisoras de valores en el núcleo familiar.
Se requiere hacer conciencia del papel que jugamos en ese largo proceso de transición que significa construir una sociedad cabalmente igualitaria.
Es pertinente que las mujeres de todas las regiones del planeta revisemos estrategias para vigorizar y fortalecer el movimiento femenil, porque si bien existen avances inocultables en la lucha por la igualdad, aún quedan ordenamientos legales, costumbres, actitudes y patrones culturales que propician condiciones de sumisión y dependencia para la mujer.
En México hemos registrado progresos substanciales en materia legal. Desde la Constitución de 1917, en la cual se le reconocieron al igual que el hombre sus garantías individuales y se establecieron medidas proteccionistas a la mujer trabajadora, hasta la época actual, en la que recientemente las mujeres obtuvimos la aprobación de una Ley contra la Violencia Intrafamiliar, se han dado pasos muy importantes en pos de la equidad entre los géneros: en 1946 se consiguió el reconocimiento a los derechos políticos de la mujer a nivel municipal; en 1953 el sufragio universal y en 1974, se logró la igualdad ante la ley gracias a una reforma al articulo 4° de nuestra Constitución.
A lo largo de esas grandes conquistas también se han dado múltiples reformas legales en todos los ordenamientos que conforman nuestro régimen jurídico para proteger a la mujer trabajadora y evitar los abusos por su condición de madre; para igualar a la mujer campesina en sus derechos agrarios; para que se reconozca en la ley el derecho de la mujer a la salud, a la educación y en fin, para borrar de las normas cualquier remanente discriminatorio hacia la mujer.
Pero los cambios a las leyes no son suficientes. Aún con ellos se nos siguen regateando las oportunidades para que nos integremos en términos de justicia a las grandes tareas que reclama el desarrollo de nuestros países, por la sencilla razón de que todavía no podemos erradicar actitudes, costumbres y conductas que son parte de una cultura machista que en ocasiones nosotras mismas alentamos.
Es notorio que aunque las mujeres aportamos una cuota significativa del trabajo para construir mejores condiciones de vida, seguimos sufriendo un trato desigual en las labores productivas.
La mujer contribuye al progreso en el barrio, en la comunidad, en la fábrica, en el campo, en la oficina, en el hogar y así en cada uno de los espacios donde se desarrolla. No obstante, las posiciones en cargos de elección popular y de administración pública no corresponden a nuestro aporte.
En mi país, de 1953 a la fecha ha habido 180 Secretarios de Estado varones y únicamente 7 titulares de una Secretaría han sido mujeres. La presencia de mujeres en los puestos de decisión gubernamentales representa menos del 10 por ciento, cerca del 19 por ciento en las áreas de impartición de justicia y menos del 5 por ciento en puestos administrativos en los gobiernos estatales y municipales.
En la actual LVII Legislatura del Congreso de la Unión sólo el 17 por ciento de los diputados y senadores somos mujeres. En legislaturas anteriores el porcentaje ha sido en promedio entre el 8 y el 12 por ciento. En los congresos locales de 1052 legisladores, nada más 118 son mujeres, lo cual representa el 11.2 por ciento.
En los tres partidos con representación nacional más significativa la presencia en los comités directivos ha fluctuado entre el 16 y 30 por ciento.
Nada tiene que ver esta presencia de la mujer en los puestos donde se toman las decisiones políticas más importantes con lo que ella significa en términos cualitativos y cuantitativos para cada nación.
Por supuesto que nuestro reclamo por compartir el poder político no se sustenta en argumentos meramente aritméticos, como lo son el hecho de que en México somos más de la mitad de la población y también somos mayoría en el padrón electoral; lo hacemos porque trabajamos para acceder a los cargos, porque hemos demostrado capacidad para desempeñarnos con eficacia en cualquier terreno y porque en justicia nos corresponde.
Nuestra demanda de acceso a los cargos políticos y de la administración pública tampoco la genera una mezquina ambición de poder, todo lo contrario, se basa en nuestro deseo de servicio y, lo que es más, pedimos que las oportunidades se den en razón directa con nuestro trabajo en las labores partidistas, con nuestra labor gestora en la comunidad y con nuestra capacidad y preparación.
Si queremos cambiar las condiciones de segregación que aún padecemos, el único camino es la toma del poder para que desde ahí legislemos en favor de nuestro género; para que desde el mando coadyuvemos en forma eficaz a superar rezagos ancestrales que nos ubican como seres secundarios; para echar por tierra las barreras ideológicas que impiden que nos incorporemos a todos los campos del quehacer nacional en términos equitativos con el varón, y que también hagamos que se respeten los mandamientos legales que estipulan la igualdad entre el hombre y la mujer.
Nuestra aspiración a obtener más cargos públicos y políticos es muy legitima porque no queremos especular con el poder, sino que lo demandamos para construir con nuestro esfuerzo un mejor futuro para nuestros hijos. Nos mueve el deseo de contribuir con el progreso de nuestros países y de dignificar la actividad política al ponerla al servicio del hombre.
El propio dirigente de mi partido, el Revolucionario Institucional, reconoció recientemente que los triunfos electorales que obteníamos en esos tiempos se conseguían gracias al trabajo político y al voto de las mujeres. En esa misma medida queremos que se nos otorguen espacios.
Además, no pedimos que se nos den cargos o posiciones en forma gratuita, los demandamos porque nuestra posibilidad de realización en todos los campos está reconocida por la ley y porque constituimos una fuerza productiva, política y electoral que en estos tiempos ya no admite escepticismos.
Nuestra participación en los cambios que se han registrado en el mundo ha sido definitoria. Para nosotros no ha habido tareas de mayor o menor importancia. En cualquiera de los frentes hemos dado lo mejor de cada una en pos del bienestar de la familia, de la comunidad y de nuestra patria, sin importarnos el sacrificio que significa esa doble labor que la mujer moderna realiza: como madre, ama de casa y esposa, a la vez que participa como trabajadora, profesionista, política o en cualquier otra actividad productiva para contribuir con el sustento de la familia.
El reclamo femenil de mayores oportunidades en el terreno político también tiene sustento democrático, porque la democracia implica la participación de todos, tanto en la posibilidad de elegir como de ser elegidos. De tal manera que esa posibilidad que tenemos las sociedades civilizadas de conformar nuestro propio gobierno y de formar parte de él nos incluye a las mujeres.
La democracia es por excelencia una de las manifestaciones más preclaras de las sociedades modernas. Es el camino que han escogido los pueblos de nuestros tiempos para organizar su ascenso hacia estadios superiores de convivencia. En ese andar hacia el bienestar colectivo queremos emparejarnos con el hombre.
Cabe aclarar que no es nuestro objetivo ser más que nuestros compañeros; tampoco queremos robarles sus espacios, ni mucho menos transitar sin ellos. Se trata de que reconozcan que nos asisten los mismos derechos, que tenemos las mismas capacidades y que por lo tanto es un signo de atraso que nos dejen a la zaga.
En nuestra lucha por conseguir un trato equitativo las conquistas en el terreno político han sido pilares fundamentales, porque ellas nos han permitido ensanchar los espacios y concretar una buena parte de nuestras aspiraciones.
En mi país, México, el Partido Revolucionario Institucional en el cual milito, ha jugado un papel fundamental en cada una de esas conquistas. Puedo afirmar con orgullo que la historia de mi partido y la de las reivindicaciones femeniles son una misma, porque han sido gobernantes salidos de nuestras filas los que han impulsado las grandes reformas en favor de las mujeres, llámense el reconocimiento al voto universal, a nuestra igualdad jurídica o a nuestros derechos ciudadanos.
De nuestras filas salió la primera diputada, la primera senadora, la primera gobernadora y la primera secretaria de estado. Por ello manifiesto con orgullo mi pertenencia al PRI, y porque además, es un partido surgido del pueblo que se sustenta en los anhelos populares.
La historia del PRI es la historia de México. Lo cual nos obliga y compromete a ser mejores cada día para responder a las expectativas de un pueblo mexicano que sigue siendo mayoritariamente priísta.
Las mujeres de México tenemos un proyecto muy claro contenido en nuestra Constitución Política. Tenemos en el trabajo esforzado el camino para lograrlo y, en particular quienes somos militantes priístas, contamos con el instrumento de lucha política idóneo: El Partido Revolucionario Institucional.
Compañeras:
El trayecto hacia una sociedad en la que no haya distingos por razón del sexo aún es largo, pero si en encuentros como el de hoy substanciamos un proyecto global para acelerar los cambios sociales que nos acerquen cada día más al trato igualitario, será más fácil de conseguir.
En México, las mujeres de todos los partidos políticos nacionales estamos unidas en esta batalla por la segregación que aún existe y que podemos palpar diariamente. En particular en el Congreso de la Unión, del cual formo parte como diputada federal, las Comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Senadores y de la de Diputados organizamos el mes pasado el Primer Parlamento de Mujeres.
Este espacio de participación plural tuvo como meta primordial recoger el sentir de la mujer para elaborar propuestas legislativas que reformen, adicionen o en su caso deroguen diversas leyes o códigos para eliminar todas las formas de discriminación de género.
También se propuso el Parlamento para promover políticas públicas y acciones gubernamentales en el ámbito federal, estatal y municipal, que garanticen la aplicación de leyes y programas en favor de las mujeres.
El parlamento fue un acto sin precedente en la historia de México, ya que por primera ocasión las curules del salón de plenos de la Cámara de Diputados se vieron ocupadas por mujeres de todo el país que acudieron a expresar sus aspiraciones, inquietudes y demandas.
Participaron senadoras, diputadas federales, diputadas locales, regidoras, así como representantes de instituciones gubernamentales, de Organizaciones No Gubernamentales, sociedad civil y partidos políticos.
Se instalaron 11 mesas de trabajo en las que se formularon planteamientos sumamente enriquecedores por la pluralidad de pensamiento de las mujeres que los hicieron. Se escucharon posturas tan diversas como basto es el mosaico nacional.
Cabe destacar la pasión con que las mujeres defendieron sus puntos de vista en el Parlamento, la seriedad con que trabajaron sus propuestas y la madurez que evidenciaron para asimilar la diversidad de pensamientos que coexisten en la nueva sociedad que ha emergido en nuestro país.
Como resultado de los trabajos realizados el pasado 7 y 8 de marzo surgió un punto de acuerdo, que fue suscrito por todas las fracciones parlamentarias de las cámaras de diputados y de senadores, para establecer una comisión bicameral cuya función será la reflexión, deliberación y promoción de una agenda legislativa nacional y de políticas públicas, para eliminar toda forma de discriminación de género por la democracia, la paz y el desarrollo de la República Mexicana.
Una de las mesas de trabajo que se instalaron en el Parlamento se denominó Participación equitativa de la Administración Pública y en Cargos de Elección Popular. En ella se registró una inusitada participación. Tanto así, que tuvo que abrirse otra mesa con el mismo tema, coordinada por la que esto suscribe y la senadora del Partido de la Revolución Democrática, Amalia García, para dar cabida a todas las mujeres que solicitaron inscripción.
Uno de los reclamos más recurrentes en este tema fue que los gobiernos, parlamentos y congresos incorporen en sus políticas públicas, en sus agendas legislativas, en sus programas y presupuestos una perspectiva de género.
Con tal propósito sugirieron las participantes la realización de una reforma de Estado que siente las bases para nuevas relaciones sociales y políticas que signifiquen una mayor presencia de las mujeres en los Congresos y en los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
Fue reiterado el planteamiento en el sentido de que si se quiere que los gobiernos adquieran la perspectiva de género es indispensable que las mujeres participen en los cuerpos donde se decide.
Se planteó, por ello, la necesidad de que la legislación electoral y los documentos básicos de los partidos establezcan como obligación de los dirigentes partidistas la mayor incorporación de mujeres en candidaturas a cargos de elección popular y en puestos en los órganos de gobierno.
Como vemos compañeras, el tema La Mujer, participación política y acceso a la toma de decisiones es tan importante que de lo que consigamos avanzar en este rubro dependen gran parte de todas las demás reivindicaciones que tenemos como asignaturas pendientes las mujeres. De tal manera que debemos dar nuestro mejor esfuerzo en nuestro empeño por conseguir mayores espacios en el terreno político.
Las mujeres del mundo, más allá de posiciones ideológicas, raza o color, tenemos una lucha superior que es común a todas, la de nuestro género. ¡Vamos a ganarla!
¡Enhorabuena compañeras!
Mujer,Independencia y Paz, ponencia presentada por la diputada Enoé González Cabrera
I. Introducción
El antiguo concepto bíblico de la mujer virtuosa, dócil, temerosa de la vida y bienaventurada por dedicarse a su marido y sus hijos (Proverbios, 31:10 al 31), así como la concepción de que no tiene potestad sobre su propio cuerpo (1a. de Corintios 7:10) han pasado a la historia a partir del siglo que está por fenecer. En efecto, se han necesitado casi 100 años para ir dando a la mujer otra imagen y otra perspectiva hacia el nuevo milenio. La lucha por defender los derechos de la mujer, la igualdad jurídica y de oportunidades con su compañero el hombre, han significado romper con esquemas tradicionales como los religiosos, los sociales y de manera relevante con los politíticos.
La mujer de principios de siglo se vio a sí misma y reconoció que la exclusión, la discriminación de género y la marginación eran prácticas tan comunes, que la mayoría creía que era natural la situación que prevalecía desde la época feudal.
Cuando la mujer empezó a exigir el reconocimiento a sus derechos, tuvo un avance importante, sin embargo la modernidad nos llevó a demandar una familia, un hogar, vida social y política y, desde luego, una carrera profesional. El estado no negó ésta legítima aspiración y dio pautas legales para la realización de la mujer, sin embargo, concebir a una supermujer o una supermadre, resulta engañoso, ya que intentar ser todóloga implica caer en la trampa de un estilo de vida en donde a la mujer se le exige ser eficiente en todo. No puede equivocarse en nada; además la modernidad y las difíciles relaciones sociales inmersas en una crisis económica recurrente, llevan a la mujer a procurar equilibrios en el hogar, el trabajo y en la sociedad en la que se desenvuelve.
En la actualidad, el modelo económico capitalista de corte neoliberal que ha integrado a muchos países de América Latina, de Europa y del continente asíatico, nos tiene en una trampa en la que también han caído las mujeres. La economía de mercado que impone este modelo, obliga a las mujeres a formar parte de la fuerza laboral, a optimizar el tiempo, a capacitarnos. Asimismo, nos conduce al consumo y a la aspiración de tener un mejor nivel y estilo de vida. Incluso la mercadotecnia y la publicidad nos hace creer que muchas cosas nos hacen falta y que merecemos tener cosas.
II. Panorama actual de la mujer mexicana
La reforma del estado que en la actualidad es una demanda generalizada para poder combinar o adaptar los sistemas socioeconómicos de cada país con la ortodoxia neoliberal sostenida por los Estados Unidos, nos lleva a buscar nuevas fórmulas y estrategias para solucionar los graves problemas de las economías subdesarrolladas, que como la de México, se encuentra inmersa en una crisis caracterizada por la pobreza extrema, el desempleo y por una injusta dlstribución del ingreso. Esta situación afecta seriamente a la mujer. La pobreza en las zonas rurales mexicanas se presenta tanto en hombres como en mujeres. Cabe destacar que la carga es mas intensa en ellas y, se manifiesta con frecuencia en problemas de salud derivados de la desnutricion, la insalubridad, así como en las pesadas cargas de trabajo. Esto ocasiona morbilidad y mortalidad materna infantil.
La imagen o rostro de la mujer en México tiene diferentes facetas, en ocasiones muy diferentes a lo que difunden los medios de comunicación, los cuales presentan a la opinión pública estereotipos que denigran el verdadero trabajo, el talento y el poder natural de las mujeres.
Para el año 2000 la población femenina de México será de más de 50 millones. Actualmente, sobre ellas recae el 62 por ciento del total de analfabetismo a nivel nacional. Sin embargo, se calcula que para antes del 2000, habrá más mujeres que hombres con título profesional. Hoy, las mujeres mexicanas representan el 52 por ciento del padrón electoral y se han distinguido por ser parlamentarias, secretarias de estado, embajadoras y hasta rejoneadoras y boxeadoras, muchas de ellas, desenvueltas como mujeres políticas, funcionarias en la administración pública; otras como escritoras, actrices, aseguran que a pesar del éxito profesional alcanzado, el camino ha estado lleno de frustraciones e impotencias. Aún se tienen límites impuestos por una cultura "machista" muchas veces reproducida por mujeres a través del miedo o el conformismo.
En México, la brecha educativa que separa a la población femenina de la masculina ha venido disminuyendo y la presencia de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado rápidamente, pero la participación de la mujer en los puestos de decisión de los ámbitos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, en los partidos políticos y en los sindicatos sigue siendo muy reducida. Por poner un ejemplo: en la actual LVII Legislatura, de un total de 500 diputados, 87 son mujeres; y de 128 senadores, 19 son mujeres. Es decir de 628 escaños ocupados por diputados y senadores, 106 son ocupados por mujeres, lo que representa aproximadamente el 17 por ciento del total. De manera global (fuentes: Inegi y Conapo) del total de 10.8 millones de mujeres ocupadas, 5.9 millones son trabajadoras asalariadas; 2.4 millones trabajan por cuenta propia; 2 millones trabajan sin pago; hay 400 mil trabajadoras a destajo y 150 mil son empleadoras.
En los últimos 15 años solamente tres mujeres han gobernado una entidad federativa del país. La participacion de las mujeres en las alcaldías y presidencias municipales es muy reducida; pero han mostrado un ligero incremento. En 1996, 83 municipios eran presididos por mujeres, representando el 3.7 por ciento del total de presidentes municipales.
III. Marco jurídico
La prueba mas fehaciente del avance de la situación de la mujer en México, lo constituye su marco jurídico, ya que las disposiciones constitucionales garantizan la igualdad entre ellas, como por ejemplo: el articulo 3o. reconoce el papel de la educacion para promover la igualdad; en el 4o. se protegen los derechos igualitarios de las mujeres respecto a la planificación familiar; el 27o. protege el patrimonio de la familia campesina; el 30, garantiza igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y permite otorgar la nacionalidad mexicana a sus hijos; el 34 estipula la igualdad de la mujer y del hombre respecto a la ciudadanía; en el 35 se establece la igualdad de oportunidades del hombre y la mujer para su participación política; y el 123, define el derecho de las mujeres al trabajo, al salario igual y a la protección social de la maternidad.
En la actualidad se han generado nuevas disposiciones legislativas sobre diversas cuestiones relacionadas con la situación de la mujer. De 1990 a la fecha se han aprobado leyes que han permitido establecer programas como el de la mujer, la niñez y la familia en el contexto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La nueva ley agraria de 1992, permitió la unidad agrícola industrial de la mujer.
En 1993, el Congreso de la Unión aprobó en el Cofipe que los partidos políticos promuevan una mayor participación de las mujeres en la vida política, a través de su postulación a cargo de elección popular. En 1996, el Congreso aprobó que los partidos políticos nacionales consideren en sus estatutos que las candidaturas para diputaciones y senadurías no excedan del 70 por ciento para un mismo género. En 1997 se aprueba el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo en beneficio de la mujer. En 1996, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.
Todo lo anterior ha permitido la formulación del Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 Alianza para la Igualdad. El Pronam, es obligatorio para todas las dependencias de la administración pública federal y obligatoria para las entidades paraestatales.
En este contexto, la mujer en México no tiene limitacion jurídica, ya que la Constitución la contempla con los mismos derechos y obligaciones que el hombre, sin embargo, la idiosincracia mexicana, latinoamericana y mundial del machismo sigue influyendo, por lo que falta mucho por hacer y lograr un pleno reconocimiento de los derechos y la dignidad de la mujer. Esto indica que aún se sigue luchando por lograr un lugar en la sociedad, que es necesario ser cada vez más libres y menos atadas a las tradiciones que frenan el desarrollo de la mujer. No es posible aceptar que todavía las mujeres no sean enteramente responsables de sus cuerpos, ya que en muchos países las mujeres siguen siendo controladas ideológica y materialmente para definir su vida reproductiva y por tanto su vida en general.
"La mejor defensora de la mujer va a ser siempre la mujer (Rosario Green, Revista Enfoque, marzo de 1997). No podemos esperar que todo se haga por la acción del Estado". Es impresionante que a principios del siglo XXI cuando los adelantos científicos están desligados cada vez más a las personas de la biología de la reproducción, siga vigente un recurso social que intente limitar la participación social y política de las mujeres por cuestiones biológicas (Marta Lamas. La Perspectiva de Género: una herramienta para construir la equidad entre mujeres y hombres. DIF, Revista Género, marzo 1998). Las diferencias físicas y biológicas no significan que se justifique el maltrato y la discriminación que sufre la mujer, es necesario indiscutiblemente, un cambio de cultura para erradicar problemas que persisten en relación a la mujer desde hace varios siglos.
IV. Independencia nacional
Cuando hablamos de independencia nacional recurimos de inmediato a nuestras raíces históricas, y a la identidad de aquellos valores que nos sustentan como nación y que han permitido las libertades y el régimen que ahora tenemos en cada país como aspiración fundamental de todos los pueblos es y ha sido la independencia y el desarrollo político a través de la democracia, a efecto de tener una nación libre y soberana.
En México la Guerra de Independencia, inspirada en los principios de soberanía y libertad, se perfiló y se consumó como un movimiento popular por la República.
Los sentimientos de la nación de Morelos, la Constitución de Apatzingán y la Constitución de 1824, proyectaron nuestra nacionalidad en una República que consagra el pleno ejercicio de la libertad y los derechos esenciales del hombre. La reforma y la lucha contra la intervención extranjera forjaron su fuerza legitimadora y su raigambre popular en la defensa de la Constitución de 1857. La Revolución Mexicana fue un movimiento a la vez por la justicia social y por la democracia. El reclamo del sufragio efectivo y no reelección, articulado con hondas reivindicaciones sociales, condujo a la victoria sobre la dictadura y a recuperar el camino hacia un orden genuinamente democrático. Este movimiento fue coronado por la Constitución de 1917. En la sociedad contempáranea, las libertades de expresión, de culto, de tránsito y de asociación con fines políticos, son consustanciales a la democracia. Estas libertades tienen plena vigencia en nuestro país (Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, pág. 43).
En los últimos lustros, México ha vivido una transformación constante y acelerada de su sistema de partidos y de su vida electoral. En el curso de pocas décadas hemos transitado de un sistema de partido predominante a un sistema pluripartidista fortalecido con opciones y alternativas ideológicas bien diferenciadas. simultáneamente, en los últimos años ha emergido con gran fuerza una ciudadanía alerta, activa y demandante. Movimientos, academias, consejos, organizaciones de ciudadanos labran el perfil de una sociedad compleja y creativa. Los mexicanos, hombres y mujeres generamos consolidar la organización de nuestra nación, como toda una República representativa, democrática y federal, tal y como lo establece el artículo 40 constitucional. Para ello, nos proponemos realizar una reforma electoral definitiva, para que las ciudadanas y ciudadanos y los partidos tengan la certeza de que están garantizadas la legalidad, la independencia, imparcialidad y objetividad. Pretendemos poner en práctica una nueva relación entre los Poderes de la Unión como principio fundamental de nuestro estado de derecho. Se impulsa el federalismo y se fortalece a los estados y municipios.
V. Soberanía
La soberanía es el valor más importante de nuestra nacionalidad; su defensa y su fortalecimiento son el primer objetivo del Estado mexicano. La soberanía consiste en asegurar la capacidad de los mexicanos y mexicanas para tomar libremente decisiones políticas en el interior. En ejercicio de nuestra soberanía construimos y reconocemos intereses propios, nos proponemos metas colectivas, defendemos lo que nos atañe y promovemos el lugar de México en el mundo. La expresion concreta de nuestra soberanía consiste en preservar la integridad de nuestro territorio y asegurar en el mismo la vigencia del estado de derecho, con la supremacia de la Constitucion Política y de las leyes que emanan de ella.
Nuestro nacionalismo, forjado en el curso de nuestra historia, tiene como aspiración fundamental la defensa de los valores propios, el fortalecimiento de la paz y el entendimiento con otros paises (Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, pág. 3). Nuestro nacionalismo orienta nuestra conducta en el exterior y sustenta nuestro futuro. Por ello, los cambios en México obedecen a grandes transformaciones mundiales que afectan la forma en que debemos plantear el fortalecimiento de nuestra soberanía.
En ese contexto, buscamos ampliar y fortalecer el papel de México en la dinámica mundial, así también establecemos nuevos vínculos de política interior y exterior. El TLC con América del Norte; la ampliación de las alianzas estratégicas con las naciones de Centroamérica y el Caribe, son de interes nacional para consolidar el marco de libre comercio con la región, buscando que la cooperación promueva objetivos de beneficio mutuo. En su oportunidad hemos aprovechado los frutos de la ooperación externa para hacer frente a la crisis financiera y hemos sufrido las consecuencias negativas de los abruptos cambios de la economía mundial y de la opinión internacional sobre nuestro país. La defensa de la soberanía en estos últimos años del siglo XX reconoce las transformaciones del país y del mundo.
VI. La paz
La promoción de la paz en nuestro entorno y en otras regiones del mundo es, a la vez, la consecuencia de un principio y un instrumento del desarrollo nacional. La paz presupone el respeto y la tolerancia entre estados nacionales, apego al derecho internacional y voluntad de cumplir los compromisos contraidos. Por eso, para México es importante participar en procesos de pacificación a través del diálogo y construir consensos amplios y viables en favor del desarme y la no proliferación de armas nucleares y convencionales, así como combatir el comercio ilegal de armas.
Sostenemos que debemos contribuir al mantenimiento de la paz y la promoción de iniciativas que atenuen la grave brecha que separa a los países desarrollados de los que estan en vías de desarrollo.
México promoverá el diálogo entre los principales bloques económicos del mundo, los compromisos contenidos en las políticas nacionales sobre la ecología, el respeto a los derechos humanos, la democracia, la lucha contra el narcotrafico y el terrorismo deben reflejarse en las posiciones internacionales de México en el nivel bilateral y multilateral. Nuestro país seguirá promoviendo eventos internacionales que busquen solucionar problemas como el de la pobreza, la población, la economía y el desarrollo de la mujer.
La tradición pacifista de México seguirá siendo garantía para la seguridad nacional y la integridad territorial, así como también será determinante para postular la autodeterminación de las naciones y el respeto a sus derechos internacionales.
Conclusiones
La mujer, la independencia nacional, la soberanía y la paz, son temas trascendentales cuya relación se fundamenta en la democracia, la democracia entendida como el camino de las oportunidades para todos, hombres y mujeres; como el compromiso para que haya igualdad, libertad y la facultad de poder ser y hacer con nuestras vidas y cuerpo lo que decidamos.
Democracia que impone necesariamente la participación de la mujer y el derecho que le asiste para poder gobernar como lo hace el hombre.
Democracia que significa equidad y que al traducirla debe incrementar las oportunidades políticas a la mujer para la toma de decisiones.
En el contexto de este encuentro estimo que debemos aprovechar la oportunidad para alzar nuestra voz y poner en práctica un trabajo de cambios culturales y educativos. La mujer marginada, discriminada, explotada y utilizada, implica que nosotros hagamos un trabajo de perspectiva de género más solidario con aquéllas que no han logrado liberarse por diversas razones: históricas, culturales, sociales, económicas o políticas. La perspectiva debe ser el diseño serio y responsable de una nueva agenda, que nos permita programar acciones y evaluarlas periodicamente. En este documento me permito proponer lo siguiente:
- Legislar sobre el derecho a la no discriminación de la mujer.
- Reformar las leyes o códigos civiles que determinen derechos y responsabilidades familiares, así como que sancionen la violencia intrafamiliar.
- Reformar las leyes del trabajo para que la mujer trabajadora pueda atender a sus hijos. En este renglón precisar que la mujer no sea discriminada con motivo de sus funciones reproductivas. Hay que acabar con el despido por embarazo o con el examen obligatorio de ingravidez. Se requiere más justicia laboral para la mujer.
- Hay que legislar para solucionar la problemática de la violencia intrafamiliar.
-La actitud solidaria que hoy queremos tener con las mujeres de este país, es para refrendar nuestro apoyo a Cuba en esa lucha, que por muchos años ha tenido por lograr una mejor forma de vida, en donde los derechos humanos indispensables deben ser una garantía. El trabajo, la alimentación, la vivienda, salud, educación, seguridad social, la participación ciudadana y la libertad de asociarse, así como la estabilidad familiar, son derechos inalienables del pueblo cubano. Asimismo la libertad y dignidad de la mujer son valores por los cuales debemos seguir luchando. La maternidad no debe verse como una limitación, sino al contrario como la oportunidad de que la familia cubana puede "vivir y crecer en humanidad, con todos y para bien de todos" como decía José Martí. No desconocemos los graves problemas por los que atraviesa la nación cubana, ya que por razones ideológicas y de carácter económico han llevado a muchas mujeres a tener familias envueltas en la inestabilidad. La separacion forzosa de los miembros de familias dentro del país y la emigración, así como las atracciones de las sociedad de consumo, han provocado la desintegración familiar y el alejamiento de poder consolidar una sociedad mejor.
El desarrollo de la humanidad se detiene cuando hay exclusiones. La exclusión es forma arbitaria de la marginación a un pueblo. Cuba vive amargamente esa exclusión y marginación. Este retraso obedece a razones políticas y a la intromisión de países que no respetan la soberanía nacional. Los cubanos como pueblo son ajenos a esas exclusiones y bloqueos económicos. Padecen restricciones y eso los aisla política y económicamente, lo cual ha provocado que vivan una miseria espantosa. El pueblo que está pagando por ello, no vive, sino sobrevive.
Moral y políticamente esto es injusto. No podemos seguir aceptando que se afecte la dignidad de los cubanos, porque en todo esto, van las mujeres de por medio. Es necesario una vez más, demandar ante las Naciones Unidas, el respeto a los derechos humanos de los cubanos. No podemos los pueblos latinoamericanos dejar de respaldar y solidarizarnos con la causa y los derechos de la comunidad cubana.
Concluyo manifestando: no debemos excluirnos de los grandes retos, debemos continuar desde nuestros espacios en la lucha por alcanzar los consensos necesarios que permita avanzar por el camino del diálogo en la solución pacífica de nuestros conflictos y en la construcción de un Estado donde se privilegien las oportunidades de participación a hombres y mujeres en las grandes decisiones de cada nación.
Dip. Enoé González Cabrera
Informe de la diputada María Elena Cruz Muñoz, relativo a la XI Reunión de la Comisión de la Mujer del Parlatino, Encuentro Mundial de Solidaridad entre Mujeres, celebrado en La Habana, Cuba
México, DF. a 22 de abril de 1998.
En cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en su fracción VII, publicado en la Gaceta Parlamentaria, me permito remitir el presente informe:
Los pasados días 13 y 14 de abril del presente año, se llevó a cabo la XI Reunión de la Comisión de la Mujer, en el marco del Encuentro Mundial de Solidaridad entre Mujeres, en la ciudad de la Habana, Cuba.
La Comisión presidida por la diputada Balbina Herrera Araúz (Panamá), se abocó a la discusión de dos temas fundamentalmente:
l. El ejercicio del poder desde la perspectiva de género.
2. Mujeres parlamentarias con cargos gubernamentales.
Las conclusiones de estos temas fueron:
La solidaridad entre mujeres tiene que ser una práctica cotidiana. Existe la masculinización del poder y se hace necesario implementar la perspectiva de género para darle equilibrio y una concepción más humanística.
Asimismo se consideró importante establecer una alianza con las mujeres que participan en los medios de comunicación, para que ayuden a acelerar los procesos y los tiempos de cambio, a favor de erradicar cualquier tipo de discriminación a la mujer.
Por otro lado se habló de las limitaciones que tienen particularmente las mujeres cubanas, como es la falta de acceso a la tecnología del hogar ya que se cocina muy artesanalmente.
Se citó, por parte de una diputada del Perú, el problema creciente de la prostitución en la Habana. Mismo que fue desdeñado por las diputadas cubanas como un problema muy localizado y que no se ejercía por necesidades básicas. Sin embargo en las calles se percibe una situación diferente a lo que reconocen las diputadas de Cuba.
Por último se habló de la preparación para la próxima sesión del Parlatino que será en septiembre del presente año en México; se pretende tener una reunión preparatoria en mayo, en la ciudad de México, se estableció como sede de la reunión, el Distrito Federal.
El tema a tratar será: "Beijing, El Cairo y la Salud".
Dip. Ma. Elena Cruz Muñoz
Presidenta Colegiada de la Comisión de Equidad y Género
Proyecto de Dictámenes
PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, ASUNTOS FRONTERIZOS Y DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, SOBRE EL CONFINAMIENTO DE DESECHOS RADIOACTIVOS, QUE SE PRETENDE ESTABLECER EN SIERRA BLANCA, TEXAS
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio y análisis el expediente número 129 del Primer Año, Sección II, de fecha 5 de noviembre de 1997, al que se incorporan las proposiciones que presentaron los Ciudadanos Diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios que integran la LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el propósito de solicitar al Poder Ejecutivo federal, asuma una posición oficial de rechazo a la intención del gobierno del estado de Texas, de construir un confinamiento de residuos radioactivos; que se adicione un anexo al convenio bilateral entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, sobre la cooperación para la protección y mejoramiento del ambiente en la zona fronteriza; se cite al Grupo Intersecretarial que se formó con la finalidad de que informe el estado de avance que se tiene sobre el proyecto de confinamiento nuclear que se pretende establecer en Sierra Blanca, Texas, y se solicite al Gobierno de los Estados Unidos de América un informe sobre las condiciones en que se pretende construir y operar dicho depósito.
Asimismo, el día 11 de febrero de 1998, se recibió del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el Punto de Acuerdo que a continuación se transcribe.
"PRIMERO.- Que el Congreso Mexicano, por conducto de su Comisión Permanente, declara que el Proyecto de Sierra Blanca, Texas, así como los proyectos de otros confinamientos en la frontera con México, ponen en riesgo la salud de la población de la zona fronteriza y constituyen una agresión a la dignidad nacional.
SEGUNDO.- Que las Comisiones Unidas de Ecología y Medio Ambiente, de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y de Senadores, se reúnan con el Grupo Intersecretarial integrado por las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Energía, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, para analizar a fondo las consecuencias para México de los confinamientos de materiales y residuos peligrosos y radioactivos en la zona fronteriza del país, con los Estados Unidos de América, a fin de realizar los pronunciamientos y gestiones necesarias que impidan su instalación."
A efecto de proceder a cumplimentar el mandato otorgado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, los Presidentes de las Comisiones de la Cámara de Diputados, analizaron la documentación y estudios existentes sobre el confinamientos radioactivo en Sierra Blanca, reuniéndose en varias ocasiones para diseñar la estrategia de acción política. Asimismo, se llevó a cabo una sesión de trabajo con el Grupo Intersecretarial, todo ello con la finalidad de integrar el presente Dictamen sobre el confinamiento de desechos radioactivos que el gobierno de Texas pretende construir en Sierra Blanca, Texas. (Anexo I).
CONSIDERANDO QUE
a) Las comunidades en ambos lados de la frontera, diversas organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas y funcionarios públicos que tienen su sede en nuestro país y en los Estados Unidos de América, han manifestado su total oposición a la construcción del confinamiento de residuos radioactivos, que el gobierno del estado de Texas pretende instalar en la población de Sierra Blanca, Texas, a una distancia menor de los 30 kilómetros de la frontera con México.
b) Autoridades Administrativas del estado de Texas convocaron a audiencias públicas con el propósito de conocer las opiniones de los sectores interesados en torno a la posible construcción del confinamiento en Sierra Blanca. En estas condiciones, se considera conveniente que el Gobierno de México reitere su preocupación e inconformidad ante la posibilidad de que se autorice la construcción del confinamiento.
c) La posición que el Gobierno de México asuma con relación al proyecto del confinamiento de Sierra Blanca establece un claro precedente que puede ser invocado en el futuro, con relación a confinamientos que se pretendan instalar en la franja de los 100 kilómetros a lo largo de la frontera común.
d) Además, existen tratados que han sido ratificados por ambos países, que tienen en consecuencia validez legal en los dos territorios.
e) El Grupo Intersecretarial (creado en 1995, por el Poder Ejecutivo Federal, con el propósito de definir la política del Gobierno de México en relación a los confinamientos en la zona fronteriza y dar seguimiento a los proyectos que se pretenden instalar en los estados del sur de los Estados Unidos de América), elaboró un estudio preliminar respecto del confinamiento de Sierra Blanca, el cual ha sido analizado por las comisiones.
f) Las Comisiones Unidas han recibido diversos estudios que demuestran la existencia de riesgos en la zona, no sólo por los niveles sísmicos, sino también por las características meteorológicas y geohidrológicas del sitio seleccionado. Lo anterior, representa un alto riesgo potencial de contaminación para el Río Bravo y los mantos friáticos, lo cual podría ocasionar un impacto negativo para la salud de la población, la preservación del ambiente y los recursos naturales en ambos lados de la frontera. (Anexo III).
g) Existen otros sitios adecuados en los Estados Unidos de América para la instalación de confinamientos de residuos radioactivos, situados fuera de los 100 kilómetros de la franja fronteriza, por lo cual el sitio seleccionado en la localidad de Sierra Blanca no representa la única opción para el proyecto propuesto.
h) Los desechos radioactivos que se pretenden confinar en Sierra Blanca, junto a la frontera mexicana, no sólo incluye a los generados en el estado de Texas, sino que también se tiene previsto que ahí se depositen los desechos provenientes de los estados de Vermont y Maine, situados en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
i) La construcción del confinamiento en cuestión violaría el espíritu de diversos principios de derecho internacional, e implicaría el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados Unidos en el Convenio sobre la Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza (Convenio de La Paz).
El artículo 2 del Convenio de La Paz suscrito en 1983, dispone que: "las Partes se comprometen, en la medida de los posible a adoptar las medidas apropiadas para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en su territorio respectivo que afecten la zona fronteriza de la otra." De igual manera, el Convenio compromete a las Partes a cooperar en el campo de la protección ambiental en la zona fronteriza, sobre la base de la igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo. En acatamiento de estas disposiciones, el Gobierno de Estados Unidos deberá tomar las medidas del caso ante las autoridades competentes, a fin de que el proyecto no se autorice.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundamentado en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratarse de un asunto que amerita una urgente resolución por parte de la Cámara de Diputados, debido a la trascendencia que el mismo pudiera tener sobre nuestra población y recursos naturales presentamos el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, reiteran el rechazo total al proyecto, construcción y operación del Confinamiento de Residuos Radioactivos que el Gobierno de Texas pretende establecer en el poblado de Sierra Blanca, Texas y expresan su desacuerdo, preocupación e inconformidad con las decisiones adoptadas y seguidas hasta ahora por el Gobierno de los Estados Unidos de América, que favorecen la instalación de confinamientos en la frontera sur con México, sin tomar en cuenta los potenciales impactos negativos que tales decisiones pueden tener sobre la salud humana y el medio ambiente en las comunidades localizadas en ambos lados de la frontera.
SEGUNDO.- Las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados han realizado una evaluación de la información disponible sobre dicho proyecto de confinamiento, cuyo resultado demuestra que su operación conllevaría impactos potenciales adversos.
TERCERO.- Las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados piden atentamente a las Comisiones homólogas del Senado de la República, que soliciten a la Secretaria de Relaciones Exteriores transmita al Gobierno de los Estados Unidos de América, el rechazo total de la Cámara de Diputados a la construcción y operación del confinamiento de residuos radioactivos en Sierra Blanca, Texas.
CUARTO.- La Cámara de Diputados plantea la posibilidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores de considerar la formulación de las siguientes propuestas al Gobierno de los Estados Unidos de América:
a) Insistir en la reubicación del proyecto de Sierra Blanca en un sitio localizado fuera de los 100 kilómetros de la zona fronteriza.
b) Manifestar el desacuerdo de la Cámara de Diputados respecto a las decisiones de los Estados Unidos de América que favorecen la instalación de confinamientos de desechos peligrosos y radioactivos dentro de la franja fronteriza.
c) Iniciar la negociación de un anexo al Convenio de La Paz, en el que se prohiba explícitamente la instalación y operación de confinamientos de residuos peligrosos y radioactivos en la franja de los 100 kilómetros de la frontera común.
d) Manifestar el deseo de la Cámara de Diputados a los integrantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, para que voten en contra de la Ley Compacta que autoriza el confinamiento de desechos entre los estados de Texas, Maine y Vermont, en virtud de que su aprobación significa un apoyo relevante para la construcción y el manejo del confinamiento de residuos radioactivos en Sierra Blanca, Texas, y representa una violación al espíritu del Acuerdo de La Paz.
e) Incluir el tema de confinamientos de residuos radioactivos y peligrosos en la agenda de la próxima reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos para negociar la suspensión de proyectos de confinamientos en la franja de los 100 kilómetros de la frontera:
QUINTO.- Se instruye a las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, así como al Comité de Asuntos Internacionales para que:
a) Este asunto se incluya en la agenda de la próxima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.
b) Las Comisiones de Ecología y Medio Ambiente, Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, proponen se informe a los Gobernadores de los estados fronterizos de la República Mexicana y a sus respectivos Congresos, sobre los proyectos que se pretenden establecer en la zona fronteriza, exhortándolos a definir conjuntamente una estrategia común para que no se instalen confinamientos dentro de la franja fronteriza de 100 kilómetros, solicitándoles su adhesión al presente Dictamen.
c) Se integre una comisión plural de diputados integrantes de las Comisiones Unidas para que se entrevisten con las autoridades federales, locales y legislativas de los Estados Unidos de América para tratar el caso de Sierra Blanca y, manifestar el rechazo del mismo.
SEXTO.- Las Comisiones Unidas expresan que el presente caso constituye una valiosa oportunidad a fin de que ambos países demuestren su voluntad, responsabilidad y capacidad para cooperar en el tratamiento de asuntos similares de interés común.
SEPTIMO.- A efecto de que la opinión pública tenga un mayor conocimiento sobre el tema, se sugiere elaborar a la brevedad un documento que se difunda a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales en el que se exprese la problemática y situación actual del proyecto en cuestión.
OCTAVO.- Las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados solicitan se envíe el presente dictamen a la Honorable Cámara de Senadores, para que en el marco de las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponga las acciones necesarias para su instrumentación.
Dado en la Sala de Comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de abril de 1998.
Convocatorias
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, ASUNTOS FRONTERIZOS Y DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión que se llevará a cabo el lunes 27 de abril, a las 14:30 horas, en el salón Protocolo, ubicado en la planta baja del edificio A, del recinto legislativo de San Lázaro, donde se habrá de revisar la propuesta conjunta de Dictamen definitivo sobre el Confinamiento de Desechos Radioactivos que se pretende establecer en Sierra Blanca,Texas.
Atentamente
Dip. Alejandro Jiménez Taboada
Pdte. de la Comisión de Ecología yMedio Ambiente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Pdte. de la Comisión de Asuntos Fronterizos
Dip. Alfredo Phillips Olmedo
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
DE LA COMISION DE JUSTICIA
A su sesión plenaria y reunión de trabajo el lunes 27 de abril, a las 18:30 horas, en el salón Presidentes.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se aprueba la Ley Federal de Defensoría Pública.
4. Dictamen sobre la iniciativa de la minuta con proyecto de decreto de reformas y adiciones al Código Civil para el DF, en materia común y para toda la República en materia federal, y al Código de Procedimientos Civiles para el DF (adopción plena).
5.- Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Sadot Sánchez Carreño
Presidente
DE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES, GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE POBLACION Y DESARROLLO
El lunes 27 de abril, a las 13 horas, en el salón Protocolo, las Mesas Directivas de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Población y Desarrollo, sostendrán una reunión de trabajo con objeto de discutir el tema de la proposición para que se hagan los estudios conducentes, a efecto de que los ciudadanos residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al sufragio en el proceso electoral del año 2000.
Atentamente
Lic. José Luis Sánchez Núñez
Secretario técnico
De la Comisión de Equidad y Genero
A su comida y reunión de trabajo, que se llevará a cabo el lunes 27 de abril de 1998, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del resumen de los acuerdos tomados en la pasada reunión del 7 de abril.
3. Resumen de la sesión de la Comisión efectuada el mismo día.4. Evaluación del Parlamento de Mujeres.
5. Viaje a Cuba (Informe).
6. Reunión del Parlamento Latinoamericano en México.
7. Reunión de convergencia de medios de comunicación y Legisladoras.
8. Viajes e invitaciones.
9. Asuntos generales.
Atentamente
Lic. María de Jesús Méndez Alvarado
Secretaria técnica
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de trabajo del lunes 27 de abril, a las 19 horas en el salón Leona Vicario.
Atentamente
Dip. Gonzalo Rojas Arreola
Presidente
DE LA COMISION DE PESCA
A su reunión desayuno de trabajo con la C. Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Lillo, para la presentación del Programa de Trabajo 1998 de la dependencia.
Dicha reunión se llevará a cabo el martes 28 de abril, a la 8:15 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales .
Atentamente
Dip. José Antonio Estefan Garfias
Presidente
DE LA SUBCOMISION DE POLITICA INDUSTRIAL DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A la sesión de trabajo que se llevará a cabo el martes 28 de abril, a las 8:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales, para analizar la iniciativa presentada sobre la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
Atentamente
Dip. Juan Bueno Torio
Presidente
DE LA COMISION DE COMERCIO
A su reunión de trabajo que se llevará a cabo el martes 28 de abril de 1998, a las 18 horas, en el salón Presidentes, 2o. nivel del edificio H.
Orden del Día
1. Comprobación de quórum.
2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen del Proyecto de Ley del Registro Nacional de Vehículos, remitida a esta H. Cámara de Diputados por el Senado de la República el día 22 de abril de 1998.
Atentamente
Dip. Juan José García de Alba Bustamante
Presidente
DE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL
A su reunión de trabajo que se llevará a cabo el martes 28 de abril de 1998, a las 18 horas, en el salón Protocolo de este Palacio Legislativo.
Orden del Día
1. Lista de presentes.
2. Lectura del acta de la sesión anterior.
3. Informe de la sustitución de los diputados integrantes de la Comisión.
4. Modificación al artículo 73 constitucional.
5. Programa de trabajo de las subcomisiones.
6. Programa interno de Protección Civil.
7. Informe sobre los incendios forestales.
8. Asuntos generales.
Atentamente.
Dip. Noemí Guzmán Lagunes
Presidenta
DE LA COMISION DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su sesión ordinaria y desayuno de trabajo que se llevará a cabo el miércoles 29 de abril de 1998, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
l. Lista de asistencia y declaracion del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe de la Presidencia.
4. Informe del plan de trabajo de cada subcomisión.
5. Análisis y resolución sobre el acuerdo para la revisión de la Transferencia del Patrimonio de 1982 a la fecha.
Dip. Juan Bueno Torio,
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
Al Primer Encuentro Nacional para el Turismo del Tercer Milenio, que tendrá lugar el miércoles 29 de abril de 1998, a las 18 horas, en el salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Este encuentro servirá de base para establecer canales de comunicación entre los municipios turísticos, los gobiernos estatales, la Secretaría de Turismo y elCongreso de la Unión a través de las comisiones respectivas, a fin de que preparen las iniciativas de reformas al marco jurídico del turismo nacional, para fortalecerlo y priorizarlo como una actividad productiva que impulse el desarrollo económico y social del país.
Orden del Día
1. Presentación del Acuerdo Nacional para el Turismo del Tercer Milenio, por parte de la Comisión.
2. Mensaje de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD.
3. Instalación del consejo consultivo en materia turística.
4. Sesión de preguntas y respuestas.
Atentamente
Dip. L. Fernando González Corona
Presidente
DE LA COMISION DE MARINA
A su desayuno reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 30 de abril de 1998, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Lic. Marco T. Munive Temoltzín
Secretario técnico
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS, AL FORO SOBRE AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS INDIOS
La LVII Legislatura del Congreso de la Unión a través de su Instituto de Investigaciones Legislativas le invita al
FORO SOBRE AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS INDIOS
que se llevará a cabo el 27 y 28 de abril de 1998, de 10 a 14 horas, en el salón Verde de la H. Cámara de Diputados.
Instituciones y ponentes participantes
Dr. Jorge Alonso, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara.
Lic. Miguel Alvarez Gándara, Comisión Nacional de Intermediación (Conai).
Lic. Magdalena Gómez, Instituto Nacional lndigenista.
Lic. Carlos Montemayor, escritor y periodista.
Dr. Pablo González Casanova, UNAM.
Dr. Héctor Díaz Polanco, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México.
Diputado Gilberto López y Rivas, Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
Senador Pablo Salazar Mendiguchía (Cocopa).
Diputado Felipe Vicencio Alvarez (Cocopa).
Diputado Francisco Javier Gil Castañeda (Cocopa).
Lic. Adelfo Regino, Servicios del Pueblo Mixe.
Lic. Francisco López Bárcenas.
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.
Diputado Bernardo Bátiz Vázquez, Instituto de Investigaciones Legislativas.
DE LA COMISION DE POBLACION Y DESARROLLO, AL FORO CONSULTA SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
CONVOCA A
Instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo se dirige a la infancia y adolescencia de ambos géneros; especialistas en estudios sobre la infancia y adolescencia; instituciones académicas; legisladores y público en general a participar en el
FORO DE CONSULTA SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
que se llevará a cabo el próximo día 29 de abril del año en curso, de las 9 a las 21 horas, en el auditorio norte de este Recinto Legislativo.
El foro consulta es una de las formas para que la labor legislativa sea el resultado de la comunicación entre los representantes y la ciudadanía, y de esa manera estar en posibilidad de promulgar leyes acordes con la realidad nacional, que protejan los derechos de los infantes y adolescentes.
La convocatoria surge en respuesta a la inquietud de diversas organizaciones de atención al infante y al adolescente de ambos géneros, para ampliar el conocimiento sobre el tema y generar los elementos que permitan enriquecer los contenidos para una Ley Federal Marco Garantista para el Infante y el Adolescente, por medio de la discusión y el análisis de las propuestas en la materia, así como la consideración de comentarios acerca de la aplicación de políticas públicas y de coordinación con el gobierno, en relación al núcleo poblacional referido.
El tema será tratado para su mejor estudio de la siguiente manera:
Conferencias rectoras
1. Dimensión del núcleo poblacional en México; definición de infante y adolescente, retos y perspectivas.
2. Tratados Internacionales ratificados por México, vigencia y actualidad.
3. Derechos del infante y el adolescente en América Latina.
Mesas de trabajo
1. El marco constitucional y legislación sobre seguridad, Procuración e Impartición de Justicia y Reinserción Social del Infante y Adolescente.
2. El marco jurídico del infante y el adolescente en México.
3. Las políticas públicas del Estado Mexicano para la atención de la infancia y la adolescencia (educación, salud, vivienda, trabajo, cultura, recreación).
4. Las políticas públicas del Estado Mexicano para la atención de la infancia y la adolescencia (seguridad, procuración e impartición de justicia, reinserción social, migración, grupos indígenas y Procuraduría del Menor y la Familia).
Mesa Directiva de la Comisión de Población y Desarrollo de la LVII Legislatura
Dip. Germán Martínez Cázares, Presidente,
Dip. Elsa Patria Jiménez Torres, secretaria,
Dip. Rubén Fernández Aceves, secretario,
Dip. María de las Mercedes Juan, secretaria,
Dip. Carolina O'Farrill Tapia, secretaria.
México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de abril de 1998.
Informes en la Comisión de Población y Desarrollo, edificio A tercer piso, cubículo 307, Av. Congreso de la Unión 66, col. El Parque, 15969, delegación Venustiano Carranza. Tel. 628-1398, 628-1356, 422-5012, Fax: 628-1300 ext. 2319.
Fe de Erratas
DE LA COMISION DE HACIENDA, DEL DICTAMEN SOBRE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DEL SERVICIO DE TESORERIA DE LA FEDERACION, PUBLICADO EN EL NUMERO 28 DE LA GACETA PARLAMENTARIA DEL VIERNES 24 DE ABRIL DE 1998
Artículo 26-Bis, segundo párrafo, cuarto y quinto renglones:
Dice: "... plazo establecido y condiciones establecidas..."
Debe decir: "...plazo y condiciones establecidos..."
Artículo 117, fracción IV, primer renglón:
Dice: "...Aquéllos..."
Debe decir: "...Aquéllas..."
Artículo 65, quinto renglón:
Dice: "...o responsabilidades..."
Debe decir: "... por responsabilidades..."
